Miami, 4 de marzo de 2021 — Las autoridades cubanas deben garantizar que los periodistas y el personal del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) tengan acceso al servicio de Internet, y deben permitir que sus periodistas puedan trabajar libremente, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
Desde el 24 de febrero, docenas de empleados del ICLEP, organización cubana defensora de la libertad de prensa que también publica siete periódicos gratuitos en el país, no han podido conectarse a la Internet desde sus teléfonos móviles, según despachos de prensa y declaraciones de Normando Hernández, director general del ICLEP, quien conversó con el CPJ por aplicación de mensajería.
Como mínimo, 42 periodistas y directores del ICLEP, radicados en siete provincias distintas, han perdido toda la conectividad de Internet en sus teléfonos, mientras que el personal también ha denunciado que sus computadoras personales se conectan a la Internet de manera inusualmente lenta, señaló Hernández, quien agregó que estos problemas han afectado el funcionamiento de los siete periódicos de la organización.
“No puede ser casual que casi 50 periodistas independientes cubanos hayan perdido el servicio de Internet el mismo día”, declaró Ana Cristina Núñez, investigadora sénior del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ. “Las autoridades cubanas deben garantizar que los empleados del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa tengan pleno acceso al servicio de Internet y que puedan desempeñar su labor sin interferencia”.
El usuario del servicio de telefonía móvil debe registrarse con el Gobierno, y los dispositivos de los empleados del ICLEP dependen del servicio de Internet suministrado por ETECSA, expresó Hernández. ETECSA es el único operador de servicios de telecomunicaciones de Cuba y es una entidad estatal bajo el control del Ministerio de Comunicaciones. Los dispositivos que se conectan a la Internet pueden ser difíciles de obtener y tienen un precio exorbitante, como el CPJ ha documentado.
Cada vez que los empleados intentan acceder al servicio de Internet, reciben mensajes de error idénticos, que informan que “la red móvil no está disponible”, según las capturas de pantallas que ha visto el CPJ.
Hernández señaló que el personal del ICLEP ha seguido pagando el servicio de Internet móvil, y se han comunicado con el servicio al cliente de ETECSA, pero los representantes de la empresa no han podido identificar la causa del problema ni han podido restablecer la conectividad de Internet. Hernández indicó que al menos un empleado había colocado su tarjeta SIM en el teléfono de otra persona y había comprobado que el teléfono se conectaba perfectamente a la Internet, y que la tarjeta sólo fallaba cuando se encontraba en el teléfono del empleado.
Hernández declaró al CPJ, y publicó en el sitio web del ICLEP, que un empleado anónimo de ETECSA le había dicho que la Seguridad del Estado le había ordenado a la empresa que vigilara e interceptara todas las comunicaciones de los empleados del ICLEP y que, si esto no se podía, cortara el servicio.
“En los nueve años que el ICLEP ha trabajado en Cuba esto nunca había sucedido”, explicó Hernández. “Me preocupa la seguridad de todos los periodistas del ICLEP en Cuba”.
Los periodistas del ICLEP frecuentemente utilizan servicios de mensajería encriptados y VPN para proteger sus comunicaciones de la vigilancia, según Hernández.
Por otra parte, el 5 de febrero agentes de la Policía Nacional Revolucionaria detuvieron brevemente a Alberto Corzo, director ejecutivo del ICLEP, y lo interrogaron sobre el trabajo, el financiamiento y la política editorial de la organización, según un comunicado del ICLEP.
El 10 de febrero, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Cuba publicó un aviso oficial sobre “Actividades donde no se permite el ejercicio del trabajo por cuenta propia”, el cual reiteraba una antigua política gubernamental que prohíbe las “actividades de periodistas” y la publicación independiente de “edición de periódicos, tabloides y revistas en cualquier formato”, así como otras actividades no permitidas.
El CPJ envió un correo electrónico a la Policía Nacional Revolucionaria, a ETECSA y al Ministerio del Interior para obtener una declaración, pero no recibió respuesta.