Por Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México
Por más de un decenio, Marcela Turati ha documentado minuciosamente desapariciones y el hallazgo de fosas comunes en México, lo cual ha consolidado su prestigio como una de las más destacadas periodistas investigativas de su país. No obstante, pese a su amplio conocimiento sobre casos de corrupción y violaciones de los derechos humanos, Turati quedó sorprendida al enterarse de que las autoridades federales mexicanas la habían investigado durante años.
El 23 de noviembre, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), organización jurídica sin fines de lucro con sede en Ciudad de México, reveló en el Washington Post que en 2016 la Fiscalía General de la República (FGR) de México había abierto una investigación por los delitos de “delincuencia organizada” y “secuestro” contra Turati; la directora de la FJEDD, Ana Lorena Delgadillo; y la antropóloga forense argentina Mercedes Doretti.
La investigación contra las tres mujeres se insertaba en una investigación más amplia sobre la desaparición masiva de casi 200 personas, ocurrida en 2011 en San Fernando, en el norteño estado de Tamaulipas, la cual Turati cubrió para el semanario de Ciudad de México Proceso. Las autoridades federales mexicanas afirmaron que Los Zetas, una de las bandas criminales más notorias y violentas de México, era responsable de las desapariciones.
Como si ser investigada no fuera lo suficientemente chocante, Turati también se enteró de que las autoridades la habían vigilado durante la investigación. Según la FJEDD, la FGR obtuvo datos sobre la geolocalización y los teléfonos de las mujeres sin orden judicial. Esto fue posible porque la ley mexicana obliga a los operadores de telefonía móvil —en el caso de Turati, Movistar— a cooperar con las autoridades federales en investigaciones sobre la delincuencia organizada.
La revelación se difundió poco después de que Turati conociera que se encontraba en un grupo de, como mínimo, 25 periodistas mexicanos que las autoridades había escogido para vigilar con el empleo del programa informático de espionaje Pegasus, según un reportaje de la organización sin fines de lucro especializada en periodismo investigativo Forbidden Stories. NSO Group, la empresa israelí que fabrica el programa informático Pegasus y lo vende a clientes gubernamentales, rechaza el reportaje.
La FGR no se ha pronunciado públicamente sobre el caso. Por aplicación de mensajería, el CPJ solicitó una declaración al asistente de Raúl Tovar, el principal vocero de la FGR y del fiscal general Alejandro Gertz Manero, pero no recibió respuesta.
El CPJ conversó con Turati sobre cómo el descubrimiento de la investigación la ha afectado y lo que significa para el periodismo investigativo en México, país que según datos recabados por el CPJ es el más violento del hemisferio occidental para el ejercicio del periodismo. Esta entrevista se ha editado para hacerla más concisa y facilitar su lectura.
¿Cuál fue tu reacción inicial al enterarte de que las autoridades federales te estaban investigando?
Fue un enorme choque para mí, porque vi mi foto, mi huella digital, el contacto que había tenido con mi familia, mi dirección, todo. Primero me sentí molesta, luego me sentí asustada y expuesta, especialmente después de enterarme este mismo año que también había sido víctima de vigilancia con el programa informático de espionaje Pegasus. Si eso fue exitoso, entonces también han tenido acceso a mis mensajes, mi correo electrónico y mis fotos.
También estoy molesta por lo que esto significa para el periodismo investigativo en México. Es como si hubieran expuesto mis secretos profesionales como periodista. En última instancia lo que hicieron fue enviar un análisis a la Policía Federal para ver cuántas veces me reuní con mis fuentes. También miraron las llamadas que hice al abogado de las familias, que había cubierto Ayotzinapa [el secuestro de 43 estudiantes de una Escuela Normal Rural en el sureño estado de Guerrero en 2014, que según las autoridades posiblemente haya sido un asesinato en masa]. Todavía no hemos visto muchos de los documentos, pero estamos hablando de unas 500 páginas sobre mi vida. Me preocupa realmente qué otra cosa pueda salir.
La FGR específicamente clasificó la investigación como “delincuencia organizada” y “secuestro” en el expediente del caso. ¿Cómo facilita esto la capacidad de la FGR para vigilarte?
Lo hicieron para engañar al sistema. Cuando una persona desaparece en México y ellos solicitan urgentemente datos del teléfono móvil para rastrear las llamadas, pueden demorarse meses en obtener la información. En nuestro caso, recibieron los datos en apenas 24 horas. Pueden saltarse al juez [al clasificar la investigación como “delincuencia organizada”]. No crearon un expediente de caso aparte sobre nosotros, sino que nos incluyeron en un caso como si fuéramos sospechosas.
¿Qué significa la inclusión de tu nombre en esta investigación federal sobre delincuencia organizada para los periodistas mexicanos que cubren las violaciones de los derechos humanos?
Esto sucedió en 2015 y 2016, bajo un Gobierno distinto del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero el investigador que solicitó los datos es el mismo que entregó el expediente del caso a la fundación en mayo [en cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema de México, según el Washington Post]. Él sigue trabajando en la Fiscalía General, y están los demás que tienen una copia, que dieron su firma de autorización. Todos siguen allí.
Muchas cosas pasan por mi cabeza. Como sucedió con el caso del programa informático de espionaje Pegasus, las personas que hicieron esto siguen trabajando ahí. No nos han mostrado que han depurado la FGR. Esto es muy grave. Todavía puede suceder; realmente solo descubrimos este caso por casualidad. ¿Cuántos otros hay?
Lo otro es que, si un periodista no puede mantener en secreto sus fuentes, es como sacarnos del agua en que nadamos. Le quitas a la gente el derecho de denunciar abusos. Siento que esto no es solamente algo que me hicieron a mí. Ellos abusan del aparato estatal. La FGR estuvo involucrada, la Policía Federal, investigadores forenses y los más altos funcionarios fueron informados, porque recibieron copias del expediente del caso.
¿Tienes fe en que el Gobierno de López Obrador tome medidas para evitar que esto vuelva a suceder?
No estoy segura. Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, lo condenó y prometió que se investigaría, pero él no es la persona que tiene autoridad para hacer algo al respecto. La FGR no ha dicho nada. Ellos pueden cambiar la historia. Pueden poner fin a la impunidad en este caso sancionando a los funcionarios que fueron responsables, si lo desean, pero no sabemos lo que sucede.
¿Esto cambiará tu forma de trabajar como reportera?
Hago todo por mí misma, pero desde Pegasus me pregunto cómo es posible defenderse de esto. ¿Tendría que dejar de usar smartphones y hacer las cosas como las hacían en Watergate, dejando una cinta en mi balcón para que las fuentes sepan que quiero hablar con ellas? Incluso si usas distintos teléfonos y tomas cursos en ciberseguridad, ¿cuánto uno puede hacer realmente? ¿Cómo se puede hacer periodismo sin hablar con una fuente por teléfono, si no puedes estar segura de que no te están espiando?
Jan-Albert Hootsen, representante en México del CPJ, se desempeña como corresponsal del periódico neerlandés Trouw y colabora frecuentemente con publicaciones como Newsweek y RTL Nieuws. Radica en Ciudad de México.