Ataques a la prensa en 2010: Argentina

Estadística Clave
400: El número de páginas de un informe del gobierno denunciando una conspiración de los grupos Clarín y La Nación con los dictadores.

El gobierno de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner acusó a altos funcionarios de dos de los principales diarios del país, Clarín y La Nación, de conspirar con el ex régimen militar para cometer crímenes de lesa humanidad, acusaciones que generaron una dramática escalada en la ya tensa relación entre el gobierno y los medios. Al realizar esta controvertida y agresiva denuncia, Kirchner instó a la justicia a decidir si los diarios habían conspirado con la dictadura para forzar la venta de un proveedor de papel para periódico en 1976. El conflicto profundizó divisiones dentro de la prensa, ya que los periodistas tomaron partido en relación con las políticas y las tácticas del gobierno. Los programas políticos en medios estatales arremetieron contra los críticos del gobierno en la prensa. El espacio para el ejercicio de un periodismo equilibrado e imparcial se vio reducido de modo significativo, según afirmaron los analistas.

ATAQUES A LA
PRENSA EN EL 2010
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Varios analistas entendieron que el gobierno intentaba dañar financieramente a las dos empresas de medios y minimizar su influencia, en particular a Clarín, con quien se había enfrentado con frecuencia en años recientes. “Desde que se desató la pelea Kirchner-Clarín, el gobierno inició acciones con la inequívoca intención de dañar el negocio de Clarín“, observó Silvio Waisbord, profesor asociado y director de programas de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos en la Universidad George Washington, en una nota para la revista Columbia Journalism Review.

La tormenta se desató en agosto, cuando Kirchner presentó los resultados de una investigación oficial sobre la historia y las actividades económicas de la empresa Papel Prensa, fabricante de papel para periódicos. El informe de 400 páginas titulado “Papel Prensa: La Verdad”, alegó que los dos matutinos conspiraron con militares de la dictadura para obtener el control de Papel Prensa, luego ejercieron presión para obtener la propiedad de la empresa y así empujar a otras publicaciones fuera del negocio. En un discurso televisado por cadena nacional, Kirchner explicó que la familia Graiver, dueña de la compañía proveedora de papel para periódicos, firmó el acuerdo bajo coacción de la junta militar. David Graiver, financista con estrechas vinculaciones al grupo guerrillero Montoneros, murió en un misterioso accidente aéreo poco antes de la venta. Su esposa, Lidia Papaleo, fue posteriormente torturada por la dictadura.

En 2010, Papel Prensa proveía papel a 170 diarios a nivel nacional, el 75 por ciento del mercado local. El Grupo Clarín es dueño del 49 por ciento de las acciones de la compañía; La Nación, del 22,5 por ciento; y el gobierno, del 27,5 por ciento. Clarín y La Nación negaron toda ilegalidad en la compra de la empresa productora de papel y acusaron al gobierno de intentar minar sus negocios por mezquinos motivos políticos. En una declaración conjunta, describieron el accionar del gobierno como un ataque contra la libertad de prensa, posición que fue apoyada por la Sociedad Interamericana de Prensa, el grupo regional de directores de diarios. También cuestionaron la oportunidad de la acusación: “Nunca, en 27 años de democracia, Papel Prensa recibió ningún cuestionamiento judicial o administrativo por su origen”. Los medios afirmaron que la persecución era un intento del gobierno para reescribir la historia “como una forma de persecución y represalia”. Afirmaron que la familia Graiver vendió Papel Prensa por motivos económicos y no bajo presión militar. Un día después del anuncio de Kirchner, ambos diarios publicaron una solicitada a página completa de Isidoro Graiver, uno de los miembros de la familia que negoció la venta, diciendo que la transacción se hizo sin ningún tipo de presión.

Los críticos también cuestionaron la neutralidad del informe, señalando que fue elaborado por el Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quien ha tenido una relación profundamente antagónica con los diarios. En agosto, Moreno apareció en una reunión del directorio de Papel Prensa con guantes de boxeo.

