RESUMENES POR PAIS
Por Joel Simon y Marylene Smeets
Antigua y Barbuda
Con las elecciones previstas para esta peque帽a isla naci贸n del Caribe en marzo de 1999, las tensiones entre la prensa y el primer ministro Lester B. Bird se agravan. Unos pir贸manos prendieron fuego a las oficinas de The Outlet el 19 de noviembre, luego que el peri贸dico publicara un reportaje sobre una cuantiosa compra de armas realizada por el gobierno. El propietario L. Tim Hector, tambi茅n dirigente del opositor Partido Progesivo Unido (UPP), calific贸 el siniestro como un acto de terrorismo estatal.
Si bien qued贸 claro que el incendio fue un acto premeditado鈥攕e derram贸 combustible diesel por todo el predio鈥攁lgunos periodistas aseveran que fue m谩s bien una disputa pol铆tica, y no un ataque a la libertad de prensa. El d铆a despu茅s del incendio, le prendieron fuego al ministerio de Informaci贸n, acto que algunos han llamado retribuci贸n pol铆tica de parte de los simpatizantes del UPP. El primer ministro Bird prometi贸 solicitar la asistencia de Scotland Yard para investigar ambos siniestros.
Los periodistas concurren, sin embargo, en que la poderosa familia Bird, que controla el gobernante Partido Laborista de Antigua (ALP), durante largo tiempo ha usado su influencia pol铆tica para impedir la publicaci贸n de reportajes negativos. De las tres radioemisoras locales, una es administrada por el gobierno y las otras dos son controladas por miembros de la familia Bird. El 煤nico canal de televisi贸n tambi茅n es administrado por el estado, mientras que un hermano del primer ministro es propietario de la 煤nica empresa de televisi贸n por cable en el pa铆s. En septiembre de 1996, el gobierno clausur贸 una radioemisora fundada por Winston Derrick y Samuel Derrick, editor y propietario, respectivamente, del peri贸dico Daily Observer, argumentando que operaban sin licencia. Se esperaba que la apelaci贸n pudiera presentarse en 1998, pero ha sido pospuesta hasta febrero de 1999.
Argentina
Ha habido una baja notable en los ataques violentos contra la prensa argentina, lo cual se atribuye a los cambios realizados a ra铆z del clamor p煤blico que desat贸 el asesinato del reportero gr谩fico Jos茅 Luis Cabezas en 1997. Sin embargo las amenazas, el hostigamiento, y un auge explosivo en las demandas punitivas sigui贸 presentando desaf铆os a los periodistas, principalmente los de provincia.
En Argentina, como en el resto de Latinoam茅rica, la prensa ha conquistado amplio apoyo p煤blico por el papel que ha desempe帽ado en exponer la trayectoria asesina de las fuerzas armadas, y por su investigaci贸n de la corrupci贸n en el r茅gimen actual. Pero el darle seguimiento a esos reportajes tambi茅n ha creado nuevos peligros para los periodistas: los que han sido blanco de niveles m谩s serios de escrutinio frecuentemente han lanzado contraataques.
Por ejemplo, durante una entrevista explosiva en enero con Daniela Cerruti, editora de la revista noticiosa trespuntos, el capit谩n de Marina Alfredo Astiz no s贸lo se mostr贸 totalmente sin remordimientos por el papel que jug贸 como miembro de los notorios escuadrones de la muerte en la d茅cada de los 70, sino tambi茅n advirti贸 a Cerruti que era "t茅cnicamente el hombre mejor entrenado en ese pa铆s para matar a un pol铆tico o a un periodista". El clamor que surgi贸 cuando se public贸 el reportaje forz贸 al almirante Carlos Marr贸n a sentenciar a Astiz a 60 d铆as de c谩rcel. Fue dado de alta despu茅s de 12 d铆as, mas le fueron arrebatadas sus ense帽as, su uniforme y su pensi贸n. El mismo d铆a que Astiz fue dado de baja, Cerruti recibi贸 dos amenazas por tel茅fono.
El repudio general por el asesinato de Cabezas pareci贸 crear un ambiente de mayor seguridad para los periodistas en la capital, Buenos Aires, pero los reporteros que trabajan para los medios provinciales han sido amenazados y hostigados por autoridades locales. La Asociaci贸n para la Defensa de los Periodistas Independientes (Periodistas), un grupo de prensa fundado en 1996 por 24 prominentes periodistas argentinos, document贸 m谩s de 100 de estos casos en 1998.
Una ola de demandas, entabladas mayormente por funcionarios p煤blicos, le ha hecho la vida dif铆cil a muchos de los reporteros m谩s prominentes del pa铆s. En marzo Carlos Sa煤l Menem, el presidente latinoamericano m谩s dado al litigio, gan贸 un fallo de US$150.000 contra la revista semanal Noticias. El Juzgado Nacional de Apelaciones fall贸 que la revista y sus editores, Jorge Fontevecchia y H茅ctor D'Amico, hab铆an violado la privacidad del presidente al publicar un art铆culo que describ铆a la fuga del hijo ileg铆timo de Menem y la madre del menor a Paraguay, temiendo ambos por su seguridad. El presidente jam谩s disput贸 la veracidad del reportaje. Si bien Noticias ha apelado el fallo ante la Corte Suprema, hay pocas esperanzas de un juicio imparcial, ya que seis de los nueve magistrados fueron nombrados por Menem despu茅s de incrementar el n煤mero de magistrados, una maniobra descarada para conquistarse el control pol铆tico de la Corte.
Despu茅s de procesos largos y costosos, se ha fallado en contra de los periodistas, cayendo sobre ellos el peso de enormes indemnizaciones. En marzo, un juez le orden贸 a Bernardo Neustadt, reportero para un noticiero televisivo, pagarle US$80.000 a otra jueza, quien declar贸 que fue difamada por uno de los invitados a su programa en 1993. En agosto, un ex funcionario p煤blico gan贸 una demanda de US$50.000 contra Eduardo Aliverti, reportero para un noticiero radial y columnista para el diario bonaerense P谩gina/12, a ra铆z de un reportaje que Aliverti hab铆a transmitido en 1991. Ambos casos han sido apelados.
Otro fallo perturbador se registr贸 en abril. A P谩gina/12 se le orden贸 publicar la declaraci贸n hecha por un edec谩n presidencial, provocado a la ira por un reportaje publicado en el mencionado peri贸dico que declaraba que 茅l hab铆a estado reclutando mercenarios argentinos para combatir en Croacia. Si bien las leyes argentinas no reconocen espec铆ficamente el derecho a r茅plica, los magistrados s铆 tienen autoridad para obligarle a los medios de comunicaci贸n a publicar declaraciones de personas que sienten que su reputaci贸n ha sido mancillada, a煤n cuando la veracidad de los reportajes no est茅 en tela de juicio (como fue el caso con P谩gina 12).
Los periodistas argentinos tambi茅n han expresado su preocupaci贸n porque el gobierno est谩 utilizando la legislaci贸n para controlar a la prensa; hay proyectos de ley pendientes que aumentar铆an los impuestos a los peri贸dicos y declarar铆an ilegal el uso de c谩maras ocultas (los programas investigativos de televisi贸n han utilizado c谩maras ocultas para exponer la corrupci贸n policial). Tambi茅n hubo amplios debates p煤blicos鈥攅n foros, programas radiales de debate, y en la prensa misma鈥攕obre el hecho de que la posesi贸n de los medios de comunicaci贸n se est谩 concentrando m谩s y m谩s en manos de unos pocos conglomerados que no tienen ninguna responsabilidad para con el p煤blico. Los periodistas que han criticado al gobierno han sufrido la cancelaci贸n de sus programas radiales y televisivos. Hay periodistas que aseveran que la presi贸n gubernamental estuvo detr谩s del despido de Olga Wormat, anfitriona de un programa radial popular en la FM Horizonte. Wormat fue despedida despu茅s de transmitir una entrevista controvertida con el ministro del Trabajo Erm谩n Gonz谩lez. En otro incidente, el periodista de televisi贸n Joaqu铆n Morales Sol谩 acus贸 a Constancio Vigil, uno de los accionistas principales del Canal 9 y amigo 铆ntimo de Menem, de forzar la cancelaci贸n de su programa noticiero en septiembre.
