Nueva York, 21 de octubre de 2020 – El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) instó hoy a las autoridades argentinas a retirar la acusación penal contra el periodista Daniel Santoro y garantizar que las investigaciones penales no amenacen la capacidad de los periodistas de ejercer su labor.
En una resolución que se dio a conocer esta mañana, el juez Alejo Ramos Padilla, del Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores, en la provincia de Buenos Aires, acusó a Santoro—periodista investigativo del diario de circulación nacional Clarín—de pertenecer a una “asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal” y de realizar “acciones de inteligencia prohibidas”, según el documento judicial, al cual tuvo acceso el CPJ. El año pasado, el juzgado ordenó la entrega de una lista de las llamadas telefónicas de Santoro y lo citó a declarar con motivo de una investigación que sostenía que Santoro había participado en un plan para extorsionar a empresarios a cambio de evitarles una cobertura noticiosa negativa, conforme el CPJ lo documentó en la época. La resolución judicial de hoy cerró formalmente esa investigación y presentó nuevas acusaciones contra varias personas, entre ellas Santoro.
Las imputaciones se derivan de las relaciones de Santoro con Marcelo D’Alessio, ciudadano argentino que coordinó por lo menos una entrevista con un sujeto para uno de los artículos de Santoro y contra el cual se ha abierto una causa penal por extorsión, según los documentos judiciales. Santoro ha rechazado en reiteradas ocasiones haber cometido cualquier tipo de acto ilícito, y el año pasado declaró al CPJ por vía telefónica que D’Alessio era una fuente periodística.
“Responsabilizar a los periodistas por los actos de sus fuentes sienta un precedente muy perturbador que allana el camino a la apertura de causas penales contra los periodistas investigativos que ponen al descubierto la corrupción”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ. “Las autoridades argentinas deben retirar la acusación penal contra Daniel Santoro y garantizar que las investigaciones penales no amenacen la libertad de prensa”.