• Una serie de asesinatos de periodistas se produce en un clima politizado y de ilegalidad.
• En las investigaciones de los asesinatos, las autoridades se muestran desatentas e indiferentes.
Estadística Clave
3: Los meses transcurridos entre el asesinato de Nahúm Palacios Arteaga y el momento en que las autoridades realizaron la autopsia.
Seis periodistas fueron asesinados en un período de siete semanas, y otros tres a fines de año, una sucesión de crímenes que se tornó aún más grave por la respuesta descuidada y displicente del gobierno. Un trabajo investigativo negligente e inepto originó las detenciones de tan sólo dos sospechosos en todas las muertes, y un juez desestimó rápidamente las acusaciones en su contra. El CPJ halló que al menos tres de las víctimas habían caído en relación con su labor informativa, y continuaba investigando los demás casos a fines de año.
ATAQUES A LA
PRENSA EN EL 2010
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Análisis Regional:
• En América Latina,
el retorno
de la censura
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En medio de la ola de asesinatos, el Ministro de Seguridad, Oscar Álvarez, descartó motivos profesionales. “Sí garantizo que en [los casos] no hay una relación que indique que es por su labor periodística”, declaró el funcionario según al periódico La Tribuna de Tegucigalpa. Mike O’Connor, consultor del CPJ, viajó a Honduras poco después para investigar las muertes y elaborar un informe especial -publicado en julio-, que reveló un clima de impunidad alarmante en el cual las autoridades no eran capaces o no mostraban voluntad para investigar los crímenes y detener a sus autores. En un caso, el gobierno ignoró una directiva de la Organización de Estados Americanos para brindar protección a un periodista amenazado, un popular presentador de noticias que fue luego asesinado a balazos. Aunque la investigación del CPJ no reveló una conspiración política o esfuerzos coordinados detrás de los asesinatos, sí descubrió que los crímenes ocurrieron en una atmósfera politizada, cargada de violencia e ilegalidad.
La violencia reflejó un clima de ruptura social posterior al golpe militar de junio de 2009 que derrocó al presidente de orientación izquierdista Manuel Zelaya, según reveló el CPJ. Luego de cinco meses de gobierno interino, las elecciones presidenciales de noviembre de 2009 llevaron al conservador Porfirio “Pepe” Lobo al poder. Pero Lobo se encontró con una oposición local importante cuando asumió su cargo en enero de 2010, con críticos denunciando su elección como resultado contaminado de un golpe de estado ilegal. Partidarios de Zelaya, periodistas y otros críticos denunciaron que la represión continuaba en 2010, incluyendo ataques violentos. Numerosos periodistas revelaron al CPJ que podrían convertirse en blanco si eran vistos como opositores al gobierno o a poderosas figuras empresariales. Grupos de derechos humanos que defienden a campesinos en disputas territoriales explicaron que sus líderes habían sido secuestrados o asesinados por agentes del gobierno o grupos privados.
Una evaluación de la situación de los derechos humanos en Honduras elaborada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, publicada en marzo de 2010, se refería en términos inusualmente duros al país con el cual Estados Unidos ha mantenido relaciones amistosas. Al mencionar los asesinatos cometidos por causas políticas, afirmaba que “después del golpe de junio, hubo informes de que el régimen de facto o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilícitos”. El informe también describía un panorama sombrío para quienes querían hablar públicamente contra del régimen: “Un pequeño número de poderosos magnates empresariales que comparten estrechos vínculos comerciales, políticos y familiares son dueños de la mayor parte de los medios de noticias del país”.
