Por Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ
En Bolivia, Brasil, El Salvador y Perú, las medidas de emergencia en respuesta al COVID-19 limitaron la capacidad de los medios de comunicación para informar libremente y la capacidad de la sociedad para acceder a la información, lo cual abarca información crucial sobre intervenciones en materia de salud pública y sobre la propia pandemia, según los hallazgos de un informe del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y el programa TrustLaw de la Fundación Thomson Reuters. El informe, publicado el 8 de junio, también constató que en República Dominicana se utilizaron leyes que antecedieron el COVID-19 para procesar judicialmente a personas por publicar “noticias falsas” sobre la pandemia.
El exhaustivo informe, titulado “Medidas de respuesta al COVID-19 que afectan la libertad de prensa”, analiza cuál fue el efecto de las medidas de emergencia que se adoptaron en respuesta a la pandemia del COVID-19 sobre la libertad de prensa, la libertad de expresión y el acceso a la información en cinco países latinoamericanos. El informe, que se elaboró en alianza con los equipos de estudios jurídicos de cinco países que ofrecieron su trabajo gratuitamente (pro bono), realiza un análisis comparativo de las nuevas leyes, medidas ejecutivas y demás medidas jurídicas que se promulgaron en estos países en respuesta a la pandemia en los seis meses posteriores al primer caso de COVID-19 que se identificó en Latinoamérica, en febrero de 2020. El informe examina el impacto negativo de tales medidas sobre la libertad de expresión y el acceso a la información durante ese período de seis meses, o el potencial que tienen de limitar estos derechos fundamentales en el futuro.
Pese a las orientaciones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya Resolución 01/20, que se adoptó en abril de 2020, ofrecía recomendaciones específicas a las naciones para “abordar el enfrentamiento al COVID-19 desde el enfoque de derechos humanos”, los Gobiernos nacionales en todas las Américas no tomaron en cuenta las necesidades de los periodistas e implementaron regulaciones con una redacción excesivamente amplia que permitió criminalizar en mayor medida la libre expresión. En algunos casos particularmente preocupantes, gobernantes con inclinaciones represivas utilizaron la pandemia como pretexto para incrementar la censura, menoscabar la transparencia y limitar el acceso de la ciudadanía a la información.
Conforme la pandemia se propagaba por las Américas, los altos funcionarios y las personas encargadas de formular políticas no tomaron en cuenta las necesidades específicas de los periodistas para seguir accediendo a sus redacciones y lugares de cobertura, y ordenaron toques de queda y cuarentenas sin excepciones que contemplaran a los medios. A pesar de la evidente necesidad que tenía la sociedad de obtener información confiable, no siempre los periodistas fueron clasificados como trabajadores esenciales: de los países analizados, solamente República Dominicana y Perú definieron de manera proactiva el trabajo de los medios como “servicio esencial” o desde un inicio contemplaron excepciones para los trabajadores de medios. Sin embargo, inclusive en Perú, las fuerzas de seguridad no siempre estaban al tanto de las excepciones, lo cual provocó que varios periodistas fueran hostigados o detenidos brevemente por agentes policiales por incumplir la cuarentena, pese a que los periodistas portaban las credenciales necesarias que les permitían circular libremente, como el CPJ lo documentó en ese momento.
La prisa por redactar y aprobar muchas de estas órdenes ejecutivas y leyes de emergencia también trajo como resultado que en muchas ocasiones presentaran un lenguaje excesivamente amplio que dejaba las órdenes y leyes abiertas a la interpretación, y en ciertos casos introdujeran nuevos delitos no contemplados en los Códigos Penales nacionales, con el pretexto de proteger la salud pública. En Bolivia, el Gobierno de la presidente interina Jeanine Áñez se vio obligado a dar marcha atrás a varios Decretos Supremos que permitían la imputación de cargos penales a personas que difundieran “desinformación” o generaran “incertidumbre en la población” sin definir ninguno de esos términos. En Brasil, numerosos legisladores han presentado proyectos de ley que establecerían sanciones penales por publicar o compartir “fake news”, una frase que no tiene una definición jurídica asentada en la ley brasileña.
En los casos más preocupantes, constató el informe, el COVID-19 sirvió de excusa a los gobernantes con inclinaciones autoritarias para limitar aún más el acceso a la información oficial y blindarse contra la crítica y el escrutinio. El Gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele canalizó la información mediante unas pocas fuentes escogidas, y ofreció actualizaciones oficiales únicamente mediante la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia o, cada vez con mayor frecuencia, la propia cuenta de Twitter del presidente. En El Salvador y Brasil, los Gobiernos nacionales redujeron o suspendieron las actividades de entidades gubernamentales encargadas de garantizar la transparencia y responder a las solicitudes de información pública de la ciudadanía, con lo cual en la práctica suspendieron fuentes de datos cruciales sobre asuntos de interés público como los contratos gubernamentales destinados a los centros médicos y la adquisición de insumos, la campaña de vacunación, y hasta las tasas de hospitalización y mortalidad.
El informe íntegro se puede consultar en inglés y español aquí.