Américas

Ciudad de México, 5 de marzo de 2013--Las autoridades mexicanas deben identificar el móvil en el asesinato de un editor de un sitio Web de noticias en el estado de Chihuahua y enjuiciar a los responsables, afirmó hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

Bogotá, Colombia, 25 de febrero de 2013--Autoridades en Perú deben determinar de inmediato el motivo del asesinato de un fotoperiodista ocurrido el sábado y enjuiciar a sus autores, afirmó hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

John Otis/Corresponsal del CPJ en los Andes

Después de la reelección por mayoría aplastante del presidente Rafael Correa en los comicios del domingo, muchos reporteros ecuatorianos se preparan para otros cuatro años de conflicto con su gobierno de izquierda. Ningún sector afirma estar entusiasmado con la idea, pero la continuidad de los enfrentamientos parece inevitable teniendo en cuenta las malas relacionesentre ambas partes.

Los reporteros no pueden informar como el crimen organizado ha tomado control sobre un estado mexicano. Por Mike O'Connor

Un sistema para defender la libertad de expresión está siendo atacado por enemigos y ex aliados. Por Carlos Lauría

Los asesinatos de dos blogueros marcan un aumento en la violencia letal contra la prensa. Por John Otis

A pocos días de su reelección en los comicios de octubre, el mandatario Hugo Chávez Frías viajó a Cuba para someterse a un tratamiento médico ante la reaparición de un tipo no especificado de cáncer, lo cual dejó el panorama político venezolano en estado de incertidumbre al cierre de 2012. Chávez había declarado durante la campaña electoral que estaba curado del cáncer que le había sido diagnosticado en 2011, aunque los detalles de su estado de salud permanecían en absoluto misterio. En el período previo a las elecciones, en las que Chávez derrotó al candidato opositor Henrique Capriles Radonski, su gobierno continuó su sistemática campaña contra la prensa crítica mediante iniciativas legales, amenazas y medidas regulatorias, a la vez que inundaba las ondas radioeléctricas mediante su imperio de medios estatales. Las elecciones tensaron un contexto político ya de por sí polarizado: periodistas pro-gobierno y periodistas simpatizantes de la oposición fueron objeto de agresiones mientras informaban sobre acontecimientos de la campaña electoral. La campaña de Chávez contra la libertad de prensa se extendió más allá de las fronteras del país en 2012. Venezuela integró un bloque de naciones dentro de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que se esforzó por desmantelar el sistema de protección de los derechos humanos de la región, inclusive la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. El gobierno también anunció que presentaría un instrumento de denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el primer paso requerido para retirarse de las dos entidades de derechos humanos de la OEA.

La administración del presidente Barack Obama continuó tomando medidas drásticas contra los funcionarios que filtran informaciones de carácter sensible a la prensa. Un ex oficial de la CIA se declaró culpable del delito de filtrar la identidad de un agente encubierto, con lo cual, en la práctica, puso fin a la batalla jurídica de tres periodistas que luchaban contra citatorios gubernamentales para que declararan como testigos en el caso. El director de Inteligencia Nacional anunció nuevas reglas para frenar las filtraciones, y el Senado debatió un proyecto de ley que restringiría aún más la facultad de los funcionarios para compartir información de inteligencia con la prensa. En cuestiones relativas al acceso de los medios, un juez militar rechazó la solicitud de varios medios de transmitir el juicio que se realiza en la Base Naval de Guantánamo contra los sospechosos acusados del ataque al destructor USS Cole, ocurrido en 2000. Y varias organizaciones de medios apelaron la decisión de un tribunal militar de sellar documentos relacionados con el consejo de guerra contra el soldado Bradley Manning, quien fue acusado de filtrar documentos de carácter clasificado a la organización WikiLeaks. El reportero James Risen, el periodista Ed Moloney y el documentalista Ken Burns continuaban luchando contra citatorios que los obligarían a entregar trabajos periodísticos no publicados o declarar como testigos en investigaciones penales. Varios periodistas fueron arrestados mientras cubrían protestas vinculadas al movimiento Ocupa.

La violencia contra la prensa disminuyó levemente, pero la impunidad prevalece en casos del pasado. El fiscal a cargo de investigar el asesinato del periodista televisivo Pedro Alfonso Flores Silva, ocurrido en el 2011, fue él mismo asesinado en abril de 2012, en la misma semana en que iba a divulgar los resultados de su investigación. El mes siguiente, la policía nacional anunció que el alcalde local había ordenado el asesinato de Flores en represalia por las denuncias de corrupción política por parte del periodista, pero el alcalde nunca fue acusado formalmente en el caso. Mientras tanto, el exalcalde de la ciudad de Coronel Portillo fue absuelto en mayo del asesinato del periodista radial Alberto Rivera Fernández, ocurrido en 2004. Por otra parte, tras la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema peruana revocó su propia decisión de liberar a Alberto Pinto, ex jefe del servicio de inteligencia militar. Pinto cumplía una condena de 15 años de cárcel por el asesinato de civiles, entre ellos el periodista Pedro Yauri, en la década de 1990. Pinto se ocultó de las autoridades cuando emitieron una orden de arresto en su contra. Se registraron varias agresiones contra los medios. Un periodista perdió el conocimiento a causa de una golpiza después de denunciar actos de corrupción. Periodistas que cubrieron violentas protestas contra un proyecto minero fueron atacados por la policía y los manifestantes. Ningún periodista resultó encarcelado en 2012, pero dos recibieron sentencias de prisión suspendidas al ser declarados culpables del delito de difamación. Un proyecto de ley que elimina las sanciones de privación de libertad por el delito de difamación ha estado paralizado en el Congreso desde mediados de 2011.