Ataques a la Prensa   |   Honduras

Ataques a la prensa en el 2009: Honduras

Principales Acontecimientos
• El golpe de estado daña la libertad de prensa; revela la división partidaria de los medios.
• Partidarios de ambos sectores del conflicto perpetran ataques contra la prensa.

Estadística Clave
22: Los días que Radio Globo y Canal 36 dejaron de transmitir debido a la censura del gobierno.


El golpe de estado de junio que derrocó al Presidente Manuel Zelaya, junto con el severo conflicto que siguió, afectó la libertad de prensa en Honduras y amplió las divisiones partidarias en los medios. El gobierno interino arremetió contra la cobertura informativa y soportó una intensa presión internacional hasta que la elección de noviembre llevó a Porfirio “Pepe” Lobo, un empresario conservador, a la presidencia. Mientras Lobo prometió reconciliación, Zelaya describió la votación como viciada.

ATAQUES A LA
PRENSA EN EL 2009

Prólogo
Introducción
Análisis Regional:
En las Américas,
Gran Hermano observa
a los reporteros

Informes por país
Argentina
Brasil
Colombia
Cuba
Ecuador
Honduras
México
Nicaragua
Estados Unidos
Venezuela
En un Vistazo

La elección dividió a la comunidad regional e internacional. Estados Unidos, que inicialmente buscó revertir el golpe, finalmente respaldó la votación como creíble, al igual que otros países. Venezuela, cuyo presidente, Hugo Chávez, defendió enérgicamente a Zelaya, se negó a reconocer la elección, uniéndose a otros países como Brasil y Argentina que cuestionaron la legitimidad de la votación. Observadores electorales internacionales se negaron a monitorear los comicios, señaló The Washington Post, debido al conflicto político e irregularidades como el silenciamiento de los medios a favor de Zelaya.

La crisis política comenzó el 28 de junio cuando Zelaya –quien intentaba aprobar una polémica propuesta para eliminar los límites al mandato presidencial– fue arrestado por el ejército y colocado en un avión con destino a Costa Rica. Cuando Micheletti, un veterano líder del Congreso, juró como presidente interino, las fuerzas de seguridad cerraron emisoras locales, bloquearon la transmisión de cadenas internacionales y detuvieron a reporteros por un breve lapso, según la investigación del CPJ.

Un día después del golpe, militares armados arrestaron a cinco corresponsales y a dos trabajadores que los asistían dentro de su hotel en la capital, Tegucigalpa. Adriana Sívori, reportera de la cadena Telesur, que pertenece en parte al estado venezolano, su productora María José Díaz y su camarógrafo Larry Sánchez fueron detenidos, junto con Nicolás García y Esteban Felix, video-periodista y fotógrafo que trabajaban para The Associated Press, y sus dos asistentes no identificados. Todos ellos fueron liberados poco después, según entrevistas del CPJ. Las transmisiones en televisión por cable fueron bloqueadas de modo intermitente durante las 48 horas posteriores al golpe, interrumpiendo la cobertura de CNN y Telesur. Al usar fuerzas de seguridad para restringir la cobertura noticiosa inmediatamente después del golpe, el gobierno de facto creó un vacío informativo que impidió a muchos hondureños saber qué ocurría en su propio país.

Las condiciones de libertad de prensa sufrieron más embates cuando partidarios de ambos sectores atacaron a los medios. El gobierno interino apuntó contra los medios a favor de Zelaya: la emisora de privada Radio Globo y el Canal 36 de televisión, ambas críticos del gobierno de facto, fueron forzados a salir del aire varias veces. La interrupción más prolongada comenzó el 28 de septiembre, cuando las fuerzas de seguridad allanaron sus oficinas y confiscaron equipos. Los dos medios fueron sacados del aire según disposiciones de un decreto gubernamental anunciado ese mismo día. El decreto, que suspendió las libertades civiles garantizadas en la constitución, apuntó a desactivar la concurrencia masiva de partidarios de Zelaya para una concentración planeada ese día en Tegucigalpa, pero también se usó para justificar los allanamientos a los medios. El Artículo 4 del decreto autorizaba a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones a suspender a cualquier medio que “atente contra la paz y el orden público”, o que emitan publicaciones que “ofendan la dignidad humana, a los funcionarios públicos, o atenten contra la ley”. Ambos medios retomaron sus transmisiones a partir del 20 de octubre.

