El gobierno de Chávez ha utilizado una variedad de leyes, amenazas y medidas regulatorias para debilitar, de manera gradual, a la prensa independiente mientras erigía un imperio mediático estatal, provocando un cambio profundo del anterior panorama de medios. Un resultado: Temas cruciales no están recibiendo cobertura informativa en un año electoral. Un informe especial del CPJ por Monica Campbell
Publicado el 29 de agosto de 2012
CARACAS
Parecía una noticia de rutina. En marzo, José Gregorio Briceño, gobernador del estado sureño de Monagas, se presentó en la televisión nacional y protestó la falta de respuestas de funcionarios del gobierno frente a reclamos de agua contaminada en el estado. Un oleoducto administrado por la compañía estatal de petróleo, PDVSA, había estallado en el río Guarapiche, que atraviesa el estado de Monagas. Luego, la prensa publicó testimonios de expertos independientes y familiares con niños enfermos.
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Informe de audio
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El presidente venezolano Hugo Chávez Frías prometió tomar medidas, pero en lugar de investigar la posibilidad de que el agua estuviera contaminada se propuso refutar al “terrorismo mediático” que según él amenaza al país. Funcionarios del gobierno central se quejaron de una supuesta manipulación política y de una conspiración de los medios en el año electoral. Chávez es candidato y aspira a un tercer mandato de seis años en octubre. La Fiscal General Luisa Ortega Díaz solicitó a un tribunal de control una medida cautelar para exigir a los medios de comunicación que la labor informativa sobre el tema sea respaldada con informes técnicos de una entidad competente. De otro modo, los periodistas podrían generar zozobra y “desestabilizar” el orden público e incurrirían en multas o penas de prisión.
¿”Qué ocurre entonces si una mujer sale de su casa con un vaso de agua color marrón o un niño con diarrea? No podemos difundirlo. ¿Y qué pasa si la comunidad protesta por el agua sucia? ¿Tampoco podemos difundirlo”? se pregunta Silvia Alegrett, presidenta del Colegio Nacional de Periodistas. Alegrett y otros periodistas venezolanos indicaron que mientras el gobierno cita estudios sobre la calidad del agua, obtener copias de dichos informes resulta complicado. “Los funcionarios aparecerán al aire con los estudios y dirán: ‘Lo que dice la prensa no es verdad’. Pero luego no veremos copias de esos informes”, afirmó Alegrett.
La medida cautelar vinculada al agua contaminada representa uno de los tantos episodios dentro de un campo minado de reformas legislativas y decretos presidenciales introducidos por el gobierno de Chávez desde que asumió el poder en 1999 para restringir a los medios independientes. Para evitar posibles multas o incluso penas de cárcel, muchos periodistas y medios han decidido censurar su propia cobertura informativa.
El gobierno también ha bloqueado cobertura informativa crítica, ha cerrado radios y canales de televisión, ha demandado a periodistas por difamación, ha excluido a quien considera hostil de eventos oficiales y ha acosado -con la ayuda de militantes y medios estatales – a periodistas críticos. El resultado es que temas de interés nacional, incluyendo la salud de Chávez, el creciente desempleo, la superpoblación en las prisiones y las condiciones del vital sector energético estatal, no están recibiendo una cobertura profunda y los temas no pueden ser investigados en un período crucial para el país. Chávez está lidiando no sólo contra el cáncer sino por la primera vez en la historia de sus campañas presidenciales tiene un contendiente fuerte, el gobernador Henrique Capriles Radonski del estado de Miranda.
El gradual desmantelamiento de la prensa más crítica de Venezuela y la creación de un vasto conglomerado de medios estatales representan un cambio extraordinario del panorama de medios. Antes de asumir Chávez, los principales diarios y las estaciones de radio y televisión, eran dominados por el sector privado, una elite empresarial determinada a resguardar a su público de puntos de vista de izquierda y socialistas. Cuando los críticos acusan a Chávez de acaparar poder mediático, sus partidarios argumentan que el gobierno ha democratizado efectivamente a la prensa tras arrancarle el control de una poderosa oligarquía con agenda propia.
La polarización resultante está reflejada en la cobertura informativa de cara a las elecciones presidenciales. En febrero, Venezuela llevó a cabo una primaria presidencial que originó una asistencia masiva e inesperada y proporcionó un importante triunfo para Capriles como el candidato de la coalición opositora, si bien Chávez aún lidera la mayoría de las encuestas. Pero las encuestas que favorecen a cualquiera de los candidatos son cuestionadas, mientras que la responsabilidad por los hechos de violencia en actos de campaña con frecuencia se atribuye a partidarios infiltrados por el bando rival.
