El narcotráfico y el crimen organizado plantean un grave peligro
Por Carlos Lauría
Mientras las organizaciones criminales han expandido su poder en la última década, la generalización de la violencia ha socavado la estabilidad política y amenazado a la democracia en América Latina. Periodistas y medios que cubren el crimen y el narcotráfico se han convertido en blanco: La prensa brinda detalles clave acerca de las actividades criminales -nombres, rutas, precios- que pueden perjudicar las operaciones. Las bandas toman represalias.Y el creciente número de muertes, ataques, desapariciones y amenazas está diezmando al periodismo de investigación.
Un informe de octubre elaborado por la Organización de Estados Americanos (OEA) reveló que la delincuencia en América Latina cobra más de 100 mil vidas al año, convirtiéndola una de las áreas más violentas del mundo. El costo económico de la delincuencia es igualmente drástico, correspondiendo a un 15 por ciento del producto bruto interno anual combinado de la región, según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo. “Es una epidemia; una plaga en nuestro continente que mata a más gente que el SIDA. Es una amenaza para las instituciones del Estado”, advirtió en octubre el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, en la reunión de ministros de seguridad pública de las Américas en la Ciudad de México.
No hay lugar donde esto sea más evidente que en México, donde más de 5 mil personas habían sido asesinadas a causa de crímenes vinculados al narcotráfico en diciembre, según datos de la Procuraduría General de la República (PGR). Una creciente ola de violencia relacionada con las organizaciones criminales ha convertido a México en uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas. Desde 2000, al menos 24 periodistas fueron asesinados, ocho de ellos en directa represalia por su labor informativa. Otros siete reporteros desaparecieron desde 2005.
Los carteles de la droga han enfrentado explícitamente a las autoridades estatales. En octubre, la prensa mexicana reveló que uno de los mayores carteles del país se había infiltrado en posiciones de máxima jerarquía en la división a cargo de investigar el crimen organizado en la PGR. Cinco funcionarios fueron detenidos por acusaciones de que trabajaban como informantes para los hermanos Beltrán Leyva, un brazo del cartel de Sinaloa, y que habían recibido pagos que iban de 150 mil a 450 mil dólares estadounidenses. Reporteros locales afirmaron que los arrestos podrían tener implicaciones para la prensa porque la división del crimen organizado se había hecho cargo de varias investigaciones relacionadas con periodistas asesinados y desaparecidos. En dos casos emblemáticos -el asesinato en 2004 del editor de Tijuana, Francisco Ortiz Franco, y la desaparición en 2005 del reportero Alfredo Jiménez Mota en Hermosillo, al norte de país- los periodistas investigaban posibles vínculos entre organizaciones criminales y funcionarios.
El impacto del crimen organizado en la labor periodística de investigación puede remontarse más de una década atrás, afirmó un experto. Alberto Islas, director de Risk Evaluation, una firma privada radicada en Ciudad de México, señaló que las dictaduras militares fueron la mayor amenaza para los medios hace más de 20 años. Las estructuras del crimen organizado comenzaron a surgir de modo gradual durante las últimas dos décadas del proceso de democratización en la región, convirtiéndose en una amenaza seria hacia fines de los años ’90. Desde entonces, las organizaciones criminales han ejercido influencia sobre las instituciones estatales, agregó.
La situación ha creado temor en muchos sectores de la sociedad mexicana. Decenas de periodistas y numerosos medios están recurriendo a la autocensura por temor a represalias. Pablo Piccato, director del Instituto de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Columbia en Nueva York, citó el intento de asesinato del director del semanario Zeta,
Más de 530 toneladas métricas de cocaína ingresan de modo ilegal anualmente desde América del Sur a través de México y pasan a los Estados Unidos, según el Informe de Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos, difundido en febrero por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. América Central sirve como zona de confluencia y teatro de operaciones para los narcotraficantes.
En Guatemala, los casos de violencia vinculados al narcotráfico crecieron en los últimos años a medida que las bandas delictivas compiten por las rutas de contrabando hacia México. Dieciséis personas son asesinadas a diario, en promedio, afirmó Sergio Morales, el Procurador de Derechos Humanos. Nueve de cada diez muertes quedan sin resolver en un país en donde la norma es la impunidad.
