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Autoridades federales dudan sobre detenciones en asesinatos de Veracruz

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Ciudad de México, 17 de agosto de 2012--Las autoridades federales mexicanas deben asumir el control de la investigación y el enjuiciamiento de todos los casos de periodistas asesinados y desparecidos en el estado de Veracruz, afirmó hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). La investigación estatal sobre los asesinatos de varios periodistas ha suscitado numerosas preguntas y preocupaciones, según la investigación del CPJ.

El procurador general de Veracruz,  Amadeo Flores Espinosa, anunció el miércoles que las autoridades habían resuelto los asesinatos de dos fotoperiodistas, un ex fotoperiodista, y una mujer que era empleada de un periódico de la capital del estado, según informes de prensa. El 3 de mayo, los cuerpos de los cuatro victimas fueron hallados descuartizados en bolsas de plástico negras que fueron arrojados a un canal de drenaje en al ciudad de Boca del Río. Flores afirmó que el cartel Jalisco Nueva Generación, que está aliado con el cartel de Sinaloa, fue responsable. Las autoridades mexicanas indicaron que hay ocho sujetos detenidos por el crimen, según informó la agencia Associated Press.

Flores afirmó que los sospechosos detenidos por el cuádruple homicidio de mayo confesaron que habían asesinado a los reporteros gráficos, supuestamente porque las víctimas, en colaboración con grupos del crimen organizado, fueron involucradas en los asesinatos de otros periodistas. No ofreció más detalles, no identificó a las supuestas víctimas y no respondió a preguntas, indicaron al CPJ periodistas locales. La procuraduría estatal no respondió a las llamadas del CPJ buscando una explicación sobre su afirmación. Funcionarios estatales mexicanos han tratado de vincular a periodistas asesinados con grupos del crimen organizado en el pasado, sin presentar pruebas que respalden las acusaciones

Autoridades federales que hablaron bajo condición de guardar el anonimato indicaron al CPJ que su revisión de las supuestas confesiones encontró que carecían de los datos necesarios para procesar a los acusados. En una de las declaraciones, indicaron los funcionarios, el sospechoso simplemente afirmó que asesinó a mucha gente en Veracruz mientras trabajaba para el cartel de Nueva Generación. En otra, un sospechoso afirmó que algunos de los periodistas fueron asesinados porque estaban involucrados en el asesinato de otros periodistas. Los sospechosos no ofrecieron más detalles, como la identidad de las víctimas o las fechas de los asesinatos, y los funcionarios federales señalaron al CPJ que el registro de la interrogación mostró que los investigadores no pidieron más detalles.

La única prueba ofrecida por las autoridades estatales, además de las supuestas confesiones, fue el hallazgo de los documentos y tarjetas de crédito de una de las víctimas en la guantera de un vehiculó que un sospechoso estaba manejando cuando lo detuvieron, según informes de prensa.

En la conferencia de prensa del miércoles, Flores también anunció que las autoridades habían resuelto otro asesinato de un periodista. El procurador general del estado afirmó que testigos habían identificados a dos miembros del cartel de los Zetas, que fueron asesinados en un tiroteo con las autoridades en junio, como responsables del secuestro del reportero y editor Víctor Manuel Báez Chino el 13 de junio. El cuerpo de Báez fue encontrado al día siguiente cerca de la plaza principal de Xalapa, la capital del estado de Veracruz. Flores no dio más detalles sobre el caso y no respondió a preguntas.

"Estamos preocupados por la falta de detalles creíbles ofrecidos por las autoridades del estado de Veracruz para justificar su afirmación de que estos asesinatos han sido resueltos", afirmó Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ. "También es preocupante que los funcionarios estales estén manchando las reputaciones de las víctimas, sin ofrecer ni una sola prueba para respaldar sus afirmaciones".

Tras años de campaña por parte de periodistas y grupos de defensa de la libertad de prensa, el Senado mexicano aprobó una histórica enmienda constitucional este año que otorga a las autoridades federales jurisdicción para enjuiciar crímenes contra la prensa. Sin embargo, la enmienda constitucional no puede entrar en vigencia hasta que el Congreso apruebe leyes secundarias para definir las responsabilidades de las agencias del orden público federales  y proporcionarles los recursos y capacitación necesarios.

"Ahora que la enmienda constitucional para federalizar los crímenes contra la libertad de expresión ha sido aprobada, el Congreso debe sancionar la legislación secundaria para que entre en vigencia y permita que las autoridades federales tomen control efectivo de todos los casos de periodistas asesinados", afirmó Lauría.

Veracruz, que es un campo de batalla entre los carteles de Sinaloa y los Zetas, es uno de los estados mexicanos más peligrosos para la prensa, según investigación del CPJ. Al menos ocho periodistas y un ex periodista, que cubrían todos las fuentes policíacas o políticas, han sido asesinados desde marzo del 2011, muchas veces en circunstancias pocas claras. No ha habido arrestos en ninguno de los casos hasta ahora. Varios reporteros locales que cubren las fuentes, quienes pidieron permanecer en el anonimato por temor a represalias, indicaron al CPJ que abandonaron Veracruz.

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