Bolivia
La prensa boliviana es una prensa vibrante e independiente, pese a la pobreza del pa铆s y a su elevada tasa de analfabetismo. Despu茅s de una larga batalla, los periodistas tuvieron 茅xito en julio, cuando lograron frenar ciertas enmiendas a la ley de prensa que hubieran permitido a jueces obligar a periodistas a divulgar sus fuentes. La ley para los medios de comunicaci贸n de 1925 define la difamaci贸n como ofensa criminal, so pena de un m谩ximo de dos a帽os de c谩rcel (la sentencia puede ser el doble al tratarse de un presidente, un vice presidente o un ministro), mas no hubo una sola demanda en 1998. Los periodistas dicen que los estatutos de difamaci贸n criminal no son impedimento a su trabajo, porque los tribunales extraordinarios establecidos por ley para los medios de comunicaci贸n, cuya funci贸n es la de entablar demandas contra los periodistas por asuntos relacionados a su profesi贸n, en la mayor铆a de los casos fallan a favor de los periodistas. El CPJ, sin embargo, se opone a cualquier tribunal extraordinario para periodistas, porque estos pueden ser鈥攜 generalmente son鈥攗sados para perseguir, y no proteger, a la prensa.
Aunque la Asociaci贸n de Periodistas de La Paz ha presentado una petici贸n al gobierno para que haga cumplirse una ley que limita la pr谩ctica del periodismo a los titulados universitarios, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica decret贸 en 1985 que toda ley que prescribe licencia obligatoria a los periodistas viola la Convenci贸n Americana sobre Derechos Humanos.
Los ataques f铆sicos contra periodistas son poco comunes, pero hubo dos incidentes separados, en la ciudad de Santa Cruz, en que fueron maltratados periodistas. Despu茅s de las protestas por grupos de periodistas locales, el comandante de la polic铆a de Santa Cruz fue despedido y el presidente Hugo Banzer pidi贸 disculpas p煤blicamente.
Brasil
En medio de una profunda crisis econ贸mica, los brasile帽os re-eligieron al presidente Fernando Henrique Cardoso en las elecciones del 4 de octubre. A varios peri贸dicos regionales se les mult贸 ese mes bajo una ley electoral que prohibe la publicaci贸n de opiniones pol铆ticas o propaganda electoral antes de una elecci贸n.
Los asesinatos de dos periodistas ponen en evidencia los peligros que enfrentan los reporteros que trabajan en las zonas m谩s remotas del pa铆s, donde los caudillos pol铆ticos y los militares a煤n mantienen un control de facto. Manoel Leal de Oliveira fue ultimado en marzo, despu茅s de criticar a funcionarios locales en el poblado de Itabuna; m谩s tarde ese mismo mes, el anfitri贸n de un noticiero televisivo, Jos茅 Carlos Mesquita, fue asesinado luego de criticar a las autoridades locales en Ouro Preto do Oeste.
La mayor铆a de los medios de comunicaci贸n regionales son dominados por familias poderosas que los consideran veh铆culos potentes para adelantar sus ambiciones pol铆ticas. El mejor ejemplo es la familia Collor de Mello, que utiliz贸 su imperio period铆stico en Alagoas, un estado sumido en la miseria, de trampol铆n para entrar en la pol铆tica local y, eventualmente, la presidencia. Los reporteros que critican a las autoridades civiles y militares regionales est谩n de cara a las amenazas constantes y algunas veces, la violencia.
Ir贸nicamente, mientras las condiciones para los periodistas en 谩reas rurales del Brasil est谩n entre las peores de Latinoam茅rica, sus colegas que trabajan en los principales mercados, como R铆o de Janeiro y S茫o Paulo, gozan de las mejores. Gracias a la reputaci贸n que se han ganado por sus reportajes investigativos, y al respaldo de los recursos de conglomerados enormes, los periodistas brasile帽os han conquistado apoyo p煤blico amplio y mayor poder pol铆tico. Desde 1992, cuando reportajes agresivos sobre corrupci贸n obligaron a renunciar al presidente Fernando Collor de Mello, el periodismo investigativo se ha vuelto el plato fuerte de los medios brasile帽os (tanto as铆 que ya algunos periodistas est谩n preocupados porque los reportajes se basan excesivamente en los esc谩ndalos).
Los periodistas en todo el Brasil comparten la preocupaci贸n porque la anacr贸nica ley de imprenta, redactada bajo la dictadura militar, se est谩 usando para limitar la libertad de prensa. Persisten las demandas. Aunque no hubo nuevas sentencias de c谩rcel, el riesgo a煤n persiste para todos los periodistas brasile帽os. Hay una cl谩usula de la ley de 1967 que sanciona con hasta de seis meses de c谩rcel a periodistas que publiquen noticias falsas o truncadas que resultaren en una p茅rdida de confianza en el sistema bancario; un periodista que ofenda la moral p煤blica y las buenas costumbres puede ser encarcelado hasta un m谩ximo de un a帽o.
Las iniciativas para reformar las leyes y garantizar que toda legislaci贸n nueva afirme y fortalezca las libertades contenidas en la constituci贸n de 1998 han sido obstaculizadas por miembros del Congreso, quienes han propuesto que los periodistas sean sancionados con multas de un m谩ximo de $100.000 por difamaci贸n, y que no haya l铆mite a las indemnizaciones que pueden ser impuestas a los propietarios de medios de comunicaci贸n. Las propuestas tambi茅n facilitar铆an a los pol铆ticos invocar el derecho a r茅plica, bajo el cual los medios de comunicaci贸n est谩n obligados a darle a las partes agraviadas espacio o tiempo igual para responder a las acusaciones hechas en la prensa. El actual proyecto de ley est谩 detenido en el Congreso, y no se espera voto hasta que se proponga nueva legislaci贸n en enero de 1999.
Otras leyes limitan la pr谩ctica del periodismo a los titulados universitarios, y prohiben a los periodistas publicar el nombre de menores de edad acusados de cometer cr铆menes. Un proyecto de ley que est谩 ante el Senado prohibir铆a a los periodistas publicar los nombres de las v铆ctimas de cr铆menes.
Chile
Las restricciones legales siguen obstaculizando a la prensa, pese a la robusta econom铆a chilena y el desarrollo de instituciones democr谩ticas. Una panoplia de leyes onerosas鈥攎uchas de las cuales fueron promulgadas en los 70 y los primeros a帽os de los 80 bajo la dictadura del general Augusto Pinochet鈥攄eclaran que las cr铆ticas a los funcionarios p煤blicos son ofensas criminales, controlan las licencias para televisi贸n y permiten a los tribunales militares enjuiciar a los periodistas acusados de sedici贸n.
Si bien las demandas son escasas, la amenaza de acci贸n legal pesa sobre todos los medios de comunicaci贸n. En enero, Rafael Gumucio, anfitri贸n del noticiero Plan Zeta en el Canal 2, y Paula Coddou, reportera para la revista Cosas, fueron encarcelados por una noche luego que Gumucio criticara a Servando Jord谩n, Magistrado de la Corte Suprema, en una entrevista con Coddou. Conforme las disposiciones de la ley de seguridad del estado, que declara que las cr铆ticas a los funcionarios p煤blicos son ofensas criminales, Jord谩n entabl贸 una demanda contra Jos茅 Ale y Fernando Paulsen. Los dos fueron instru铆dos de cargos formalmente durante la primera semana de enero de 1999.
Si por un lado los periodistas reconocen que la amenaza de acciones legales socava su habilidad para trabajar libremente, las iniciativas de reforma a las leyes para la prensa han estado estancadas en el Congreso por casi cinco a帽os. Un reportaje publicado por Human Rights Watch en noviembre, titulado Los l铆mites de la tolerancia: La libertad de expresi贸n y el debate p煤blico en Chile, se帽al贸 que actualmente las libertades de expresi贸n e informaci贸n en Chile est谩n restringidas a un grado singular entre las sociedades democr谩ticas del hemisferio occidental.
La reforma legal es tan s贸lo el primer paso hacia la creaci贸n de una prensa m谩s profesional y plural铆stica. La auto-censura y la concentraci贸n de los medios de comunicaci贸n en unas pocas manos tambi茅n limitan la diversidad de puntos de vista de que puedan disponer los chilenos. Dos empresas period铆sticas鈥攁mbas vinculadas a la l铆nea conservadora鈥攃ontrolan casi todos los peri贸dicos del pa铆s (dos peri贸dicos independientes, La Epoca y Hoy, fueron clausurados en 1998). Si bien la prensa chilena report贸 extensamente sobre la detenci贸n de Pinochet en Inglaterra en noviembre y diciembre, los editoriales y las columnas de opini贸n reflejaron las perspectivas conservadoras de los propietarios, y no los diversos puntos de vista sobre Pinochet que las encuestas de opini贸n p煤blica daban a entender exist铆an.
