Luego de publicar una serie de reportajes en marzo sobre la corrupción en las fuerzas armadas peruanas, Angel Páez comenzó a figurar a diario en las noticias. Su notoriedad repentina nacía, no de sus columnas, que aparecían en La República, el diario limeño donde trabaja como reportero investigativo, sino de los titulares en los tabloides sensacionalistas de Lima, que calificaban a Páez de traidor, terrorista y agente secreto del ejército ecuatoriano.
“Me sentía aterrorizado”, dice Páez, que temía que los ataques en los tabloides presagiaran un intento de arresto o de asesinato. “Me mudé de casa. Dejé de escribir reportajes por un tiempo”. Creía que los artículos eran parte de una campaña, instrumentada por el gobierno y coordinada por el temido Servicio Nacional de Inteligencia (SIN), en represalia por sus reportajes. Páez recién había publicado un reportaje importante sobre una desertora militar, Luisa Zanatta, quien había coordinado la intervención sistemática de las comunicaciones de periodistas y opositores del gobierno para el servicio de inteligencia de las fuerzas armadas, un ramal del SIN. Lo que provocó la ira del gobierno fue que los reportajes de Páez se publicaron no sólo en Perú, sino también en el diario argentino Clarín, del cual Páez era corresponsal. Clarín es el diario en lengua española de mayor circulación mundial y los reportajes de Páez asestaron un duro golpe a la imagen internacional de Perú. Al principio, Páez consideró demandar a los tabloides por calumnia e injuria, pero pronto se dio cuenta de que por esa vía, el tiro le salía por la culata.
Calumnia e injuria son ofensas criminales en Perú; si Páez ganaba el caso y los jefes de redacción de los tabloides caían presos, los periodistas peruanos tendrían poca autoridad moral la próxima vez que el gobierno metiera al calabozo a algún periodista investigativo por publicar un reportaje sobre la corrupción. Tras discutir la situación con Ricardo Uceda, miembro de la junta directiva de un grupo peruano pro libertad de prensa llamado Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), Páez resolvió contraatacar con sus formidables destrezas de periodista: él investigaría las fuentes de los artículos en los tabloides y Uceda organizaría el viaje de una delegación de organizaciones periodísticas internacionales a Perú para presionar al presidente Alberto K. Fujimori.
Desde que asumió el poder en 1990, Fujimori ha utilizado una masiva red de espionaje para mantenerse en el poder. Los periodistas han sido objeto de vigilancia extraordinaria: sus teléfonos han sido intervenidos y han sido asechados de cerca. Los reporteros han sido detenidos e interrogados por acusaciones inventadas de terrorismo y de evasión de impuestos; han sido secuestrados y amenazados por miembros del SIN. Durante gran parte de ese tiempo, la prensa peruana estuvo demasiado dividida y sitiada para lanzar contraataques efectivos. Sin embargo, la campaña contra Páez aparentemente la galvanizó y la espoleó para que actuara.
Desde un principio, las evidencias de la participación directa del gobierno en la campaña de los tabloides eran abrumadoras. Uno de los periódicos, El Tío, llegó a los estanquillos dos semanas antes del primer ataque, y parecía hecho para enlodar a Páez y a un puñado de periodistas independientes en Perú. Los cuatro tabloides que encabezaron la campaña difamatoria se vendían a un precio sumamente barato y venían cargados de anuncios gubernamentales. Frecuentemente, los cuatro publicaban el reportaje idéntico, el mismo día y con el mismo titular. En mayo, Páez divulgó un documento que resultó ser “la pistola humeante”: era copia de un fax enviado a El Tío por Augusto Bresani, asesor político de la cúpula del ejército. El fax contenía un texto difamatorio que atacaba a Páez. Fue publicado textualmente al día siguiente, como reportaje noticiero, en El Tío.
Mientras Páez recogía las evidencias, el IPYS organizaba a la delegación internacional. “Decidimos que necesitábamos una forma de mostrarle al gobierno que la preocupación a nivel internacional por la libertad de prensa en Perú es palpable”, comenta Jorge Salazar, director ejecutivo del IPYS. “Es decir, que no estamos solos”.
Entre el 22 y el 26 de junio, el IPYS fue anfitrión de los representantes de organizaciones pro libertad de prensa internacionales, entre ellas el CPJ, Reporteros Sin Fronteras, Periodistas (una agrupación argentina), y el Foro pro Libertad. Se entrevistaron con jefes de redacción, miembros del Congreso, el fiscal general y el jefe del despacho gubernamental para los derechos humanos. En una sesión de hora y media con Fujimori, los miembros de la delegación le hicieron al presidente preguntas sobre una amplia gama de cuestiones relacionadas a la libertad de prensa. La visita gozó de reportajes extensos en Perú. Los ataques contra Páez y otros periodistas peruanos también se reportaron ampliamente a nivel internacional, llegando hasta The New York Times.
