Poco después de las cuestionadas elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, agentes de los cuerpos de seguridad arrestaron a la periodista Ana Carolina Guaita y luego se comunicaron con la familia para ofrecerle un trato.
Ellos se comprometieron a liberar a Guaita si su mamá, Xiomara Barreto, quien había trabajado en la campaña opositora para derrotar al gobernante Nicolás Maduro, se entregaba. Barreto, quien está oculta, rechazó la propuesta.
“Tengo a mi hija como rehén”, dijo Barreto en un audio grabado el 25 de agosto y subido a las redes sociales cinco días después del arresto de su hija. Luego, dirigiéndose a las autoridades que habían detenido a Guaita, les increpó: “¿Ustedes les van a hacer daño a una muchacha inocente porque no me pudieron agarrar a mí?”.
Semejantes medidas de extorsión son un elemento de lo que las organizaciones defensoras de la libertad de prensa califican como represión gubernamental sin precedentes contra los medios venezolanos, tras los comicios que Maduro dice haber ganado pese a las contundentes pruebas que indican que fue derrotado por el candidato opositor Edmundo González.
Además de Guaita, el régimen de Maduro ha encarcelado a por lo menos otros cinco periodistas: Paúl León, Yousner Alvarado, Deysi Peña, Eleángel Navas y Gilberto Reina. (Otra comunicadora, Carmela Longo, ya fue liberada, pero se le ha abierto un proceso penal y se le ha prohibido abandonar el país).
Estos periodistas se encuentran entre los más de 2.000 manifestantes antigubernamentales y activistas opositores que han sido detenidos tras la jornada electoral del 28 de julio, una oleada represiva que obligó a González, quien habría derrotado a Maduro por margen de 2 a 1 según datos de la oposición, a huir a España, país que le ha otorgado asilo político.
‘Este gobierno se ha vuelto loco’
Una cifra de periodistas no registrada en varias décadas se encuentra tras las rejas en las cárceles de Venezuela, de acuerdo con Marianela Balbi, directora del Instituto Prensa y Sociedad, con sede en Caracas, y según los propios datos recopilados por el CPJ en años anteriores.
Como Guaita, varios fueron arrestados mientras daban cobertura periodística a las protestas antigubernamentales, y enfrentan causas penales por terrorismo, incitación a la violencia y delitos de odio. Si los declaran culpables, precisó Balbi, pudieran ser condenados a penas de hasta 30 años de cárcel y, no obstante, no se les ha permitido acceso a abogados privados, sino que les han asignado abogados de oficio leales al régimen de Maduro.
Carlos Correa, director de la organización defensora de la libertad de expresión Espacio Público, con sede en Caracas, declaró que los agentes de los cuerpos de seguridad ni siquiera se toman el trabajo de obtener órdenes de arresto y, en algunos casos, han exigido sobornos de hasta 4.000 dólares estadounidenses parano detener a periodistas. Además, a por lo menos 14 comunicadores les han cancelado el pasaporte sin explicación, según Balbi.
“Este Gobierno se ha vuelto loco”, señaló Correa. “Los elementos de la línea más dura ahora tienen el control y están enojados por haber sido rechazados en las urnas”.
Uno de esos dirigentes de línea dura es Diosdado Cabello, el número dos en el Partido Socialista Unido de Venezuela y quien fue nombrado ministro del Interior en agosto. Cabello, ahora al frente de los cuerpos policiales, con frecuencia fustiga a la prensa, y su demanda por difamación contra el diario de Caracas El Nacional provocó que el régimen de Maduro confiscara la sede del periódico en calidad de indemnización en 2021.
Cabello también emplea su programa semanal en el canal de TV estatal para insultar y estigmatizar a los periodistas. En la emisión del 5 de septiembre, por ejemplo, Cabello acusó a los medios digitales Efecto Cocuyo, El Pitazo, Armando.Info, Tal Cual y El Estímulo de intentar desestabilizar a Venezuela y, sin mostrar prueba alguna, afirmó que estaban financiados por narcotraficantes.
Todo esto ha creado “mucho miedo y frustración”, agregó Balbi. “Eso es lo que sucede en países sin Estado de derecho”.
Los periodistas huyen al exilio conforme la libertad de prensa sufre un dramático deterioro
Cabe aclarar que la libertad de prensa en Venezuela ya venía sufriendo una erosión desde mucho antes de las elecciones, pues el régimen de Maduro había cerrado canales de TV y radioemisoras, había bloqueado portales de noticias, había confiscado periódicos y había fomentado el miedo y la autocensura en sus 11 años en el poder. Sin embargo, desde las elecciones, la situación se ha agravado dramáticamente: el Gobierno ha aplicado apagones de la Internet y ha bloqueado las plataformas de comunicación, mientras que los y las periodistas deben hacer frente a decisiones imposibles si quieren seguir ejerciendo la profesión.