La buena nueva es que los periodistas chilenos han comenzado a debatir los desaf铆os que enfrenta la prensa en foros auspiciados por universidades e instituciones p煤blicas. Durante la Cumbre de las Am茅ricas, realizada en Santiago en marzo, el Comit茅 para Proteger a los Periodistas fue co-anfitri贸n de un panel titulado Libertad de prensa y la consolidaci贸n de la democracia en Latinoam茅rica. Al comentar sobre un estudio reciente que encontr贸 que 85 por ciento de los reportajes televisivos en Chile se basaron en informaci贸n de fuentes estatales, Alejandro Guillier, reportero de televisi贸n, dijo: "Creo que nosotros, los periodistas, seguimos atrapados en una sociedad profundamente autoritaria que fomenta la hipocres铆a como mecanismo de sobrevivencia".
Colombia
Cuatro periodistas fueron asesinados en Colombia en el transcurso del a帽o como represalia por su trabajo鈥攎谩s que en cualquier otra naci贸n鈥攄谩ndole al pa铆s la dudosa honra de ser el lugar m谩s mort铆fero para la prensa en el mundo. Los cuatro periodistas asesinados fueron: Oscar Garc铆a Calder贸n, reportero para el diario bogotano El Espectador; Nelson Carvajal Carvajal, productor de Radio Sur; Bernab茅 Cort茅s Valderrama, reportero para el noticiero nocturno Noticias CVN; y Amparo Leonor Jim茅nez Pallares, ex reportera de noticieros televisivos. El CPJ sigue investigando las muertes de cinco periodistas m谩s asesinados durante 1998 para determinar los motivos de las mismas.
Una guerra civil en escalada y una ola de violencia criminal han creado circunstancias fulminantes para la prensa. Todas las partes en el brutal conflicto colombiano, desde los escuadrones de la muerte paramilitares hasta las guerrillas y los pol铆ticos locales, tienen en la mira a los periodistas, pero la amenaza principal sigue siendo la violencia vinculada al narcotr谩fico. Si por un lado los dos poderosos carteles que dominaron el narcotr谩fico durante la d茅cada de los 80 han sido casi totalmente desmantelados, las organizaciones m谩s peque帽as y m谩s decentralizadas que han surgido recientemente tambi茅n han sido vinculadas a los ataques contra la prensa.
Las ganancias del narcotr谩fico tambi茅n subsidian la violencia pol铆tica. Los grupos paramilitares de derecha, vinculados a las fuerzas armadas y a los latifundistas, ahora controlan y se financian con la producci贸n y el procesamiento de la coca en todo el pa铆s. En agosto, miembros de una unidad paramilitar asesinaron a Amparo Leonor Jim茅nez Pallares, en represalia por un reportaje que produjo en 1996 sobre una hacienda en el departamento de Cesar, propiedad de un ex funcionario de gobierno.
Los dos grupos guerrilleros izquierdistas del pa铆s aseveran que su involucramiento con el narcotr谩fico se limita a proteger a los peque帽os cocaleros, sin embargo las circunstancias entorno al asesinato de Bernab茅 Cort茅s Valderrama sugieren un papel m谩s directo. En mayo, narcotraficantes de Cali, alterados por un reportaje televisado en que Cort茅s mostraba a guerrilleros protegiendo un laboratorio de coca铆na, ordenaron su asesinato, seg煤n las investigaciones preliminares realizadas en el despacho del fiscal.
Los guerrilleros suelen secuestrar a los periodistas y soltarlos s贸lo cuando prometen diseminar propagandas rebeldes. En abril, un grupo de reporteros estuvo cautivo durante tres d铆as en manos de guerrilleros izquierdistas del Ej茅rcito de Liberaci贸n Nacional. Tres periodistas que salieron en busca de sus colegas fueron detenidos dos d铆as m谩s tarde por miembros de un grupo paramilitar.
La trayectoria de la violencia contra la prensa en Colombia鈥攕uperada tan s贸lo por Argelia en el total de periodistas asesinados en la 煤ltima d茅cada鈥攅s un testimonio triste de la integridad del periodismo en un pa铆s donde las otras instituciones se han visto seriamente comprometidas por la corrupci贸n. La prensa colombiana, pese a un panorama estad铆stico aterrador, sigue vital y agresiva, pero ciertos eventos recientes han despertado preocupaciones sobre lo que un periodista describi贸 como un resquebrajamiento en la reputaci贸n de la prensa. Varios reporteros deportivos han sido acusados de aceptar dinero del cartel de Cali, y dos periodistas fueron acusados de enriquecimiento il铆cito en octubre (uno de ellos luego fue declarado inocente).
Los periodistas locales tambi茅n aseguran que el entonces presidente Ernesto Samper, ardido por reportajes sobre contribuciones del cartel de Cali a su campa帽a presidencial en 1994, sigui贸 usando el poder de su puesto para socavar a la prensa independiente. Bajo Samper鈥攕ucedido en agosto por Andr茅s Pastrana鈥攅l gobierno neg贸 licencias de transmisi贸n a ciertos noticieros televisivos que lo criticaron, mientras distribuy贸 concesiones para frecuencias de transmisi贸n radial a amigos y contribuyentes del presidente. La concentraci贸n de la propiedad de los medios de comunicaci贸n tambi茅n se aceler贸 bajo Samper. Algunos periodistas temen que la independencia de la prensa se ver谩 m谩s comprometida por los intereses pol铆ticos y econ贸micos de los nuevos propietarios. Varios miembros de concejos editoriales, inclu铆do el columnista y reportero investigativo Fabio Castillo, se vieron obligados a abandonar el diario bogotano El Espectador en marzo cuando este fue adquirido por un grupo financiero estrechamente vinculado al Partido Liberal de Samper, en diciembre de 1997.
Pastrana, un ex-reportero de televisi贸n, ha prometido "recobrar la libertad de prensa", perdida bajo Samper. Antes del di谩logo de paz que Pastrana inici贸 con miembros de la fuerza guerrillera m谩s grande de Colombia, en enero de 1999, los periodistas jugaron un papel activo en el proceso de paz, al reportar de forma extensa sobre las distintas facciones, inclu铆das las unidades paramilitares, y ofreciendo reportajes de an谩lisis y contexto sobre las mismas. Los periodistas tambi茅n pueden consolarse en cierta medida porque lo que podr铆a haber sido el ataque m谩s mort铆fero del a帽o, fue abortado cuando la polic铆a desactiv贸 una potente bomba colocada frente a las instalaciones del diario El Tiempo, en Medell铆n.
Costa Rica
Las fuertes instituciones democr谩ticas de Costa Rica han alimentado una prensa vibrante, y el presidente Miguel Angel Rodr铆guez, en t茅rminos generales, ha apoyado a los medios. Sin embargo, las leyes de prensa punitivas algunas veces han inhibido el pleno ejercicio de la libertad de prensa.
Costa Rica tom贸 un gran paso hacia la eliminaci贸n de los estatutos m谩s onerosos en octubre de 1998, cuando el presidente Rodr铆guez propuso en un discurso que las leyes de calumnia e injuria se enmendaran para ce帽irse a los criterios internacionales. De aprobarse los cambios propuestos en la legislatura costarricense, solamente se podr铆a demandar a los reporteros bajo acusaciones de calumnia e injuria por actuar con malicia, cuando publicaren declaraciones que saben de antemano, o deber铆an saber a la hora de publicar, son falsas (esta cl谩usula sobre la malicia fue enunciada por vez primera en la Corte Suprema de Estados Unidos, en el caso The New York Times Co. v. Sullivan). Bajo las disposiciones actuales, la responsabilidad de presentar evidencias que corroboren la veracidad de los informes publicados yace exclusivamente con el reportero.
Rodr铆guez, que asumi贸 el poder en mayo, tambi茅n ha propuesto la abolici贸n de una ley que responsabiliza legalmente por cualquier art铆culo difamatorio a los jefes de redacci贸n de los peri贸dicos. Se espera que el Congreso apruebe la nueva legislaci贸n a principios de 1999.
Otros eventos positivos incluyen la derogaci贸n, por parte de la Corte Constitucional, de aquellas leyes que prohib铆an a los medios de comunicaci贸n publicar los resultados de las urnas electorales el d铆a mismo de una elecci贸n; la corte tambi茅n remiti贸 otro proyecto de ley, que dificultar铆a el acceso de los reporteros a los datos financieros, de vuelta a la C谩mara Legislativa por errores de procedimiento en su redacci贸n.