Luego de presentar el informe ante la justicia para una investigación a fondo, Kirchner declaró que los tribunales debían expedirse sobre la validez de la venta y si los dueños de las empresas de medios debían ser acusados por crímenes de lesa humanidad. El gobierno, según expertos jurídicos, insistió con acusaciones vinculadas a delitos de lesa humanidad en contra de las empresas porque el mencionado delito es imprescriptible. La investigación fue asignada al juez federal Arnaldo Corazza, quien lleva adelante una investigación en curso acerca de los crímenes cometidos por la dictadura militar, según informes de prensa. El juez no había realizado comentario alguno sobre el caso a fines de año.

Las acusaciones sobre Papel Prensa profundizaron las divisiones en medios ya polarizados. Mientras periodistas de Clarín y La Nación afirmaron que Kirchner había emprendido una campaña para silenciar a sus críticos, los periodistas simpatizantes del gobierno alegaron que la investigación sobre Papel Prensa era necesaria para establecer el rol de los medios durante la dictadura. Un grupo de intelectuales cercano al gobierno adujo que tanto La Nación como Clarín se han mantenido callados acerca de los crímenes cometidos en contra de opositores durante el régimen militar. “El mundo del periodismo argentino está dividido entre los periodistas K (en referencia a los Kirchner) y los periodistas anti-K”, escribió Waisbord en la revista Columbia Journalism Review. “En consecuencia, el terreno neutral para un periodismo con matices, desapego, ecuanimidad e, inclusive, precisión se ha estrechado”.

En octubre, el gobierno presentó un proyecto de ley en el Congreso para declarar la provisión de papel para diarios una cuestión de interés público sujeta a la regulación gubernamental. Kirchner afirmó que regular la producción, distribución y venta de papel para periódicos garantizaría un acceso equitativo, precios justos y distribución para todos los periódicos del país. El proyecto de ley propone que todo el papel para periódicos sea vendido al mismo precio a todos los compradores. También prohibiría a los periódicos ser dueños de más de un 10 por ciento de las empresas productoras de papel para la prensa, un requisito que obligaría a Clarín y La Nación a renunciar al control que tienen sobre Papel Prensa. El proyecto de ley seguía detenido en la Cámara de Diputados, la cámara baja del Congreso, hacia fines de año.

Algunos expertos en temas jurídicos advirtieron que un proyecto de ley para regular la producción de papel para la prensa podría violar garantías constitucionales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según informó La Nación. El Artículo 32 de la Constitución Argentina establece que “el Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”, en tanto que el Artículo 13 de la Convención Americana afirma más explícitamente que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos”. Los partidarios de la iniciativa rechazaron este argumento. “El objetivo declarado es asegurar un acceso al insumo crítico en condiciones igualitarias de precio, con control del Congreso, donde el gobierno está en minoría, y con asesoramiento de los diarios interesados”, escribió Horacio Verbitsky, influyente periodista del diario Página 12, un periódico que respalda las políticas del gobierno.

El informe de Papel Prensa llegó una semana después de que el gobierno de Kirchner decidiera cancelar la licencia a Fibertel, proveedor de servicios de Internet perteneciente al Grupo Clarín. El gobierno sostuvo que la fusión de Fibertel con la unidad de televisión por cable de la compañía, Cablevisión S.A., era ilegal. Cablevisión prometió dar batalla ante esta acción en la justicia, calificando la decisión como “totalitaria”.

Estos fueron sólo los últimos episodios en una pelea de larga data entre el gobierno y el Grupo Clarín, el conglomerado de medios más grande del país. La compañía -dueña de periódicos, emisoras de radio, medios televisivos y canales de televisión por cable, y del proveedor de servicios de Internet- ha mantenido una relación hostil con Kirchner desde el conflicto en 2008 por las retenciones al sector agropecuario. El gobierno acusó a Clarín y a otros medios privados de realizar una cobertura informativa sesgada.

Clarín ha sido víctima de hostigamiento oficial, según la investigación del CPJ. En septiembre de 2009, unos 200 agentes fiscales allanaron las oficinas del diario Clarín luego de que el matutino publicara una nota en primera página alegando que el gobierno había otorgado de modo impropio un subsidio para la producción agrícola. Clarín y otros medios condenaron el allanamiento como una intimidación por parte del gobierno. En agosto de ese año, las oficinas del diario en Rosario fueron vandalizadas. Ese mismo mes, aparecieron en varios lugares de Buenos Aires afiches y pintadas callejeras atacando a Clarín y a sus ejecutivos.

