Ataques a la prensa en 2010: Venezuela

Estadística Clave
1. 300: La cantidad de horas en cadenas presidenciales que se transmitieron entre 1999 y 2010.

Utilizando de todas las herramientas del poder a su disposición, el Presidente Hugo Chávez Frías continuó con su agresiva campaña para silenciar a los medios de prensa críticos. En la etapa agonizante de la saliente Asamblea Nacional, el gobierno de Chávez impulsó medidas para restringir los contenidos de Internet y ajustar el control sobre las licencias de radio y televisión. Con la confianza depositada en tribunales de justicia politizados, el gobierno prohibió a dos importantes periódicos publicar imágenes de crímenes y violencia en vísperas de las elecciones legislativas de septiembre. Y a través de una serie de acciones motivadas políticamente, el gobierno intimidó a una emisora crítica, Globovisión, y prohibió a otra, RCTV Internacional.

ATAQUES A LA
PRENSA EN EL 2010
• Prólogo
• Introducción
• Análisis de Internet
Análisis Regional:
• En América Latina,
el retorno
de la censura
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La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, resolviendo que RCTV Internacional había violado un requerimiento de transmitir los discursos presidenciales, ordenó en enero a operadores de cable y satelitales que sacaran al canal de la grilla. Según la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que ha sido ampliamente criticada por sus fuertes restricciones a la libertad de expresión, todas las emisoras nacionales deben emitir programación del gobierno cuando se les ordene hacerlo, incluyendo las transmisiones simultáneas en vivo de los discursos de Chávez, conocidos como cadenas. RCTV Internacional adujo que no era una emisora nacional según lo definía la ley y entonces estaba exceptuada del requerimiento. La cadena televisiva seguía fuera de los servicios de suscripción por cable y satelital a fines de año.

RCTV Internacional comenzó a operar como un canal de suscripción pago luego de que el gobierno retirara a la emisora original, conocida simplemente como RCTV, del espacio radioeléctrico a mitad de 2007. Siendo la emisora más antigua del país, RCTV fue también una de las más críticas del gobierno de Chávez. En el caso de RCTV y muchos otros, el CPJ reveló que existía un proceso regulatorio en el que se adoptaban decisiones predeterminadas y motivadas políticamente. En 2009, el ente regulador sacó del aire a decenas de emisoras de radio críticas, según la investigación del CPJ. La amenaza de perder las licencias ha hecho que otras estaciones de radio y televisión hayan cortado programas críticos del gobierno.

Chávez a menudo hizo uso de cadenas para atacar a los medios privados y amplificar la voz del gobierno. Desde 1999, cuando asumió su cargo, hasta enero de 2010, Chávez pronunció casi 2 mil cadenas, dando cuenta de más de 1.300 horas de transmisión, o el equivalente a 54 días completos, según la investigación realizada por AGB Nielsen. Chávez también hizo uso de un programa semanal en el que el público participa llamando por teléfono, conocido como “Aló Presidente”, transmitido por radio y televisión estatal, para fustigar a medios de prensa y opositores críticos. El presidente venezolano aumentó su exposición en febrero, lanzando un nuevo programa de radio llamado “De repente con Chávez”. El programa transmitido por la Radio Nacional de Venezuela, no mantenía un horario regular, sino que se emitía cada vez que el presidente sentía una necesidad repentina de hablar públicamente.

En agosto, un tribunal que habitualmente trata asuntos juveniles prohibió a medios locales publicar imágenes de delitos violentos en vísperas de las elecciones legislativas. El caso comenzó cuando el diario El Nacional de Caracas publicó el 13 de agosto una foto de archivo de cadáveres apilados en una morgue local para ilustrar una nota en primera página sobre el nivel creciente de criminalidad. Poco después Chávez calificó a la imagen de “pornográfica”; el tribunal resolvió que El Nacional no podía publicar “imágenes, informaciones y publicidad de cualquier tipo con contenido de sangre, armas, mensajes de terror, agresiones físicas”. El fallo del tribunal afirmaba que dicho material podía resultar perjudicial para niños y adolescentes. En una muestra de solidaridad, el diario crítico Tal Cual volvió a publicar la fotografía de la morgue el 16 de agosto, desatando un segundo y más amplio fallo. Esta vez, el tribunal prohibió a todos los medios gráficos de Venezuela publicar imágenes de violencia por un mes.

