Guatemala

Nueva York, 12 de septiembre de 2006—El reportero de radio guatemalteco Eduardo Maas Bol fue asesinado a tiros dentro de su carro en las afueras de la ciudad central de Cobán la madrugada del domingo. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) está investigando la posible relación entre el asesinato de Pérez y su trabajo periodístico.

Maas, corresponsal en Cobán de la estación Radio Punto radicada en Ciudad de Guatemala, fue asesinado con cuatro tiros hacia las 4 a.m. en la carretera que conecta a Cobán con Ciudad de Guatemala, indicó al CPJ el agente fiscal Genaro Pacheco. Agresores no identificados le dispararon en la cabeza, el brazo izquierdo, la espalda y el tórax.

Nueva York, 25 de agosto del 2006—El conductor de radio Vinicio Aguilar Mancilla, baleado el miércoles por la mañana, estaba hoy en condición estable en un hospital de Ciudad de Guatemala mientras los investigadores intensificaban la búsqueda de los atacantes. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) está siguiendo de cerca la investigación para determinar si el ataque estuvo relacionado con el trabajo periodístico de Aguilar.

Nueva York, 24 de agosto del 2006—El conductor de radio guatemalteco Vinicio Aguilar Mancilla fue herido de gravedad al ser baleado en la cara por atacantes desconocidos mientras hacía footing en Ciudad de Guatemala, según informes de prensa y entrevistas efectuadas por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). Aguilar se estaba recuperando hoy luego de ser intervenido quirúrgicamente.

Nueva York, 3 de febrero del 2006—El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) elogia una decisión del máximo tribunal de Guatemala de derogar las leyes de desacato que penalizan las expresiones ofensivas dirigidas a funcionarios públicos. La corte declaró que las leyes de desacato son inconstitucionales y "atentatorias a la libertad de expresión y al derecho a la información".

En una decisión emitida el miércoles, la Corte de Constitucionalidad eliminó los artículos 411, 412 y 413 del código penal, que sancionaban con prisión de seis meses a tres años a quien ofendiera a autoridades gubernamentales o funcionarios públicos.