Ataques a la Prensa   |   Colombia

Ataques a la prensa en 2010: Colombia

Principales Acontecimientos
• Lento avance en la investigación de los casos de espionaje ilegal a periodistas.
• Un periodista caído en cumplimiento de su labor informativa. La violencia letal cede, pero persiste el peligro.

Estadística Clave
4: El número de periodistas del interior obligados a exiliarse por amenazas.


El Presidente Álvaro Uribe Vélez finalizó sus dos mandatos presidenciales con un historial decididamente desigual en materia de libertad de prensa. La investigación del CPJ registró una baja en los casos de violencia letal durante su gobierno. Ocho reporteros cayeron en represalia por su labor en sus dos primeros años en funciones, al tiempo que otros seis murieron a lo largo de los seis años siguientes de su mandato. El gobierno citó como motivos para explicar esta baja un programa estatal de protección a periodistas y un mejor clima general de seguridad.

ATAQUES A LA
PRENSA EN EL 2010

Prólogo
Introducción
Análisis de Internet
Análisis Regional:
En América Latina,
el retorno
de la censura

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En un Vistazo

Sin embargo la prensa continuó trabajando en un clima de violencia extrema cuando Uribe dejó su cargo a mitad de año. Los periodistas continúan siendo amenazados por todos los actores del conflicto civil y muchos afirmaron que sobrevivieron porque pusieron en práctica la autocensura. Uribe mismo mantuvo una relación hostil con los medios, efectuando ocasionales acusaciones infundadas de que periodistas críticos mantenían vínculos con grupos guerrilleros. El gobierno se vio también sacudido por un importante escándalo de espionaje según el cual funcionarios del servicio de inteligencia nacional bajo supervisión de Uribe se vieron comprometidos en escuchas telefónicas ilegales, interceptación de correos electrónicos y vigilancia de periodistas y opositores políticos. A pesar de las promesas públicas del presidente de enjuiciar a los responsables del espionaje, las investigaciones han obtenido pocos resultados tangibles. Solamente dos condenas se habían registrado a fines de año.

Juan Manuel Santos, de 58 años de edad, ex periodista y anterior ministro de defensa, asumió la presidencia después de ganar con una mayoría decisiva en la segunda vuelta electoral el 20 de junio, tras competir contra el ex alcalde de Bogotá, Antanas Mockus. Durante su discurso inaugural, prometió continuar con las políticas de seguridad del gobierno de Uribe a las que había contribuido a dirigir en su condición de ministro de defensa entre los años 2006 y 2009. La carrera de Santos como periodista -durante la cual se desempeñó como subdirector de El Tiempo, el diario propiedad de su familia- llevó a la prensa local a creer que las tensiones entre el gobierno y los medios podrían aplacarse.

Grupos paramilitares de derecha, la guerrilla de izquierda y los narcotraficantes siguieron apuntando contra periodistas del interior mientras se prolongaba un conflicto de baja intensidad. Al menos cuatro reporteros de los departamentos se vieron obligados a marchar al exilio debido a las amenazas recibidas, según informes de la Fundación para la Libertad de Prensa, o FLIP, con sede en Bogotá. Guerrilleros y grupos paramilitares enviaron cada uno panfletos a las redacciones y a los hogares de periodistas identificando a los reporteros como blancos, según informes de prensa y entrevistas realizadas por el CPJ. En agosto, un hombre armado y en motocicleta efectuó al menos cinco disparos contra el periodista Marco Tulio Valencia en la ciudad de Mariquita, en el departamento de Tolima. Valencia, quien salió ileso, dijo que había recibido numerosas amenazas de muerte vinculadas con su labor informativa sobre el narcotráfico en Tolima. Otros temas peligrosos incluyeron los casos de corrupción gubernamental, conflictos civiles, disputas territoriales y otras actividades delictivas, afirmaron periodistas locales. Edgar Astudillo, veterano reportero radial que cubre crimen, describió al CPJ que en mayo dos camionetas con unos 20 hombres arribaron a su hogar en Montería, Córdoba. Uno de los hombres exigió que el periodista dejara de informar sobre Los Paisas, una banda criminal considerada la sucesora del grupo paramilitar de derecha conocido como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Astudillo se reubicó en la capital.

