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COLOMBIA
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EN ESTE AÑO DEVASTADOR PARA COLOMBIA, varios periodistas fueron asesinados, agredidos, amenazados y secuestrados. Muchos se vieron obligados a salir del país. Mientras agonizaba el proceso de paz iniciado en 1999, se recrudeció el conflicto de casi cuatro décadas en el que luchan dos grupos guerrilleros izquierdistas contra el ejército y los paramilitares ultraderechistas. Todos los bandos en conflicto atacaron a periodistas.
Tres periodistas fueron asesinados en represalia por su trabajo en el 2000, según las investigaciones del CPJ. El CPJ continúa investigando si las muertes violentas de otros cuatro periodistas colombianos se debieron al cumplimiento de su labor. El 25 de mayo, Jineth Bedoya Lima, reportera del diario de Bogotá El Espectador, fue secuestrada, golpeada y violada. El ataque fue al parecer en represalia por los reportajes que El Espectador publicó acerca de una batalla en un establecimiento penal entre delincuentes comunes y reclusos integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el principal grupo paramilitar de derecha. En sus reportajes, El Espectador dio a entender que los cabecillas de las AUC podrían haber ordenado el ajusticiamiento de varios reos. Durante el secuestro de Bedoya, sus captores le dijeron que planeaban matar a otros tres periodistas, entre ellos el director de la unidad de investigación de El Espectador, Ignacio Gómez, quien en ese entonces era también director de la organización local Fundación para la Libertad de Prensa. El día anterior al ataque contra Bedoya, un hombre a quien Gómez reconoció como miembro de las fuerzas paramilitares intentó meterlo a la fuerza en un taxi que lo esperaba. Gómez abandonó el país menos de una semana después, luego de que la policía le indicó que no podía protegerlo. El CPJ protestó el secuestro de Bedoya en una carta con fecha 31 de mayo dirigida al presidente Andrés Pastrana Arango. El 14 de septiembre, escribimos otra carta en la que manifestamos nuestra inquietud por la falta de avances en la investigación. Para fines de año, no había detenidos y el fiscal a cargo de la investigación ni siquiera se había comunicado con Bedoya, según la periodista. En un inicio los paramilitares eran los principales sospechosos en el caso Bedoya, aunque Carlos Castaño Gil, el temido líder de las AUC, negó públicamente que su organización hubiera estado implicada. Aunque miembros de las fuerzas paramilitares podrían ser los responsables del secuestro, Bedoya misma ahora cree que fue obra de agentes de la inteligencia policial. En mayo, a Castaño se le instruyó formalmente de cargos por el asesinato en agosto de 1999 del humorista político Jaime Garzón, aunque Castaño negó las acusaciones y eludió el arresto. En diciembre, cinco hombres encapuchados y fuertemente armados salieron por la televisión colombiana, y afirmaron que eran miembros de un grupo de sicarios llamado La Terraza y que habían asesinado a Garzón y a otras cuatro personas por órdenes de Castaño. También se sospecha que fueron paramilitares los responsables del asesinato de tres periodistas en el 2000, aunque se pensaba que no todos eran integrantes de las AUC. En respuesta a la carta del CPJ fechada 31 de mayo que protestaba contra el secuestro de Bedoya, el presidente Pastrana escribió que su gobierno «fortalecerá la acción que ha venido desempeñando en defensa de la libertad de expresión». El 18 de agosto, el gobierno creó el Programa de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales. A varios periodistas, entre ellos Bedoya, se les ha asignado guardaespaldas. Una unidad especial creada en 1999 para investigar los asesinatos de periodistas logró avances en algunos casos. Pero la exoneración a fines de año de los tres hombres acusados del asesinato en 1998 del periodista radial Nelson Carvajal Carvajal fue un recordatorio de que la impunidad sigue siendo la norma. Todos los bandos en guerra son sumamente sensibles a su imagen en la prensa, y todos han recurrido a la violencia para asegurarse de tener un tratamiento informativo favorable. Los paramilitares derechistas son los peores en cuanto a este tipo de violencia, pero los guerrilleros izquierdistas también fueron una amenaza para los periodistas. El 22 de enero, el principal grupo guerrillero del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), secuestró a Guillermo Cortés, un veterano periodista de sobresaliente reputación que se había ganado el sobrenombre de «La Chiva» (expresión colombiana que se refiere a una primicia noticiosa). Con el fin de presionar a las FARC a que dejaran en libertad a Cortés, los directores y propietarios de los principales medios de prensa colombianos escribieron al comandante de las FARC Raúl Reyes y amenazaron con boicotear la inauguración de las conversaciones de paz en un poblado controlado por la guerrilla a menos que Cortés fuera liberado para el 29 de enero. Cortés no fue liberado para esa fecha y los directores de medios estuvieron ausentes del evento, aunque sí enviaron reporteros. El líder de las FARC Manuel Marulanda advirtió a los reporteros que sus jefes habían sido injustos con las FARC y que lo pagarían. Marulanda repitió la acusación en una carta enviada a los medios el 2 de febrero. Las FARC posteriormente admitieron haber secuestrado a Cortés (por razones estrictamente económicas, según los dirigentes de las FARC). Las fuerzas armadas colombianas dijeron haber liberado a Cortés en un asalto en agosto, pero algunos creen que se pagó un rescate. Otra destacada figura de la televisión, Fernando González-Pacheco, huyó del país en marzo tras recibir amenazas de secuestro. Una semana después, Francisco «Pacho» Santos Calderón, director del principal diario del país, El Tiempo, también marchó al exilio tras ser objeto de un aparente intento de asesinato. Según un colega de Santos, los atacantes habían sido contratados por las FARC. Santos fundó una organización antisecuestros luego de que el jefe del cartel de narcotráfico de Medellín, Pablo Escobar, lo secuestró por ocho meses en 1990. Aunque los ataques violentos contra la prensa colombiana el año pasado fueron perpetrados en su mayor parte por facciones políticas en guerra y no por los carteles de la droga _como era el caso en la década de los 80 y a principios de los 90_ es importante destacar que todos los bandos en conflicto reciben fondos del narcotráfico. Algunos periodistas colombianos temen que un paquete de asistencia militar valorado en 1300 millones de dólares estadounidenses y ofrecido por Estados Unidos para combatir el narcotráfico podría intensificar la guerra y hacerlos aun más vulnerables. «La pregunta que nos hacemos mis colegas y yo es, ¿quién quedará para informar sobre cómo se está gastando ese dinero?», destacó Gómez en un artículo de opinión publicado el 23 de junio en The New York Times. |