Por Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México
Poco antes de la una de la madrugada del 2 de agosto, Pablo Morrugares, periodista y dueño de un café, abrió la página de Facebook de su medio noticioso y comenzó a transmitir en directo desde el café, en Iguala, en el suroccidental estado mexicano de Guerrero. Morrugares, conocido periodista local, cubría las noticias sobre la delincuencia y los grupos criminales, un tema tan peligroso que las autoridades mexicanas le habían asignado la protección de un agente policial, quien se sentaba a su lado en el café.
La transmisión de esa noche para el medio que había fundado, PM Noticias, era lo típico: relataba el viaje que había realizado por el día al vecino municipio de Huitzuco, donde la gente estaba “súper encabronada” por el presunto asesinato de un taxista, según una nota de la revista de noticias Proceso. Morrugares sugirió que una banda local, Los Tlacos, eran responsables del incidente, y que habían presionado a la Policía y a los taxistas de la ciudad. La ciudad, afirmó, estaba “súper caliente”, es decir, extremadamente violenta.
Minutos después de que Morrugares concluyó la transmisión, sujetos no identificados ingresaron al café y abrieron fuego contra el periodista y el guardaespaldas. Los pistoleros dispararon más de 50 cartuchos de bala antes de irse, escapando en la oscuridad, como el CPJ lo documentó en ese momento. Morrugares y el agente policial, Roberto Hernández, murieron al instante. Seis días después, la Fiscalía General de Justicia del Estado anunció que había arrestado a ocho sujetos en una casa de seguridad, entre ellos uno que portaba un arma que pudiera haber sido utilizada en el asesinato, indicaron las versiones periodísticas. El sujeto, quien no fue identificado en las informaciones, ahora es uno de los sospechosos del caso. El CPJ no ha logrado determinar si las autoridades han abierto algún proceso judicial; la Fiscalía General de Justicia del Estado no devolvió las llamadas que se le hicieron.
No está claro si la ejecución de Morrugares estuvo vinculada con su última transmisión; el municipio de Huitzuco no devolvió la llamada que se le hizo. Lo que sí está claro es que el incidente ha tenido profundas repercusiones en el gremio periodístico local. Según varios periodistas de Iguala que conversaron con el CPJ, el asesinato de Morrugares fue un mensaje: si no dejan de cubrir las actividades de los grupos criminales, pagarán el precio más alto. Fue un mensaje que se reforzó días después del asesinato: los periodistas señalaron que los habían agregado a un grupo de WhatsApp, donde presuntos integrantes de bandas criminales habían emitido nuevas amenazas. Y se reiteró el 4 de agosto, cuando sujetos no identificados atacaron a tiros las instalaciones del periódico de Iguala La Tarde, según versiones de prensa.
Hoy, cinco meses después del asesinato de Morrugares, las amenazas continúan, según seis periodistas que conversaron con el CPJ por vía telefónica y que solicitaron el anonimato por motivos de seguridad. Y el pequeño grupo de reporteros que cubrían las noticias sobre la delincuencia organizada en Iguala —los periodistas afirmaron que había por lo menos 15 que cubrían el tema— se ha reducido y en parte se ha silenciado. Como mínimo cuatro periodistas han huido de la ciudad. (Otros dos se marcharon en los meses previos a la muerte de Morrugares). Otro periodista dejó por completo de informar sobre la delincuencia; otro más ahora utiliza solamente fuentes oficiales. La Tarde ha cesado su edición impresa, aunque todavía tiene una edición digital, según un periodista conocedor de las operaciones del periódico en la ciudad.
“Creo que estamos en una situación de máxima alerta”, declaró el mismo periodista, quien abandonó la ciudad. “Nunca he visto que ataquen y acosen a los medios como lo hacen ahora”.
Iguala, situada a unos 190 km al sur de Ciudad de México, tiene una población superior a los 140.000 habitantes, de acuerdo con el último censo. Ciudad subtropical de estrechas calles, decenas de concurridas tiendas y gran cantidad de árboles de tamarindo, Iguala es conocida en todo el país como la cuna de la independencia de México, pues en la ciudad se redactó la proclamación de la soberanía mexicana en 1821. No obstante, en los últimos años Iguala se ha hecho acreedora de una reputación más siniestra.
El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de una Escuela Normal Rural fueron secuestrados de Iguala y asesinados por el grupo criminal local Guerreros Unidos, de acuerdo con la investigación inicial del Gobierno, citada en informaciones de prensa. Las autoridades arrestaron a decenas de agentes policiales y presuntos miembros del grupo, pero posteriormente muchos fueron liberados, y la investigación ha sido catalogada de fallida por observadores internacionales, según versiones de prensa. El exalcalde de Iguala y su esposa están en prisión. Hasta el momento nadie ha sido condenado por la masacre.
Desde entonces, la violencia no ha mermado; la sangrienta guerra entre grupos rivales ha convertido a Iguala en una de las ciudades más violentas de Guerrero, estado donde hubo, como mínimo, 742 homicidios dolosos en el primer semestre de este año, según los datos más recientes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, citados en informaciones de prensa.
