Los conflictos disminuyeron de intensidad y una cifra mínima récord de periodistas fueron asesinados en represalia por su labor informativa, y por tanto la cifra total de periodistas que murieron en el ejercicio de la profesión cayó considerablemente en 2019. Un informe especial del CPJ, elaborado por Elana Beiser
17 de diciembre de 2019
NUEVA YORK
La cifra de periodistas que murieron en el ejercicio de la profesión cayó en 2019 a su nivel más bajo en 17 años, conforme peligrosos conflictos regionales se estabilizaron y la cifra de periodistas asesinados en represalia por su trabajo informativo fue la más baja desde que el CPJ comenzó a llevar estadísticas al respecto. Siria y México fueron los países con las mayores cifras de periodistas muertos.
Como mínimo, 25 periodistas murieron en el ejercicio de la profesión en 2019, la cifra más baja desde 2002, cuando 21 periodistas murieron por causa de su trabajo. Incluso más llamativo es que la cantidad de periodistas que fueron blanco selectivo de asesinato, 10 como mínimo, es la más pequeña en las estadísticas anuales del CPJ, que datan de 1992. La mitad de los casos de asesinato de periodistas de este año corresponden a México.
El CPJ continúa investigando los casos de otros 25 periodistas muertos en todo el mundo, para determinar si la labor periodística que realizaban fue el factor motivante del asesinato. Las cifras de este año abarcan el período del 1 de enero al 13 de diciembre de 2019. A modo de comparación, en todo 2018 el CPJ confirmó que un total de 56 periodistas murieron por ejercer la profesión.
El descenso en los casos de asesinato ocurre en momentos cuando el mundo ha prestado una atención sin precedentes al problema de la impunidad en los asesinatos de periodistas, en gran medida debido a tres casos recientes que siguen repercutiendo. El 16 de octubre de 2017, el gremio periodístico de los países de la Unión Europea (UE) quedó consternado por el asesinato de la destacada bloguera anticorrupción Daphne Caruana Galizia, quien murió al estallar una bomba en su auto en Malta. Menos de seis meses después, en Eslovaquia, otro estado miembro de la UE, el periodista Ján Kuciak y su prometida fueron asesinados en su domicilio; Kuciak había investigado a la mafia italiana y la presunta malversación de fondos de la UE. Posteriormente en 2018, el asesinato y desmembración del periodista saudita exiliado Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudita en Estambul captó los titulares de todo el mundo.
Es imposible saber si la gran repercusión de estos asesinatos y sus consecuencias han disuadido a algún asesino en potencia. Durante varios años, el CPJ ha documentado un declive en los casos de asesinato de periodistas y el incremento de la autocensura en países tradicionalmente peligrosos como Pakistán y Rusia, donde la ausencia de justicia por los crímenes cometidos en el pasado ha intimidado a periodistas y los ha hecho abandonar el periodismo crítico. Además, los interesados en amenazar a los medios de prensa tienen muchos instrumentos a su disposición, además del asesinato: la cifra de periodistas que se encuentran encarcelados en todo el mundo ha permanecido en, como mínimo, 250 por cuatro años consecutivos, mientras que los periodistas desde Hong Kong hasta Miami han sido objeto del acoso judicial, el hackeo, la vigilancia y las campañas de desprestigio, según lo muestran las investigaciones del CPJ.
Un país donde los intentos por combatir la impunidad aparentemente no han surtido efecto es México. Como mínimo, cinco periodistas mexicanos fueron asesinados en represalia por su trabajo informativo en 2019, en comparación con cuatro el año pasado y seis en 2017. El CPJ investiga otros seis casos de asesinato en México para determinar si el periodismo fue el factor motivante. Por lo menos dos de los periodistas asesinados este año por causa de su trabajo habían solicitado protección en virtud del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, un programa federal que era exhibido como un ejemplo regional para la libertad de prensa cuando se creó en 2012, pero que ha sido ineficaz y ha carecido habitualmente de suficiente financiamiento y personal. En noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en conferencia de prensa que a la institución se le asignaría “recursos ilimitados” y ésta se comprometería a cumplir una lista de recomendaciones efectuadas por la oficina local del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sin embargo, es difícil sentirse optimista en un ambiente donde las investigaciones de casos de asesinato tienen graves deficiencias y donde los periódicos sienten la necesidad de anunciar que reducirán la cobertura de temas sensibles por la seguridad de su personal.