Así como buena parte de la prensa privada se enfoca en Capriles, el extenso aparato gubernamental de canales de televisión, radio y prensa escrita produce cobertura negativa sobre Capriles o, en el mejor de los casos, información superficial sobre su campaña. Mientras tanto, cobertura exhaustiva y con matices sobre la campaña de Chávez y las propuestas de su partido están mayormente ausentes en la prensa privada. Una mirada equilibrada y perspicaz sobre cualquier de los candidatos es difícil de encontrar.
“A medida que Chávez ha transformado su poder presidencial en un elemento más permanente, hemos evidenciado mucho mayor falta de respeto por las reglas del juego”, afirmó Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público, una organización local de libertad de expresión.
Amenazas legales y regulatorias que intimidan
La aprobación de leyes que otorgaron a Chávez mayor control sobre los medios le está dando buenos resultados al gobierno. En 2004, la Asamblea Nacional con el apoyo mayoritario de legisladores chavistas aprobó la ley de responsabilidad en radio y televisión que prohíbe antes de las 11 p.m. contenidos que puedan ser considerados demasiados violentos o sexuales para niños o que “promuevan, hagan apología o inciten a alteraciones del orden público”. En diciembre de 2010, diputados del Partido Socialista Unido de Chávez extendieron estas disposiciones a Internet. Funcionarios del gobierno pueden desde entonces ordenar a proveedores de servicio de Internet que limiten los sitios Web que violen los controles.
Los periodistas criticaron la legislación y la calificaron de imprecisa, al destacar que puede aplicarse a temas que se extienden desde enfermedades transmitidas sexualmente a la escalada de violencia en las calles de Venezuela. Mientras que estas leyes aún no han sido utilizadas para encarcelar a periodistas, la amenaza de procesamiento y multas son suficientes para hacer que la mayoría vacile en desafiar la tolerancia del gobierno, según expresaron los periodistas locales.
En 2010, la Asamblea Nacional le otorgó a Chávez el poder y las atribuciones para gobernar por decreto con el pretexto de ayudar a las víctimas de inundaciones, pero la jugada se produjo apenas unas semanas antes de la asunción en la Asamblea Nacional de un nuevo grupo de políticos opositores, impidiendo así cualquier plan para limitar los poderes de Chávez.
Un reportero de un diario en la ciudad costera de Maracay señaló al CPJ que sus editores han prestado mucha atención al asedio contra el canal privado de televisión Globovisión y al cierre de RCTV en 2007, una emisora popular y crítica de Chávez. Las decisiones en el periódico se adoptan en consecuencia. “La mayoría de los medios en Maracay prefieren publicar lo que dicen las fuentes oficiales”, y eso es desmoralizante para los reporteros locales, afirmó el periodista, que solicitó permanecer en el anonimato por temor a represalias de sus editores. Por ejemplo, los diarios locales destacaron la declaración de un funcionario revelando que una carretera a la costa Atlántica sería arreglada a tiempo para las próximas vacaciones. Fotos independientes mostraron un puente colapsado, pero los editores se negaron a publicarlas o a informar sobre el lamentable estado de la autopista. “Uno deja de pelear”. Un editor de uno de los cuatro diarios de Maracay refutó que “Esa presión [de ser suaves con el gobierno] no existe” y agregó que cualquier falta de profundidad en la cobertura periodística es cuestión de tiempo y de recursos.
“La amenaza de juicios e insultos está funcionando”, advirtió Miguel Henrique Otero, editor del diario El Nacional de Caracas.
Los obstáculos regulatorios también juegan un papel importante. En 2009, el organismo regulador del espectro radioeléctrico, Conatel, cuyos integrantes pueden ser designados o destituidos por Chávez, clausuró e incautó equipamiento de más de 30 radios, con motivos que se extienden desde tecnicismos administrativos a emisiones sobre ocupantes ilegales en tiempos de déficit de viviendas. Funcionarios anunciaron que más emisoras figuraban en la lista, pero no especificaron cuáles. “El mensajero es castigado sin importar siquiera si la información es verdadera”, sostuvo Andrés Cañizalez, profesor y especialista en medios de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. “Es difícil de probar en ocasiones. Un presentador de radio está de repente fuera del aire, o una emisora cierra, y uno luego se entera que el gobierno ha retirado sus anuncios”.
