Ataques a la prensa en el 2009: Nicaragua

ATAQUES A LA
PRENSA EN EL 2009
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El gobierno ignoró a los medios privados y menospreció su labor. Los periodistas locales no tuvieron acceso ni a Ortega ni a sus asesores cercanos y a menudo fueron excluidos de los eventos oficiales. El propio Ortega fue una figura escurridiza. Su agenda fue un misterio político y su salud un secreto de estado, aunque varios informes especularon con que el presidente sufría de lupus, una enfermedad autoinmune y de carácter crónico. El líder sandinista no dio ninguna conferencia de prensa desde que asumió a principios de 2007.

La Primera Dama Rosario Murillo, virtual primer ministro que maneja todas las comunicaciones del gobierno, ejerció un estricto control sobre la agenda de Ortega. Solamente se permitió que los funcionarios del Poder Ejecutivo hablaran con la prensa con su permiso. Excepto por el contacto con unos pocos medios partidarios del gobierno y controlados por la familia del presidente o por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSNL), el presidente nicaragüense se mantuvo alejado de la mirada pública. Funcionarios afirmaron que su aislamiento del escrutinio público buscaba asegurarse que las opiniones del gobierno llegaran “incontaminadas” al público por los medios críticos.

El gobierno no tuvo interés en comunicarse con el pueblo nicaragüense a través de los medios, según indicó el Procurador de Derechos Humanos, Omar Cabezas, durante una visita del CPJ realizada en abril. “Nosotros establecemos nuestra propia agenda. Hablamos cuando queremos para decir lo que queremos” expresó el más alto funcionario en derechos humanos de Nicaragua.

El CPJ documentó la agresiva postura del presidente hacia la prensa en un informe especial difundido en julio. En el informe, titulado “La Guerra de Daniel Ortega Contra los Medios”, el CPJ instó al gobierno a que asegure que los medios reciban acceso y tratamiento equitativo; a poner punto final al acoso legal y las campañas de descrédito; y a terminar con el uso de un lenguaje exaltado contra de la prensa. La animosidad de Ortega hacia la prensa, reveló el CPJ, fue impulsada por décadas de resentimiento arraigado en el primer gobierno sandinista.

Los partidarios de Ortega expresaron su desacuerdo con el informe del CPJ. Roberto Larios Meléndez, presidente de la Unión de Periodistas Nicaragüenses, afirmó que el informe “parecía un documento redactado por el Departamento de Estado [de Estados Unidos] en los años 80”, y lo describió como parte de “guerra de baja intensidad que la ultraderecha nicaragüense con el apoyo de organizaciones internacionales se encuentra librando para derrocar al gobierno revolucionario de Nicaragua”. La crítica de Larios reflejó la retórica usada por Ortega para denigrar a la prensa y retratarla como agentes patrocinados por la CIA o controlados por la oligarquía. Larios no cuestionó los elementos clave que aparecían en el informe del CPJ.

Un informe difundido en abril por el Observatorio de Medios del Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), una organización sin fines de lucro que promueve la investigación sobre medios, también observó que el gobierno buscaba confrontar con los medios de prensa. “Daniel Ortega vive un deja vú de la revolución, ya que a treinta años del triunfo revolucionario el enemigo es él mismo”, escribió el autor del informe, Eduardo Marenco. El propio líder sandinista usó un lenguaje similar en una entrevista de marzo con la cadena de televisión Al Jazira. En esa entrevista explicó que Nicaragua estaba luchando una “guerra de medios, una guerra de ideas.”

El gobierno usó el aparato oficial de prensa –compuesto por Canal 4 de Televisión, Nueva Radio Ya y el sitio de Internet El 19– para lanzar ataques personales contra los medios críticos, según reveló la investigación del CPJ. En marzo, por ejemplo, el Canal 4 transmitió una serie de avisos que tildaban de “fascistas” a Francisco Chamorro, director del matutino El Nuevo Diario de Managua, y a su jefe de redacción, Danilo Aguirre. El despido del periódico de la reportera Eloisa Ibarra se convirtió en un pretexto para una campaña difamatoria que incluyó un montaje fotográfico vinculando a Chamorro y Aguirre con cruces esvásticas nazis. Ibarra señaló que fue despedida por su activismo sindical; El Nuevo Diario indicó que se trató de un tema de desempeño profesional.