De acuerdo con un artículo publicado en octubre en el portal de noticias Animal Político, la reciente escalada de la violencia en Iguala se debe, en parte, a la división del grupo criminal al cual el Gobierno atribuyó el secuestro de 2014, Guerreros Unidos. Otro periodista de Iguala, el que ha tomado la precaución de depender únicamente de las fuentes oficiales para su trabajo, confirmó esta información al CPJ. El periodista describió una guerra por el control de territorios entre facciones, que se inició cuando presuntos miembros de Guerrero Unidos que habían sido liberados de la cárcel comenzaron a disputarse el dominio de la ciudad con otros miembros. Otros grupos criminales también se han involucrado.
“La violencia se ha incrementado significativamente debido a los enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada”, el periodista declaró al CPJ. “No solía afectarnos tanto como lo hace ahora”.
Por supuesto, la violencia contra periodistas en Iguala, y en general en México, no es un nuevo fenómeno, tal como el CPJ lo ha documentado. El propio Morrugares había sobrevivido un atentado contra su vida en 2016, cuando pistoleros no identificados atacaron a tiros el auto en que viajaba con la esposa, según variasversiones noticiosas. Después de ese incidente, el periodista huyó de Iguala con destino a Ciudad de México. El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, un programa federal nacional que otorga medidas de protección como botones de pánico, acompañamiento policial y vigilancia a comunicadores y activistas de derechos humanos, le había asignado un guardaespaldas. Según versiones de prensa, Morrugares había regresado a Iguala bajo protección policial apenas un mes antes de su muerte.
Omar Bello Pineda, periodista de Guerrero y vocero de la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos, declaró al CPJ por vía telefónica que Morrugares había sido amenazado dos meses antes de morir en un video publicado en Facebook presuntamente por un grupo criminal. Esa asociación tuiteó el 2 de agosto que Morrugares había sido mencionado en una “narcomanta”, medio que utilizan los grupos criminales para enviarles mensajes a la sociedad, a sus rivales y a las autoridades. El CPJ no ha logrado determinar si algún trabajo periodístico de Morrugares para PM Noticias, el medio que fundó, pudiera haber atraído la atención de sus atacantes. En cualquier caso, su muerte parece haber sido la primera andanada de una nueva ola de violencia y amenazas, periodistas locales declararon al CPJ.
“Después del asesinato de Pablo, empezaron a amenazarnos. Los grupos de aquí están molestos. No quieren que informemos sobre las cosas que están sucediendo aquí”, señaló el periodista que ahora solo se basa en fuentes oficiales.
“La verdad es que nos sentimos muy inseguros aquí”, agregó. “Tengo miedo de que maten a otro periodista”.
El 13 de octubre, los periodistas de Iguala publicaron una carta en sus medios de prensa dirigida al presidente mexicano, al fiscal general de la República, al gobernador de Guerrero, a otras autoridades y a las organizaciones defensoras de los derechos humanos —entre ellas el CPJ— y al “Pueblo de México”. En la carta, denunciaron en detalle las amenazas y exigieron protección. “Sobre todo, hacemos un llamado urgente a las autoridades de seguridad y de justicia para que garanticen el ejercicio periodístico, y evitar que haya otro comunicador asesinado como se nos ha advertido”, decía la carta.
Las autoridades federales mexicanas respondieron a la crisis incorporando a por lo menos cuatro periodistas en el mecanismo federal, según un funcionario del programa que solicitó el anonimato para declarar, pues no estaba autorizado para comentar públicamente sobre el asunto. Los cuatro periodistas han sido reubicados, indicó, y se les ha asignado otras medidas de protección.
El 3 de noviembre, las autoridades federales, del estado de Guerrero y del municipio de Iguala se reunieron con decenas de periodistas de Iguala en la sede del Gobierno municipal. Durante el encuentro, en el cual participó el CPJ, las autoridades se comprometieron a abrir un diálogo permanente con el gremio periodístico local y a implementar protocolos para garantizar la seguridad de los periodistas, tales como una oficina local para recibir quejas de amenazas contra la libertad de prensa.
El CPJ llamó en varias ocasiones a las autoridades del estado de Guerrero y del municipio de Iguala para obtener una declaración, pero nadie contestó las llamadas.
Entre las amenazas que recibieron —declaró al CPJ uno de los periodistas que solicitó el anonimato—, se encontraban mensajes que les preguntaban a los periodistas si de verdad creían que las autoridades los protegerían.
“No confiamos en lo absoluto en las autoridades municipales”, expresó el periodista, quien también huyó de la ciudad. “La Policía Municipal muchas veces ha sido muy agresiva con los periodistas de Iguala. Nos han acusado de espiar para los grupos, nos han acañonado. Ya escuchamos antes que las autoridades estatales nos ayudarían, pero luego desaparecen y no hacen nada”.