No obstante los avances, a煤n quedan serios problemas por delante. En Costa Rica, la difamaci贸n es una ofensa criminal, y no civil. Adem谩s, los individuos que se sienten v铆ctimas de amancillamiento de su reputaci贸n, amparados en el derecho a r茅plica bajo la ley, pueden obligar a cualquier medio de comunicaci贸n a concederles espacio o tiempo igual para su r茅plica. Finalmente, los legisladores pueden obligar a los periodistas a testificar sobre sus art铆culos, como ocurri贸 en junio, cuando la Asamblea Legislativa le orden贸 a los editores del diario La Naci贸n comparecer ante la misma, para responder a sus preguntas sobre un reportaje que vinculaba al cartel de Cali con empresas y pol铆ticos costarricenses. Uno de los legisladores que particip贸 en la sesi贸n de preguntas fue mencionado por nombre en el reportaje.
Cuba
Casi 3.000 periodistas extranjeros viajaron a Cuba en enero para reportar la visita del papa Juan Pablo II. Sin embargo, en clara se帽al de que Cuba utiliza una pol铆tica selectiva al otorgar visados para influenciar los reportajes, el gobierno le neg贸 visados a un pu帽ado de reporteros extranjeros que hab铆an escrito reportajes que criticaban al presidente Fidel Castro. El CPJ protest贸 por esta pol铆tica, como tambi茅n por las restricciones contra la prensa independiente que le ganaron a Castro su lugar en la lista de los 10 M谩ximos Enemigos de la Prensa, publicada por el CPJ.
Si bien se le permiti贸 trabajar sin impedimento a los reporteros que llegaron para la visita del Papa, los periodistas cubanos declararon que los agentes de la seguridad del estado los mantuvieron bajo constante vigilancia.
A煤n cuando el gobierno comunista de Cuba controla todos los medios de comunicaci贸n, los periodistas independientes han logrado evadir las restricciones al dictar sus reportajes por tel茅fono a sus colegas en el extranjero. Esos reportajes鈥攄esde los comentarios pol铆ticos hasta los informes sobre derechos humanos鈥攃irculan en Internet, se publican en
los peri贸dicos de Miami y en Europa y se transmiten de vuelta a Cuba por Radio Mart铆, emisora controlada por el gobierno estadounidense para transmitir se帽ales hacia Cuba. Algunos periodistas cubanos se autodefinen como personas disconformes con el r茅gimen de Castro, pero otros dicen que su 煤nico fin al sumarse a la prensa independiente es ofrecer informaci贸n veraz.
Desde que se fund贸 la primera agencia de prensa independiente en 1994, muchos periodistas han sido exilados, encarcelados u obligados a abandonar la profesi贸n por el hostigamiento constante. En octubre, Ana Luisa L贸pez Baeza, una de las periodistas m谩s prominentes de Cuba, se hizo defectora y se mud贸 a Miami; ese mismo mes, el reportero Jorge Luis Arce Cabrera se fue para Francia.
Pero siempre hay periodistas nuevos que suplantan a los que se van o a los que ya no pueden trabajar. En la actualidad hay unos 40 periodistas independientes repartidos entre ocho agencias. La m谩s nueva, Cuba Verdad, se fund贸 en enero, justo antes de la visita del Papa.
Las condiciones de trabajo son extraordinariamente dif铆ciles. A los cubanos se les proh铆be poseer m谩quinas de fax o computadoras, y hasta las m谩quinas de escribir han sido confiscadas. Los tel茅fonos de los periodistas est谩n bajo constante intervenci贸n electr贸nica, y frecuentemente los cables son cortados en medio de conversaciones delicadas. Muchos periodistas aseguran que agentes de seguridad les persiguen descaradamente a corta distancia, una t茅cnica de presi贸n sicol贸gica llamada "el jaque japon茅s". Los periodistas han sido hostigados o callados a gritos por turbas organizadas; frecuentemente son detenidos e interrogados por agentes de la seguridad del estado.
El gobierno tiene una bater铆a de leyes represivas a su disposici贸n para silenciar a la prensa independiente. La pena por publicar propaganda anti-gubernamental es de un a帽o de c谩rcel; los que critican a Castro pueden sufrir penas de hasta tres a帽os de c谩rcel; ayudar al enemigo conlleva penas de hasta catorce a帽os de prisi贸n. Tres periodistas se encontraban presos a finales de 1998; un cuarto ha sido sentenciado a un a帽o de trabajo forzado. Las condiciones para los presos pol铆ticos son especialmente duras. El periodista Bernardo Ar茅valo Padr贸n, que cumple hoy una condena de seis a帽os por falta de respeto, fue agredido en abril por oficiales de seguridad del estado, quienes lo acusaron de escribir afiches en contra del gobierno en prisi贸n.
Aunque la apertura de la sociedad cubana que se anticipaba como la secuela de la visita del Papa no se materializ贸, s铆 hubo una tregua de seis meses en la represi贸n sistem谩tica de los periodistas independientes. Esta termin贸 en agosto, cuando el disidente Reynaldo Alfaro Garc铆a fue hallado culpable de ofrecer informaci贸n falsa, lo que provoc贸 una en茅rgica protesta. Las autoridades, a fin de suprimir posibles protestas, detuvieron a algunos disidentes鈥攅ntre ellos periodistas鈥攅n la v铆spera de una procesi贸n religiosa en honor a la santa patrona de Cuba.
Antes de una concentraci贸n de partidos opositores el 10 de diciembre, cuando se cumpl铆a el 50o aniversario de la Declaraci贸n Universal de Derechos Humanos, oficiales de la agencia de seguridad estatal se presentaron a los hogares de ciertos periodistas para impedirles f铆sicamente que reportaran sobre el evento. Seis d铆as m谩s tarde utilizaron la misma t谩ctica para impedirle a los periodistas reportar sobre el juicio a un disidente arrestado en esa misma concentraci贸n.
Pese a las restricciones, se han abierto espacios dentro de Cuba tanto para los periodistas locales como para los extranjeros. Castro hab铆a declarado en junio, ante una delegaci贸n visitante de la Sociedad Estadounidense de Editores de Peri贸dicos (ASNE), que no dar铆a cabida a ninguna oficina noticiosa estadounidense en Cuba. En noviembre, anunci贸 que hab铆a dado permiso a la AP para abrir una oficina en La Habana. La AP, que fue expulsada de Cuba en 1969, se suma a la CNN como las 煤nicas empresas noticiosas estadounidenses que tienen presencia permanente en el pa铆s.
Los periodistas cubanos dicen que los periodistas extranjeros suelen servir de escudo contra los abusos de las autoridades. Por ejemplo, la presencia de un equipo t茅cnico de la CNN afuera del juzgado donde se llevar铆a a cabo el juicio por calumnia e injuria del periodista Mario J. Viera, el 27 de noviembre, aparentemente oblig贸 a las autoridades a refrenarse cuando irrumpi贸 una protesta. Despu茅s de que fueran arrestados tres de los que protestaban, el juicio se posterg贸 por tiempo indefinido. En un art铆culo el 3 de mayo, D铆a Internacional de la Libertad de Prensa, Ra煤l Rivero, poeta y principal periodista de Cuba, escribi贸: "El periodismo independiente sin fax, sin computadoras, en medio de constantes interrupciones del servicio telef贸nico, servir谩 de base para el retorno a una prensa libre, seguido por el crecimiento de una sociedad democr谩tica con instituciones civiles potentes".
Ecuador
Con las inundaciones tra铆das por El Ni帽o, la vertiginosa ca铆da de los precios de petr贸leo, la devaluaci贸n de la moneda, los motines y una campa帽a pol铆tica presidencial chispeante en la que el ex alcalde de Quito, Jamil Mahuad, derrot贸 al caudillo bananero Alvaro Noboa, no han escaseado las noticias. Y por lo general los periodistas dicen que pudieron reportarlas sin mayores impedimentos.
El incidente m谩s grave ocurri贸 en febrero, luego que el diario quite帽o Hoy publicara un reportaje con acusaciones contra un asesor del presidente interino Fabi谩n Alarc贸n, de que malvers贸 fondos destinados para los damnificados de las inundaciones. Pedro Castro, un pol铆tico del puerto de Guayaquil, encabez贸 una turba que lanz贸 piedras contra el despacho local del peri贸dico. Alarc贸n, que asumi贸 el cargo de presidente en febrero de 1997, despu茅s de que el Congreso derrocara al presidente Abdal谩 Bucaram por incompetencia mental, fue reemplazado por Mahuad en agosto.
Inmediatamente despu茅s de asumir el cargo, Mahuad negoci贸 el fin a la antigua disputa fronteriza con Per煤. Los periodistas de Hoy, que apoy贸 la iniciativa de paz, dicen que recibieron una serie de amenazas telef贸nicas y cartas de lectores molestos por ciertos reportajes.
Si bien la difamaci贸n es una ofensa criminal en Ecuador que conlleva hasta tres a帽os de c谩rcel, ning煤n periodista fue procesado en 1998. Las iniciativas de reforma de las leyes para los medios de comunicaci贸n se han visto obstaculizadas por divisiones internas dentro del cuerpo period铆stico, entre los que favorecen la licencia obligatoria y los que se oponen a ella.