Desde que se agitó la disputa, según afirman algunos analistas, el gobierno tomó una serie de decisiones directamente dirigidas a perjudicar los negocios del conglomerado de medios. Éstas incluyeron, según los analistas, la promulgación de una ley de medios en 2009 que el gobierno anunció como una forma de democratizar los medios audiovisuales. Numerosos observadores consideraron que la ley buscaba debilitar al Grupo Clarín. La ley limita el número de emisoras de radio y televisión que puede tener una empresa de medios y prohíbe a las empresas ser dueñas de canales de televisión abierta y por cable, requerimientos que obligarían al conglomerado empresarial a vender algunos de sus activos. Mientras el gobierno argumentó que la ley pondría un freno a los monopolios, los dueños de medios y políticos de la oposición consideraron a la medida como una herramienta para ejercer mayor control oficial sobre la prensa.

Las impugnaciones en la justicia aminoraron la marcha en la implementación de la ley en 2010. En octubre, la Corte Suprema ratificó la resolución de un tribunal de primera instancia que suspendió la obligación de las compañías de medios a desprenderse de algunas de sus empresas en el lapso de un año. No obstante, el alto tribunal también sostuvo que la orden judicial no debería bloquear la implementación de la ley general. El CPJ continuaba monitoreando la implementación para asegurar que la autoridad de aplicación no fuera sometida a interferencias políticas indebidas.

El asesinato en septiembre de un periodista en un asentamiento pobre de la ciudad de Buenos Aires tomó por sorpresa a los medios; los casos de violencia letal contra la prensa han sido poco frecuentes en Argentina. El reportero Adams Ledesma Valenzuela fue apuñalado de muerte por atacantes no identificados, según informes de prensa. Ledesma, de 46 años, periodista nacido en Bolivia quien trabajaba para el semanario comunitario Mundo Villa y director de la emisora de TV Mundo Villa, fue hallado cerca de su hogar en la Villa 31, un asentamiento en el norte de la ciudad de Buenos Aires. Su esposa, Ruth Marlene Torrico, indicó que el periodista había salido de su casa alrededor de las 4 a.m., posiblemente para reparar un problema eléctrico en el vecindario. Su esposo, quien fue hallado con un destornillador en su bolsillo, solía ser llamado para realizar reparaciones menores en el barrio, describió su esposa. Conocido como activista en la comunidad, Ledesma a menudo escribía sobre problemas tales como la falta de condiciones sanitarias y las calles dañadas, indicó al CPJ Joaquín Ramos, redactor de Mundo Villa.

La esposa de Ledesma informó haber sido amenazada luego del ataque: una mujer le advirtió en el lugar del hecho que algo semejante podría sucederle a ella y a sus seis hijos si no abandonaban el barrio. Dos mujeres se acercaron a su hermana al día siguiente y pronunciaron amenazas similares, comentó la mujer. Las autoridades asignaron a un grupo de agentes federales para patrullar el hogar de la familia. El juez Mauricio Zamudio dispuso una orden de arresto en octubre contra un ciudadano paraguayo identificado sólo por su apodo, “El Pichu”, pero las autoridades no lo habían localizado a fines de año. En una entrevista con el periódico Perfil, Ledesma había afirmado que planeaba investigar a famosos que iban a la villa a comprar droga.

La repentina muerte del ex Presidente Néstor Kirchner víctima de un paro cardíaco el 26 de octubre dejó al país atónito. Kirchner, de 60 años de edad, quien gobernó entre los años 2003 a 2007, fue ampliamente reconocido por sacar al país del colapso económico en 2001. Como presidente, mantuvo una relación hostil con la prensa. Durante sus tres mandatos como gobernador de Santa Cruz y su período como presidente, Kirchner institucionalizó un sistema de premios y castigos con la distribución de la publicidad oficial, recompensando a medios que apoyaron sus políticas y castigando los críticos a través de embargos publicitarios. En noviembre de 2009, durante el gobierno de su esposa, el Congreso despenalizó la difamación sobre temas de interés público, un avance sustancial para la libertad de prensa en la región.