Varios comunicadores y comunicadoras han optado por abandonar el país. Una periodista que había cubierto protestas contra el Gobierno en el occidental estado de Trujillo fue avisada el mes pasado por un agente de los cuerpos de seguridad de que su nombre estaba en una lista de personas por arrestar. Ella se escondió con unos amigos y luego, al enterarse de que agentes policiales vigilaban su vivienda, logró cruzar a la vecina Colombia.
“Hay tanto pánico”, expresó la periodista. Al igual que otras fuentes de este artículo, ella solicitó al CPJ mantener el anonimato. A los funcionarios de Gobierno “no les importa si eres inocente. Nunca me había sentido tan frágil y vulnerable”, aseguró la comunicadora.
Los periodistas que quedan en Venezuela están extremando las precauciones. Se están autocensurando, no salen en cámara en los videos que graban, no firman sus artículos y evitan las concentraciones de la oposición. Algunos noticieros radiales han salido del aire o se han convertido en programas musicales.
Una periodista del occidental estado de Falcón declaró al CPJ que los agentes de los cuerpos de seguridad están rastreando los artículos y las publicaciones de las personas periodistas en las redes sociales, y expresó que la habían filmado mientras cubría manifestaciones opositoras.
“Te hacen sentir como un delincuente o un prófugo de la justicia”, declaró la comunicadora, quien está valorando dejar el periodismo y huir de Venezuela.
Por su parte, una veterana reportera del estado de Carabobo, justo al oeste de Caracas, declaró al CPJ que durante toda su trayectoria ella se había esforzado por ganarse una reputación como neutral y equilibrada, pero que ahora sus editores le dicen que no firme sus artículos por su propia protección.
Mientras tanto, cada vez es más difícil para los y las periodistas entrevistar a fuentes de confianza y a ciudadanos comunes, porque, incluso si les garantizan el anonimato, éstos temen que haya represalias por parte del Gobierno, aseguró al CPJ un periodista del occidental estado de Zulia.
El CPJ llamó a la oficina de prensa de Maduro y al Ministerio del Interior para obtener una declaración, pero nadie contestó las llamadas.
Los medios de noticias forman una alianza y recurren a la inteligencia artificial para proteger a los reporteros
Para protegerse, muchos periodistas se mantienen alejados de las redes sociales y están borrando fotos, mensajes de texto y contactos de sus móviles por si los arrestan y les confiscan el teléfono. Algunos se han hecho pasar por manifestantes en las marchas opositoras, en vez de sacar sus libretas y aparatos de grabación e identificarse como periodistas. En tales coberturas, algunos deben reportarse con sus editores cada 20 minutos para demostrar que están seguros.
“Estamos tratando de cubrir las noticias y al mismo tiempo proteger a nuestra gente”, declaró César Batiz, director del medio digital El Pitazo, quien abandonó el país hace varios años y trabaja desde el exilio en Florida. “Sabemos que ninguna historia es más importante que la seguridad de nuestros periodistas”.
Desde las elecciones, El Pitazo se ha unido a otros medios para publicar historias en un intento por impedir que el régimen venezolano ataque a cada medio noticioso por separado. Para proteger más a sus periodistas, muchos de estos mismos medios digitales se han sumado a la llamada Operación Retuit, que permite que sus periodistas elaboren contenidos que luego son narrados en video por avatares de presentadores de noticias creados por inteligencia artificial.
“Entonces, por medidas de seguridad, usaremos la inteligencia artificial para difundir información de una docena de medios independientes venezolanos”, dice uno de los avatares, un joven sonriente que viste una camisa a cuadros en el video inicial de la Operación Retuit, publicado en X el 13 de agosto.
Gracias a todas estas iniciativas se siguen publicando importantes historias, como los reportes sobre la muerte de manifestantes a manos de agentes de los cuerpos de seguridad, el encarcelamiento de menores arrestados en manifestaciones antigubernamentales, y los informes de observadores electorales que describen el fraude gubernamental cometido durante las elecciones del 28 de julio.
En las palabras de Batiz: “El régimen nos está reprimiendo y entonces debemos ser más creativos”.
No obstante, dice Correa, el director de Espacio Público, la represión se ha hecho sentir y mucho. “Sin duda hay menos periodistas que cubren historias importantes en Venezuela, y mucho más miedo y cautela”.
John Otis es un consultor del Comité para la Protección de los Periodistas con sede en Colombia, y colabora con NPR y el Wall Street Journal. Es autor del libro Law of the Jungle: The Hunt for Colombian Guerrillas, American Hostages, and Buried Treasure (“La ley de la selva: la cacería de guerrilleros colombianos, rehenes estadounidenses y tesoros enterrados”).