Ataques a la prensa en el 2009: Brasil

ATAQUES A LA
PRENSA EN EL 2009
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En abril, el Supremo Tribunal Federal dictaminó que la Ley de Prensa de 1967, resabio anacrónico del régimen militar en el país, violaba garantías constitucionales para la libertad de expresión. El mismo tribunal había suspendido anteriormente 22 de los 77 artículos mientras el fallo definitivo seguía pendiente. El CPJ y otros grupos se habían manifestado públicamente en contra de la ley, aduciendo que contradecía los estándares regionales para la libre expresión. La ley de prensa definía violaciones en términos muy generales que incluían: reportaje ofensivo a la moral pública; información que un acusado pudiese encontrar ofensiva para su reputación o su dignidad; información que el gobierno pudiese considerar subversiva; e información sobre hechos “verdaderos” que pudiesen considerarse distorsionados o provocadores. También permitía a las autoridades censurar a medios y escritores, confiscar publicaciones e imponer penas de prisión de hasta tres años por violaciones a la ley.

La decisión del alto tribunal fortaleció un gran número de opiniones legales internacionales en el sentido de que las leyes civiles proporcionan una reparación adecuada para los delitos de prensa. En un fallo histórico de 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que las críticas a funcionarios públicos deben tener “un margen de apertura a un debate amplio sobre temas de interés público”. Las leyes que penalizan la libertad de expresión son incompatibles con los derechos establecidos en el Artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que Brasil ha ratificado. Así lo estipuló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1994: “En efecto, si se consideran las consecuencias de las sanciones penales y el efecto inevitablemente inhibidor que tienen para la libertad de expresión, la penalización de cualquier tipo de expresión sólo puede aplicarse en circunstancias excepcionales en las que exista una amenaza evidente y directa de violencia anárquica”.

Según las disposiciones que aún permanecen en el código penal, no obstante, los periodistas brasileños pueden recibir penas de prisión de hasta dos años por el delito de difamación. La ley se ha utilizado para hostigar e intimidar a periodistas críticos, según la investigación del CPJ.

Las leyes de difamación civil también se usaron para silenciar a periodistas. Miles de demandas presentadas por empresarios, políticos y funcionarios públicos alegando que periodistas y medios críticos han ofendido su honor engrosan las causas pendientes de los juzgados, según la investigación del CPJ. Los demandantes a menudo presentan reclamos judiciales múltiples sobre una única causa y buscan altas compensaciones por daños y perjuicios como forma de ahogar los recursos financieros de sus críticos. Esta práctica se ha vuelto tan habitual que se la conoce como la “industria de la compensación”.

Más alarmantes, no obstante, son las órdenes de censura emitidas por tribunales que impiden que los medios demandados cubran cuestiones importantes de interés público mientras las causas siguen pendientes. En un caso notable, el 31 de julio, el Juez Dácio Vieira del Tribunal del Distrito Federal en Brasilia impidió que el diario O Estado de São Paulo y su sitio de Internet Estadão publicaran información sobre un escándalo de corrupción que involucraba a la familia del ex Presidente José Sarney, según informes de la prensa local. El caso se originó en un informe acerca de la asignación de contratos federales a parientes y amigos cercanos a Sarney, quien fuera presidente del Senado en 2009. O Estado de São Paulo fue el primer medio en informar sobre la supuesta participación de Sarney en el escándalo. Vieira dictaminó que O Estado de São Paulo sería multado con 150,000 reales (87,000 dólares estadounidenses) por cada nota publicada sobre el caso. El juez dijo que la prohibición se aplicaría a otros medios que buscaran republicar las notas del matutino. El periódico perdió la apelación, pero la familia Sarney abandonó el caso en diciembre.

El 6 de julio, Lúcio Flávio Pinto, reconocido periodista y editor de Jornal Pessoal, periódico de Belém en el estado norteño de Pará, fue hallado responsable en un juicio civil por difamación y se le ordenó pagar 15,000 dólares estadounidenses en concepto de daños y perjuicios—el equivalente a su salario en el periódico durante un año y medio. El juicio fue presentado por los hermanos Ronaldo y Romulo Maiorana Jr., dueños del grupo de medios Organizações Rômulo Maiorana, la empresa de comunicación más grande en el norte de Brasil. Los hermanos Maiorana argumentaron que Pinto había dañado la reputación de la familia con una nota publicada en 2005 sobre el poder económico y la influencia de este grupo de medios. Miembros de la familia Maiorana presentaron otros cuatro juicios por difamación civil en contra de Pinto, ganador en 2005 del Premio Internacional a la Libertad de Prensa del CPJ.