El Salvador
Ha habido pocos ataques violentos contra la prensa desde que termin贸 la guerra civil salvadore帽a en 1993, pero los impedimentos legales, la falta de recursos y capacitaci贸n y una serie de incidentes menores obstaculizaron el trabajo de los periodistas salvadore帽os. Aunque la difamaci贸n es un delito criminal que conlleva penas de hasta cuatro a帽os de c谩rcel, el problema legal m谩s grave que amenaza a la prensa salvadore帽a es la implementaci贸n del Art铆culo 272 del c贸digo penal, que otorga a los jueces autoridad para vedar reportajes sobre juicios que podr铆an afectar el orden moral, los intereses p煤blicos o la seguridad nacional. En al menos tres instancias desde que la ley entr贸 en vigencia en abril, jueces salvadore帽os impidieron a los periodistas cubrir juicios delicados, como el de los hombres acusados del asesinato en agosto de 1997 de la reportera radial Lorena Saravia.
En febrero, la polic铆a salvadore帽a anunci贸 con bombos y platillos que hab铆a arrestado a trece personas, entre ellas varios ex oficiales de la polic铆a, por el asesinato de Saravia, quien, argumentaron, hab铆a sido asesinada por orden de un amante despreciado. Cinco hombres fueron puestos en libertad inmediatamente por falta de evidencias. Siete meses despu茅s, los ocho restantes fueron puestos en libertad por un juez, que fall贸 que hab铆an sido falsamente acusados en el marco de una disputa interna en el departamento de polic铆a. Si bien los motivos del asesinato de Saravia no se han esclarecido, el manejo de la investigaci贸n ha despertado inquietudes sobre un posible encubrimiento.
Pese a que una nueva generaci贸n de periodistas j贸venes ha mejorado la calidad del periodismo, el 茅nfasis actual en reportajes de 煤ltima hora y comunicados de prensa indica que hay poco periodismo investigativo o de fondo. Por la posibilidad de represalias violentas, ciertos temas siguen siendo vedados, particularmente el creciente poder de los narcotraficantes. "Eso nadie lo est谩 investigando", se帽al贸 un periodista veterano. "Simplemente es demasiado peligroso".
Estados Unidos
Desde su fundaci贸n en 1981, el enfoque del CPJ, por motivos de estrategia y pol铆tica, son las violaciones a la libertad de prensa y los ataques contra periodistas fuera de Estados Unidos. No vigilamos de forma sistem谩tica los problemas que aquejan a los periodistas en ninguna de las democracias industriales desarrolladas. Dedicamos la mayor parte de nuestros esfuerzos a aquellos pa铆ses donde los periodistas tienen mayor necesidad de apoyo y protecci贸n internacional.
El CPJ reconoce que la libertad de prensa depende de la constante vigilancia y la defensa agresiva en todas partes. Sin embargo, en Estados Unidos contamos con el trabajo esmerado y altamente profesional de organizaciones de enfoque nacional, como la Sociedad Estadounidense de Editores de Peri贸dicos (ASNE), la Sociedad de Periodistas Profesionales (SPJ), el Comit茅 de Reporteros pro Libertad de Prensa (RCFP), Fundaci贸n Fronteras Electr贸nicas (EFF), la Uni贸n Americana para las Libertades Civiles (ACLU), y la Asociaci贸n Nacional de Transmisores (NBA), entre otras. A periodistas y otros investigadores, recomendamos el trabajo de estas, y de otras organizaciones afines, as铆 como los reportajes cont铆nuos sobre asuntos de la Primera Enmienda que ofrecen publicaciones como American Journalism Review, Columbia Journalism Review, Editor & Publisher y otras especializadas. Con respecto al tema de pol铆ticas estadounidenses que permiten a los reporteros trabajar de forma legal y segura en el extranjero, el CPJ est谩 mancomunado con organizaciones period铆sticas estadounidenses para lograr cambios constructivos.
La preocupaci贸n primordial del CPJ dentro de Estados Unidos sigue siendo la seguridad de los periodistas inmigrantes y las instancias de periodistas asesinados por razones directamente ligadas a su profesi贸n. Como organizaci贸n estadounidense que reclama en茅rgicamente al gobierno que investigue y procese los asesinatos de periodistas locales, consideramos esencial exigirle que sea responsable y rinda cuentas de la misma forma cuando se cometen cr铆menes similares a nivel nacional. A partir del asesinato ampliamente difundido del reportero Don Bolles, del Arizona Republic en 1976, al menos 11 periodistas m谩s han sido asesinados en Estados Unidos por causa del trabajo que hac铆an. Todos menos uno eran periodistas inmigrantes, que trabajaban no en ingl茅s sino en otros idiomas. De esos once asesinatos, a煤n quedan siete por esclarecerse. La mayor铆a recibi贸 poca o ninguna atenci贸n nacional en los medios de comunicaci贸n. En diciembre de 1993, el CPJ public贸 un informe sobre estos asesinatos titulado Enmudecidos: Los asesinatos no esclarecidos de periodistas inmigrantes en Estados Unidos.
Como parte de su campa帽a por abolir las leyes de difamaci贸n en las Am茅ricas, el CPJ expres贸 sus inquietudes a las autoridades estadounidenses sobre el hecho de que por lo menos 19 estados, y el Distrito de Columbia, a煤n tienen leyes vigentes que clasifican calumnia e injuria como ofensa criminal. Estos estatutos son claramente anticonstitucionales y ser铆an abolidos por la Corte Suprema de intentarse demandar a periodista alguno bajo las mismas. Ya que las leyes de difamaci贸n criminal no tienen cabida en una sociedad democr谩tica, el CPJ cree que las Legislaturas estatales deber铆an expurgar todos los estatutos de difamaci贸n criminal de los c谩nones legales, sentando as铆 el ejemplo para todos los pa铆ses del mundo donde los periodistas son encarcelados rutinariamente por lo que escriben.
Guatemala
Considerando que el CPJ ha documentado 29 asesinatos de periodistas por el ejercicio de sus funciones desde 1981, el virtual cese de violencia contra los periodistas este a帽o indica cu谩nto han mejorado las condiciones para la prensa guatemalteca. En el 煤nico incidente documentado este a帽o por el CPJ, un oficial de la polic铆a que amenaz贸 a un reportero fue suspendido de sus labores.
Aunque la violencia ha mermado, las tensiones entre la prensa y el gobierno del presidente Alvaro Arz煤 Irigoyen se han agravado. A principios del a帽o, Arz煤 lanz贸 un ataque contra la prensa por reportar sobre la delincuencia, argumentando que los reportajes de ese tenor ahuyentan el turismo.
El gobierno de Arz煤 ha procurado controlar a la prensa privando a ciertas publicaciones de anuncios publicitarios gubernamentales, estrategia que forz贸 la venta del aclamado semanario Cr贸nica en diciembre. Los nuevos propietarios de la revista nombraron como editor a un periodista conservador que tiene estrechos lazos con el gobierno de Arz煤. La mayor铆a de los reporteros de Cr贸nica dimitieron en un acto de protesta. "Guatemala Flash", un programa radial que se transmite hace m谩s de 50 a帽os, tambi茅n fue vendido a un inversionista que simpatiza con el gobierno, despu茅s de lo que algunos periodistas locales describieron como un boicot econ贸mico dirigido por el gobierno.
Aunque alguna medida de hostigamiento econ贸mico fue dirigida al diario elPeri贸dico, al mismo le ha ido bien en lo que va de 1998. Adquirido en 1997 por la casa editorial propietaria de Prensa Libre, el mayor peri贸dico de Guatemala, elPeri贸dico ha logrado mantener su independencia al mismo tiempo que desarrolla sus reportajes investigativos.
A pesar del hostigamiento del gobierno, la prensa guatemalteca sigue avanzando hacia su objetivo de lograr mayor independencia y profesionalizaci贸n, con el apoyo de una sociedad civil cada d铆a m谩s imponente. La Asociaci贸n de Periodistas de Guatemala (APG), la m谩s grande de las organizaciones pro libertad de prensa, se hizo miembro del Intercambio Internacional por la Libertad de Expresi贸n (IFEX), y organiz贸 talleres de periodismo en colaboraci贸n con la Universidad de San Carlos.
"El gobierno no se da cuenta que los espacios pol铆ticos y la libertad de expresi贸n no son concesiones generosas del gobierno, sino el resultado de cruentas luchas", se帽al贸 Eduardo Villatoro, prominente columnista y presidente de la APG.
