Instituciones internacionales fracasan en defender la libertad de prensa
Por Joel Simon
UNESCO es la principal entidad dentro de las Naciones Unidas dedicada a la defensa de la libertad de prensa. Sin embargo, en 2010, organizaciones de periodismo y derechos humanos se vieron obligadas a lanzar una campaña internacional para impedir que la UNESCO honrara con un premio a uno de los líderes que más abusos ha cometido contra la libertad de prensa en África.
ATAQUES A LA
PRENSA EN EL 2010
• Prólogo
• Introducción
• Análisis de Internet
Análisis Regional:
• En América Latina,
el retorno
de la censura
Informes por país
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• Brasil
• Colombia
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• México
• Haiti
• Estados Unidos
• Venezuela
• En un Vistazo
En 2008, la UNESCO aceptó una donación de 3 millones de dólares del Presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, para financiar un premio anual a las ciencias de la vida. Durante más de tres décadas, Obiang ha gobernado el pequeño país de África Occidental con mano férrea. Aunque la repentina prosperidad vinculada al petróleo le ha dado a Guinea Ecuatorial uno de los ingresos per cápita más altos en África, la corrupción masiva y una mala gestión de gobierno ha reducido el nivel de vida a uno de los más bajos del continente. Los periodistas de Guinea Ecuatorial se enfrentan a un hostigamiento sistemático, censura y detenciones. El CPJ calificó a Guinea Ecuatorial como uno de los 10 países con mayor nivel de censura en una encuesta de 2006.
Organizaciones internacionales de defensa de la libertad de prensa y los derechos humanos sintieron indignación por los planes para crear un premio financiado por Obiang. El CPJ se unió a una coalición para luchar en contra del premio y concentró más oposición de organizaciones de defensa de la libertad de prensa internacionales y de reconocidos periodistas, incluyendo a ganadores del propio Premio Mundial de la Libertad de Prensa Guillermo Cano de la UNESCO. Los planes para instituir el premio a Obiang se vieron frustrados en octubre cuando el consejo ejecutivo de la UNESCO indicó que no avanzaría sin el consenso de sus miembros, que será por ahora imposible de alcanzar dada la fuerte oposición expresada por muchos de ellos.
Fue ésta una victoria, pero la batalla no debió librarse nunca. El hecho es que numerosas organizaciones gubernamentales internacionales creadas para defender la libertad de prensa están incumpliendo de modo sistemático su misión. Como en el caso de la controversia por Obiang, grupos defensores de los derechos humanos y la libertad de prensa están dedicándole tiempo, recursos y energía a asegurar que dichas instituciones no se aparten demasiado de su mandato.
Tomen el caso de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, conocida como OSCE. La organización intergubernamental de 56 miembros, creada durante la Guerra Fría para monitorear las condiciones de seguridad en Europa, tiene como función la defensa de la libertad de prensa y los derechos humanos. Sin embargo, en 2007, Kazajstán, uno de los peores países de la región en cuanto a abusos a la libertad de prensa, asumió la presidencia rotatoria de la entidad. La presidencia a cargo de este país fue demorada un año para que Astaná pudiese implementar las reformas prometidas sobre libertad de prensa, incluyendo la enmienda de sus leyes represivas. Kazajstán no sólo incumplió sus promesas, sino que introdujo nuevas medidas restrictivas y aún así asumió la presidencia de la OSCE en 2010 sin impedimento alguno.
Un informe del CPJ divulgado en septiembre reveló que los ataques a periodistas kazakos continuaron antes y después de que el país asumiera la presidencia de la OSCE. Un periodista y conocido activista por los derechos humanos fue encarcelado en pésimas condiciones. Dos periódicos fueron clausurados. Se sancionó una ley sobre Internet sumamente restrictiva, anulando el desarrollo de una blogósfera crítica. Según una ley de privacidad redactada en términos amplios e imprecisos, promulgada justo en el momento en que Kazajstán asumió la presidencia de la OSCE, los periodistas pueden ser encarcelados hasta por cinco años por informar sobre “la vida de un individuo”. Como destacó el informe del CPJ, “al despreciar los derechos humanos y la libertad de prensa en su propia casa, Kazajstán comprometió la reputación de la organización como guardiana de estos derechos, socavó la relevancia y la efectividad de la OSCE y devaluó los derechos humanos en todos los estados de la OSCE”.