Fujimori captó el mensaje. Casi inmediatamente después de la visita del grupo, la campaña contra Páez en los tabloides cesó. En los meses subsecuentes, las condiciones para los periodistas peruanos mejoraron visiblemente.
La campaña realizada por el IPYS en Perú avala la idea de que cuando los periodistas se unen para protestar los abusos contra la prensa–y cuando están dispuestos a reportar los ataques a sus colegas, aún cuando sean de publicaciones rivales–los dirigentes se ven obligados a escuchar. Esta estrategia tiene cada día mayor aceptación y aplicación en todo el hemisferio. Ahora hay grupos nacionales pro libertad de prensa en Perú, Argentina, Colombia, Brasil, Guatemala y México, mientras que los sindicatos de periodistas en Paraguay y Ecuador han comenzado a jugar un papel activo en la documentación y las protestas contra los abusos.
El auge en las organizaciones pro libertad de prensa en Latinoamérica se debe, en gran parte, al poder creciente de los medios de comunicación en todo el hemisferio. Los periodistas, amordazados durante años por la sistemática represión de las dictaduras, ahora reportan de forma rutinaria sobre la corrupción, los actos ilícitos y las violaciones de derechos humanos. De esa forma, la prensa ha contribuído a hacer conciencia sobre la necesidad de rendir cuentas, ganándose de paso la confianza del público.
Pero aunque la censura oficial ha desaparecido de todos los países en Latinoamérica menos Cuba, el nuevo estilo de reportaje agresivo ha suscitado reacciones violentas de parte de quienes son blanco de las críticas. Un total de 117 periodistas han sido asesinados en Latinoamérica en lo que va de esta década. Por lo general, los asesinatos ocurren en países donde las instituciones jurídicas siguen siendo débiles o corruptas, y casi todos los crímenes se cometen con impunidad. Bajo circunstancias como estas, a veces la única forma de lograr justicia es utilizando a la prensa para presionar al gobierno a que tome acción. Al informar sobre los ataques a sus colegas, los periodistas ponen de relieve a la libertad de prensa como tema de interés público. En ningún lugar ha sido más efectiva esta estrategia que en Argentina, donde la prensa se unió para protestar el brutal asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas.
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En horas de la madrugada del 25 de enero de 1997, un pescador en el poblado de Pinamar encontró el cadáver de Cabezas dentro de un auto calcinado, al borde de un camino de tierra. Más tarde esa misma mañana, el periodista Horacio Verbitsky estaba en su casa en Buenos Aires cuando recibió la noticia. A pesar de que Verbitsky nunca había conocido a Cabezas, captó de inmediato que lo que estaba en juego era la determinación del país de acabar con el silencio que había permitido la brutalidad de la dictadura anterior y de defender un principio fundamental que había sido objeto de la anterior respresión militar: el derecho de hablar, de escuchar y de saber.
En el año anterior al asesinato de Cabezas, Verbitsky, uno de los reporteros investigativos más prominentes del país, había ayudado a formar en Argentina una coalición de periodistas comprometidos con la defensa de la libertad de prensa. En 1996, luego de que el presidente argentino Carlos Saúl Menem intentara forzar la aprobación de una serie de leyes de prensa restrictivas en el Congreso, Verbitsky convocó a sus colegas y les instó a montar un frente unido. La idea era reunir a un grupo pequeño, pero diverso, de periodistas prominentes y respetados que pudieran hablar con autoridad moral sobre el tema de la libertad de prensa. La nueva organización se denominó, simplemente, Periodistas, y el objetivo de Verbitsky al nombrar a la junta directiva fue romper con la polarización ideológica que había matizado todos los aspectos de la vida en Argentina durante medio siglo. Verbitsky–quien había participado en el movimiento guerrillero urbano contra la dictadura hasta 1976–unió sus fuerzas con el reportero de la televisión y anfitrión Mariano Grondona, quien había apoyado a la junta, y con Rosendo Fraga, quien había trabajado en el gobierno militar del general Eduardo Viola.
