Managua, Nicaragua, 17 de junio de 2020 – Las autoridades guatemaltecas deben liberar inmediatamente al periodista Francisco Chox y realizar una investigación exhaustiva y transparente sobre las circunstancias de su arresto, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por su siglas en inglés).
El 11 de junio, un grupo de pobladores del municipio de Santa Catarina Ixtahuacán, en el departamento de Sololá, detuvo a Chox mientras éste daba cobertura a una protesta sobre una disputa territorial, según Erwin Juárez, director de Nim TV, el canal local para el cual Chox trabajaba como periodista freelance en ese momento, quien habló con el CPJ por vía telefónica.
Johanna Rodríguez, productora de Nim TV, declaró al CPJ que los manifestantes habían golpeado a Chox y le habían causado fracturas en las costillas y moretones en el rostro, las piernas y los brazos. Según Rodríguez, los manifestantes entonces colocaron municiones en la bolsa de Chox y lo llevaron ante la Policía, que lo arrestó por la posesión ilícita de municiones.
Chox cumple prisión preventiva en el vecino departamento de Chimaltenango, señaló Juárez. Si lo procesan y lo declaran culpable, podría recibir una pena de hasta tres años de cárcel y una multa de hasta 50.000 quetzales (USD 6.500), según el Código Penal guatemalteco.
“Francisco Chox no debió haber pasado ni un solo día, y mucho menos una semana, en la cárcel simplemente por tratar de informar sobre una disputa por tierras”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. “Las autoridades guatemaltecas deben garantizar que los periodistas puedan trabajar con libertad, sin ser hostigados por la Policía ni por manifestantes. Chox debe ser liberado inmediatamente y las autoridades deben investigar las circunstancias de su arresto”.
Santa Catarina Ixtahuacán sostiene una antigua disputa con el vecino municipio de Nahualá, donde vive Chox, según versiones de prensa, que han señalado que las comunidades se han enfrentado por el control de fuentes de agua potable y por los límites territoriales.
Rodríguez y Juárez afirmaron que habían conocido los detalles del caso de Chox luego de hablar con el abogado del periodista.
Según Juárez, el abogado cree que los pobladores agredieron y detuvieron a Chox porque lo habían identificado como habitante de Nahualá. Juárez agregó que, a pesar de que Chox había mostrado sus credenciales de prensa a la Policía, los agentes policiales lo habían arrestado.
Chox ocasionalmente trabaja como periodista freelance para Nim TV en temas noticiosos locales, y también se desempeña como bombero voluntario, según Juárez.
Alfonso Guarqués, presidente de la Asociación de Periodistas de Sololá, declaró al CPJ en entrevista telefónica que las autoridades de Sololá habían trasladado a Chox a una cárcel de Chimaltenango, contrariamente a la prohibición de tránsito entre departamentos, que fue decretada en marzo en el contexto de la pandemia del COVID-19.
Guarqués agregó que los reclusos de la cárcel se habían comunicado con la familia de Chox y le habían pedido dinero para “proteger” al periodista mientras estuviera en prisión, lo que describió como intento de extorsión.
Ruth del Valle, representante de la Procuraduría de Derechos Humanos, organismo gubernamental con la función de investigar denuncias de violaciones de derechos humanos en Guatemala, declaró al CPJ que Chox había sido trasladado a Chimaltenango porque las cárceles locales estaban llenas.
Aunque la ley guatemalteca establece que se debe celebrar una audiencia inicial en un plazo de 24 horas a partir del arresto de una persona, del Valle declaró al CPJ que el caso se había tramitado primero en la jurisdicción de Sololá, pero que el 15 de junio se había trasladado a un juez de Chimaltenango, quien había fijado la primera audiencia para el 18 de junio.
“Nos preocupa que esto pudiera demorar más de una semana. Tenemos otros casos de personas que han estado en la cárcel por tres semanas sin la primera audiencia porque las cárceles dijeron que no trasladarían reclusos al juzgado”, señaló del Valle.
El CPJ llamó en reiteradas ocasiones y envió un correo electrónico a la Fiscalía General, pero no recibió respuesta.
En marzo, el CPJ publicó un informe sobre el deterioro de la libertad de prensa en Guatemala, el cual instó al Gobierno a implementar un sistema más eficaz para responder a las violaciones de la libertad de prensa.