Piratas informáticos pro-gobierno acosan a periodistas venezolanos

El misterioso grupo N33 atacó las cuentas de Internet de periodistas críticos del gobierno de Chávez. Las víctimas son objeto de mensajes falsos, insultos y amenazas intimidantes. Por John Otis

Hugo Chávez tiene más de 3 millones de seguidores en Twitter. (Reuters/Jorge Silva)

Publicado el 29 de agosto de 2012

CARACAS
El uso de las redes sociales está en aumento en todo el mundo, pero a medida que se amplían  las restricciones del gobierno sobre los medios venezolanos tradicionales, periodistas profesionales y reporteros ciudadanos están volcándose en forma creciente a las redes sociales, especialmente a Twitter, para informar y mantenerse informado. Venezuela tiene cerca de dos millones de usuarios de Twitter, cerca del 8 por ciento de la población. Eso le da a Venezuela la mayor penetración de la red social Twitter en la región luego de Uruguay, según la investigación realizada por la empresa local Tendencias Digitales, especializada en análisis de mercados y audiencias digitales.    

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"El gobierno intenta silenciar las malas noticias y por esa razón las redes sociales están jugando hoy un rol importante", indicó al CPJ, Luisa Torrealba, coordinadora del Instituto Prensa y Sociedad Venezuela. "Son la válvula de escape que permite a la gente saber lo que está pasando". O como señaló al CPJ el director del diario El Nacional de Caracas, Miguel Henrique Otero: "Con tanta autocensura en Venezuela, Twitter representa libertad de expresión". Con frecuencia, los venezolanos informan o se enteran sobre acontecimientos, tales como cortes de energía y derrames de petróleo que el gobierno no está interesado en publicitar, a través de Twitter, mensajes en Facebook y blogs.

Pero el gobierno también está utilizando las redes sociales para promover su agenda y atacar a sus críticos. La cuenta de Twitter del Presidente Chávez ya superó los tres millones de seguidores, mientras que los ministros a menudo anuncian nuevas medidas vía Twitter. Aún más inquietante, las cuentas de Twitter de conocidos periodistas y líderes de opinión fueron víctimas de piratas informáticos, en muchos casos por un misterioso grupo denominado N33, que simpatiza con el gobierno.   

En 2011, la organización de derechos humanos local Espacio Público documentó 30 casos de pirateo informático contra periodistas, escritores, defensores de derechos humanos y políticos de la oposición. La organización registró otros 14 casos en los primeros meses de este año. En algunos casos, funcionarios del gobierno o figuras ligadas a la administración fueron también atacados. La cuenta de correo electrónico del vicepresidente Elías Jaua fue violada el 9 de febrero de 2012 y los piratas informáticos enviaron mensajes falsos desde su cuenta.   

En un comunicado difundido el 2 de septiembre de 2011, N33 anunció que había sido constituido para lanzar ciberataques contra críticos "irresponsables e ignorantes" del Presidente Chávez. El grupo ataca las cuentas de Twitter y luego las utiliza para transmitir mensajes favorables al gobierno o para insultar. N33 se hizo responsable de haber hackeado las cuentas de Twitter de Ibéyise Pacheco, una conocida periodista de oposición, y del escritor Leonardo Padrón, entre otros.

El reportero Nelson Bocaranda fue blanco de piratas informáticos.

Otra de las víctimas fue Nelson Bocaranda, un popular columnista del diario El Universal quien tiene unos 70 mil seguidores en Twitter. Según Torrealba, Bocaranda puede haber sido blanco de ataques porque en el contexto de un vacío informativo por parte del gobierno, el columnista fue uno de los primeros periodistas en informar que Chávez estaba enfermo de cáncer.     

Luis Carlos Díaz, un periodista y bloguero independiente, afirmó al CPJ que su cuenta de Twitter fue hackeada en varias ocasiones durante el último año. "Los ataques digitales pueden ser feroces", señaló Díaz, quien además organiza algunos seminarios para enseñar a periodistas como proteger sus cuentas de Internet de piratas informáticos. "Hemos visto declaraciones que indican que los críticos de Chávez... son cucarachas, el enemigo y que deben desaparecer o abandonar el país". 