En octubre, una delegación del CPJ viajó a la sede central de la OSCE en Viena para instar a funcionarios de la organización a tratar el pésimo registro de Kazajstán en materia de libertad de prensa durante una cumbre programada para fines de año. Al presentar sus investigaciones, el CPJ subrayó que las naciones que integran la OSCE habían acordado en el Compromiso de Moscú de 1991 que los derechos humanos y las libertades fundamentales son una preocupación colectiva, no simplemente una cuestión interna de un estado individual. Cuando se celebró la cumbre, sin embargo, la libertad de prensa y los derechos humanos fueron pasados por alto.
El CPJ y otras organizaciones de defensa de la libertad de prensa han intentado conseguir el apoyo del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, en la lucha global contra la impunidad en los asesinatos de periodistas. En abril de 2007, una delegación del CPJ se reunió con Ban, quien expresó su admiración por los periodistas y se comprometió a respaldar los esfuerzos de la ONU para dar apoyo a su labor. En los años siguientes, Ban realizó una serie de declaraciones de apoyo, pero su dedicación ha sido inconsistente. El secretario general desperdició una oportunidad crucial para defender la libertad de prensa cuando no felicitó al ganador del Premio Nobel de la Paz, Liu Xiaobo, el encarcelado activista de derechos humanos y periodista. Como el gobierno chino lanzó una campaña global contra el premio, Ban pareció haber cedido ante la presión y dio un ejemplo decepcionante a todo el sistema de la ONU.
Las organizaciones intergubernamentales a menudo constan de una estructura política de estados miembros y una estructura legal que arbitra la aplicabilidad de los tratados internacionales que protegen los derechos humanos y la libertad de prensa. Estas estructuras legales son atendidas, a su vez, por relatores especiales para la libertad de expresión, cuyo rol es abogar por la libertad de prensa y asegurar que se respeten los mandatos correspondientes dentro de las instituciones.
En muchos casos, estos relatores especiales mostraron un desempeño sobresaliente. Frank LaRue, relator especial de la ONU, y Catalina Botero, relatora especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), criticaron y atrajeron la atención del mundo sobre los abusos contra la libertad de prensa. Una misión conjunta a México realizada en agosto, encabezada por LaRue y Botero, despertó gran atención internacional sobre la violencia sin precedentes contra la prensa en ese país.
Algunos organismos jurídicos regionales también tuvieron desempeños positivos. La Corte Europea de Derechos Humanos, por ejemplo, dictó una serie de fallos sobre casos de libertad de prensa en Rusia y Azerbaiyán. En una importante resolución en 2010 en el caso de Sanoma Uitgevers B.V. vs. Países Bajos, la corte estableció límites estrictos a la autoridad de los gobiernos para inspeccionar las salas de redacción. El CPJ presentó un escrito Amicus Curiae en este caso.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado a los estados miembros que brinden protección directa a periodistas en situación de riesgo y medió de modo efectivo cuando se violaron los derechos de los reporteros. A través de los años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó resoluciones cruciales en apoyo de la libertad de prensa, incluyendo un histórico fallo que anuló una condena penal por difamación en Costa Rica.
Estos sistemas, no obstante, fracasan a nivel político. La OEA, que ha estado paralizada por batallas ideológicas en América Latina, rara vez se expresa públicamente sobre las violaciones a los derechos humanos. Mientras que la libertad de prensa está siendo duramente golpeada por una legislación restrictiva en Venezuela, el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, no ha podido enfrentarse al gobierno del Presidente Hugo Chávez Frías. Y cuando Azerbaiyán incumplió un fallo de la Corte Europea para liberar al editor Eynulla Fatullayev, quien fuera galardonado por el CPJ con un Premio Internacional a la Libertad de Prensa 2009 y encarcelado por acusaciones fabricadas, el Comité de Ministros del Consejo de Europa, el organismo encargado de asegurar el cumplimiento de las decisiones de la corte, dictó solamente una cauta reprimenda contra Bakú. No adoptó resolución alguna para sancionar a Azerbaiyán por su incumplimiento, a pesar de tener mandato para hacerlo. Azerbaiyán hizo caso omiso de la reprimenda y mantuvo a Fatullayev detenido.
Mientras tanto, periodistas bajo fuego en Asia, Medio Oriente y África no esperan apoyo alguno de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, la Liga Árabe o la Unión Africana (UA). La UA tiene su sede en la capital de Etiopía, uno de los peores países en términos de abusos contra la libertad de prensa, mientras que el organismo de derechos humanos de la organización está radicado en Gambia, un país en el cual los periodistas son encarcelados, asesinados y desaparecidos. A pesar de la existencia de un relator especial para la libertad de expresión, la UA se ha mantenido en gran medida en silencio frente a los graves abusos contra la libertad de prensa en estos países.