Mientras tanto, se ha vuelto cada vez más difícil acceder a información de interés público. La lista de reporteros a quienes se les permite ingresar a conferencias de prensa oficiales se está reduciendo. Los periodistas de Globovisión, que es el único canal de televisión crítico que queda en el país, están a menudo excluidos. “Si uno no figura en la lista de medios aprobados, y Globovisión definitivamente no está en esa lista, entonces deberá quedarse parado en un pasillo”, aseguró Lysber Ramos Sol, quien lidera la unidad de investigación de Globovisión. Añadió que sus periodistas únicamente se enteran de eventos oficiales a través de colegas de otros medios.
Una queja a menudo repetida por periodistas independientes es que cuando se les permite atender a conferencias de prensa, los funcionarios del gobierno los ridiculizan. Amira Muci, conductora de un programa de opinión en Radio Victoria de Maracay y la secretaria general de la filial local del Colegio Nacional de Periodistas, señaló que el trato irrespetuoso es la norma. “Cuando las preguntas son incómodas o cuando no tienen respuestas, intentan avergonzar al periodista”, reconoció Muci. “O dicen que está perturbando el proceso revolucionario. Son muchos los periodistas que ceden y se convierten, en efecto, en empleados del gobierno. Piensan que es la única forma de sobrevivir”.
Julio Rafael Chávez Meléndez, diputado de la Asamblea Nacional y vicepresidente de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación, refutó la declaración de la reportera y aseveró: ¿”Por qué debe tolerar el gobierno a los mal llamados periodistas que no son otra cosa que agentes de la oposición, no tienen la verdadera intención de informar al público y están sesgados a cumplir con sus propias agendas? ¿Por qué debería el Presidente Chávez aguantar el intento constante por ridiculizarlo? ¿No tenemos derecho como gobierno responsable a poner freno a la cobertura informativa irresponsable que busca hundir a Venezuela”?
En febrero, se fijaron límites para el acceso de periodistas al recinto de la Asamblea Nacional durante los debates. Si bien antes se permitía seguir las sesiones desde el balcón de la asamblea, desde febrero los reporteros deben darle seguimiento desde monitores de televisión en los pasillas de afuera. El audio en vivo de esta transmisión suele silenciarse de repente, con una explicación en la pantalla en el sentido de que se trata de una sesión privada.
Violencia y crimen son temas delicados
El crimen es un tema especialmente sensible. Encuestas recientes han revelado que más del 80 por ciento de todos los venezolanos señalan al crimen como su principal preocupación. Sin embargo, funcionarios de las fuerzas de seguridad son muy lentos para publicar las estadísticas sobre homicidios, con las cifras más recientes de 2010. El titular de la fuerza policial de Venezuela recientemente indicó a los medios estatales que el índice de criminalidad había bajado en 2012, pero no proporcionó números específicos sobre asesinatos y en cambio aportó la cantidad de arrestos en casos de asesinatos. Con frecuencia, los periodistas publican sus propios datos basados en informes de la policía o compilaciones de grupos no gubernamentales como el Observatorio Venezolano de Violencia, que sostiene que se registran al año cerca de 60 asesinatos por cada 100 mil habitantes, uno de los más elevados del mundo.
La reportera del diario en Maracay afirmó que las estadísticas sobre crimen que recibían un tratamiento importante en el periódico ahora son minimizadas y la mayoría de las noticias referidas al tema son publicadas en la sección comunitaria, donde los residentes locales escriben para denunciar sus problemas.
Los periodistas también han sido obstaculizados por decisiones de la justicia para limitar la publicación de fotos mostrando muerte o violencia. En agosto de 2010, el diario El Nacional publicó una foto en su portada en la que se mostraba a la abrumada morgue de Caracas, con cadáveres desnudos apilados en las mesas y en el suelo. Un tribunal dictó una orden judicial temporaria que prohibió al diario publicar imágenes, informaciones y publicidad de cualquier tipo con contenido de “sangre, armas, mensajes de terror, agresiones físicas” que puedan alterar el bienestar psicológico de niños y adolescentes. En respuesta El Nacional publicó la palabra “Censurado” en un espacio en blanco en su portada. En una muestra de solidaridad, el diario Tal Cual volvió a publicar la fotografía y fue objeto del mismo mecanismo de censura por parte del tribunal. Las medidas sobre ambos diarios fueron levantadas desde entonces.
Teodoro Petkoff, director de Tal Cual, ex guerrillero comunista y luego ministro de gobierno, señaló que el incidente fue otro intento del gobierno por controlar a los medios. “No somos sensacionalistas”, afirmó Petkoff. “Publicamos lo que vemos como importante, y en este momento en Venezuela, tenemos un serio problema con el aumento del crimen”.
