Ataques a la prensa en el 2009: Introducción

ATAQUES A LA
PRENSA EN EL 2009
• Prólogo
• Introducción
Análisis Regional:
• En las Américas,
Gran Hermano observa
a los reporteros
Informes por país
• Argentina
• Brasil
• Colombia
• Cuba
• Ecuador
• Honduras
• México
• Nicaragua
• Estados Unidos
• Venezuela
• En un Vistazo

Durante más de tres décadas, la estrategia de “la vergüenza tiene nombre” ha sido el sello del movimiento internacional por los derechos humanos. La premisa rectora es que inclusive los líderes más brutales desean ocultar –o al menos justificar– su accionar represivo. Si los abusos pudiesen ser expuestos a través de informes meticulosamente documentados, y si dichos reportes pudiesen generar una cobertura informativa por parte de los medios internacionales más importantes, los gobiernos se verían obligados a frenar su comportamiento más flagrante.

La estrategia funcionó a la perfección entre los años setenta y los noventa, cuando los corresponsales extranjeros actuaban como guardianes de la información, dando forma, a grandes rasgos, a las percepciones existentes sobre los acontecimientos en un país en particular. Fue ésta la época en la cual una sola editorial en una publicación de renombre como The New York Times o The Washington Post podía movilizar a la opinión pública y producir un cambio en la política. Esos días han quedado atrás.

El panorama fragmentado y difuso que muestran los medios en la actualidad abrió nuevas oportunidades para las campañas de protección: las que unen las inquietudes locales e internacionales, las que utilizan blogs, correo electrónico en masa y  medios sociales para dar forma a la opinión pública. Al verse reducido el poder de los medios tradicionales, la emisión de nuestros mensajes es un proceso penoso que exige el uso de múltiples métodos. Esto es así ya sea que uno esté participando de una campaña política, comercializando un film, o luchando por los derechos humanos de reporteros en países represivos.

La buena noticia es que estas nuevas estrategias son efectivas, inclusive en lugares en los cuales no se esperaría que los gobiernos, aún los más recalcitrantes y represivos, sigan respondiendo ante las presiones internacionales.

Tal es el caso de Irán, que fue testigo de una de las represiones más encarnizadas y generalizadas contra la prensa en la historia reciente. Más de 90 periodistas fueron detenidos con el objetivo de suprimir el disenso tras la disputada elección presidencial de junio. Cuando el CPJ realizó su censo anual de periodistas encarcelados el 1 de diciembre, en Irán aún había 23 redactores y editores en prisión, precedido por China. Pudo haber sido peor.

El liderazgo de mano dura que caracterizó al Presidente Mahmoud Ahmadinejad reconoció que pagaría un alto precio en términos de opinión internacional por sus tácticas violentas y brutales, que es precisamente el motivo por el cual disolvió a la prensa extranjera en Teherán, expulsando a periodistas y buscando encerrar al resto en sus corresponsalías. Los líderes de Irán consideraron que los medios eran parte de una conspiración internacional para desacreditar la elección y derrocar al régimen. El arresto de periodistas formaba parte de esa fantasía paranoica.

Sin embargo, no todas las facciones de Irán veían la situación del mismo modo. Existen en el gobierno iraní sectores a quienes les importa profundamente qué piensa el mundo –o al menos parte del mundo– sobre el régimen que allí gobierna. El gobierno protege a una estación de televisión anglo-parlante y sofisticada, Press TV, que apunta contra la intelectualidad y sirve como instrumento en la guerra de ideas contra Occidente.

Al ampliar la visibilidad de los periodistas encarcelados en Irán mediante alertas vía correos electrónicos, entrevistas en los medios, peticiones en Facebook, anuncios en blogs y una variedad de otros medios, el CPJ brindó argumentos, a los iraníes preocupados por el desgaste de la reputación internacional de su país, para contrarrestar la línea dura de su gobierno. Es difícil discernir cómo funciona esta interacción, pero sin lugar a dudas la presión internacional tuvo un papel importante en la liberación de prominentes periodistas, como fue el caso del corresponsal de Newsweek Maziar Bahari y de la periodista freelance Roxana Saberi.

Campañas públicas similares condujeron a la excarcelación de periodistas en prisión en países tan diversos como Myanmar, que liberó a tres reporteros como parte de una amnistía a favor de presos políticos; y Gambia, en donde su líder, autocrático y susceptible, indultó a seis periodistas que habían sido sentenciados por acusaciones infundadas de sedición. En conjunto, la defensa esgrimida por el CPJ contribuyó a la liberación de 45 periodistas en 2009.

Los defensores de la libertad de prensa se dirigen a más audiencias y utilizan una nueva y más amplia gama de tácticas. Esto se traduce en un trabajo conjunto con grupos de prensa locales y apunta a mensajes específicos para las audiencias locales e internacionales. En Gambia, un enérgico sindicato de prensa local tomó la iniciativa para llamar la atención de la opinión pública en su país, en tanto que los anuncios en blogs del CPJ, los mensajes en Twitter y las alertas por correo electrónico ayudaron a propiciar una catarata de condenas en los sitios de Internet enfocados en África y apelaciones públicas por parte de funcionarios estadounidenses y británicos.