Las organizaciones intergubernamentales, por supuesto, están constituidas por los propios gobiernos de modo que la resistencia de poderosos actores internacionales plantea un reto. Los esfuerzos intimidatorios de China para suprimir asistencias a la ceremonia de entrega de los premios Nobel en Oslo refleja su voluntad de ejercer su poder para limitar la influencia tanto de las organizaciones internacionales como de los gobiernos nacionales que defienden públicamente la libertad de prensa. China y Cuba reaccionaron con agresividad cuando la UNESCO honró a periodistas de sus países con el premio Guillermo Cano.
La Unión Europea, si bien propugna su apoyo a la libertad de prensa, a menudo se muestra poco dispuesta a tomar una actitud agresiva al respecto. En el debate sobre el premio Obiang en el seno de la UNESCO, por ejemplo, la UE pareció armonizar su oposición para evitar antagonizar con los países africanos que apoyaban el galardón. Mientras la UE tomó medidas para aislar a Cuba luego de la represión contra disidentes y periodistas, fue España conjuntamente con la Iglesia Católica quien negoció la liberación de los detenidos. Diecisiete periodistas cubanos encarcelados fueron puestos en libertad en 2010, aunque cuatro seguían en prisión a fines de año.
La influencia de Estados Unidos, que tradicionalmente defendió la libertad de prensa dentro de las organizaciones internacionales, se ha reducido. Existen varios motivos para explicarlo, desde la reducida influencia de los medios estadounidenses en la escena mundial hasta el resentimiento persistente en muchas partes del mundo por los abusos a los derechos humanos cometidos por Estados Unidos, incluyendo el uso de la tortura. La respuesta de los funcionarios del gobierno estadounidense ante la divulgación de los documentos secretos por parte de WikiLeaks ha complicado aún más la cuestión.
En un ejemplo revelador, la Secretaria de Estado, Hillary Rodham Clinton, se reunió al margen de la cumbre de la OSCE con Raushan Yesergepova, esposa del editor kazako encarcelado por difundir secretos de estado. Había publicado documentos del gobierno que mostraban que el servicio de seguridad ejercía una influencia indebida en un caso impositivo local. El apoyo de Estados Unidos quedó minimizado, sin embargo. Cuando un reportero preguntó en medio de la cumbre sobre la divulgación de cables secretos del Departamento de Estado por parte de WikiLeaks, Clinton condenó el hecho como una violación a la seguridad. Posteriormente, según nos hiciera saber Yesergepova, un alto funcionario kazako reprendió a la esposa del editor. “¿Acaso no oyó lo que acaba de decir Clinton? Los secretos de Estado nunca deben ser revelados. Es peligroso y está mal hacerlo.”
La triste realidad actual es que mientras la ley internacional garantiza el derecho a la libertad de expresión, los periodistas cuentan con pocas instituciones internacionales que defiendan ese derecho. Mientras las organizaciones no gubernamentales han llenado el vacío al denunciar a quienes cometen abusos contra la libertad de prensa y alertar a la comunidad internacional, los grupos están invirtiendo una enorme cantidad de tiempo para monitorear la conducta de organizaciones gubernamentales internacionales que deberían ser sus aliadas.
No resulta aceptable depositar toda la responsabilidad por la protección de la libertad de prensa en los relatores especiales, que a menudo se ven aislados políticamente y carecen de un financiamiento suficiente. Los líderes políticos de cada institución internacional -desde las Naciones Unidas hasta la UA, desde la OEA hasta el Consejo de Europa y la OSCE-, necesitan hablar públicamente con firmeza en defensa de la libertad de prensa y ejercer presión sobre los Estados que intentan impedir que cumplan con su responsabilidad. También deben trabajar de modo agresivo para que se hagan cumplir los fallos judiciales. Los periodistas que trabajan en condiciones peligrosas se sienten aislados y abandonados por las numerosas instituciones internacionales creadas para proteger sus derechos. Como lo evidencia este libro, 145 periodistas están en prisión y otros 44 perdieron la vida en todo el mundo durante 2010. Cada uno de estos abusos representa una oportunidad para que las instituciones internacionales reclamen justicia.
Joel Simon es director ejecutivo del Comité para la Protección de los Periodistas.