Otero, de El Nacional, quien reconoce que la amenaza de juicios es una cuestión permanente en su periódico, insiste que si bien él no practica la autocensura, sus reporteros necesitan ser cuidadosos con las nuevas restricciones sobre el tema del agua contaminada.
En Globovisión, los reporteros ahora usan términos como “no apropiada para tomar” en lugar de “contaminada”. “Decimos lo mismo con otras palabras. Obviamente esto constituye un cierto grado de autocensura”, admitió Ricardo Antela, el asesor jurídico del canal de televisión.
Correa de Espacio Público no espera que haya avances sobre el tema. Cuando la ONG que dirige presentó una solicitud para ver los resultados de las pruebas de la calidad del agua en Caracas el año pasado, el ministro de medio ambiente respondió de manera cortante y dijo que el agua en la capital “es potable de acuerdo a los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud”. Una evaluación del sitio web del ministerio de medio ambiente, donde los reporteros son dirigidos para buscar información, muestra datos únicamente hasta 2009. La falta de información hace que los medios dependan mucho de expertos y también de la especulación. Como resultado, la credibilidad de los periodistas está en tela de juicio. “No se puede creer lo que dicen los medios del estado porque es posible que no estén contando toda la verdad”, destacó Elides Rojas, editor del diario El Universal. “Pero entonces tampoco se puede creer a los medios privados porque sus puntos de vista pueden estar sesgados también. Al final, nadie está completamente informado”.
Lazos con Chávez, más que leyes, ofrecen protección
Eleazar Díaz Rangel, director de Últimas Noticias, el diario de mayor circulación en Venezuela está en franco desacuerdo con las quejas por la falta de libertad de prensa. “Yo siempre le pido a la gente que me muestre qué es lo que no se puede publicar en Venezuela, y nunca encuentro ejemplos”, afirmó. “Sólo hay que mirar mi diario”, indicó mientras hojeaba una reciente edición de Últimas Noticias, que tenía un artículo de un acto de campaña del candidato de la oposición Capriles, información sobre protestas docentes por la falta de pago de salarios atrasados y actualizaciones sobre el tratamiento de cáncer de Chávez. Una columna de opinión de un profesor local abogaba por el fin del gobierno de Chávez.
Aún así Últimas Noticias también tiene abundante publicidad oficial, un ingreso que otros diarios como El Universal y El Nacional perdieron hace ya tiempo. La relación cercana y de larga data entre Díaz Rangel y Chávez sirve para explicar la posición cómoda del diario. Díaz Rangel ha escrito libros sobre Chávez que fueron publicados por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Está considerado como una suerte de defensor público sobre posiciones que son respaldadas por Chávez. Los críticos sostienen que Díaz Rangel es parte de una elite favorable al gobierno e instalada en los medios, a cuyos integrantes se les permite proyección a cambio de un cierto nivel de crítica y luego son presentados como ejemplos de libertad de prensa.
Otro integrante de este grupo es Mario Silva, conductor del programa “La Hojilla”, que se emite por las noches en el canal de televisión estatal. El programa consiste básicamente en el conductor sentado en su escritorio con una serie de recortes periodísticos de diarios como El Nacional (al que Silva denomina “El Nazional”). La cámara toma de cerca los nombres de artículos firmados en la prensa y las fotos de columnistas críticos aparecen marcadas con resaltador. En uno de sus programas, Silva tenía un artículo que incluía críticas al programa gubernamental de viviendas para gente de bajos ingresos y preguntó: ¿Por qué estos periodistas tienen tan tremendo odio por nuestro país”? Durante los monólogos de Silva, inmensas fotografías de Fidel Castro y Che Guevara, los héroes de la revolución chavista, son proyectadas en el fondo del decorado.
“Las reglas son claras”, aseguró Alegrett del Colegio Nacional de Periodistas. “Están los intocables y el resto de nosotros”. Para los periodistas que están dispuestos a desafiar fallos e investigaciones en los tribunales, la confianza en la posibilidad de un juicio justo es demasiado baja. Chávez ha designado a la mayoría de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, quienes a su turno tienen creciente influencia sobre las designaciones de jueces de nivel inferior. En un caso donde los relatores especiales de las Naciones Unidos afirmaron que se violó la independencia judicial, María Lourdes Afiuni Mora, una jueza de Caracas, fue arrestada en 2009 minutos después de haber permitido la liberación bajo fianza de un empresario y opositor a Chávez cuya detención ella consideró arbitraria. Al día siguiente, Chávez apareció en la televisión estatal y reclamó “dureza” con Afiuni. En cuestión de días, fue acusada de delitos que incluyeron corrupción y abuso de autoridad. La jueza fue encarcelada por más de un año a la espera del juicio, y permanece bajo arresto domiciliario.
