Ciudad de México, 23 de mayo de 2024 — Las autoridades mexicanas deben investigar prontamente las amenazas de muerte recibidas por el periodista Alberto Amaro Jordán, su familia y sus guardaespaldas, y tomar medidas para garantizar su seguridad, declaró el jueves el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
Unos sujetos desconocidos que viajaban en una camioneta roja pasaron por la vivienda de Amaro, fundador y director del medio digital La Prensa de Tlaxcala, y a gritos amenazaron de muerte a los guardaespaldas del periodista, situados en la entrada. Esto sucedió cerca de las 7 p. m. del lunes 20 de mayo, en Apizaco, en el central estado de Tlaxcala, declaró Amaro al CPJ.
“Les dijeron a los guardaespaldas que nos iban a matar a todos y después se fueron”, señaló Amaro, quien añadió que regresaron poco después y repitieron las amenazas. “Los guardaespaldas me dijeron que los tipos podían haber estado intoxicados”.
Amaro está incorporado a un programa de protección aprobado por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pues ha recibido numerosas amenazas en los últimos años.
“Es sumamente preocupante que el periodista Alberto Amaro Jordán continúe recibiendo atrevidas amenazas de muerte, incluso cuando está bajo la protección del Gobierno mexicano. Estas amenazas son una clara señal de la violencia que continúa azotando a la prensa mexicana”, declaró Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México. “El CPJ insta a las autoridades mexicanas a investigar las amenazas hechas contra Amaro y su familia, y a fortalecer las medidas de seguridad antes de que este caso se convierta en otra nota al pie de página en el pésimo historial de México en materia de seguridad de periodistas”.
Según Amaro, las amenazas podían estar vinculadas a una cobertura que realizó el 15 de mayo en el cercano municipio de Ocotlán, acompañado de la activista de derechos humanos Viridiana Baena Leyva. Baena es miembro de las Madres Buscadoras, una red nacional que se dedica a la búsqueda de seres queridos desaparecidos y exige al Gobierno mexicano que actúe frente al problema, ampliamente difundido, de la desaparición forzada de casi 100.000 personas.
Amaro y Baena viajaron a un terreno vacío en Ocotlán para investigar rumores sobre la existencia de fosas clandestinas. A su llegada, ellos fueron vigilados por varias personas en la zona, y Amaro expresó que sintió la vigilancia como una amenaza. Cuando abandonaron el lugar, un carro de la Policía estatal los siguió por unos 16 kilómetros.
Amaro agregó que el 20 de mayo, el mismo día que recibió las amenazas, la Policía de Tlaxcala arrestó a un exagente policial y a dos personas en Ocotlán por su presunta participación en la desaparición de un conductor de Uber en la zona. Según el periodista, el arresto pudiera estar relacionado con las amenazas que él recibió, teniendo en cuenta el momento y el hecho de que él y Baena fueron seguidos después de visitar Ocotlán.
El CPJ llamó en varias ocasiones a la Fiscalía General del Estado de Tlaxcala el 21 y el 22 de mayo, pero nadie respondió las llamadas.
Un funcionario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que solicitó el anonimato debido a que carecía de autorización para hablar públicamente del asunto, declaró al CPJ que su institución estaba al tanto de las amenazas y había abierto una investigación, al tiempo que señaló que Amaro ya estaba incorporado a “uno de los esquemas de protección más fuertes”.
El Gobierno federal creó el mecanismo en 2012, a raíz de las presiones recibidas por parte del gremio periodístico y organizaciones de la sociedad civil para que hiciera frente a las constantes amenazas y ataques contra los activistas de derechos humanos y los periodistas. En marzo de 2024, el CPJ señaló que en los últimos siete años ocho periodistas habían sido asesinados mientras participaban en el mecanismo, e hizo un llamado urgente al Gobierno mexicano para que fortaleciera y reformara la institución.
Amaro relató en detalle las amenazas, ataques y actos de hostigamiento de que ha sido objeto, inclusive las amenazas hechas por tres sujetos que afirmaban ser miembros de una de las principales organizaciones del narcotráfico de México, el cartel de Sinaloa, en un informe conjunto publicado por el CPJ y Amnistía Internacional en marzo de 2024. En marzo de 2021, el alcalde de un municipio cercano intentó embestir y sacar de la carretera el auto de Amaro.
México continúa siendo uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas. El CPJ ha concluido que los frecuentes actos de violencia contra la prensa se pueden atribuir, en parte, a que las autoridades federales y estatales no han logrado crear condiciones más seguras para el ejercicio del periodismo y no han actuado seriamente ante los crímenes contra la prensa.