Argentina

La Corte Suprema de Justicia resolvió en marzo que el gobierno debía aplicar un equilibrio razonable en la distribución de la publicidad oficial. Al dictar su fallo en un caso planteado en 2006 por Editorial Perfil, la mayor empresa editora de revistas del país, la corte intentó frenar la vieja práctica de recompensar a los medios afines al gobierno con publicidad oficial, mientras se castiga a la prensa crítica negándole avisos. No obstante, Perfil y otros críticos del gobierno adujeron que la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien ganó la reelección en octubre, siguió utilizando el mismo sistema de distribución no equitativa. Las relaciones entre el Grupo Clarín, el mayor conglomerado de medios del país, y el gobierno de Kirchner empeoró en marzo luego de que manifestantes, incluyendo a miembros del sindicato de Camioneros, bloquearan las salidas para camiones en la planta impresora del diario Clarín, impidiendo que la edición dominical del periódico fuese distribuida. La circulación del diario La Nación también se vio interrumpida durante varias horas. En diciembre, Kirchner firmó una medida que obligaba al único fabricante de papel para periódicos, Papel Prensa, a someterse a la regulación del gobierno. Grupos de editores indicaron que éste era otro ataque a Clarín y La Nación, que son dueños de una participación mayoritaria en la empresa. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) documentó una serie de abusos en el interior del país, incluyendo un ataque a un periodista radial, un caso de incendio intencional y un episodio en el cual se disparó contra un equipo de camarógrafos. Un tribunal federal sentenció en octubre a 16 ex militares a condenas a prisión entre 18 años y cadena perpetua por el asesinato del periodista Rodolfo Walsh y otras 85 personas durante la dictadura militar argentina de los años 1976-83.

Por Carlos Lauría/Coordinador Senior del Programa de las Américas

Fue una mañana de invierno crudo hace más de 15 años. Como parte de mi rutina diaria de corresponsal extranjero, abrí mi computadora personal para leer los diarios argentinos. Un titular me conmovió: José Luis Cabezas, fotógrafo del semanario Noticias, había sido asesinado. Su cuerpo con dos balazos en la cabeza fue hallado el 15 de enero de 1997, dentro de un auto que había sido incendiado, esposado y el cuerpo calcinado, en las afueras de la ciudad balnearia de Pinamar.   

Por Sara Rafsky/Investigadora Asociada del programa de las Américas

El Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, dominó los titulares de los medios en agosto de 2010 tras una reunión con los directores de Papel Prensa, fabricante de papel para periódicos. Moreno sacó un par de guantes de boxeo, solicitó a las mujeres que salieran de la reunión y, tras apagar las luces, desafió a los hombres a pelear. La agresiva invitación del funcionario, aunque presumiblemente en broma, preparó el terreno para el debate legislativo que tuvo lugar en diciembre sobre el destino de Papel Prensa, una discusión igualmente combativa a pesar de que faltaban los accesorios pugilísticos.

Nueva York, 12 de septiembre de 2011--Una demanda alegando invasión a la privacidad que Carlos Saúl Menem, el ex Presidente de Argentina, inició contra dos periodistas de la revista local Noticias viola el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, afirmó el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) en un escrito legal presentado el viernes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Este es el primer caso introducido ante el sistema interamericano que involucra una demanda de privacidad originada en un informe sobre temas de interés público. El CPJ considera que es vital que la corte siente un precedente para proteger los derechos de los periodistas en un momento en el cual los líderes en América Latina y alrededor del mundo están utilizando una cantidad de acciones legales para coartar el trabajo informativo crítico. 

Nueva York, 29 de marzo de 2011--El gobierno argentino debe garantizar que la distribución de los dos principales diarios del país se efectúe sin interferencia, afirmó hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). El pedido del CPJ se produce dos días después de que una protesta gremial bloqueara las salidas de los camiones fuera de las plantas impresoras de Clarín  y La Nación, impidiendo que Clarín distribuyera su edición de domingo.

Nueva York, 4 de marzo de 2011--El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) saluda un fallo de la Corte Suprema de Justicia argentina que exhorta a omitir criterios discriminatorios y establecer un "equilibrio razonable" en la distribución de la publicidad oficial. La decisión deriva de un amparo presentado en 2006 por la Editorial Perfil, la empresa editora de revistas más grande del país, alegando arbitrariedad en la distribución de la pauta publicitaria oficial.

En América Latina, el retorno de la censura

Por Carlos Lauría

Conocido como el clan político preeminente del estado nororiental de Maranhão durante más de 40 años, la familia Sarney está habituada a salirse con la suya en la vida cívica de Brasil. De modo que cuando uno de los principales diarios nacionales, O Estado de S. Paulo, publicó en junio de 2009 acusaciones que vinculaban a José Sarney, titular del Senado y ex presidente de la nación, con un escándalo de nepotismo y corrupción, su familia no se quedó con los brazos cruzados. Los Sarney recurrieron a un juez en Brasilia y obtuvieron una orden judicial que impidió a O Estado publicar cualquier informe sobre dichas acusaciones. Dieciocho meses después, a fines de 2010, la prohibición seguía en vigencia a pesar de las protestas locales e internacionales.

Nueva York, 10 de septiembre de 2010--Atacantes desconocidos mataron el sábado a puñaladas al reportero Adams Ledesma Valenzuela en una villa de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires, según informes de la prensa local e internacional. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) instó hoy a las autoridades locales a investigar el caso y enjuiciar a los responsables del homicidio.