Luego de la condena local e internacional, el tribunal levantó la prohibición a los medios dos días después y permitió que El Nacional reanudara la cobertura informativa gráfica de casos de violencia. Pero las prohibiciones sobre fotografías seguían en vigencia contra El Nacional y Tal Cual a fines de año.

El CPJ y muchos otros afirmaron que este caso reflejaba los esfuerzos del gobierno para acallar la cobertura informativa sobre crimen, que se hallaba entre las principales preocupaciones del público en las semanas previas a la elección de septiembre. “El índice de criminalidad se ha convertido en un tema central para el gobierno”, afirmó Miguel Otero, editor de El Nacional. “Estos fallos son una forma muy conveniente de parar la publicación de información sobre crímenes”. En este caso, sin embargo, los esfuerzos del gobierno por controlar la información generaron un efecto contrario al esperado: la prensa puso más énfasis sobre el problema de la delincuencia tras el fallo del tribunal, afirmó Ewald Scharfenberg, director ejecutivo del grupo de prensa IPYS Venezuela. El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela ganó la mayoría de los escaños en las elecciones legislativas, pero perdió los dos tercios de la mayoría absoluta que le permitía una rápida aprobación de sus medidas.

Anticipando la toma de posesión de una Asamblea Nacional menos complaciente en 2011, el gobierno impulsó una serie de medidas represivas aprobadas por la legislatura saliente durante sesiones relámpago en diciembre. La asamblea aprobó, sin siquiera debatir, medidas que extendieron la restrictiva ley de responsabilidad social en radio y televisión a la Internet, otorgaron a los entes reguladores mayor control sobre las licencias y prohibieron a grupos de defensa de la libertad de prensa y otras organizaciones no gubernamentales recibir ayuda extranjera. Los defensores de la libertad de prensa denunciaron los cambios, que prohíben a los medios de Internet publicar material que “fomente zozobra en la ciudadanía”, “altere el orden público” o “falte el respeto a las autoridades”. Las licencias para los medios audiovisuales fueron reducidas de 20 a 15 años y se les otorgó a los organismos reguladores la autoridad para revocar una licencia basándose en una única violación. La asamblea también le otorgó a Chávez la facultad de gobernar por decreto durante 18 meses.

Dos periodistas críticos fueron blanco de procesamientos penales. En junio, un tribunal del estado de Carabobo multó a Francisco Pérez, columnista del diario El Carabobeño, con 94 mil bolívares (21 mil dólares estadounidenses) acusándolo de difamación penal. También se le prohibió trabajar como periodista durante tres años y nueve meses, informó El Carabobeño. Las acusaciones se originaron en las columnas que escribiera Pérez en 2009 en las cuales acusaba al alcalde de Valencia, Edgardo Parra, de designar familiares para posiciones políticas. En noviembre, una corte de apelaciones desestimó la condena.

El periodista Gustavo Azócar, duro crítico del gobierno, fue hallado culpable de fraude en marzo en relación con el manejo en el año 2000 de un contrato de publicidad entre la lotería estatal y Radio Noticias 1060, una emisora privada para la que en ese entonces trabajaba el periodista, según informes de prensa. El juez José Hernán Oliveros le impuso una condena a prisión de dos años y medio, pero dejó a Azócar en libertad condicional. (El periodista había estado en prisión preventiva desde julio de 2009). La investigación del CPJ mostró que el proceso penal contra Azócar fue basado en una acusación fabricada y represalia por sus comentarios críticos. Azócar, militante del movimiento opositor en Venezuela, ganó un escaño como diputado en la elección de septiembre. También apeló la condena.

Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión, fue arrestado en marzo luego de ser acusado de divulgar noticias falsas y ofender a Chávez por comentarios efectuadas en una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, el grupo regional de directores de diarios. Zuloaga fue liberado unas pocas horas después, un hecho que Chávez denunció. El 11 de junio, las autoridades dictaron una orden de arresto para Zuloaga y su hijo acusándolos usura y agavillamiento. Zuloaga, quien es dueño de una serie de empresas concesionarias de automóviles, negó cualquier ilícito y afirmó que las acusaciones habían sido fabricadas como un modo de cerrar la emisora. Zuloaga viajó a Estados Unidos, donde presentó un pedido de asilo político.

El ente regulador siguió hostigando a Globovisión, iniciando una serie de investigaciones administrativas en las que acusan a la emisora de “incitar a la rebelión” y crear “pánico y ansiedad en la población”. Una sanción en cualquier caso podría ocasionar la suspensión de la emisora por un período de hasta 72 horas; una segunda sanción resultaría en la revocación de su licencia. Globovisión fue blanco de un ataque en agosto de 2009, cuando un grupo de agresores armados y en motocicletas irrumpió en las oficinas de la emisora en Caracas y lanzó gas lacrimógeno, hiriendo a un policía y a dos empleados.

En diciembre, el gobierno de Chávez anunció que adquiriría un 20 por ciento de las acciones de Globovisión. La adquisición era parte de la intervención estatal del Banco Federal, cuyo presidente había controlado una participación minoritaria en Globovisión. La relatoría especial de la OEA para la libertad de prensa exhortó a Venezuela a asegurar que Globovisión pueda desarrollar su labor informativa sin interferencia oficial. El gobierno afirmó que a partir de ese momento tenía derecho a designar un miembro en el directorio de Globovisión.

Las autoridades dieron un importante paso adelante en su lucha contra la impunidad en los casos de violencia contra la prensa. En agosto, las autoridades colombianas actuando bajo una orden de detención venezolana arrestaron al empresario Walid Makled García en la ciudad fronteriza de Cúcuta, según informes de prensa. Las autoridades venezolanas habían acusado a Makled de conspirar en el asesinato en 2009 de Orel Sambrano, director de Radio América y del semanario ABC de la Semana, en represalia por la cobertura informativa que vinculaba al hermano del empresario con narcotraficantes. Makled negó toda conexión con el crimen en una carta a los medios venezolanos. En noviembre, el Presidente colombiano Juan Manuel Santos anunció que Makled sería extraditado a Venezuela, aunque el proceso llevaría meses. En mayo, un tribunal del estado de Carabobo condenó a un ex sargento de la policía a 25 años de prisión acusado de haber conspirado en conexión con el asesinato de Sambrano, según informes de prensa.

En noviembre, el CPJ presentó el Premio Internacional a la Libertad de Prensa a Laureano Márquez, reconocido periodista, autor, actor y humorista. Márquez, conocido por sus mordaces columnas en el diario Tal Cual y otras publicaciones nacionales, es también autor de tres libros de humor, incluyendo el best-seller nacional titulado Código Bochinche. En enero, Márquez escribió una nota de opinión en Tal Cual en la que imaginaba a Venezuela libre de la opresión política de un gobernante llamado “Esteban”, una velada referencia a Chávez. La entonces Ministra de Comunicación e Información, Blanca Eekhou, solicitó que el periodista fuera procesado penalmente y calificó a su columna como un ataque contra la democracia. No se presentaron cargos contra el periodista.

“Una nueva forma de autoritarismo se va instalando en el mundo: la que usa los métodos democráticos para acabar con la democracia”, aseguró Márquez al aceptar el galardón del CPJ. “En esos modelos es indispensable, para quien ejerce el poder, que la gente tenga miedo de hablar y de expresar su pensamiento disidente. En medio de esos silencios, estos gobiernos realizan su obra de desmantelamiento de las instituciones democráticas. Es indispensable, y así me lo indica la experiencia venezolana, que todos los ciudadanos tomen conciencia de lo importante que es la libre expresión de ideas y, sobre todo, de que no se trata solo de un asunto de los periodistas y de los que trabajan en la comunicación, sino de todos los ciudadanos”.