Ataques a la prensa en el 2008: Ecuador

En julio, la toma por parte del gobierno de casi 200 empresas, incluyendo dos estaciones privadas de televisión que atraían casi el 40 por ciento de la audiencia de noticias en todo el país, le permitió al presidente de izquierda, Rafael Correa, avanzar en su agenda política y ganar mayor control sobre los medios. Luego de esta operación, Correa obtuvo una decisiva victoria en un referéndum sobre una nueva constitución que ampliaría los poderes del ejecutivo y potencialmente debilitaría la libertad de prensa.

El 8 de julio, miembros de la gubernamental Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), con decenas de oficiales de la policía, allanaron las oficinas de la estación de televisión Gamavisión en Quito, como así también las instalaciones en Quito y Guayaquil de TC Televisión. La AGD, una agencia estatal que protege a los depositantes de bancos que cerraron o quebraron durante la crisis financiera de la década de 1990, se apropió de más de 190 empresas. El gobierno alegó que las emisoras tenían vínculos con el Grupo Isaías, propiedad de los hermanos Roberto y William Isaías, que se habían radicado en Miami. El gobierno del Presidente Correa afirmó que el Grupo Isaías le debía 661 millones de dólares a Ecuador tras el colapso de su institución bancaria Filanbanco en 1998.

TC Televisión, la emisora con mayor audiencia en la ciudad costera de Guayaquil, y Gamavisión, una de las primeras cuatro en la región de Quito, interrumpieron la programación de noticias por unas horas, pero reanudaron las transmisiones al día siguiente. Enrique Arosemena, presidente de la televisora estatal ECTV, fue puesto de inmediato al mando de las emisoras. Arosemena señaló que los medios “tendrían una nueva línea editorial, como tienen todos los canales, dependiendo de sus administradores”, según informó The Associated Press. José Toledo, periodista y ex funcionario cercano a Correa, fue designado vicepresidente de programación de noticias y contenidos.

 La decisión del gobierno desató una polémica inmediata. El Ministro de Economía, Fausto Ortiz, renunció por oponerse a la apropiación poco después de anunciada la medida. Los dueños de las emisoras, quienes negaron tener vínculos comerciales con el Grupo Isaías, afirmaron que las confiscaciones eran un ataque a la libertad de expresión. Periodistas locales cuestionaron la oportunidad de la decisión. Las acciones del gobierno, afirmaron, se produjeron cuando Correa intentaba ampliar el respaldo a una nueva constitución que se encaminaba a un referéndum popular. Analistas indicaron que el cambio en la posición editorial de las emisoras favorecía al gobierno ecuatoriano. Los periodistas también opinaron que la incautación comprometía la diversidad en la cobertura periodística antes de la votación.

“La confiscación gubernamental de todas estas empresas la semana pasada tuvo un simple propósito: apoderarse de las tres emisoras de TV del grupo, poner al frente a incondicionales del gobierno y asegurarse el control de los principales medios de comunicación para tratar de ganar el referéndum de septiembre próximo, que le permitiría a Correa ser reelecto para un nuevo mandato“, escribió Andrés Oppenheimer, miembro de la junta directiva del CPJ, en su columna para The Miami Herald.

El gobierno ecuatoriano defendió vigorosamente la decisión y negó que la apropiación fuese un atentado contra la libertad de prensa. Correa señaló que la confiscación apuntaba a recuperar el dinero que pertenecía a los ecuatorianos, según informes de prensa. La recién designada Ministra de Economía, Wilma Salgado, dijo que el gobierno no tenía intención de controlar o interferir con las emisoras, e hizo hincapié en que la libertad de prensa sería protegida en Ecuador.

Durante las semanas siguientes, el gobierno confiscó cientos de otras empresas, incluyendo la editorial que publica el matutino Hoy de Quito. El gobierno afirmó que planeaba vender todas las propiedades confiscadas para reunir dinero para los depositantes que habían perdido sus ahorros luego del colapso del banco. A principios de octubre, la AGD anunció que un total de 264 compañías confiscadas se habían convertido en propiedad del estado.

La prensa prolongó su relación hostil con Correa y su gobierno. En forma reiterada, Correa describió a los medios como “mediocres” y “corruptos”, alegando que a menudo “distorsionan la realidad”. La prensa se mostró a menudo crítica con el gobierno, según reveló un análisis del CPJ, pero sus críticas no fueron incendiarias.

En el referéndum del 28 de septiembre, 64 por ciento de los ecuatorianos votó parr la nueva constitución, que amplió el poder del ejecutivo al permitir al presidente postularse por otros dos períodos consecutivos, mientras le facilitó más control sobre la economía y sobre los poderes legislativo y judicial. La nueva constitución entró en vigencia el 16 de octubre y una comisión legislativa trabajaba hacia fines de año en la redacción de leyes para implementar sus cláusulas.

Defensores de la libertad de prensa expresaron su preocupación por cláusulas en la nueva constitución que pueden limitar las garantías a la libertad de expresión. El Artículo 19 establecía que “la ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente“. César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, un grupo local defensor de la libertad de prensa, indicó que la disposición podría abrir la puerta a la regulación gubernamental de los medios. Ricaurte se mostró también preocupado por el Artículo 18 que planteaba que todos los individuos tienen el derecho a “buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa” y con responsabilidad ulterior. Según Ricaurte las numerosas condiciones impuestas a esta cláusula anticensura podrían debilitar seriamente la libertad de expresión.

Los críticos también apuntaron al cierre de Radio Sucre de Guayaquil el 7 de julio como un ejemplo del intento del gobierno por controlar a los medios. Según el gerente de la emisora, Gabriel Arroba, representantes del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y de la policía local cerraron y clausuraron la radio alegando que utilizaba una frecuencia ilegal. Arroba negó las acusaciones e indicó que había enviado a CONATEL documentos para demostrar que a Radio Sucre se le había adjudicado, efectivamente, esa señal de transmisión. Días antes del cierre, durante un discurso radial, Correa criticó enérgicamente al dueño de la emisora, Vicente Arroba (el padre del gerente de la radio), a quien describió como un hombre “sin autoridad moral”. La crítica del presidente a Vicente Arroba, también miembro del concejo municipal, se produjo luego de que la emisora instara a los vecinos a marchar en contra de la ola de violencia en Guayaquil. Correa señaló que la marcha había sido motivada políticamente.

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