México

Por Mike O'Connor/Representante del CPJ en México

Nueva York, 21 de mayo de  2012--Las autoridades mexicanas deben quebrar el ciclo de impunidad que rodea a los asesinatos de periodistas al investigar el asesinato de Marco Antonio Ávila García, reportero de la fuente policíaca, y enjuiciar a los responsables, afirmó hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

 El cuerpo de Ávila, con signos de tortura, fue hallado el viernes en un camino de tierra cerca de la ciudad de  Guaymas, en el estado de Sonora, según informó la Procuraduría General del estado. Una autopsia reveló que había sido estrangulado, según informes de prensa. José Larrinaga Talamante, vocero de la Procuraduría estatal, afirmó a reporteros que junto al cuerpo encontraron un mensaje escrito asociado con el crimen organizado, pero no dio a conocer más detalles. 

Nueva York, 18 de mayo de 2012-- Marcos Ávila García, veterano reportero de la fuente policíaca, fue secuestrado en la tarde del jueves en la ciudad mexicana de Ciudad Obregón, en el estado noroccidental de Sonora, según informes de prensa. Ávila trabaja para el diario local El Regional de Sonora, informó el periódico.

Nueva York, 4 de mayo de 2012--Los cuerpos de dos reporteros gráficos mexicanos que cubrían la fuente policíaca fueron hallados junto con otros dos cuerpos de un ex fotoperiodista y un cuarto individuo en un canal en la ciudad de Boca del Río, en el estado de Veracruz, según informes de prensa.

Nueva York, 30 de abril de 2012--Las autoridades deben investigar de inmediato el asesinato de la periodista mexicana Regina Martínez Pérez, determinar el motivo, y asegurar que los responsables sean enjuiciados, afirmó hoy el Comité para la Protección de los Periodistas de Nueva York (CPJ, por sus siglas en inglés). 

Por Javier Garza/Subdirector Editorial de El Siglo de Torreón

Eran las tres de la mañana del martes 15 de noviembre de 2011 cuando un automóvil se estacionó frente a la puerta del edificio del periódico El Siglo de Torreón, el diario de mayor circulación en los estados de Coahuila y Durango en el norte de México. El conductor subió el auto a la banqueta, lo roció de gasolina y le prendió fuego. Desde otro automóvil, dispararon una ráfaga de AK-47 contra una oficina de ventas del mismo periódico al otro lado de la calle.

El ataque duró menos de cinco minutos, tiempo suficiente para cometerlo con total libertad. Afortunadamente, los accesos al edificio estaban cerrados a esa hora y los trabajadores que quedaban adentro se encontraban en el área de prensa, resguardados de la agresión. Nunca supimos quiénes quemaron el automóvil y dispararon contra las oficinas. Durante ese 15 de noviembre recibimos llamadas de todo tipo de autoridades prometiendo una investigación a fondo que nunca se hizo.

El Índice de Impunidad del CPJ en 2012 destaca los países donde los periodistas son asesinados y los responsables quedan libres

Nueva York, 27 de marzo de 2012--Las autoridades mexicanas deben investigar ataques contra un diario y un canal de televisión en el estado nororiental de Tamaulipas y asegurar que sus instalaciones y su personal estén protegidos, afirmó hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). Los dos ataques ocurrieron en menos de una semana.

Nueva York, 13 de marzo de 2012--El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) elogia hoy la aprobación histórica por parte del senado mexicano de una enmienda constitucional que, de ser aprobada por una mayoría de estados, otorgaría jurisdicción a las autoridades federales sobre delitos contra la libertad de prensa.

Por Mike O'Connor/Representante del CPJ en México

En México, donde la impunidad en casos de asesinatos de periodistas ha generado terror y censura en la prensa local, legisladores afirmaron que el Senado federal está a punto de aprobar una enmienda constitucional que otorgaría jurisdicción a las autoridades federales sobre delitos contra la libertad de prensa. La aprobación significaría que los fiscales y la policía federal, que en general son menos corruptos y más efectivos, tendrían jurisdicción sobre las autoridades estatales en los casos de periodistas asesinados y amenazados.