A pocas horas del asesinato de Cabezas, Periodistas emitió un boletín de prensa que condenaba el asesinato y exigía una investigación. “Nuestro boletín estableció, desde los primeros momentos de confusión, que este caso era extremadamente grave, y estableció la pauta para los reportajes en los primeros días después del ataque”, dijo Verbitsky. Junto con los bien organizados y poderosos sindicatos de periodistas de Argentina, los miembros de Periodistas participaron en las semanas subsecuentes en protestas callejeras en Buenos Aires que atrajeron a millares de personas, periodistas y no periodistas. Afiches de Cabezas con la consigna ¡No olvidaremos! comenzaron a verse en toda la ciudad. Hubo caravanas desde Buenos Aires hasta el lugar donde ocurrió el asesinato, en Pinamar; momentos de silencio antes de los partidos de fútbol; y reportajes abundantes sobre el asesinato en los periódicos, los programas vespertinos y los noticieros nocturnos.
“Durante años, bajo la dictadura, fue imposible reaccionar cuando ocurría este tipo de cosa”, notó Verbitsky. “Y una vez que se acabó la dictadura, hubo años de calma, sin asesinatos, una época en que las heridas sociales podían subsanarse y la gente aprendió de nuevo a vivir en paz. El asesinato de Cabezas hizo añicos esta perspectiva, y nos remarcó que el riesgo todavía estaba ahí, bajo la superficie. Al mismo tiempo, la gente reaccionaba a la creciente serie de ataques contra la prensa: las leyes restrictivas, las amenazas y los ataques físicos previos. La combinación de estos factores es lo que produjo una reacción tan fuerte”.
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En México también, donde un nuevo grupo pro libertad de prensa, la Sociedad de Periodistas, se formó en 1998, la necesidad de organizarse se hizo clara a raíz de un ataque violento. En noviembre de 1997, Jesús Blancornelas, jefe de redacción del semanario Zeta, de Tijuana, cayó en una emboscada y casi fue asesinado por sicarios del cartel de drogas de Tijuana (el guardaespaldas de Blancornelas murió en el ataque).
Apenas unas semanas antes del intento de asesinato, Blancornelas había asistido a un taller en la Ciudad de México auspiciado por el CPJ. Habló sobre las amenazas en contra de su humanidad que recibió desde el momento que publicó reportajes sobre los hermanos Félix Orellana, quienes controlan las drogas en Tijuana. En el taller realizado en la Ciudad de México, Blancornelas fue elegido para integrar una comitiva de ocho personas, encargadas de evaluar los riesgos que enfrenta la prensa y de elaborar una estrategia de autodefensa. El ataque que casi acaba con su vida dilató el proyecto, pero también le infundió mayor urgencia. En febrero, la comitiva mexicana se reunió en Tijuana para afirmar su apoyo a Blancornelas y proceder con el grupo nuevo, que recibió su personería jurídica en el verano de 1998.
Si bien los grupos pro libertad de prensa se han convertido en poderosos agentes defensores de los periodistas, su eficacia frecuentemente es complementada porque comparten información con agrupaciones internacionales, a través de una red basada en Internet y que se llama Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX). Administrado por la asociación Periodistas Canadienses pro Libertad de Expresión (CJFE), en Toronto, la red IFEX acobija a más de tres docenas de grupos periodísticos, entre ellos cinco de Latinoamérica. Un grupo local suena la alerta sobre una violación a la libertad de prensa a través de la red IFEX, y genera una campaña instantánea de correspondencia enviada por agrupaciones periodísticas de todo el mundo. Los sistemas de reacción coordinada, como este, han obligado a los gobiernos a responder velozmente. Además del CPJ, la Sociedad Interamericana de Prensa (en Miami) y Reporteros Sin Fronteras (en París) son los grupos más activos en Latinoamérica.
Este proceso de información compartida y abogacía coordinada ha ayudado a colocar el tema de la libertad de prensa dentro de la agenda internacional en todas las regiones. Cuando el presidente Clinton visitó a Argentina en octubre de 1997, el clamor nacional e internacional por el asesinato de Cabezas había llegado a tal fiebre que Clinton se sintió comprometido a expresarle su preocupación al presidente Menem, en sus declaraciones públicas y en conversaciones privadas.
Con el arranque que le infundió la fuerza de la reacción pública a sus declaraciones en Argentina, Clinton propuso también que la Organización de Estados Americanos (OEA) asumiera un papel más activo en la protección de la libertad de prensa en Latinoamérica. Luego de entablar diálogo con grupos pro libertad de prensa de Estados Unidos y Latinoamérica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA creó el cargo de Relator Especial para la Libertad de Expresión, responsable de garantizar que las disposiciones de las leyes interamericanas que protegen la libertad de expresión sean respetadas por los miembros signatarios. La creación del nuevo cargo fue aprobada, de forma unánime, por los mandatarios que asistieron a la Cumbre de las Américas en Santiago de Chile en abril. En noviembre, Santiago Canton fue nombrado Relator Especial. De inmediato, comenzó una gira de investigación por toda Latinoamérica.