El gobierno de Uribe afirmó que unos 30 mil combatientes de las AUC fueron desmovilizados entre 2003 y 2006 a cambio de condenas a prisión de cinco a ocho años bajo la Ley de Justicia y Paz, una medida que otorgaba indulgencia a grupos ilegales a cambio de que depusieran las armas y confesaran sus crímenes. El alcance de la desmovilización, no obstante, había sido refutado por grupos de derechos humanos, que reclamaban que unos 10 mil combatientes de las AUC permanecían activos con nombres distintos, como por ejemplo Los Paisas.

Clodomiro Castilla Ospino, director y editor de la revista de noticias El Pulso del Tiempo, fue asesinado el 19 de marzo mientras leía un libro afuera de su casa en Montería. Castilla, quien también colaboraba con la emisora de radio La Voz de Montería, había recibido amenazas durante al menos cuatro años en relación con su cobertura sobre las vinculaciones entre políticos locales, terratenientes y paramilitares de derecha, contaron al CPJ periodistas locales. En julio de 2008, el periodista testificó ante la Corte Suprema de Justicia sobre los vínculos entre miembros del Congreso nacional y grupos paramilitares. Poco antes de su muerte, había informado sobre acusaciones de uso ilegal de fondos estatales en la campaña para las elecciones legislativas de 2006.

Uribe condenó el asesinato de Castilla y ofreció una recompensa de 50 millones de pesos colombianos (26 mil dólares estadounidenses). La investigación fue rápidamente trasladada de la fiscalía local a la fiscalía general en Bogotá, pero no se informó sobre ningún resultado posterior. Tania Castilla Florez, hija del reportero y testigo en el caso, fue obligada a trasladarse a Bogotá luego de que ella y su familia fueran seguidos en varias ocasiones por personas no identificadas.

El gobierno había brindado protección a Castilla durante unos tres años debido a las amenazas en su contra, afirmó la FLIP, pero el Ministerio del Interior retiró la escolta en 2009 basándose en una revisión de inteligencia al señalar que ya no estaba bajo amenaza. Bajo el programa de protección estatal, un comité de funcionarios gubernamentales y representantes de la sociedad civil, se reúne periódicamente para evaluar las necesidades en temas de seguridad. En algunos casos, el gobierno asigna protección directa, mientras que en otros brinda apoyo para acciones tácticas, como por ejemplo el traslado.

La inseguridad en el interior del país impulsó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a intervenir en un caso en abril, cuando recomendó al gobierno colombiano que brindara protección al periodista Ricardo Callejas Bedoya y a su familia. Callejas comentó al CPJ que había trabajado para Radio Fresno y el periódico Región del Día sobre casos de narcotráfico, corrupción gubernamental, proyectos de minería ilegales y financiamiento de los paramilitares. Luego de que se le brindara protección, Callejas continuó realizando su trabajo con dos guardaespaldas y un auto blindado.

Los medios nacionales dieron seguimiento a la lenta investigación del gobierno sobre espionaje ilegal por parte del servicio nacional de inteligencia, conocida como el DAS, entre 2004 y 2009. Al reunirse con una delegación del CPJ y de la FLIP en mayo, Uribe condenó el espionaje y expresó su compromiso con la investigación correspondiente. En agosto, un juez de Bogotá condenó a Fernando Tavares, ex director de inteligencia, y a Jorge Alberto Lagos, ex subdirector de contrainteligencia, a ocho años de prisión cada uno luego de que reconocieran su participación en el espionaje. Otros dieciséis funcionarios del DAS, incluyendo el ex subdirector de la agencia, José Miguel Narváez, fueron acusados por la fiscalía general de participar en el espionaje. Al menos cinco enfrentaban juicios a fines de año, según informes de prensa. En junio, Narváez fue también acusado de ser al autor intelectual del asesinato del periodista Jaime Garzón en 1999. El caso seguía pendiente a fines de año.