El caso Afiuni sirvió como advertencia a los periodistas que esperan que la justicia pueda respetar sus derechos a la libertad de prensa, sostuvo Carlos Ayala Corao, un abogado constitucionalista y ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “No pueden permitir que una jueza fundamente sus decisiones en los hechos, y la jueza debe considerar cómo evaluará sus fallos la presidencia. Decidir de la manera equivocada, ya no sólo implica arriesgar la destitución, sino la cárcel”.
Algunos periodistas han decidido elevar sus preocupaciones a nivel internacional. En marzo, un grupo de periodistas y organizaciones de libertad de prensa, incluyendo Espacio Público, describieron en detalle la utilización del sistema judicial para limitar la libertad de prensa por parte del gobierno de Chávez durante una audiencia en Washington ante la CIDH, el organismo de monitoreo y promoción de derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos. La audiencia coincidió con la difusión del informe anual de la CIDH, que puso de relieve acusaciones sobre abusos a los derechos humanos en Venezuela. Luego de la visita, el periódico gubernamental Correo del Orinoco, publicó un artículo citando únicamente a Guillermo Saltrón, el representante de Venezuela ante la CIDH, que acusó a las organizaciones no gubernamentales de prepararse para “justificar cualquier invasión o acto de violencia para prevenir que el presidente continúe gobernando” después de las elecciones de octubre. En julio, Chávez anunció planes para desligar a Venezuela de la CIDH, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, alegando que los organismos están degradados.
Mientras tanto, Julio Chávez, quien impulsó la ley habilitante de 2010 para permitir que el presidente pueda gobernar por decreto, continuará promoviendo legislación favorable al gobierno. Recientemente obtuvo financiamiento para una nueva cadena de radios comunitarias, “alternativas y unidas”, controladas por el estado que, espera, pueda convertirse en una fuente informativa líder. Nuevos periodistas recibirán entrenamiento en escuelas estatales y serán obligados a presentar “información precisa”.
“Creo en la libertad de expresión, pero ello no significa que no pueda existir supervisión sobre la información. Durante años, el sector privado tuvo el monopolio de nuestros medios y estoy feliz de ver que eso finalmente ha cambiado”, subrayó Julio Chávez.
El cambio, sin embargo, ha estado empujando el péndulo de un extremo partidario a otro, advierten los críticos. “El gobierno está convirtiéndose en un experto en propaganda”, expresó Rojas, director de El Universal. “Es muy bueno para controlar el mensaje”.
Durante un año electoral, esto representa una ausencia de información valiosa en los medios audiovisuales y en los diarios, una situación que deja a los votantes mal informados. Pero es probable que el mapa de medios en Venezuela forme parte del legado de Hugo Chávez aún mucho tiempo después de la elección presidencial.
Monica Campbell es una periodista independiente radicada en San Francisco y ex consultora del CPJ.
Recomendaciones del CPJ a las autoridades venezolanas
- Garantizar la independencia del ente regulador de los medios audiovisuales y asegurar que no sea objeto de presiones o interferencia indebida del poder ejecutivo.
- Requerir al ente regulador que publique el proceso y el criterio para el otorgamiento, la renovación y la revocación de las concesiones del espectro radioeléctrico. Proporcionarles a los medios audiovisuales la oportunidad de presentar la renovación de sus concesiones en un proceso justo, transparente y en un espacio neutral.
- Eliminar requerimientos legales que obligan a los medios privados a transmitir los discursos presidenciales y los comunicados oficiales.
- Eliminar en la Asamblea Nacional las disposiciones sobre difamación y el desacato del código penal, conforme a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.
- Modificar en la Asamblea Nacional la ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión para que su lenguaje amplio e impreciso no pueda ser utilizado para castigar o intimidar a los medios audiovisuales o digitales con acusaciones de incitación al odio o la violencia, de fomentar la zozobra en la ciudadanía, de incitar a la desobediencia o desconocer a las autoridades.
- Asegurar que los venezolanos puedan permanecer informados al garantizar igual acceso a todos los periodistas y medios de comunicación a eventos, edificios, instituciones y fuentes del gobierno.
- Asegurar que los medios del estado no sean manipulados o utilizados para lanzar ataques personales dirigidos a desacreditar a periodistas y medios críticos.