Este año, México fue el país con la segunda mayor cifra de periodistas muertos, detrás de Siria, donde, como mínimo, siete periodistas resultaron muertos. Tres de ellos murieron por causa de ataques aéreos turcos a mediados de octubre, cuando tropas turcas incursionaron en territorio sirio para expulsar de la frontera a las fuerzas lideradas por los kurdos, aliadas de Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump ordenara la retirada militar estadounidense de la zona. El 11 de octubre, un ataque aéreo turco mató al documentalista kurdo-turco Vedat Erdemci cuando filmaba el sobrevuelo de aviones militares encima de su casa. El 13 de octubre, un ataque aéreo turco contra una caravana civil, en la cual viajaban periodistas locales y extranjeros, causó la muerte al periodista kurdo-sirio Saad Ahmed y heridas al periodista y camarógrafo kurdo-sirio Mohammed Hussein Rasho, quien murió al día siguiente.
Los casos de periodistas muertos en Siria, donde como mínimo 134 periodistas han muerto en la guerra, han disminuido desde 2012. Therese Pettersson, coordinadora de investigaciones del Programa de Datos sobre Conflictos de la Universidad de Upsala, Suecia, declaró al CPJ por correo electrónico que los datos preliminares de 2019 muestran que el total de víctimas mortales civiles en Siria cayó marcadamente en 2019 en comparación con el año precedente. En todo el Medio Oriente, zona devastada por los conflictos, los casos de periodistas muertos en conflictos y en el fuego cruzado disminuyeron este año en comparación con el anterior, en consonancia con la reducción de la zona de batalla y la pérdida de interés mundial en la grave situación de países como Libia y Yemen. El CPJ documentó que ocho periodistas murieron en conflictos o en el fuego cruzado, y ésta ha sido la cifra más baja desde 2011, antes de que algunas de las pacíficas manifestaciones populares de la Primavera Árabe se transformaran en guerras civiles. El elevado saldo de víctimas mortales durante ese período motivó al CPJ y otras organizaciones defensoras de la libertad de prensa y de la seguridad de los periodistas a formar una coalición para promover la seguridad, en particular de los periodistas freelance.
Por el contrario, de acuerdo con Pettersson, las cantidad de víctimas civiles en Afganistán permanecieron este año a niveles similares a 2018, según los datos preliminares. Este país tuvo la mayor cifra de periodistas muertos de todo el mundo en 2018, en gran medida por causa de un doble atentado suicida, reivindicado por el grupo extremista Estado Islámico, en el que murieron nueve periodistas que habían ido a dar cobertura al estallido del primer artefacto. El CPJ no documentó ningún caso de periodista muerto en el ejercicio de la profesión en Afganistán en 2019. El gerente de un importante medio noticioso que perdió a dos reporteros el año pasado declaró al CPJ que las corresponsalías de noticias en Afganistán se han vuelto más cautelosas, y envían a menos periodistas a dar cobertura a las explosiones.
El carácter del doble atentado suicida del año pasado, en el cual el autor se disfrazó de periodista e hizo estallar sus explosivos en un grupo de periodistas, llevó al CPJ a clasificar las muertes de los periodistas en Afganistán como asesinatos, lo cual contribuyó a un repunte en la cifra de muertes, que por lo demás había tenido una tendencia mundial a la baja desde 2015.
En los tres asesinatos cometidos desde 2017 que han captado inusual atención, las autoridades no han condenado a nadie en ninguno de los crímenes, pero a éstos no les ha faltado repercusión. Como respuesta inmediata al asesinato de Kuciak, decenas de miles de eslovacos se lanzaron a las calles a protestar, lo cual provocó al final la renuncia del primer ministro Robert Fico, del ministro del Interior y del jefe de la Policía. En marzo de este año, la Fiscalía procesó al presunto autor intelectual del crimen, el empresario Marián Kočner, quien ha negado estar involucrado. En octubre, la Fiscalía anunció la apertura de procesos contra otros tres acusados. Además, en marzo de este año el país eligió a su primera presidenta, quien presentó un programa político contra la corrupción y a favor de la prensa, aunque el partido de Fico continúa dominando el Parlamento, por lo menos hasta las elecciones del próximo año.