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No obstante el éxito considerable de los nuevos grupos pro libertad de prensa latinoamericanos, aún quedan muchas dificultades. En México, la Sociedad de Periodistas ha estado luchando para asegurarse los fondos que necesita y establecer su presencia oficial. En Colombia, la Fundación para la Libertad de Prensa, grupo que nació en febrero de 1996, ha tenido cierto éxito en la creación de una red para alertar a la prensa sobre los ataques contra periodistas. Pero Ignacio Gómez, director de la Fundación, señala que el público se ha vuelto tan insensible a la violencia en Colombia que es difícil despertar reacciones públicas a los ataques contra periodistas. “La gente en Colombia ve el asesinato de un periodista como algo cien por ciento normal”, dice Gómez. Cuatro periodistas fueron asesinados en Colombia en 1998, más que en ningún otro país. Con esto, el saldo de los últimos 10 años en Colombia asciende a 43 periodistas asesinados, número superado únicamente por Argelia.
En Argentina, el grupo Periodistas parece haberse convertido en víctima de su propio éxito. La destreza del grupo para la documentación minuciosa y para emitir reportajes sobre cada ataque o amenaza contra la prensa parece haber disminuído sustancialmente los riesgos físicos para los periodistas. En un país donde pocas investigaciones criminales llegan a juicio, la presión del público, que pedía que se esclareciera el asesinato de Cabezas, obligó a las autoridades a seguir investigando el caso. En mayo, Alfredo Yabrán, un comerciante recluso acusado de ordenar el asesinato luego que el fotógrafo publicara una fotografía suya, se suicidó cuando la policía le cerró el cerco. “Todos los que creían que podían callar a la prensa con matar a un periodista, ahora lo van a pensar dos veces”, declaró Verbitsky.
Pero conforme merma el riesgo físico para los periodistas en Argentina, surgen las conversaciones internas en Periodistas con respecto a la misión del grupo. Muchos periodistas ahora sienten que la mayor amenaza a la libertad de prensa no es la violencia, sino la concentración de medios de comunicación en pocas manos y la presión sutil que ejerce el estado sobre los dueños de los medios. La pregunta que debe contestarse el grupo, según Verbitsky, es si mantener su misión primera, que es más estrecha, de trabajar como organización pro libertad de prensa dedicada a proteger la integridad física de los periodistas, o si ampliar su enfoque para obrar como grupo sentinela de los medios de comunicación, dedicado a los temas de la justicia y la veracidad.
Hasta en Perú, donde el IPYS ha solidificado su base de apoyo desde que sirvió como anfitrión de la delegación pro libertad de prensa en junio, aún quedan obstáculos por delante. Igual que en el resto de Latinoamérica, existen divisiones profundas dentro de los medios periodísticos: ideológicas algunas, otras arraigadas en las competencias inevitables que surgen en países donde sólo hay un puñado de trabajos periodísticos bien compensados.
Pero el trabajo de los grupos pro libertad de prensa es sumamente importante, precisamente por la falta de otras instituciones fuertes en las ascendentes democracias de la región. Se necesitan enormes inversiones financieras y una fuerte voluntad política para crear un cuerpo jurídico independiente o partidos políticos verdaderamente competitivos. En cambio, la prensa libre no requiere ni de inversiones financieras ni de apoyo gubernamental directo. Todo lo que se necesita es que el gobierno les permita a los periodistas trabajar sin temor a sufrir represalias.
En Perú, por ejemplo, la prensa es la única institución independiente. Fujimori ha llenado a la Corte Suprema de Justicia de simpatizantes, y se ha valido tanto del espionaje como de la represión política para ganarle la mano a sus contrincantes. Por ejemplo, Javier Pérez de Cuéllar, que se postuló contra Fujimori para la presidencia en 1995, muchas veces se preguntaba cómo era que Fujimori parecía saber exactamente qué iba a decir, y a qué lugares iría para hacer campaña. Dos años más tarde, un canal de televisión limeño reportó que los agentes del servicio peruano de inteligencia habían intervenido a todas y a cada una de las llamadas hechas por Pérez de Cuéllar. “Lo que me duele es que no solamente invadieron mi vida política, sino mi vida privada”, se quejó el ex secretario general de la ONU. “Es como si un ladrón hubiera entrado a la casa y se hubiera robado nuestras sensibilidades”.
