Nueva York, 7 de abril de 2022 – La Asamblea Legislativa de El Salvador debe anular la nueva ley que penaliza la cobertura periodística sobre las pandillas, y debe permitir que los medios de comunicación puedan informar con libertad sobre asuntos de interés público, declaró este jueves el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
“Como temían periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de prensa, las autoridades salvadoreñas están utilizando el estado de emergencia implantado en el país como pretexto para suprimir derechos humanos fundamentales e ilegalizar el periodismo investigativo crítico”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Latinoamérica y el Caribe del CPJ. “La recién adoptada ley que prohíbe la cobertura informativa de las pandillas demuestra que el Gobierno salvadoreño se concentra más en acallar a la prensa que en resolver la actual crisis. Esta reforma establece un precedente verdaderamente peligroso y debe derogarse de inmediato”.
Las reformas, que fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa de El Salvador el martes 5 de abril y entraron en vigor el miércoles, modifican el Código Penal para sancionar con penas de cárcel de 10 a 15 años a toda persona involucrada en la creación de contenido visual que contenga alusiones a grupos criminales o transmita amenazas, y declaran que las sanciones también abarcan a medios radiales, televisivos, impresos y digitales que “reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales”, si esos mensajes “pudieren generar zozobra y pánico a la población en general”, según informaciones de prensa, un comunicado de la Asociación de Periodistas de El Salvador y el texto de la reforma.
Como respuesta a una ola de violencia durante la cual decenas de personas resultaron asesinadas en un solo fin de semana, el 27 de marzo los legisladores salvadoreños aprobaron un decreto que establece el estado de excepción por un período de 30 días. En virtud de ese decreto, se suspendieron derechos constitucionales como la libertad de reunión y el debido proceso, y se ha otorgado al Ejecutivo amplios poderes para arrestar a cientos de personas sin pruebas y para detener a sospechosos hasta 15 días sin imputarles delito alguno.