En Malta, los tres hijos de Caruana Galizia han emprendido una sostenida campaña a favor de una investigación independiente y de justicia. Tras dos años de obstáculos y dilaciones por parte del Gobierno encabezado por el primer ministro Joseph Muscat, a quien la bloguera criticaba duramente, en el mes pasado una vertiginosa serie de acontecimientos relacionados con el caso parece haber transformado el panorama político de Malta. A continuación del arresto del presunto intermediario y de un empresario, el ministro de Turismo y el jefe de gabinete de Muscat renunciaron y el ministro de Economía anunció su propia suspensión, según informaciones de prensa. El 1 de diciembre, Muscat anunció que dimitiría del cargo de primer ministro en enero, pero ha recibido presiones para que renuncie antes.
El asesinato de Khashoggi no parece haber sacudido a la dirigencia saudita –en parte por el continuo apoyo brindado por el presidente Trump– aunque los organismos de inteligencia estadounidenses y una relatora especial de las Naciones Unidas han llegado a la conclusión de que el príncipe heredero saudita Mohamed bin Salman es responsable en última instancia. No obstante, el brutal asesinato que repercutió en tres países (Khashoggi era residente estadounidense) y que se cometió en unas instalaciones concebidas como lugar de refugio para los ciudadanos de su país perjudicó gravemente la credibilidad internacional del príncipe heredero. Además, tensó las relaciones internacionales de Arabia Saudita y fue mencionado por algunos medios de prensa como una de las razones por las cuales la largamente esperada salida a la bolsa de valores de la petrolera estatal saudita Aramco se fijara para este mes en una bolsa de valores local en lugar de una bolsa de valores internacional.
Otros hallazgos del análisis del CPJ:
- No se documentó la muerte de ningún trabajador de medios por primera vez desde 2003, cuando el CPJ comenzó a documentar la muerte de trabajadores cruciales para el sector de los medios de prensa como los traductores, choferes, guías y empleados administrativos.
- Vedat Erdemci, el periodista kurdo-turco que murió en Siria, fue el único periodista extranjero que murió en el ejercicio de la profesión.
- De los periodistas que murieron, dos eran del sexo femenino: Lyra McKee, del Reino Unido, y Norma Sarabia Garduza, de México.
- Con la mayor frecuencia, los miembros de las fuerzas armadas fueron considerados sospechosos del asesinato de periodistas en 2019.
- La política fue el tema informativo más peligroso, mientras que el trabajo más peligroso fue el de camarógrafo.
El CPJ comenzó a recopilar datos detallados sobre todas las muertes de periodistas en 1992. El personal del CPJ de manera independiente investiga y verifica las circunstancias de cada muerte. El CPJ considera que un caso está vinculado con el ejercicio de la profesión únicamente cuando su personal tiene certeza razonable de que un periodista fue muerto en represalia directa por su labor periodística; de que fue muerto en un incidente de fuego cruzado relacionado con el combate; o de que fue muerto cuando realizaba una cobertura peligrosa, como por ejemplo una protesta que se vuelve violenta.
Si los motivos de una muerte no están claros, pero existe la posibilidad de que un periodista haya muerto en relación con su labor periodística, el CPJ clasifica el caso como “pendiente de confirmación” y continúa las investigaciones.
La relación de casos del CPJ no incluye los casos de periodistas que murieron a causa de una enfermedad o en accidentes automovilísticos o aéreos, a menos que el accidente haya sido provocado por actos hostiles. Otras organizaciones de prensa que emplean un criterio diferente al del CPJ divulgan una cifra diferente de muertes.
Elana Beiser es directora editorial del CPJ. Anteriormente se desempeñó como editora de Dow Jones Newswires y del diario The Wall Street Journal en Nueva York, Londres, Bruselas, Singapur y Hong Kong.