Hait铆
Si bien no hay evidencias claras de que el gobierno est茅 involucrado directamente en la persecuci贸n de la prensa a partir de la instalaci贸n del gobierno democr谩ticamente electo de Ren茅 Pr茅val en 1996, el auge en la violencia vinculada a las drogas y la corrupci贸n supone nuevos desaf铆os para los periodistas. Adem谩s de que los grupos paramilitares como los tontons macoutes se han desbandado, los periodistas tambi茅n corren riesgo a manos de los comandantes de polic铆a corruptos y las fuerzas de seguridad privadas. En un
incidente, los reporteros del parlamento sufrieron maltrato a manos de los guardias de seguridad; en otro, guardias de seguridad privados agredieron a un reportero de televisi贸n en el predio del Hospital de la Universidad Estatal de Hait铆.
El alto 铆ndice de analfabetismo en Hait铆 hace que la radio sea el medio de comunicaci贸n primario. El n煤mero de radioemisoras radiales se ha duplicado en a帽os recientes. Los programas radiales con participaci贸n del p煤blico dan voz a toda una gama de perspectivas nuevas.
A帽os de reportar sobre la turbulencia pol铆tica han afilado las destrezas de los reporteros locales en lo que a noticias de 煤ltima hora se refiere. Con todo, el periodismo investigativo y anal铆tico a煤n es escaso, lo que los periodistas locales atribuyen a la falta dinero y de personal. La prensa haitiana ha esquivado por lo menos un reportaje importante, pero potencialmente peligroso: el auge en el narcotr谩fico y la corrupci贸n, debido a que la isla se ha vuelto uno de los puntos de transbordo predilectos para los carteles colombianos de la droga. Dado que algunas disputas pol铆ticas a煤n se resuelven con violencia en esta democracia ascendiente, la prensa sigue observando cierta medida de auto-censura.
Honduras
Las estrechas relaciones personales entre los propietarios de los medios de comunicaci贸n y el presidente Carlos Flores, junto con la corrupci贸n de periodistas individuales, trabajan mano a mano para socavar la confianza del p煤blico en la prensa hondure帽a. Flores, que asumi贸 el poder en 1997, es propietario del diario capitalino La Tribuna, cuyos reportajes han sido uniformemente favorables hacia su administraci贸n. Los cr铆ticos argumentan que Flores ha sido blanco de reportajes generalmente favorables porque ha presionado de forma personal a los propietarios de los medios que lo han criticado, y ha recompensado a aquellos que apoyan su pol铆tica. En su primer a帽o como gobernante, Flores nombr贸 a por lo menos 20 ex periodistas para que ocuparan puestos diplom谩ticos, seg煤n reportajes de la prensa local. Francisco Morales, ex jefe de redacci贸n del diario capitalino El Heraldo, fue nombrado embajador ante Espa帽a.
La corrupci贸n tambi茅n asume modalidades m谩s r煤sticas. Muchos reporteros aceptan sobornos de funcionarios gubernamentales a cambio de reportajes favorables. Por ejemplo, los periodistas se帽alan que los reportajes locales sobre la reacci贸n del gobierno al Hurac谩n Mitch fueron altamente favorables, mientras que la prensa extranjera cuestion贸 la eficacia de los esfuerzos de socorro y la exageraci贸n oficial del saldo de muertos.
El gobierno obstaculiza el trabajo de la prensa al controlar al Colegio de Periodistas, que otorga licencias a los periodistas para que puedan practicar. Cuando Elam Reyes, portavoz de la primera dama de la naci贸n Mary Flake de Flores, se convirti贸 en presidente del colegio en noviembre, varias docenas de periodistas abandonaron la sala en acci贸n de protesta.
Jamaica
Salvo algunos incidentes menores en que los reporteros que asist铆an a concentraciones pol铆ticas fueron hostigados, la prensa diversa e independiente de Jamaica pudo trabajar sin impedimento. The Gleaner Company Limited, propietaria de The Daily Gleaner, continu贸 con su apelaci贸n de un fallo por 2,5 millones de d贸lares, a ra铆z de un art铆culo publicado en la AP en 1987. El art铆culo conten铆a acusaciones contra el ex ministro de turismo, Eric Anthony Abrahams, de que hab铆a aceptado sobornos.
M茅xico
Comparado con sus antecesores, el presidente Ernesto Zedillo ha dado muestras de estar fuertemente comprometido con la libertad de expresi贸n y la tolerancia de cr铆ticas, y los periodistas han dado pasos marcados hacia la independencia e iniciativa empresarial durante su gobierno. Mas la violencia a煤n plaga a los periodistas que trabajan en las provincias: Luis Mario Garc铆a Rodr铆guez, reportero especializado en el narcotr谩fico, fue asesinado en febrero y el corresponsal estadounidense Phillip True fue asesinado en diciembre. Ya para finales de a帽o, el CPJ segu铆a la investigaci贸n del asesinato de True, corresponsal para M茅xico del San Antonio Express-News, estrangulado mientras reportaba sobre los ind铆genas Huichol en el noroccidente de M茅xico. Como respuesta a la petici贸n del CPJ, el presidente Zedillo comprometi贸 al ej茅rcito mexicano para buscar a True cuando se report贸 que hab铆a desaparecido, y orden贸 a las autoridades federales ofrecer apoyo log铆stico en la investigaci贸n del asesinato.
En los 煤ltimos d铆as de diciembre, las autoridades mexicanas arrestaron a dos ind铆genas y declararon que estos hab铆an confesado haber asesinado a True porque True hab铆a tomado fotos sin su permiso. Sin embargo, cuando los dos fueron tra铆dos al juzgado dijeron que lo mataron en defensa propia. Tambi茅n dijeron que hab铆an sido torturados por las autoridades mexicanas.
Garc铆a, un reportero policial que trabaj贸 para el diario capitalino La Tarde, fue acribillado a balazos en una esquina del centro de la Ciudad de M茅xico, aparentemente en represalia por sus reportajes sobre la corrupci贸n.
M谩s de un a帽o despu茅s del intento de asesinato de Jes煤s Blancornelas en Tijuana, que dej贸 gravemente herido al jefe de redacci贸n del semanario Zeta y muerto a su guardaespaldas, no han habido avances de notar en la investigaci贸n, pese a que un pistolero muerto en el lugar de los hechos fue identificado como miembro del cartel de drogas de Tijuana. Blancornelas, quien se recuper贸 completamente de sus heridas, ha publicado descripciones detalladas y fotograf铆as de los que se creen son los responsables de los ataques.
El tr谩fico de drogas, la corrupci贸n policial y el conflicto civil en el sur de M茅xico siguen siendo temas peligrosos para los reporteros. Los periodistas, particularmente los extranjeros, que trabajan en los estados de Chiapas y Guerrero han tenido que soportar demoras, interrogaciones y ocasionalmente detenciones en las postas policiales. Los consulados locales tambi茅n han querido desanimar a los periodistas estadounidenses mediante largos per铆odos de espera para realizar sus contactos. El gobierno federal mexicano en repetidas ocasiones ha asegurado al CPJ que las demoras y las peticiones de divulgaci贸n de fuentes se han hecho sin autorizaci贸n.
Una iniciativa de reforma y actualizaci贸n de la ley para los medios de comunicaci贸n鈥攓ue define la difamaci贸n como ofensa criminal que conlleva una pena de hasta 18 meses de c谩rcel鈥攆ue descartada en octubre por los propietarios de los medios, quienes objetaron disposiciones seg煤n las cuales una comisi贸n gubernamental supervisar铆a las concesiones a los medios de comunicaci贸n. No obstante, muchos periodistas mexicanos dicen que los propietarios de los medios obstaculizaron la legislaci贸n porque hubiera requerido de ellos hacer del conocimiento p煤blico el monto de los anuncios gubernamentales que reciben. Los peri贸dicos mexicanos suelen publicar anuncios gubernamentales disfrazados de reportajes noticiosos.
Los periodistas mexicanos se han anotado avances de sustancia en su autodefensa. La Sociedad de Periodistas, un grupo pro libertad de prensa formado a finales de 1997 e incorporado en 1998, ya ha tenido impacto. El grupo estuvo activo a la hora de exigir seguridad para el poeta y columnista Homero Aridjis, quien recibi贸 m煤ltiples amenazas de muerte despu茅s de pronunciarse sobre la falta de libertad de prensa en M茅xico. El grupo tambi茅n ha presionado al gobierno mexicano para que contin煤e la investigaci贸n en torno al ataque a Blancornelas, y ha presentado peticiones al gobierno para que realice una investigaci贸n a fondo sobre el asesinato de True.