Los periodistas en el interior del país se amordazan por temor a sufrir represalias. La autocensura es tan grande que fuertes combates armados entre narcotraficantes nunca llegan a ser informados, según el Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (Cerigua). A fines de marzo, 11 personas murieron luego de un tiroteo en la provincia de Zacapa, a 80 millas (127 kilómetros) de la ciudad de Guatemala, en donde el nivel de criminalidad es endémico. El tiroteo, posteriormente vinculado a los capos mexicanos del narcotráfico, fue prácticamente ignorado por los medios regionales, informó Cerigua. Inclusive los editores de medios nacionales reconocieron que los problemas vinculados al crimen a menudo entran en el terreno de lo prohibido para sus corresponsales. “No podemos asumir ese riesgo”, aseguró Gonzalo Marroquín, editor del principal matutino de Ciudad de Guatemala, Prensa Libre.
Más de una década después del fin de la guerra civil en Guatemala, grupos armados ilegales y redes de seguridad clandestinas convergieron con organizaciones criminales y se arraigaron en las instituciones estatales, socavando la democracia, afirmaron los analistas. En el año 2007, el congreso guatemalteco aprobó la creación de un cuerpo auspiciado por la ONU, la Comisión Internacional Contra la Impunidad, para que ayudara a investigar y a procesar a las organizaciones ilegales. En caso de tener éxito, la comisión no solamente fortalecería el estado de derecho, sino que también alentaría a los medios para adoptar a la criminalidad y a la corrupción como parte de su agenda de investigación periodística.
En el país vecino de El Salvador, la violencia de bandas es generalizada, especialmente en los barrios pobres de las afueras de la capital, San Salvador. Casi 3.500 personas fueron asesinadas en 2007, según informó la organización intergubernamental Observatorio Centroamericano sobre Violencia. Periodistas salvadoreños afirman que si bien la cobertura periodística sobre crimen ha mejorado en los últimos tres años, el trabajo periodístico de investigación sigue presentando carencias. A principios de 2000, la cobertura sobre crimen era sensacionalista, con la publicación de imágenes fuertes y rumores infundados.
En la actualidad, la investigación sobre el crimen es más sobria y confiable, en parte debido a un período de autorreflexión en los medios liderado por el matutino La Prensa Gráfica, que difundió un manual para los reporteros que cubren noticias sobre crimen. Sin embargo, deficiencias en la capacitación e inquietudes sobre la seguridad han impedido que los medios emprendan investigaciones periodísticas que examinen los orígenes y las causas de la violencia de bandas callejeras. “No tenemos la capacidad, por temor y [falta de] entrenamiento, para dar una mirada profunda a lo que sucede dentro de los grupos delictivos,” indicó José Luis Sanz, jefe de redacción de La Prensa Gráfica.
Durante la última década, mientras el consumo de drogas en América Latina siguió creciendo, el crimen organizado afianzó su poder a partir del control territorial, afirmó Islas de Risk Evaluation. Los grupos criminales, añadió, tienen el dominio efectivo de vastas regiones en las cuales el Estado está ausente. Los periodistas que intentan revelar las actividades de las bandas delictivas, continuó Islas, son blanco inmediato.
En varias regiones aisladas de Brasil, en donde la presencia estatal es débil y los gobiernos se ven asediados por el crimen organizado, los periodistas provinciales enfrentan un grave peligro. De acuerdo a la investigación del CPJ, Brasil es el decimosegundo país más peligroso del mundo para la prensa, con al menos 15 periodistas caídos en cumplimiento de su labor desde 1992. Aún así los reporteros provinciales no son los únicos que están en riesgo. Sus colegas en los centros urbanos como Brasilia, São Paulo, y Río de Janeiro enfrentan peligros cuando informan sobre el crimen organizado, el narcotráfico o la corrupción política.
Los distritos pobres, también conocidos como favelas, ofrecen un terreno fértil para el narcotráfico y son zonas peligrosas para los periodistas. Según la prensa brasileña, poderosas bandas controlan la mayoría de las favelas en São Paulo y Río de Janeiro. Las redadas policiales pocas veces se producen en estas áreas en las cuales los criminales actúan en connivencia con las fuerzas del orden.
Los periodistas que se dedican a investigar en profundidad sobre crímenes perpetrados en las favelas han pagado un costo alto. El secuestro y la posterior tortura en mayo de dos reporteros y de un chofer que trabajaban en forma encubierta para el matutino O Dia de Río de Janeiro fue especialmente alarmante. O Dia había investigado cómo grupos paramilitares, compuestos por narcotraficantes, como así también por ex policías y policías en actividad, cobraban a los residentes de los barrios pobres por brindarles protección y por el control de la política local. Los secuestradores golpearon a los periodistas y al chofer de manera reiterada; los sometieron a descargas eléctricas; colocaron bolsas plásticas en sus cabezas y amenazaron con asesinarlos. El equipo del diario O Dia fue liberado luego de siete espantosas horas. Al menos uno de los atacantes se identificó como supuesto miembro de la policía local. Después de ser liberados, los tres integrantes del equipo periodístico abandonaron Río de Janeiro para recibir asistencia psicológica, relató O Dia.
