El 28 de septiembre de 2020, un juez colombiano le ordenó al medio digital Semana TV retirar la emisión de un episodio de un programa de noticias, y ordenó una investigación sobre cómo dos periodistas del canal habían obtenido la información de carácter reservado transmitida en ese episodio, según informaciones de prensa.
El fallo judicial, al cual el CPJ tuvo acceso, fue divulgado el 6 de octubre y fue dictado por el juez Octavio Carrillo del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bogotá, y concierne el episodio del 30 de agosto de “Vicky en Semana”, un programa noticioso diario que se emite en Semana TV, el canal por Internet de la revista de noticias independiente de Bogotá Semana.
En ese episodio se dieron a conocer grabaciones de conversaciones telefónicas que fueron grabadas secretamente, entre familiares de Juan Guillermo Monsalve, exmiembro de un grupo paramilitar ilegal, según las versiones de prensa.
El fallo judicial declaró que Semana TV había violado el derecho a la intimidad personal de la familia Monsalve, y fue emitido en respuesta a una acción de tutela presentada por Marta Elena Monsalve, la hermana del excombatiente paramilitar.
Juan Guillermo Monsalve cumple una pena de 40 años de cárcel por delitos cometidos cuando pertenecía a un grupo paramilitar de derecha, y es un testigo clave en la investigación penal contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe por presunto soborno y manipulación de testimonios. Las grabaciones se realizaron por orden de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, según esas versiones de prensa.
En su fallo, Carrillo señaló que, si bien los periodistas tienen el derecho de informar al público, no deben vulnerar la reserva sumarial, y le ordenó a Semana TV retirar el episodio del 30 de agosto en un plazo de 48 horas. El fallo también instó a la Fiscalía General de la Nación a abrir una investigación sobre cómo los periodistas Vicky Dávila, presentadora de “Vicky en Semana”, y Jairo Lozano, quien trabaja para el programa, habían obtenido las grabaciones.
En un artículo publicado el 10 de octubre, Semana declaró que acataría el fallo judicial, pero señaló que la decisión judicial tendría “graves implicaciones” para la libertad de prensa. Dávila declaró al CPJ mediante una aplicación de mensajería que el episodio del 30 de agosto ya se había retirado.
Jaime Arrubla, abogado de Semana, declaró al CPJ en entrevista telefónica que el medio de prensa había apelado el fallo y que no sabía si la Fiscalía había abierto una investigación sobre cómo los periodistas habían obtenido las grabaciones.
El CPJ llamó a la oficina de prensa de la Fiscalía y del Ministerio de Justicia para obtener una declaración, pero nadie contestó las llamadas.
En un comunicado, la Fundación para la Libertad de Expresión, con sede en Bogotá, catalogó la decisión judicial de “desproporcionada” y declaró que la orden de investigar cómo los periodistas accedieron a las grabaciones era “preocupante” e ignoraba el derecho constitucional de los periodistas colombianos a utilizar fuentes anónimas.