Los periodistas que trabajaban para los medios tradicionales, en su mayoría alineados con el gobierno interino, también denunciaron acoso y ataques. En agosto, atacantes no identificados arrojaron con violencia al menos tres explosivos de fabricación casera contra las oficinas de El Heraldo, un matutino nacional de Tegucigalpa considerado partidario de Micheletti, según informes de prensa. Los explosivos estallaron cerca de la entrada principal del periódico y causaron solo daños menores sin registrarse heridos. Rosángela Soto, reportera y conductora de Televicentro, un grupo de medios partidario de Micheletti, indicó al CPJ que sus colegas habían sido golpeados y amenazados por partidarios de Zelaya, que les impidieron cubrir manifestaciones en apoyo al presidente depuesto. El 4 de  noviembre, asaltantes arrojaron explosivos contra las oficinas de Radio HRN en Tegucigalpa, una emisora considerada partidaria del gobierno interino. Dos empleados de HRN resultaron heridos.

Reporteros y defensores de la libertad de prensa hondureños indicaron que durante el tenso enfrentamiento político la mayoría de las televisoras cubrieron protestas a favor de Micheletti, mientras ignoraban otras en apoyo a Zelaya. La información en las radios, excepto unas pocas emisoras partidarias de Zelaya, fue más equilibrada, pero aún así se inclinó a favor del gobierno interino.

Arturo Wallace Salinas, quien cubre América Central para la BBC, dijo al CPJ que el desempeño de los medios hondureños “se asemejó a lo sucedido en Venezuela [en 2002], ignorando los hechos o solamente transmitiendo las opiniones de los nuevos funcionarios”. Cuando en Venezuela, Chávez fue depuesto por un breve lapso en 2002, conocidas emisoras fueron ampliamente acusadas de sesgar la información a favor de los líderes del golpe (Chávez también los acusó de tramar el golpe, una afirmación que negaron).

Alexis Quiroz, director ejecutivo del Comité para la Libertad de Expresión (C-Libre), un grupo hondureño de libertad de prensa, explicó que la cobertura sesgada quedó en evidencia durante el primer e infructuoso intento de Zelaya por regresar a Honduras. Luego de que el ejército hondureño bloqueara la pista de aterrizaje del aeropuerto para impedir la llegada del vuelo de Zelaya, soldados abrieron fuego contra seguidores del presidente depuesto, dejando al menos dos muertos y decenas de heridos. La mayoría de las televisoras, afirmó Quiroz, ignoraron la noticia y transmitieron, en cambio, un evento oficial del gobierno interino.

En agosto, Zelaya acusó a varios propietarios de medios de planear el golpe. Nombró a dos ex presidentes –Carlos Roberto Flores Facussé, dueño del matutino La Tribuna, y Ricardo Maduro, director en la emisora Radio Cadena Voces–  junto con José Rafael Ferrari, dueño de los grupos Televicentro y Emisoras Unidas, y Jorge Canahuati Llarach, director de los matutinos El Heraldo y La Prensa. Sin embargo, Zelaya no brindó evidencia de ninguna participación directa en la toma del poder.

Las tensiones siguieron en aumento luego de que de Zelaya regresara en secreto desde el exilio el 21 de septiembre y buscara refugio en la Embajada de Brasil. El regreso de Zelaya creó una situación de tenso nerviosismo cuando reclamó volver a la presidencia y Micheletti amenazó con arrestarlo si ponía un pie fuera de la embajada. Luego de intensas negociaciones internacionales, el gobierno interino acordó permitirle a Zelaya regresar a su cargo después de la elección de noviembre de modo que pudiese cumplir los dos meses restantes de su mandato. Según el acuerdo, el voto presidencial sería reconocido por ambas partes, y ni Zelaya ni Micheletti serían candidatos. Pero el acuerdo pronto se desmoronó: Zelaya instó a sus seguidores a que boicoteen la elección, y posteriormente adujo que hubo fraude en la votación. El Congreso, a su vez, votó en diciembre por bloquear la restitución de Zelaya.

La disputa política se vio reflejada en la publicidad en los medios locales. Como parte de una campaña que intentaba dañar la reputación de Zelaya, el gobierno interino produjo una cantidad de avisos televisivos que alegaban que el presidente depuesto se habría robado millones del Banco Central. Por otra parte, observaron los analistas, Zelaya persuadió a medios aliados como Radio Globo y Canal 36 de que transmitieran sus declaraciones inusuales e infundadas en el sentido de que se había contratado a  comandos israelíes para asesinarlo.

Dos reporteros murieron en circunstancias confusas. Rafael Munguía Ortiz, corresponsal de Radio Cadena Voces, fue abatido a tiros en marzo desde un vehículo en movimiento en la ciudad noroccidental de San Pedro Sula, según relataron informes de prensa. En julio, un atacante no identificado disparó contra el reportero Gabriel Fino Noriega cuando salía de radio Estelar en la ciudad norteña de San Juan Pueblo, la policía indicó al CPJ. No se registraron arrestos en ninguno de los dos casos. El CPJ estaba investigando las muertes para determinar si tuvieron relación con la labor informativa de los periodistas.

Publicado

Al igual que este artículo? Apoya nuestro trabajo