Los medios brasileños quedaron impresionados por el brutal ataque que recordó el asesinato de Tim Lopes en 2002. El conocido reportero de TV Globo también desapareció en un barrio pobre de Río de Janeiro mientras trabajaba en una nota sobre la explotación sexual de menores por parte de narcotraficantes. Lopes, quien había sido torturado y asesinado con una espada, fue hallado sin vida 10 días después del secuestro.
El narcotráfico, la extorsión y los secuestros se han convertido en las principales fuentes de financiamiento para los grupos armados ilegales en el conflicto civil colombiano de cinco décadas, entre grupos guerrilleros de izquierda y fuerzas paramilitares de derecha. Ambas partes han estado involucradas en serios casos de abuso a los derechos humanos, incluyendo asesinatos, ataques y amenazas contra la prensa.
A fines de los años ’60 y principios de los ’70, los narcotraficantes colombianos comenzaron a utilizar rutas de contrabando bien establecidas para pasar la marihuana a los Estados Unidos. En la década siguiente, comenzaron a distribuir cocaína y formaron poderosos carteles internacionales con sede en las ciudades de Medellín y Cali. La coca cultivada en Perú y Bolivia era trasladada a través de Colombia y México, donde los narcotraficantes crearon poderosas organizaciones locales con la complicidad de funcionarios gubernamentales corruptos. Con el fin de diversificar sus operaciones, los carteles colombianos también construyeron rutas para el tráfico ilegal en América Central y la región del Caribe. Los carteles de Colombia se volvieron tan poderosos que desafiaron al poder del estado. Los periodistas que revelaban sus operaciones–algunos de los más conocidos reporteros del país- fueron amenazados y, a menudo, asesinados.
A principios de los ’90, el gobierno colombiano inició una contraofensiva concertada en contra de los carteles colombianos, arrestando o matando a muchos de los principales líderes y finalmente desmantelando sus operaciones más importantes. Pero esto no redujo el tráfico regional de drogas. En cambio, las organizaciones delictivas que se habían formado para brindar apoyo a las operaciones colombianas se volvieron grupos autónomos, especialmente en México, que se convirtió en el centro del narcotráfico. Redes de distribución también aparecieron en toda América Latina, a medida que el consumo de drogas creció en la región. El resultado ha sido una red de asociaciones de narcotraficantes transnacionales que opera en muchos países latinoamericanos y usa la violencia, incluyendo agresiones contra la prensa, para proteger sus operaciones.
Aun cuando la violencia ha disminuido en los últimos cuatro años, Colombia sigue siendo uno de los países más violentos del mundo para la prensa. Cuarenta reporteros, fotógrafos y editores, en total, han caído en cumplimiento de su labor periodística desde 1992, y el país ostenta el mayor índice de muertes sin resolución por capita de toda América Latina, según el Índice de Impunidad del CPJ, una clasificación de aquellos países en los cuales sus gobiernos fracasan en sus intentos por resolver asesinatos contra la prensa. Los periodistas locales que siguen informando sobre el conflicto civil continúan recibiendo amenazas provenientes de la guerrilla o de grupos paramilitares de derecha, según reveló la investigación llevada a cabo por el CPJ. En 2008, cuatro periodistas provinciales se vieron obligados a huir de sus hogares luego de recibir serias amenazas.
Luchar contra el crimen organizado transnacional exige un extraordinario esfuerzo de cooperación entre los países y respaldo por parte de la comunidad internacional. El desarrollo de nuevos medios independientes y el futuro del periodismo de investigación dependerán, según afirman varios analistas, de la creación de mejores estructuras legales que protejan el derecho constitucional a la libertad de expresión y del desmantelamiento de los grupos delictivos.
En México, el gobierno de Calderón y los líderes del Congreso se han comprometido a mejorar el triste récord en materia de libertad de prensa que ostenta su país promoviendo leyes que conviertan a los crímenes en contra de la libertad de expresión en delitos federales. En Guatemala, la Comisión Internacional Contra la Impunidad que ya lleva más de un año de existencia acaso pueda brindar algunas lecciones sobre cómo combatir la violencia y la corrupción. Y en las salas de redacción de toda la región, los directivos deben incrementar sus esfuerzos para ofrecerle a su personal capacitación en temas de seguridad y para imponer precauciones y estrictas normas profesionales para la realización de notas periodísticas peligrosas.
Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ, viajó a México, El Salvador y Guatemala en 2008 para investigar sobre el crimen y sus efectos en la prensa.
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