El más flagrante ejemplo de intimidación gubernamental fue dirigido contra Carlos Fernando Chamorro, antiguo director de noticias de la revista Sandinista Barricada en los años ochenta, quien actualmente dirige la revista Confidencial, es presidente de CINCO y conduce los programas televisivos de noticias “Esta semana” y “Esta Noche”. Chamorro es uno de los periodistas más críticos e influyentes del país. Fue en su programa “Esta semana” en el cual Chamorro expuso un multimillonario plan extorsivo que involucraba al frente sandinista con el tráfico de influencias en el poder judicial.

Luego de que la nota fuera puesta al aire en 2007, Canal 4 y Nueva Radio Ya emitieron avisos infundados vinculando a Chamorro con el narcotráfico internacional. El gobierno intensificó su ataque en septiembre de 2008 al lanzar una investigación contra CINCO y otras organizaciones sin fines de lucro acusándolas de canalizar ilegalmente fondos de gobiernos extranjeros hacia otros grupos de la sociedad civil. Las oficinas de CINCO en Managua fueron allanadas y Chamorro fue interrogado.

En febrero de 2009, luego de una condena internacional, la Fiscalía General desestimó la causa penal contra CINCO y otras organizaciones. Chamorro atribuyó a la solidaridad internacional el hecho de que el gobierno desestimara la demanda. “Gracias a esa ola de solidaridad nacional e internacional, en este caso se ha podido sentar un precedente: cuando los ciudadanos tienen la razón y la verdad, y sobre todo, la determinación de resistir y de no dejarse atropellar por el abuso de poder, tarde o temprano el gobierno tiene que retroceder”, escribió en Confidencial.

Ejecutivos de medios privados también se quejaron por un sistema arbitrario para distribuir la publicidad gubernamental que castigó a los medios críticos, al tiempo que recompensó a la prensa partidaria del gobierno. El gobierno sandinista gastó un 80 por ciento de su presupuesto de 3,5 millones de dólares estadounidenses en el período 2007-08 en avisos para Canal 4, que es manejado por los hijos de Ortega, según Confidencial. Funcionarios del gobierno indicaron que seguían prácticas establecidas por sus predecesores. Los gobiernos precedentes, por ejemplo, habían boicoteado a los medios sandinistas, según el Procurador de Derechos Humanos.

En septiembre, las autoridades nicaragüenses organizaron un foro para periodistas afiliados al FSLN que, entre otras cosas, proclamó a los medios principales –incluyendo a los canales de televisión 2, 8, 10 y 12, como así también los matutinos La Prensa y El Nuevo Diario – como “enemigos” del gobierno de Ortega. Un proyecto presentado ante el Congreso para modificar la ley que creó el Colegio de Periodistas de Nicaragua prevé sancionar a quien ejerza la profesión sin la autorización de esa institución. El proyecto de ley encendió una inmediata oposición de parte de los periodistas sin afiliación a ese grupo que señalaron que se trataba de un intento manifiesto de regular la profesión. El proyecto de ley aún seguía en trámite legislativo hacia fines de año.

En octubre, la Corte Suprema revocó las prohibiciones constitucionales sobre la reelección presidencial consecutiva por más de dos mandatos y  despejó así el terreno para que Ortega se presente nuevamente como candidato en 2011. La oposición y la prensa privada criticaron el fallo con dureza. El Nuevo Diario describió la decisión como una “obscenidad legal” y expresó que era “un asalto contra la paz social” en Nicaragua. En una editorial, La Prensa dijo que la decisión de la Corte Suprema era “un ataque grotesco y absurdo” en contra de la constitución.