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Hito legislativo: senado mexicano federaliza crímenes contra la prensa

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Días antes de la aprobación de la enmienda por parte del Senado, Carlos Lauría, del CPJ, se reunió con el Senador José González Morfín, a la derecha, para hablar acerca de los riesgos que enfrentan los periodistas mexicanos. (Ignacio González Anaya)

Nueva York, 13 de marzo de 2012--El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) elogia hoy la aprobación histórica por parte del senado mexicano de una enmienda constitucional que, de ser aprobada por una mayoría de estados, otorgaría jurisdicción a las autoridades federales sobre delitos contra la libertad de prensa.

Felicitamos al senado mexicano y al Presidente Calderón por el hito legislativo de hoy y exhortamos a los estados a aprobar rápidamente la enmienda", afirmó Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas. "Pero esto es sólo el primer paso para enfrentar un índice de impunidad cercano al 90 por ciento en casos de asesinatos de periodistas en México. Las autoridades mexicanas deben implementar esta legislación en forma rápida y luego trabajar para que se imparta justicia para nuestros colegas asesinados."

La enmienda de anunciado amplio, que fue aprobada hoy por unanimidad en el senado, modificaría el Artículo 73 de la constitución mexicana. La reforma establece que "las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta". En efecto, la legislación otorga responsabilidad a las autoridades federales para investigar y enjuiciar ataques contra la prensa, en lugar de las autoridades estatales y locales que en general han sido más proclives a la corrupción y la ineficacia. Varias versiones de la legislación han sido debatidas desde el 2008 antes de que la versión final fuera aprobada finalmente en la Cámara de Diputados en noviembre.

La medida pasa ahora a los estados para su ratificación, donde necesita ser aprobada por la mitad más uno para su entrada en vigencia. Senadores afirmaron la semana pasada a una delegación del CPJ que, a pesar de cierta resistencia, esperan que el proyecto sea aprobado por los estados en los próximos dos meses. Se espera que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que tiene una mayoría en el Senado y controla las gobernaciones en la mayoría de los estados, instará a las legislaturas estatales a aprobar la enmienda.

Los detalles sobre la aplicación de la enmienda aún no han sido definidos. Senadores indicaron a la delegación del CPJ que una combinación de nueva legislación y cambios a los códigos procesales y penales a nivel federal serán necesarios. Para ello será importante la colaboración rápida entre el Senado y la Cámara Baja. Si no hay un acuerdo antes del final de la sesión legislativa a finales de abril, las medidas de ejecución serán pospuestas hasta que el Congreso vuelva a sesionar en septiembre.

Una vez que los cambios de procedimiento sean finalizados, los crímenes contra la prensa pasarán a la órbita de la fiscalía especial federal para atención de los delitos contra la libertad de expresión, un cargo supervisado por la Procuraduría General.

La fiscalía especial fue creada en 2006 para investigar los pocos crímenes contra libertad de prensa que ya eran clasificados como delitos federales. (Aunque el asesinato es un delito del fuero común, la fiscalía especial podría  ejercer la atracción de un caso si se produce una violación de la ley federal, como un ataque con fusil o la intimidación de un testigo). La investigación del CPJ ha encontrado, sin embargo, que la fiscalía no ha logrado cumplir con su promesa. En particular, no ha resuelto ni un caso de asesinatos de periodistas.

Líderes del senado señalaron a la delegación del CPJ que sería necesario fortalecer la fiscalía, pero como sería no está claro. Los detalles, incluyendo un gran aumento en los recursos, tendrían que ser manejados en las negociaciones sobre la nueva legislación o los códigos federales para aplicar la legislación, según indicaron líderes del Senado.

El CPJ ha estado impulsando la federalización de crímenes contra la prensa durante varios años tras un período de creciente violencia contra la prensa mexicana. Más de 40 periodistas han sido asesinados o están desaparecidos en México desde que el Presidente Felipe Calderón Hinojosa lanzó una ofensiva gubernamental contra los poderosos carteles de la droga tras asumir el poder en diciembre de 2006, según la investigación del CPJ. La violencia y la corrupción vinculada al narcotráfico han devastado a los medios de prensa, generando temor y autocensura que han destruido la capacidad de la prensa para informar y han despojado a los ciudadanos de sus derechos al acceso a información vital.

El problema de la violencia se ha visto agravado por un clima de impunidad generalizada. Numerosos crímenes contra la prensa permanecen sin resolverse, muestra la investigación del CPJ, debido en gran medida a una combinación de negligencia y corrupción entre funcionarios públicos, en particular a nivel estatal. La falta de investigación sobre estos abusos promueve un clima donde se registran más crímenes. La mayor disponibilidad de recursos en el orden federal ofrece esperanzas de una respuesta más eficiente; el mayor nivel de escrutinio funciona además como un escudo contra el poder corruptor del crimen organizado.

Durante la sesión de hoy, el senado reconoció el trabajo del CPJ a través de su representante en México Mike O'Connor, y de otros defensores de derechos humanos y libertad de prensa por insistir en llamar la atención sobre el tema de la violencia contra la prensa.

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