Managua, Nicaragua, 24 de septiembre de 2020 – El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) instó hoy a la Asamblea Nacional nicaragüense a rechazar un proyecto de ley que obligaría a medios de prensa y a periodistas a registrarse como “agentes extranjeros” si reciben fondos o pagos procedentes del extranjero.
El proyecto de ley, introducido el 22 de septiembre, estipula que las personas y las organizaciones que reciban dinero de fuentes extranjeras, como agencias gubernamentales y organizaciones internacionales sin fines de lucro, se registren como “agentes extranjeros” ante el Ministerio de Gobernación, según una nota publicada en el diario nicaragüense La Prensa. La iniciativa de ley fue promovida por los 70 diputados del partido del presidente Daniel Ortega, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), de acuerdo con versiones de prensa.
“Identificar de agentes extranjeros a periodistas y medios de prensa forma parte de los sistemáticos intentos del Gobierno nicaragüense por restringir y controlar el trabajo de los medios independientes”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. “Instamos a la Asamblea Nacional nicaragüense a rechazar esta escandalosa ley y a permitir que la prensa trabaje con libertad y sin ser objeto de intimidación ni vigilancia”.
Según las informaciones de prensa, y una copia del proyecto de ley que periodistas nicaragüenses compartieron en Twitter y con el CPJ, las reglas se aplicarían a una amplia gama de organizaciones e individuos, entre ellos los “empleados de servicios de información”.
En Facebook, la sección nicaragüense de la asociación internacional de escritores PEN declaró que este requisito afectaría a los periodistas que reciben fondos de fundaciones internacionales u otras fuentes, a los corresponsales de medios de prensa internacionales, y a los periodistas freelance que reciben ingresos de medios internacionales, entre otros.
Según el análisis del CPJ sobre el proyecto de ley, las personas u organizaciones que no se inscriban en el plazo de 60 días establecido podrían ser objeto de multas o la confiscación de bienes, aunque el documento no indica cuándo comienza el plazo de 60 días ni qué tipo de bienes se pueden confiscar. Los que se registren deben presentar informes mensuales sobre sus ingresos ante el Ministerio de Gobernación, al igual que constancias de gastos y actividades relacionados con su trabajo profesional. El proyecto de ley también contempla que los “agentes extranjeros registrados” deberán “abstenerse, so pena de sanciones legales, de intervenir en cuestiones, actividades o temas de política interna”.
Se espera que la Asamblea Nacional de Nicaragua, con representación mayoritaria del FSLN, someta a votación el proyecto de ley en unos días, según una nota del sitio noticioso Despacho 505. De acuerdo con el procedimiento legal publicado en la Gaceta Diario Oficial del Gobierno, si la Asamblea Nacional aprueba el proyecto de ley, el presidente nicaragüense puede optar por promulgarla.
Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional y miembro del FSLN, y Edwin Castro, líder de la bancada del FSLN, no respondieron de inmediato a las solicitudes enviadas por correo electrónico por el CPJ para obtener una declaración.
El CPJ ha documentado la campaña represiva del Gobierno nicaragüense contra los medios independientes en los últimos dos años, que ha comprendido los allanamientos a las Redacciones de medios, el encarcelamiento de periodistas y el acoso judicial.