En audiencias convocadas por el Procurador General de la nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, agentes de inteligencia describieron un amplio plan de gobierno que contaba con la aprobación de altos funcionarios. "En cuanto al periodista Daniel Coronell, la idea era establecer quiénes le suministraban información, pues el presidente Uribe estaba muy molesto por los informes que divulgaba contra él y su familia", publicó la revista Semana en una columna citando a Martha Leal, funcionaria de la DAS. Coronell, director de noticias de Canal Uno y columnista de Semana fue uno de los más duros críticos de la gestión del ex presidente. En octubre, la oficina del procurador general, un organismo independiente que revisa las actividades del gobierno, impuso una sanción disciplinaria contra el ex jefe de gabinete de Uribe, Bernardo Moreno, prohibiéndole ejercer un cargo público durante 18 años debido a su participación en el esquema de espionaje. Ese mismo mes, una comisión de la Cámara de Diputados inició una investigación preliminar sobre las acciones tomadas por Uribe en este caso. En noviembre, la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado huyó a Panamá, donde recibió asilo político. Hurtado negó su participación en el espionaje y adujo haber sido un chivo expiatorio.

Entre los objetivos del plan de espionaje se encontraba el periodista Hollman Morris, otro duro crítico del gobierno que había provocado la ira de Uribe y otros altos funcionarios de su gobierno. La caracterización que hizo Uribe sobre Morris calificándolo de "cómplice del terrorismo" pudo haber influido en la decisión inicial del gobierno de Estados Unidos de negarle al periodista la visa para asistir a la Universidad de Harvard como becario de la Fundación Nieman. En junio, la Embajada estadounidense en Bogotá le informó al periodista que le habían negado la visa por una cláusula de la llamada Ley Patriota que impide el ingreso al país a quienes estén acusados de actividades terroristas. En una carta a la Secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton, el CPJ expresó su preocupación de que el Departamento de Estado hubiese estado influido por funcionarios colombianos conocidos por lanzar acusaciones infundadas contra Morris por su labor informativa. Luego de que el CPJ y numerosos grupos internacionales salieran en defensa del periodista, en julio el Departamento de Estado le otorgó a Morris la visa.

Las autoridades interrogaron a varias personas en un intento por descubrir quiénes habían conspirado en 2002 para asesinar a Orlando Sierra Hernández, subdirector y columnista del periódico La Patria de Manizales. La fiscalía general interrogó al ex congresista Dixon Ferney Tapasco Triviño y a su padre, Ferney Tapasco González, en octubre, pero no había presentado cargos contra ninguno de ellos a fines de año, revelaron informes de prensa. (Las autoridades acusaron a ambos por supuestas vinculaciones con los grupos paramilitares de derecha.) Los investigadores también interrogaron a dos miembros de la seguridad personal de Tapasco padre en relación con el asesinato del periodista. Tres hombres fueron condenados a principios de la década acusados de haber perpetrado el asesinato.

En agosto, un coche bomba explotó en las oficinas de Radio Caracol en Bogotá, hiriendo a 36 personas y provocando daños materiales en los edificios linderos, según informes de prensa. El Fiscal General, Guillermo Mendoza, explicó a la agencia de noticias EFE que el motivo y la autoría del hecho eran confusos. Tres semanas después, la policía desactivó un artefacto explosivo frente a la emisora local Linda Estéreo, emisora asociada a Radio Caracol de la ciudad de Doncello, en el departamento de Caquetá, según informó la FLIP. La policía local responsabilizó al grupo guerrillero de izquierda Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por el fallido ataque, según informes de prensa. Luis Antonio Peralta, director de noticias de Linda Estéreo, desestimó la participación de las FARC en el atentado y afirmó que los informes sobre casos de corrupción a nivel local habrían motivado el ataque, comentó la FLIP.

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