Inclusive en Filipinas, que experimentó el episodio más letal para la prensa jamás registrado por el CPJ, estas nuevas estrategias han encontrado el modo de llegar a la sociedad.

El CPJ, con el apoyo de la Fundación John S. y James L. Knight, lleva a cabo una campaña contra la impunidad en Filipinas en asociación con grupos locales. En marzo de 2009, para recordar el aniversario del crimen de la conocida periodista de investigación filipina Marlene García-Esperat, el CPJ viajó a Manila para presentar su segundo Índice Anual de Impunidad, una clasificación de países que han fracasado en su intento de enjuiciar a los asesinos de periodistas.

Aun cuando es una democracia en tiempo de paz, Filipinas calificó como el peor país en el índice de impunidad, seguido únicamente por países en guerra como Irak y Somalia. La oficina de la Presidenta Gloria Arroyo-Macapagal respondió en ese momento alegando que lo revelado por el CPJ era “una exageración”. La masacre del 22 de noviembre en la provincia de Maguindanao demostró de modo trágico que el fracaso de las autoridades filipinas para enfrentar la cultura de la impunidad tiene graves consecuencias. Los miembros del clan político acusados de perpetrar los crímenes creyeron que podían salirse con la suya.

Pero gracias a los defensores de prensa de Filipinas, existe actualmente una generalizada conciencia pública sobre las fallas del gobierno, así como un extendido fastidio. A pocos días de los asesinatos, periodistas y medios filipinos se reunieron para viajar al lugar donde se cometió la masacre, brindar asistencia a las familias de las víctimas, llevar a cabo una investigación independiente y producir un informe bien documentado que fue distribuido ampliamente en la Internet. En pocas semanas, una delegación global de la Federación Internacional de Periodistas, el CPJ y otros grupos ya estaban en el lugar en apoyo a los esfuerzos locales.

El costo de no afrontar la impunidad debería ser evidente no sólo para los países que figuran en el Índice Anual de Impunidad del CPJ –naciones como Rusia, México y Pakistán-, sino también para sus socios internacionales. En septiembre, una delegación del CPJ viajó a Moscú y Bruselas para presentar Anatomía de la Injusticia, una investigación exhaustiva sobre los asesinatos no resueltos de periodistas en Rusia. En Moscú, presentamos el caso directamente ante los principales investigadores y otros funcionarios; en Bruselas, nos reunimos con funcionarios de la Unión Europea para hacer hincapié sobre el hecho de que éste es también un problema para ellos. Los investigadores rusos invitaron al CPJ a regresar en 2010 para evaluar el avance conseguido. Allí estaremos.

Las tragedias de 2009 no hacen sino poner de manifiesto nuestro desafío. Crear medios robustos y con condiciones de seguridad a nivel global exige una nueva forma estratégica de pensar para poder enjuiciar a los asesinos, para reducir la cantidad de periodistas encarcelados y para apoyar a los periodistas que trabajan en el exilio o dentro de entornos represivos. En todos estos frentes, ha habido un avance.

En Cuba, está surgiendo una comunidad entusiasta de blogueros independientes, a pesar de que allí se aplican leyes de censura que son de las más represivas en el mundo. En Zimbabwe, muchos de los mismos periodistas que fueron obligados a exiliarse a principios de la década han vuelto a difundir noticias a sus habitantes a través del espacio radioeléctrico, en forma impresa y también en la Internet.

En China, la cantidad de reporteros en prisión descendió de 42 en 2004 a 24 en la actualidad. Los periodistas que exponen los casos de corrupción tienen hoy más probabilidades de ser despedidos que de ser encarcelados. No obstante, cuestionar al sistema chino sigue estando prohibido: la mayoría de los periodistas presos actualmente en China son reporteros freelance que sólo se dedican a eso. Defender a estos reporteros de opinión es un enorme desafío.

En un momento en el cual la tecnología está cambiando la forma en que la gente de todo el mundo reúne y recibe información, en el cual las organizaciones de prensa internacionales recortan y cierran sus corresponsalías, los periodistas freelance, los reporteros locales y los periodistas de Internet se han vuelto más importantes que nunca. El crítico de medios A.J. Liebling alguna vez comentó, en broma, que “la libertad de prensa está garantizada sólo para aquellos que la poseen”. En el mundo actual esto se no se aplica para todos. Mientras los derechos de cada periodista están protegidos por tratados internacionales, pocos reporteros cuentan con grandes conglomerados de medios que los respalden. En cambio, su seguridad y protección depende de la capacidad de las organizaciones de libertad de prensa para generar atención pública y movilizar la acción.

Las protestas provenientes de gobiernos represivos acerca de “injerencia extranjera” o “agendas secretas” son una prueba de que nuestras campañas están teniendo el efecto al que apuntan. La revolución en la información global ha creado nuevos retos, pero la idea detrás de la frase “la vergüenza tiene nombre” sigue en pie.

Joel Simon es director ejecutivo del CPJ.