Nicaragua
El gobierno del presidente Arnoldo Alem谩n otorg贸 informaciones oficiales y anuncios publicitarios de forma selectiva, en un intento de premiar a los medios de comunicaci贸n que lo apoyaron y castigar a los que lo criticaron. A pesar de estas pr谩cticas colusivas, la mayor parte de la prensa nicarag眉ense report贸 de forma agresiva los esc谩ndalos pol铆ticos, la designaci贸n de fondos de asistencia internacional en la secuela del Hurac谩n Mitch y las acusaciones de corrupci贸n gubernamental.
En julio, la empresa mexicana multinacional Zeta Gas (que tiene una subsidiaria nicarag眉ense) demand贸 al canal de televisi贸n Telenica 8, por repetir un segmento del noticiero televisivo estadounidense "60 Minutes" que vinculaba a la empresa con el nacrotr谩fico internacional. La difamaci贸n es una ofensa civil y criminal en Nicaragua, aunque el castigo por la difamaci贸n criminal es de tenor exclusivamente econ贸mico.
Panam谩
Aunque el presidente Ernesto P茅rez Balladares prometi贸 en 1997 abolir las leyes mordaza que exist铆an desde la 茅poca del gobierno militar de Omar Torrijos a finales de los 70, las autoridades siguen us谩ndolas de bozal para aquellos periodistas que reportan sobre la corrupci贸n y la creciente influencia de los narcotraficantes.
En un incidente dram谩tico transcurrido en diciembre, oficiales de la polic铆a intentaron detener al periodista Herasto Reyes, acus谩ndolo de difamar al presidente P茅rez Balladares en un art铆culo que public贸 en agosto. La detenci贸n se vio frustrada cuando los colegas de Reyes del diario La Prensa, de la Ciudad de Panam谩, rodearon al periodista. Al mismo tiempo, dos reporteros m谩s de La Prensa, el editor asociado Gustavo Gorriti y el reportero investigativo Rolando Rodr铆guez, han estado combatiendo una demanda entablada por el fiscal general Jos茅 Antonio Sossa. Las acusaciones parten de un art铆culo escrito por los dos periodistas en 1996, que establec铆a lazos entre Sossa y un narcotraficante. En 1997, las autoridades intentaron expulsar a Gorriti, que es oriundo dPer煤, por sus reportajes sobre la corrupci贸n en el gobierno de P茅rez Balladares. Por su defensa de la libertad de prensa en Panam谩 y en su pa铆s natal Per煤, Gorriti fue galardonado con el Premio Internacional de la Libertad de Prensa de 1998, otorgado por el CPJ.
Bajo las leyes mordaza, las cr铆ticas al presidente o al gobierno conllevan pena de hasta diez meses de c谩rcel; la difamaci贸n es punible con hasta dos a帽os de c谩rcel. Las leyes disponen que todos los jefes de redacci贸n tienen que ser paname帽os, y otorga amplios poderes de censura al ministerio del Interior. Una junta de censura, que rinde cuentas directamente al presidente, tiene autoridad de confiscar peri贸dicos, clausurar radioemisoras o imponer multas a los reporteros. Al gobierno le tienen sin cuidado los canales de televisi贸n: la mayor铆a son propiedad de familiares y asociados del presidente.
Antes que derogar dichas leyes, el congreso paname帽o est谩 considerando medidas legislativas que obstaculizar铆an a煤n m谩s el trabajo de los periodistas. Bajo las leyes propuestas, los reporteros nacionales o extranjeros podr谩n ser encarcelados por escribir reportajes que afecten a los embarques mundiales o al comercio internacional.
Pese a los riesgos, los periodistas paname帽os siguen publicando reportajes agresivos sobre lo que son grandes noticias. En noviembre, Gorriti public贸 un reportaje en tres partes en La Prensa sobre Jos茅 Castrill贸n Henao, notorio narcotraficante colombiano que por poco logr贸 escaparse de una c谩rcel paname帽a a base de sobornos.
Paraguay
Un c贸digo penal nuevo, que entr贸 en vigencia a finales de noviembre, podr铆a presentar grandes obst谩culos al funcionamiento de la prensa libre. El gobierno ahora tiene el derecho de confiscar las publicaciones escritas que est茅n bajo investigaci贸n por actividades il铆citas indeterminadas. Otra disposici贸n del mismo c贸digo proh铆be filmar, fotograf铆ar o grabar la voz de persona alguna鈥攊nclu铆dos los pol铆ticos鈥攕in su autorizaci贸n o consentimiento. El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) ha denunciado las nuevas leyes y ha puesto su constitucionalidad en tela de juicio.
El SPP tambi茅n protest贸 p煤blicamente cuando el entonces presidente Ra煤l Cubas Grau, que asumi贸 el cargo en agosto, restringi贸 el acceso a los periodistas al Palacio Presidencial. Cubas primero asegur贸 que la acci贸n se implementaba por motivos de seguridad, pero luego se retract贸 cuando los periodistas describieron la maniobra como un intento de obstaculizar su trabajo.
Los comentarios hechos por el ex golpista general Lino Oviedo en diciembre, en los que acus贸 a los propietarios de los medios de comunicaci贸n de ser corruptos y de evadir los impuestos, despertaron preocupaci贸n sobre el nivel de tolerancia del gobierno para la libertad de expresi贸n. Oviedo, remitido a la c谩rcel a cumplir una condena de diez a帽os por el papel que jug贸 en un golpe frustrado contra el entonces presidente Juan Carlos Wasmosy, fue indultado por Cubas en agosto. Cubas y Oviedo son aliados pol铆ticos en el gobernante Partido Colorado. Oviedo hizo los comentarios cr铆ticos sobre la prensa en diciembre, poco despu茅s de que la Corte Supema del Paraguay fallara que deb铆a re-ingresar a la c谩rcel. Oviedo se neg贸 a acatar el fallo de la Corte Suprema, lo cual caus贸 una crisis constitucional.
Per煤
Preocupados por evidencias de una campa帽a oficial sistem谩tica para desacreditar a la prensa independiente dPer煤, miembros del personal del CPJ se desplazaron hacia Lima en junio como parte de una delegaci贸n internacional de organizaciones pro libertad de prensa. Los ataques contra la prensa mermaron en la secuela inmediata de esa visita鈥攓ue incluy贸 entrevistas con el presidente Alberto K. Fujimori y otros altos funcionarios鈥攑ero volvieron a incrementarse a finales de a帽o, al mismo tiempo que una serie de esc谩ndalos mermaba la popularidad del gobierno.
Las pandillas delincuentes son responsables de una porci贸n cada vez mayor de la violencia contra los periodistas en Latinoam茅rica, pero en Per煤 hay evidencias claras de una campa帽a oficial contra la prensa que incluye encarcelamientos, detenciones, amenazas y vigilancia constante. En marzo, varios tabloides en Lima comenzaron a publicar art铆culos que atacaban a prominentes reporteros investigativos, acus谩ndolos de ser comunistas, traidores y profetas del diablo. Los art铆culos cesaron despu茅s de la visita de la delegaci贸n internacional pro libertad de prensa a Fujimori, pero volvieron a erguir la cabeza en agosto, en una p谩gina electr贸nica de Internet, que los periodistas aseveran fue creada por los servicios de inteligencia para desacreditar a los que manifiestan su oposici贸n al gobierno.
Los periodistas independientes tambi茅n son blanco de formas m谩s r煤sticas de amedrentamiento. Declaran que son seguidos frecuentemente y que sus l铆neas telef贸nicas est谩n intervenidas. La presi贸n gubernamental ha clausurado las transmisiones de dos programas de televisi贸n, uno de forma temporal, el otro permanentemente. Tambi茅n ha habido brotes de violencia espor谩dica. En agosto, fue baleada la residencia de Hugo Guerra, jefe de redacci贸n del diario lime帽o El Comercio.
Per煤 y Cuba son los 煤nicos pa铆ses en las Am茅ricas donde los periodistas cumplen condenas por delitos relacionados a su trabajo. Cuatro periodistas siguen encarcelados bajo acusaciones de terrorismo, despu茅s de haber sido sentenciados por jueces militares encapuchados en 1994 y 1996. Un quinto periodista fue encarcelado en noviembre, despu茅s de leer un comunicado del Movimiento Revolucionario T煤pac Amaru en el aire.
El hecho de que los periodistas puedan trabajar bajo circunstancias tan dif铆ciles se debe en gran parte a los esfuerzos del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), una organizaci贸n radicada en Lima y fundada en 1993 que vigila de forma sistem谩tica los abusos y que ha presionado a las autoridades para que respondan. Si bien la mayor铆a de la atenci贸n est谩 centrada sobre los periodistas en Lima, en noviembre el IPYS estableci贸 una l铆nea telef贸nica gratuita, abierta las 24 horas, para reportar las violaciones a la libertad de prensa. El IPYS recibi贸 de inmediato un diluvio de quejas, de parte de los periodistas de provincia, sobre demandas criminales por difamaci贸n, amenazas y detenciones.
