Por Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México
Varias condenas recientes en casos de periodistas asesinados en México pueden dar la impresión de que el Estado está logrando un avance significativo en el combate contra la impunidad. Si bien el CPJ ha saludado estas condenas y las ha calificado de paso importante, las perspectivas para la ruptura del ciclo de impunidad y violencia en México se han reducido durante la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El 21 de agosto de 2020, un juez federal de Chihuahua condenó a Juan Carlos Moreno por el asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, hecho ocurrido el 23 de marzo de 2017, y lo sentenció a una pena de 50 años de cárcel. En febrero de 2020, se dictó una pena de 14 años de cárcel contra Heriberto Picos Barraza, quien condujo el auto que los asesinos utilizaron para escapar en el atentado perpetrado en mayo de 2017 contra Javier Valdez Cárdenas, ganador del Premio Internacional de la Libertad de Prensa del CPJ en 2011. En los últimos años, las autoridades han obtenido condenas en varios otros casos.
Pero México se ha afianzado en el Índice de Impunidad Global del CPJ, que se centra en los países donde asesinan a periodistas y los responsables de los crímenes andan impunes. En la gran mayoría de los casos de asesinato de periodistas mexicanos no se ha condenado a ningún acusado, según datos del CPJ. Apenas en un solo caso de asesinato en México —de 1995— se ha logrado plena justicia desde que el CPJ comenzó a recopilar estadísticas sobre los casos de asesinato, en 1992. En los casos de Breach y Valdez, entre los más emblemáticos de la historia reciente de México, solamente se ha condenado a los autores materiales; los presuntos autores intelectuales siguen libres.
Además, en el caso del asesinato de Valdez, la condena de Picos Barraza se logró en el llamado juicio abreviado. En virtud de este acuerdo, Picos Barraza se declaró culpable, pero no se le obligó a dar más información sobre el asesinato que pudiera haber ayudado a los fiscales federales en el proceso judicial contra otro acusado, Juan Francisco “N”, alias ‘El Quillo’, cuyo juicio está en marcha.
La persistente impunidad pone una enorme presión sobre las familias de los periodistas asesinados, declaró Nancy Gómez. Su hermano, Mario Gómez, periodista de El Heraldo en el sureño estado de Chiapas, fue asesinado a balazos a plena luz del día en la localidad de Yajalón el 21 de agosto de 2018. Aunque varios sospechosos han sido arrestados y se les ha sometido a juicio, Gómez declaró al CPJ que las autoridades han logrado escasos avances en la búsqueda del autor intelectual.
“Es sumamente estresante”, expresó Gómez. “Sentimos que el juicio está completamente paralizado. Temo que liberen a los acusados, ya se ha demorado mucho. Honestamente, esta no es manera de vivir”.
El Gobierno de López Obrador no está ayudando a resolver el problema. Durante la gestión de López Obrador, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) —dependencia de la Fiscalía General de la República que tiene sede en Ciudad de México y que se creó en 2010 para hacer frente al auge en los casos de asesinato de periodistas— se ha abstenido de iniciar procesos penales de manera proactiva por el asesinato de periodistas. La facultad de la institución de atraer al ámbito federal investigaciones por casos de asesinato resultó ampliada por una enmienda constitucional en 2013, pero el titular de la FEADLE, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, declaró al CPJ en 2019 que su entidad solo iniciaría procesos penales por asesinato a solicitud de las familias de las víctimas o de las autoridades estatales. En la práctica, ello ocurre con escasa frecuencia, en parte porque los funcionarios municipales y estatales a menudo están implicados en la delincuencia y la corrupción, según datos del CPJ.
De hecho, las autoridades no han ejercido la facultad de atracción de casos al ámbito federal desde que López Obrador asumió el poder en diciembre de 2018. El CPJ llamó varias veces a la Presidencia para obtener una declaración, pero no recibió respuesta.
Por otra parte, la institución federal más importante que se ha creado para proteger a los periodistas, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, enfrenta sus propios problemas. La institución sufre, como lo ha informado el CPJ, de la escasez crónica de fondos y la falta de capacitación adecuada para su personal. Ahora, el Congreso mexicano parece que se encamina a eliminar el fideicomiso federal mediante el cual la institución financia las medidas de protección. Al transferir el control de esos fondos directamente a la Secretaría de Gobernación, las medidas de protección asignadas a más de 1300 personas, de ellas más de 400 periodistas, pueden ser susceptibles a los caprichos políticos y el tráfico de influencias.
La incertidumbre por el futuro del mecanismo y, de hecho, por el compromiso del Gobierno federal con la protección de los periodistas ha provocado angustia entre las personas que dependen de él para su protección. “Me da la sensación de que estoy muy lejos de estar seguro”, declaró Demis Santana, director de Cambio Press, revista noticiosa del norteño estado de Tamaulipas, a quien se le asignó protección federal luego de recibir amenazas y ser secuestrado por presuntos miembros de la delincuencia organizada.
“No siento que estamos recibiendo el apoyo adecuado que necesitamos”, afirmó Santana. “Me siento ansioso, nadie ve la tensión que la incertidumbre hacer recaer sobre nosotros los necesitados”.
El sistema judicial mexicano ha logrado avances cautelosos. En 2017, se implementó plenamente por vez primera en todo el país el nuevo sistema de juicios orales. Como el diario The Washington Post informó ese año, el nuevo sistema permite que las víctimas y sus familias asistan a los juicios y tengan voz en las actuaciones judiciales. Además, los casos se tratan con mayor celeridad y, al menos en teoría, exigen pruebas de mayor calidad de parte de los investigadores policiales.
Pero México sigue siendo uno de los países más violentos del mundo para el ejercicio del periodismo. Solamente en lo que va de 2020, otros cuatro periodistas han resultado asesinados en represalia directa por su trabajo, según datos del CPJ. El motivo de un quinto asesinato no se ha esclarecido. Las medidas de confinamiento parcial por la pandemia de la COVID-19 no han frenado los asesinatos, que continúan casi al mismo ritmo que en años anteriores. Para las víctimas y sus familias, la justicia continúa siendo una abstracción.