Por Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México
Gildo Garza suspira al hablar de la institución que se supone lo proteja. “Me siento decepcionado, deprimido, desesperado y solo”, declaró. “Ya no tengo ninguna esperanza en un sistema que se suponía me ayudara a construir una nueva vida o recuperar mi antigua vida”.
Su antigua vida era en Ciudad Victoria, la capital del norteño estado de Tamaulipas, donde Garza había fundado Cambio, una revista de noticias que cubre la política, la delincuencia, la corrupción y la violencia en una región atrapada en interminables guerras entre bandas criminales que luchan por el control de la zona.
Garza declaró al CPJ que una célula local de Los Zetas, una de las bandas criminales más violentas de México, lo había secuestrado y golpeado en tres ocasiones en 2012 por su actividad periodística, y que había recibido constantes amenazas de muerte. Finalmente, en junio de 2017, Garza huyó a Ciudad de México con su familia, en busca de seguridad.
El periodista y su familia se incorporaron a un esquema de protección del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, una institución dependiente de la Secretaría de Gobernación federal de México
Garza es uno de los 365 periodistas que actualmente están incorporados al esquema de protección. La cifra ha crecido gradualmente desde que el mecanismo se fundó durante la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa en 2012, tras años de presión por parte de periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de prensa, entre ellas el CPJ, para que el Gobierno abordara la violencia y la impunidad en los asesinatos de periodistas.
Si bien es indudable que la institución ha salvado vidas, también es objeto de críticas de los periodistas incorporados a su esquema de protección y las organizaciones de derechos humanos, que sostienen que el mecanismo carece de suficiente personal y financiamiento, y que es incapaz de responder rápidamente con las medidas adecuadas. Como mínimo, cuatro periodistas incorporados al esquema han sido asesinados desde su fundación, de ellos dos en 2019. Los cuatro habían sido blanco de la violencia y habían denunciado amenazas contra su vida en varias ocasiones. Un quinto periodista, Cecilio Pineda Birto, quien voluntariamente había dejado el esquema de protección, fue asesinado después, en 2017.
El CPJ ha determinado que Pineda, al igual que los periodistas Rafael Murúa Manríquez y Francisco Romero Díaz, fue asesinado en represalia por su labor, y continúa investigando el asesinato de Cándido Ríos Vázquez y Rubén Pat Cauich para determinar si el trabajo periodístico fue un factor motivante.
Aunque el mecanismo no divulga públicamente detalles sobre las medidas de seguridad específicas que proporciona a sus personas beneficiarias, el CPJ pudo confirmar que le había asignado guardaespaldas a Romero, quien fue asesinado a balazos en el estado de Quintana Roo en mayo, y le había otorgado un botón de pánico a Ríos, quien fue asesinado en el estado de Veracruz en agosto de 2017.
“El mecanismo se reduce solamente a palabras cuando los periodistas que supuestamente tienen medidas de seguridad terminan asesinados”, expresó Garza.
En teoría, se supone que el mecanismo coordine las medidas de seguridad con organizaciones de la sociedad civil e instituciones gubernamentales en una Junta de Gobierno. Una unidad de respuesta inicial evalúa las amenazas denunciadas por los periodistas y asigna medidas de seguridad según sea necesario.
Fondos federales pagan para que un contratista privado, RCU Systems, proporcione más de 40 servicios, entre ellos guardaespaldas, botones de pánico, casas de seguridad, sistemas de cámara, vehículos blindados y alimentos. En casos más extremos, se puede trasladar a los periodistas a zonas más seguras como Ciudad de México; actualmente más de 15 han sido reubicados, según datos suministrados al CPJ por el mecanismo y por la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos, una organización defensora fundada por personas desplazadas por la violencia, entre ellas Garza.
Esta ayuda es apreciada por los periodistas que la reciben. Uno de ellos, Julio Caballero, declaró al CPJ: “Yo estaría muerto si no fuera por el mecanismo”. Caballero señaló que había recibido numerosas amenazas de muerte cuando trabajaba como presentador de un programa de radio en Chilapa, una ciudad del sureño estado de Guerrero. Este año, el mecanismo coordinó su traslado a una casa de seguridad.
“Sentí un nudo alrededor del cuello por mucho tiempo y ni siquiera sabía que había una manera de moverme a un lugar seguro hasta que ellos aparecieron”, agregó. “No hay nadie más en el país que pueda hacer eso por nosotros”.
No obstante, decenas de periodistas que el CPJ ha entrevistado en los últimos dos años han declarado que las medidas que se ofrecen muchas veces son insuficientes o ineficaces. Esos periodistas se refirieron a evaluaciones de riesgo inadecuadas, a botones de pánico que no funcionan, y a la falta de coordinación con la Policía y demás organismos de seguridad.