Rep煤blica Dominicana
La libertad de prensa, en t茅rminos generales, es respetada en la Rep煤blica Dominicana y los periodistas se帽alaron escasos problemas con los principales reportajes del a帽o pasado: desde la desvastaci贸n del hurac谩n Georges hasta las huelgas y protestas que siguieron a las elecciones municipales en agosto. El 煤nico incidente violento ocurri贸 durante la visita del presidente cubano Fidel Castro en agosto, cuando el comentador de televisi贸n Rafael Bonilla Ayber sufri贸 heridas en un encontronazo violento entre simpatizantes de Castro y facciones anti-Castro.
En diciembre, las autoridades federales estadounidenses, actuando a petici贸n de las autoridades dominicanas, arrestaron a Mariano Cabrera Dur谩n, propietario de una tienda de licores en el Bronx, acus谩ndolo de participar en el asesinato en 1975 del reportero Luis Orlando Mart铆nez. Se espera que Cabrera sea juzgado en Santo Domingo en enero de 1999. Mart铆nez, que trabaj贸 para la revista Ahora, fue asesinado despu茅s de publicar art铆culos que criticaron al presidente Joaqu铆n Balaguer.
Suriname
El antagonismo entre la prensa y el gobierno que marc贸 los 煤ltimos d铆as de 1997, cuando el asesor de estado Desi Bouterse insult贸 p煤blicamente a los periodistas, disminuy贸 una vez que los periodistas denunciaron el conflicto en los foros nacionales e internacionales. La prensa ha podido reportar las grandes protestas y huelgas que comenzaron en junio, luego de la devaluaci贸n de la moneda surinamesa y de que la econom铆a se fuera a pique. Mas la intimidaci贸n, la falta de informaci贸n y la ausencia de una tradici贸n de periodismo investigativo, contribuyen de forma global a que exista cierta medida de autocensura.
Bouterse, ex comandante del ej茅rcito que encabeza el gobernante Partido Nacional Democr谩tico (NDP), en repetidas ocasiones llam贸 a los reporteros "malhechores y golfos" en las asambleas del NDP a comienzos del a帽o. Los insultos cesaron despu茅s de que los reporteros notificaron a las autoridades locales y a la Asociaci贸n Caribe帽a de Obreros de los Medios de Comunicaci贸n. Sin embargo, los periodistas que publican reportajes que critican al gobierno siguen recibiendo amenazas telef贸nicas, y los periodistas holandeses que trabajan en Suriname dicen que tambi茅n son blanco de intimidaci贸n.
Suriname tiene dos peri贸dicos y 19 radioemisoras. Los tres canales de televisi贸n de propiedad privada transmiten solamente programas recreativos y noticieros internacionales; en los dos canales de televisi贸n estatales, figura en primera plana el punto de vista del gobierno. Seg煤n reporteros locales, los funcionarios de gobierno solo ofrecen informaci贸n a los medios de propiedad privada durante conferencias de prensa programadas de forma espor谩dica.
Trinidad y Tobago
Las tensiones entre el primer ministro Basdeo Panday y los medios de comunicaci贸n llegaron a nuevos extremos luego que a Julian Rogers, un periodista de televisi贸n muy popular de Barbados, se le negara un visado de trabajo y se le obligara a abandonar el pa铆s en mayo. Cientos de personas vociferaron "隆Que se vaya Panday!" y "隆Que se quede Rogers!" mientras Rogers abordaba un avi贸n que lo sacar铆a de Trinidad. En una manifestaci贸n pol铆tica el 8 de noviembre, Panday inst贸 a sus simpatizantes a tratar a los medios como "nuestros contrincantes pol铆ticos, que pretenden destruirnos". Varios simpatizantes de Panday interpretaron de forma literal la amonestaci贸n y maltrataron a algunos reporteros que cubr铆an la manifestaci贸n.
La guerra de tres a帽os que libera Panday con los medios de comunicaci贸n es, en gran parte, reflejo de las complejidades de la pol铆tica racial del pa铆s. La poblaci贸n est谩 dividida, en partes iguales, entre los de descendencia africana y los de descendencia de la India, pero los negros llevan la mano fuerte en el poder hace mucho tiempo. Panday, el primer primer ministro de ascendencia india, ha descrito a la prensa como una instituci贸n racista. En 1997, la Asociaci贸n de Medios de Comunicaci贸n de Trinidad y Tobago (MATT) logr贸 impedir que se apruebe un proyecto de ley de prensa respaldado por Panday que hubiera obligado a los periodistas a reportar con la debida veracidad e imparcialidad.
Tambi茅n hubo protestas generales en abril, luego que el gobierno rehusara renovarle el visado a Rogers, quien hab铆a trabajado en Trinidad y Tobago por cinco a帽os. Su programa matutino, "Morning Edition", frecuentemente inclu铆a invitados que criticaban a Panday y al gobernante Congreso Nacional Unido (UNC). Panday acus贸 a Rogers en cierto momento de seleccionar deliberadamente a los que llamaban para excluir a los simpatizantes de la UNC. MATT describi贸 la expulsi贸n de Rogers como una violaci贸n de un acuerdo internacional que permite a los periodistas caribe帽os trabajar en cualquier pa铆s de la regi贸n sin necesidad de un visado. Al rechazar la solicitud de extensi贸n de Rogers, el gobierno declar贸 que a Rogers se le hab铆an concedido visados anuales de trabajo en Trinidad y Tobago, de forma legal, desde 1993, con la condici贸n de que adiestrara a un periodista local para asumir sus funciones.
Uruguay
Los periodistas uruguayos no reportaron impedimentos notables a su trabajo, pero han expresado su preocupaci贸n sobre una ley punitiva para los medios de comunicaci贸n que castiga la difamaci贸n con condenas de hasta tres a帽os de c谩rcel. En mayo se le impuso una sentencia suspendida a Carlos Ardaix, anfitri贸n de un noticiero radial local en Tabere de Salto, luego de que este leyera en el aire la carta de un radioescucha que acus贸 a un obstetra local de mala pr谩ctica. El caso fue declarado nulo en agosto.
Los grupos de prensa tambi茅n han objetado varios proyectos de ley que se encuentran ante el Congreso; uno de los mismos obligar铆a a los medios a publicar art铆culos sobre los acusados que son declarados inocentes usando titulares del mismo tama帽o que los usados en el art铆culo que anunci贸 el arresto. En un incidente que cre贸 profundas divisiones entre los periodistas de Uruguay, Manuel y Felipe Flores Silva y Eduardo Alonso, jefes de redacci贸n del semanario Posdata, fueron arrestados en abril y detenidos durante casi un mes bajo acusaciones de fraude y de emitir cheques sin fondos. Los jefes de redacci贸n argumentaron que su arresto se realiz贸 como represalia por los reportajes agresivos que public贸 la revista sobre la corrupci贸n policial, pero periodistas locales prominentes consideran que esa explicaci贸n es un intento de desviar la atenci贸n de transacciones financieras y actos il铆citos.
Venezuela
Un grupo de propietarios de medios de comunicaci贸n ha pedido a la Corte Suprema abolir la Ley de Ejercicio del Periodismo de 1994, que dispone que s贸lo los titulados universitarios y con licencia pueden practicar el periodismo. Se anticipa el fallo de la corte sobre la constitucionalidad de la citada ley a comienzos de 1999. Poco antes de las elecciones presidenciales de diciembre, reportajes publicados en la prensa declaraban que Hugo Ch谩vez, ex coronel del ej茅rcito y entonces principal candidato a la presidencia, hab铆a maquinado un complot para balear a periodistas y dirigentes de oposici贸n si el voto no iba a su favor. Ch谩vez neg贸 rotundamente las acusaciones contenidas en los reportajes, a los que calific贸 como una maniobra de sus enemigos para desacreditarlo. Fue el vencedor indiscutible de las elecciones y asumi贸 el cargo en febrero de 1999.
La difamaci贸n es una ofensa criminal en Venezuela que acarrea hasta 18 meses de c谩rcel. Si bien los periodistas aseveran que las acciones legales son poco comunes, a William Ojeda se le declar贸 culpable en 1996 por difamar a dos jueces en un libro de su autor铆a sobre la corrupci贸n en la rama judicial. Ojeda cumpli贸 cinco meses de c谩rcel en 1997.
Volver Arriba
https://cpj.org/x/21fe