Los ataques informáticos van más allá de mensajes falsos e insultos. Piratas informáticos que ingresan a Twitter pueden acceder a los perfiles personales, que revelan direcciones reales de las cuentas de correo electrónico así como el contenido de mensajes privados. De esa forma, N33 y otros piratas informáticos pueden obtener acceso a información personal y otros detalles.  

"Porque también ingresan en las cuentas de correo electrónico, pueden obtener tus contactos, saber la dirección de tu casa o los números de tus cuentas bancarias", afirmó Erika Rosales, quien ha documentado los casos de pirateo informático para Espacio Público. "Es una forma de sembrar miedo. Es la manera que tiene el gobierno para decir: 'No hagan eso porque los castigaremos'. Y si continúan, será aún peor". Rosales indicó que luego de que sus cuentas de Twitter fueron hackeadas en septiembre de 2011,  Padrón y Berenice Gómez, un periodista de Caracas, recibieron llamados amenazantes de gente que se identificó como integrantes de N33.

Díaz cree que N33 obtuvo acceso a cuentas digitales personales a través de la colaboración del principal servidor de Internet CANTV, que es administrado por el gobierno. N33 ha negado cualquier vínculo con el gobierno. Pero sus acciones son con frecuencia publicitadas en la "La Hojilla", un programa en la televisión estatal que a menudo fustiga a los críticos del gobierno de Chávez. Ni CANTV ni el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación respondieron a los correos electrónicos y llamadas telefónicas del CPJ para efectuar comentarios.      

Otero expresó al CPJ que luego de que la cuenta de Twitter de su esposa fuera hackeada, algunas fuentes conocidas en el gobierno le asistieron para llevar a cabo su propia investigación. Otero afirmó que su información indicaba que los piratas informáticos estaban trabajando en la oficina de Caracas del organismo nacional de inteligencia, conocido como SEBIN. Ni el SEBIN ni el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia respondieron a correos electrónicos y llamadas telefónicas del CPJ para efectuar comentarios.

El pirateo informático es ilegal bajo la Ley Especial contra los Delitos Informáticos. De ser condenados, los que violen la norma pueden enfrentar duras multas y hasta seis años en prisión. Si bien Gómez, Padrón y otras víctimas de ataques informáticos han denunciado los abusos ante la Fiscalía General de la nación, las investigaciones no han arrojado progresos y no se han producido procesamientos en la justicia, según Mariela Balbi, directora ejecutivo del Instituto Prensa y Sociedad. Gómez y Padrón han confirmado que sus actuaciones en la justicia no han llegado a ningún lado. Estos altos niveles de impunidad, aseguró Rosales de Espacio Público, "hace que la gente tome estas llamadas amenazantes muy seriamente". Espacio Público ha publicado una guía digital  para ayudar a usuarios de Internet a protegerse contra los piratas informáticos.

Carlos Correa, director de Espacio Público, afirmó al CPJ que "el problema acá es que los críticos del gobierno tienen muy poca protección. El sistema de justicia no es considerado independiente y aún no ha respondido con vigor a las demandas de gente que ha sido víctima de hackeos, cuyo sitio Web ha sido atacado, ha sido difamada o atacada en público".

Julio Rafael Chávez Meléndez, diputado de la Asamblea Nacional y vicepresidente de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación, señaló al CPJ que las acusaciones sobre piratas informáticos que atacan a voces independientes son exageradas. Le restó importancia a las acusaciones de la oposición e indicó que se trata de "resistencia a la libre circulación de las ideas". El diputado sostuvo que las autoridades aún tienen que recibir evidencia de que N33 ha atacado algunas cuentas pero indicó que "esos delitos serán procesados en la justicia si existiera evidencia".

John Otis, corresponsal en los Andes del programa de las Américas del CPJ, es también corresponsal de la revista Time y de Global Post. Es autor del libro "Law of the Jungle", publicado en 2010 sobre contratistas militares estadounidenses secuestrados por la guerrilla colombiana, y está radicado en Bogotá, Colombia.

29 de Agosto 2012 7:29 AM ET | | También está disponible en English

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