Mientras, los periodistas han presentado evidencias contundentes de una campaña sistemática, instrumentada por el SIN, para amedrentar y controlar a la prensa independiente. En 1997, a Baruch Ivcher, principal accionista del canal de televisión Frecuencia Latina, se le arrebató su ciudadanía peruana y se le obligó a regresar a Israel, su tierra natal, luego que el citado canal de televisión reportara sobre la corrupción de los militares, las campañas de intervención electrónica y los asuntos financieros personales de Vladimiro Montesinos, asesor del SIN. Cuando Ivcher trató de montar su defensa legal, le remataron acusaciones de evasión de impuestos; su esposa e hija sufrieron hostigamiento legal; y Perú pidió que se divulgara una orden de arresto internacional, emitida por Interpol. El reportero investigativo José Arrieta, célebre por sus reportajes en Frecuencia Latina, fue expulsado del país en enero de 1998 y en julio recibió asilo político en Estados Unidos. César Hildebrandt, el reportero de televisión más prominente del país, fue acusado de traición luego que reportara sobre negociaciones para un eventual tratado de paz con el vecino Ecuador; a Cecilia Valenzuela, otra reportera de televisión prominente, le cancelaron su programa que era de tenor crítico. Y si bien los ataques contra Angel Páez disminuyeron tras la visita de la delegación pro libertad de prensa en junio, se recalentaron en septiembre, cuando Páez comenzó a reportar sobre las delicadas negociaciones de paz con Ecuador.
Esta vez, dice Páez, el gobierno peruano se fue a la alta tecnología. Durante el último año, Páez, junto a otros periodistas dentro y fuera de Perú, había elaborado una red de correo electrónico para compartir información y coordinar investigaciones. Con la llegada del verano, los periodistas sufrieron ataques de virus electrónicos, y leyeron en sus pantallas mensajes de correo electrónico falsificados, diseñados para crear confusión y fomentar la discordia. En noviembre, Páez descubrió una página en la red, creada por la así llamada Asociación pro Defensa de la Verdad. Disfrazada de organización cívica, la intención primaria de la página aparentemente era emitir información falsa y difamante sobre periodistas y opositores del gobierno (todos los artículos sobre Paéz que se publicaron en El Tío estaban ahí).
Encabezados por Fernando Yovera, un reportero peruano que trabaja para la red de televisión Telemundo en Miami, los periodistas iniciaron una investigación conjunta en el lugar de los hechos. Rápidamente descubrieron que estaba registrado a nombre de Blanca Rivera, con domicilio en Miami. Sin embargo, una investigación telefónica a la inversa para ubicar la dirección demostró que el teléfono estaba registrado a nombre de un tal Guadelupe Wong. Entre los peruanos egresados de la Escuela de las Américas (SOA) en el estado de Georgia había un oficial llamado Carlos Rivera Wong. El apellido del padre de Wong era Guadelupe; el de su madre era Blanca Rivera. ¿Podría Blanca Rivera ser Carlos Rivera Wong? “Trabajó en inteligencia militar”, trajo Páez a colación.
“Con la destrucción de las instituciones civiles y judiciales y la virtual desaparición de los partidos políticos, el papel que juega la prensa independiente en la defensa de la democracia ahora es de protagonista”, apunta Salazar, del IPYS. “La prensa es la que denuncia los abusos y mantiene informado al público, no los políticos ni las instituciones judiciales, que están subordinadas a la política”.
En otras palabras: cuando los periodistas en Estados Unidos quieren justicia para sus colegas atacados o ultimados, el periodismo es su primer arma. Solamente al superar las rivalidades tradicionales y organizarse para investigar y denunciar los ataques, es que la prensa podrá crear condiciones favorables al desempeño de sus labores. Sin embargo, como también muestra claramante el ejemplo de Perú, no solamente son los periodistas los que se benefician de la libertad de expresión, sino la sociedad entera, porque a través de Latinoamérica el desarrollo de las instituciones democráticas ha sido lento y disparejo. En la mayoría de los países, la prensa sigue siendo la única institución accesible al público y que responde, de forma global, a sus inquietudes.
Joel Simon trabajó en México como editor asociado de Pacific News Service antes de unirse al CPJ en 1997. Es autor de Endangered Mexico: An Environment on the Edge (Sierra Club Books, 1997) y el colaborador frecuetne de Columbia Journalism Review.
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