Ataques a la prensa en el 2009: Ecuador

ATAQUES A LA
PRENSA EN EL 2009
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Correa se mostró tan enfocado en su disputa con la prensa que agregó un segmento a su programa del sábado por la mañana, al que denominó “La libertad de de expresión ya es de todos”, con el fin de transmitir sus diferencias. Entre los medios que fueron a menudo blanco de sus ataques figuraron los matutinos nacionales El Universo, La Hora, El Comercio y El Expreso, y la cadena de TV Teleamazonas. El presidente describió a dichos medios como “una cloaca”, “ignorantes” que “hablan basura”, “sin ética”, “mentirosos”, “mediocres” y “actores políticos que buscan oponerse al gobierno revolucionario”.

Teleamazonas, una televisora privada de Quito que critica al gobierno con dureza, se convirtió en el centro de atención de los entes reguladores oficiales. A fin de diciembre, los entes reguladores ordenaron que Teleamazonas suspenda sus transmisiones durante tres días tras alegar que la emisora había “incitado al desorden público” con una nota de mayo que investigaba el efecto que la exploración de gas natural frente a la isla de Puná, al sur del país, tendría sobre la industria pesquera local, según informes de prensa.

El Consejo Nacional de Radio y Televisión (CONARTEL) había citado a la emisora dos veces antes durante el año. Luego que Teleamazonas transmitiera un comercial sobre corridas de toros durante un horario de 8.30 p.m. en febrero, CONARTEL citó al canal por violar la prohibición de transmitir corridas de toros entre 6 a.m. y 9 p.m., según informes de prensa y entrevistas del CPJ. Cuando en mayo Teleamazonas puso al aire una nota informativa que cuestionaba la legalidad de un establecimiento donde se hacía el escrutinio de los votos en la ciudad costera de Guayaquil, los entes reguladores indicaron que había violado el Artículo 58 de la Ley de Radiodifusión, que prohíbe la transmisión de “noticias, basadas en supuestos, que puedan producir perjuicio o conmociones políticas o sociales”. La emisora fue multada con montos nominales solamente en los primeros dos casos. Pero al generarse un registro de supuestas violaciones durante el año, los entes reguladores pudieron invocar la suspensión de fin de año.

En sus comentarios públicos, Correa había impulsado los intentos regulatorios. En agosto, el presidente pidió a los entes reguladores a que clausuren Teleamazonas luego de que la emisora transmitiera una grabación en audio de una discusión en el palacio presidencial sobre cambios constitucionales en 2008, según informes de prensa.

César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, un grupo local de libertad de prensa, indicó que las embestidas verbales del presidente crearon un clima propicio para que se registren ataques físicos contra la prensa. En mayo y en diciembre, individuos no identificados arrojaron explosivos de fabricación casera afuera de las oficinas de Teleamazonas en Quito, según informes de prensa. No se registraron heridos. En febrero, atacantes no identificados en Guayaquil dispararon con armas de fuego contra las oficinas del semanario Mi Pueblo luego de la publicación de una serie de artículos criticando al gobierno de Correa.

En los últimos meses del año, una comisión legislativa elaboró un represivo proyecto de ley de comunicaciones que establecería requisitos educativos para los periodistas, endurecería las sanciones penales por delitos de prensa y permitiría cierta censura gubernamental. El proyecto de ley produjo una fuerte oposición por parte del público y de los medios de prensa y provocó que la Asamblea Nacional pospusiera el debate y se comprometiera a revisarla en diciembre. El proyecto de ley de comunicaciones es parte de la legislación que busca implementar una nueva constitución adoptada por los votantes en 2008. La propia constitución incluye cláusulas que son preocupantes para los defensores de la libertad de prensa, incluyendo el Artículo 19, que estipula que el gobierno “regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente”.

El sistema regulatorio también se vio sometido a una revisión. En agosto, Correa firmó un decreto creando el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de Información que, entre otras cosas, se hizo cargo de las actividades regulatorias tanto de CONARTEL como del Consejo Nacional de Telecomunicaciones.

El estado retuvo el control de dos estaciones de televisión, TC Televisión y Gamavisión, que había confiscado en 2008. El gobierno sostuvo que los dueños de las emisoras tenían vinculaciones con un grupo empresarial acusado de causar el colapso de la institución bancaria Filanbanco, en 1998. Los dueños de las emisoras negaron las acusaciones. El gobierno designó a dos periodistas con vínculos cercanos a Correa a cargo de las emisoras y señaló que las remataría para recortar los 661 millones de dólares estadounidenses que, en su opinión, se les debía a los inversores del Filanbanco. Hacia fines de 2009, no obstante, ambas emisoras seguían bajo control oficial.

Violencia y dificultades se denunciaron en zonas provinciales. En abril, varios individuos irrumpieron en las oficinas compartidas por la televisora local Telecosta y la emisora radial Gaviota en la ciudad norteña de Esmeraldas y destruyeron el equipo de transmisión de los medios, informó Fundamedios. Según el presidente de Telecosta, el ataque habría sido en represalia por notas críticas sobre las autoridades locales. Más tarde ese mes, un grupo de manifestantes en la provincia sureña de El Oro rodeó las oficinas de la radio local Onda y advirtió que dejara de criticar el intento de reelección de un alcalde local, según el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). En mayo, supuestos atacantes del mismo grupo entraron por la fuerza rompiendo las ventanas de la emisora, rociaron al edificio con gasolina y le prendieron fuego, informó el IPYS. El edificio sufrió daños menores.

En el interior del país, la policía hostigó y detuvo a periodistas locales casi como un procedimiento de rutina, según defensores de la libertad de prensa. Francisco Farinango, reportero de la emisora local Radio Intipacho en la región norteña de Pichincha, fue detenido brevemente en enero mientras informaba sobre una protesta de la comunidad indígena Tupigachi contra una ley que permite la extracción minera en su territorio, según grupos de libertad de prensa locales. Ese mismo mes, Adolfo Caiminagua Herrera, corresponsal en la ciudad sureña de Machala del matutino nacional Diario Opinión, fue arrestado mientras fotografiaba a la policía en un centro de votación local. Israel Díaz, camarógrafo de la televisora local Lago Sistema Televisión en la provincia de Sucumbíos, fue golpeado por agentes de policía cuando intentaba cubrir un procedimiento policial de rutina en abril, indicaron estos grupos. Díaz no fue herido de gravedad, pero su colega Vicente Albán, reportero de la misma emisora, permaneció detenido durante varias horas.

En junio, el Tribunal Penal de El Oro sentenció a Milton Nelson Chacaguasay Flores, director de la publicación semanal La Verdad de la ciudad de Machala, a cuatro meses de prisión por calumnias. El caso se originó en una nota de 2007 en la que acusaba al Ministro de Finanzas Francisco Quevedo Madrid de tener vinculaciones con un hombre acusado de armar un complot de tipo Ponzi a nivel nacional. Chacaguasay recién había salido de la cárcel cuando se le impuso la sentencia. Había sido liberado en mayo luego de cumplir una condena de diez meses de prisión por otra acusación de calumnias.

Un segundo periodista fue encarcelado por acusaciones de difamación durante el año. Freddy Aponte, reportero de la emisora de radio Luz y Vida en la ciudad de Loja, al sudoeste del país, fue liberado en enero luego de cumplir una condena de seis meses. Había sido condenado por difamar a un ex alcalde.