La investigación sobre el asesinato de Nahúm Palacios Arteaga reflejó el colapso del estado de derecho, según reveló el CPJ. Palacios, de 34 años, presentador de televisión en Tocoa que se opuso al golpe de 2009, había sido víctima de un acoso tan grave por parte del ejército que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el brazo de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos, le ordenó al gobierno hondureño proteger la vida del periodista. Fue una entre más de 400 instrucciones que se dispusieron para periodistas y activistas en Honduras en 2009 y 2010. Aunque requerido por un tratado internacional a seguir las directivas, el gobierno hondureño pareció ignorar la mayoría de las órdenes de protección, incluyendo la que implicaba a Palacios. Por dedicarse a informar sobre narcotraficantes y apropiarse de la causa en defensa de los campesinos en sus disputas territoriales, Palacios se había granjeado una cantidad de otros enemigos, según señaló la investigación del CPJ.
En la noche del 14 de marzo, hombres armados que aguardaban a la salida del domicilio de Palacios, descargaron una ráfaga de disparos que acabaron con la vida del periodista y de un compañero. El sistema de orden público que tendría que haberle brindado protección a Palacios fracasó entonces para investigar de modo adecuado su asesinato. No se llevó a cabo ninguna autopsia inmediatamente después del asesinato, no se tomaron fotos de la escena del crimen y no se recogió evidencia forense en el lugar del hecho, reconocieron las autoridades en entrevistas con el CPJ. Tres meses después de que Palacios fuera enterrado, los investigadores exhumaron su cadáver y realizaron una autopsia en el cementerio. El fiscal Arody Reyes detalló al CPJ que la autopsia se volvió repentinamente importante porque el gobierno hondureño había conseguido la colaboración del Buró Federal Investigaciones Federales de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés). Los investigadores hondureños, sostuvo Reyes, necesitaban mostrarles a sus colegas estadounidenses algún tipo de evidencia.
La investigación del CPJ también encontró motivos vinculados a la labor periodística en los asesinatos de David Meza Montesinos y Joseph Hernández Ochoa.
Periodista de Radio América y de canales de televisión locales, Meza cayó muerto de un disparo en el umbral de su casa en La Ceiba, el 11 de marzo. Del mismo modo que Palacios, Meza se había especializado en ayudar a la gente que creía había sido maltratada por el gobierno o las empresas, sus colegas mencionaron al CPJ. Poco antes de su muerte, el periodista había comenzado a criticar con dureza a la policía local por supuesta corrupción e incompetencia.
Hernández, de 25 años, conductor de un programa de entretenimientos en Canal 5, fue muerto de un disparo cuando manejaba en Tegucigalpa con Karol Cabrera, una las periodistas más controvertidas del país. Cabrera, quien fue herida de gravedad, afirmó creer que los atacantes habían apuntado contra ella por sus comentarios en radio favorables al gobierno. También reveló al CPJ que había recibido una cantidad de amenazas de muerte provenientes de grupos de izquierda; en junio, ella y sus hijos se trasladaron a Canadá.
En su investigación, el CPJ habló con varias fuentes que afirmaron que tanto Meza como Palacios habían intentado sobornar a figuras públicas a cambio de una cobertura informativa favorable. Las mismas fuentes, sin embargo, afirmaron que este tipo de práctica no estaría relacionada con los asesinatos. Las denuncias de extorsión que involucran a periodistas no son infrecuentes, según descubrió el CPJ.
Luego de que el informe del CPJ recibiera una amplia cobertura en los medios, el gobierno hondureño objetó las revelaciones. En una carta de agosto al diario The New York Times, la Ministra de Derechos Humanos, Ana Pineda, desestimó la posibilidad de que hubiesen existido motivos vinculados a la labor periodística en los asesinatos, todos los cuales, escribió, habían sido “investigados a fondo”. Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas, respondió en el Blog del CPJ: “Nuestra preocupación en todos los asesinatos de periodistas se basa en que las autoridades hondureñas han buscado minimizar el clima de impunidad en los casos de violencia contra la prensa y descartar las motivaciones políticas detrás de dichas acciones. Al afirmar en su carta al Times que las muertes fueron producto de crimen organizado y delitos comunes, Pineda parece demostrar que el gobierno aún no está todavía preparado para afrontar los hechos”.