José Ignacio Santiago, fundador y director de Pluma Digital Noticias, contaba con el mecanismo para que lo protegiera, tras recibir amenazas de muerte en 2017 de parte de personas que él consideraba tenían vínculos con el crimen organizado, por su trabajo periodístico en el istmo de Tehuantepec, una región del estado de Oaxaca. Luego, en diciembre de 2018, Santiago apenas logró escapar de un ataque perpetrado por pistoleros en la localidad de Juchitán, después de que el mecanismo había reducido algunas de las medidas de protección que le había asignado.
“El ataque ocurrió luego de que el mecanismo determinó que yo no necesitaba escoltas, invalidando una evaluación de riesgo previa que había determinado que sí”, señaló Santiago. “En esencia me dejaron sin protección. Cuando escapé del ataque, pedí ayuda utilizando el botón de pánico que el mecanismo me había dado, pero nunca apareció”.
De acuerdo con Santiago, el mecanismo con frecuencia toma decisiones para fortalecer o debilitar esquemas de protección sin suficiente conocimiento de la situación que enfrentan los periodistas incorporados. “En mi caso, fue una decisión arbitraria. Yo estaba en peligro y, sin embargo, me dejaron sin protección”, expresó.
Un funcionario del mecanismo declaró al CPJ que éste no comenta sobre casos particulares por motivos de privacidad y seguridad.
Garza también declaró al CPJ que no creía que el mecanismo evaluara el riesgo adecuadamente. “Hay personas que trabajan para el mecanismo que no tienen idea de lo que están haciendo, francamente”, aseguró. “Ellos no se adaptan a nuevas situaciones”.
Garza, quien ahora dirige la revista Cambio desde la capital federal, señaló que, si bien el mecanismo le proporcionó una casa de seguridad, algunas medidas de protección básicas y alimentos, él no puede regresar a Tamaulipas. “El mecanismo nunca nos ofreció un plan sólido para garantizar nuestra seguridad allá”, comentó.
Aarón Mastache, quien ha dirigido el mecanismo desde diciembre de 2018, manifestó que estaba al tanto de las quejas y los problemas planteados por las personas beneficiarias. “Tenemos mucho que hacer. Necesitamos mejorar la forma como evaluamos el riesgo y necesitamos coordinar mejor con las autoridades estatales y federales”, señaló.
Mastache añadió que el mecanismo estaba revisando los casos de reporteros que habían sido asesinados cuando estaban incorporados en sus esquemas de protección. “Cada uno de esos casos es un enorme golpe personal para nosotros”, afirmó. “Lo que hemos aprendido de esos casos es que necesitamos estar mucho más encima de ellos. Necesitamos responder más rápido y a veces tomar decisiones con las que una persona beneficiaria puede no estar de acuerdo, si es por el bien de su seguridad”.
En parte, la eficacia del mecanismo se ve frenada por la carencia de fondos y personal. En 2017 y 2018, el mecanismo advirtió que los fondos necesarios para las medidas de seguridad se estaban agotando, y solamente recibió fondos adicionales a último minuto y luego de las críticas generalizadas de organizaciones defensoras de la libertad de prensa, entre ellas el CPJ.
Además, la institución funciona con unos 35 funcionarios, una cifra que no ha aumentado pese a que el total de casos ha aumentado de 338 en 2014 a casi 1200 para finales de 2019, según datos suministrados por el mecanismo. Varios integrantes de su personal, quienes ofrecieron declaraciones al CPJ a cambio de mantener el anonimato porque no tenían autorización para hablar sobre el asunto, afirmaron que carecían de recursos suficientes para realizar adecuadamente su labor.
Muchas de estas críticas quedaron reflejadas en un informe publicado en julio por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y solicitado por el Gobierno federal mexicano. La evaluación llegó a la conclusión de que, si bien su eficacia había mejorado desde 2012, el mecanismo tenía una situación crítica en cuando a disponibilidad de fondos y personal.
Mastache expresó que el Gobierno y el mecanismo se habían comprometido a cumplir las recomendaciones del informe, y reconoció la insuficiencia de recursos financieros y de personal. “Creo que el problema es que trabajamos con la misma cantidad de personas que el mecanismo tenía desde hace varios años, aunque la cantidad de personas que hemos incorporado ha crecido significativamente, en particular en los últimos dos años”, declaró Mastache al CPJ en una entrevista en septiembre. “Significa que nuestra carga de trabajo es mayor, y todavía no hemos encontrado una solución para eso”.
En respuesta a una pregunta hecha por el CPJ en la conferencia de prensa diaria del 6 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que la institución recibiría “recursos ilimitados” y se comprometería a cumplir las recomendaciones del informe.
“Tener más recursos es bueno, pero también necesitamos mejor coordinación con los organismos de seguridad pública”, afirmó Mastache. “El mecanismo no podrá hacer mucho más de lo que puede ahora si no diseñamos una estrategia para combatir la impunidad”.
[Informaciones recabadas desde Ciudad de México]