Los poderosos y privilegiados presentaron otros reclamos judiciales. El congresista Edmar Moreira presentó más de 44 demandas contra unos 38 periodistas y 13 medios de prensa por informes sobre su fortuna y su supuesta participación en casos de corrupción oficial. Una corte del estado de Espírito Santo, al sudeste del país, ordenó al sitio de Internet Século Diário quitar de su página Web tres notas sobre la supuesta participación de dos jueces estatales en un plan para hostigar a abogados locales. En el estado de São Paulo, el alcalde de Adamantina, José Francisco Figueiredo Micheloni, entabló una demanda al matutino local Jornal da Cidade basándose en una cita de una concejal que lo había ofendido.Un empresario local en el estado de Fortaleza, al noreste del país, obtuvo una orden judicial que impedía que el grupo de medios O Povo –que incluye a un diario, emisoras radiales, una estación de TV y servicios de Internet– informara sobre sus finanzas. El demandante alegaba que el grupo de medios había violado su privacidad, aunque O Povo dijo que la información financiera estaba disponible públicamente en Internet.

Brasil calificó en décimo tercer lugar en el Índice de Impunidad del CPJ, una lista de países en los cuales los periodistas caen con frecuencia en cumplimiento de su trabajo y en donde los gobiernos no logran resolver los crímenes. Si bien la clasificación reflejó un registro de violencia contra la prensa que viene de larga data, las autoridades han concretado avances recientes al enjuiciar a los responsables.  

En mayo, uno de los acusados por el asesinato de Nicanor Linhares, el provocativo conductor de un programa radial de gran audiencia, fue condenado y sentenciado a 23 años de prisión en el estado de Ceará. Linhares fue asesinado en junio de 2003 por dos hombres armados que irrumpieron por la fuerza en su cabina de transmisión en Rádio Vale do Jaguaribe en la ciudad de Limoeiro do Norte. Las acusaciones contra de los autores intelectuales del crimen, un político local y su cónyuge, una jueza federal, seguían pendientes.

En agosto, los ex oficiales de policía Odin Fernandes da Silva y Davi Liberato de Araújo fueron condenados y sentenciados a 31 años de prisión por formar parte de un grupo paramilitar que secuestró y torturó a dos periodistas y a un conductor que trabajaban en forma encubierta para el matutino O Dia de Rio de Janeiro en el barrio Batan, en 2008. Los secuestradores golpearon a los periodistas y al chofer repetidamente, los torturaron con descargas eléctricas, les pusieron bolsas plásticas sobre sus cabezas y los amenazaron con asesinarlos, según relataron. El grupo fue liberado siete horas después.

A pesar de las condenas, los periodistas continuaron siendo blanco de violencia e intimidación, especialmente en el interior del país. El 27 de junio, en el norte de Amazonas, el Ministro de Transporte Alfredo Nascimento y su hijo supuestamente asaltaron a Ronaldo Lázaro Tiradentes, reportero de Tiradentes Radio y Televisión, en el estacionamiento del aeropuerto de Manaus, según informes de la prensa local. El periodista, quien filmó partes del episodio con su teléfono celular, presentó una denuncia ante la policía.

El 16 de julio, efectivos de la policía militar intentaron impedir que periodistas cubrieran una protesta afuera de la casa del gobernador de Rio Grande do Sul, Yeda Crusius, en la capital del estado, Porto Alegre. El gobernador estaba siendo investigado en relación con la supuesta apropiación ilícita de más de 24 millones de dólares estadounidenses. La policía detuvo al fotógrafo independiente Antônio Carlos Argemi cuando intentaba salir de un área restringida para tomar fotografias. Argemi fue liberado sin cargos.

En agosto, Carlos Baía, director de la emisora radial Metropolitana Radio de Barcarena en Pará, recibió amenazas de muerte por teléfono luego de denunciar un supuesto fraude en la sede municipal de Barcarena, según informes de prensa. Luego de presentar una denuncia policial, Baía renunció y huyó de la ciudad. Posteriormente, ese mismo mes, cuatro hombres no identificados atacaron las oficinas de la emisora radial Diário FM de Marília en el estado de São Paulo, indicó la prensa local. Los atacantes ataron al guardia de seguridad con sogas y destruyeron el equipo central de transmisión. La emisora estuvo fuera del aire durante tres horas luego del ataque.