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Ataques a la Prensa en 1998

CPJ Reporte Especial
Ataques a la Prensa en 1998

 


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INTRODUCCION

Por Ann K. Cooper

El verano pasado, cuando le dije a algunas personas que me integraba al Comité para Proteger a los Periodistas, las reacciones fueron por lo general cínicas. "¿No debería ser 'El Comité para Proteger a la Gente de los Periodistas?'" replicaban, cariduros. Así se veía nuestra profesión en Estados Unidos cuando las investigaciones de Starr en el asunto Clinton-Lewinsky llegaban a su desenlace en el Congreso, a finales de 1998.

En este libro, nuestro recuento anual sobre la libertad de prensa en el mundo, le llevamos más allá de esa perspectiva estadounidense, hasta aquellos países donde un periodista puede caer preso por publicar algo verídico, pero poco halagador, sobre el presidente.

Les presentamos a unos héroes genuinos, que hacen del periodismo una profesión altamente respetada. En muchos países de Latinoamérica, las encuestas de opinión pública califican a la prensa como la segunda institución más respetada después de la Iglesia Católica. Documentamos también el encarcelamiento, la tortura, y hasta los asesinatos de periodistas empeñados en exponer el crimen o la corrupción gubernamamental. Un vistazo aunque sea somero a estas páginas lleva a narrativas sumamente dramáticas:

  • Larisa Yudina, jefa de redacción de un periódico, fue asesinada por su oposición abierta al jefe de estado dictatorial de Kalmykia, una región de Rusia. Su asesinato enmudeció a la única voz pública que había desafiado a un régimen latifundista medieval que opera en el sur de Rusia, casi totalmente libre de los controles de Moscú.
  • Nizar Nayyouf, que va a cumplir su séptimo año en una cárcel siria, donde se le niega tratamiento médico para el mal de Hodgkins del que sufre hasta que renuncie a sus reportajes sobre violaciones de derechos humanos en Siria.
  • Pradeep Kumara Dharmaratne, un periodista de Sri Lanka que fue internado en un hospital después de que la policía lo torturara por denunciar la participación policial en el mercado clandestino de licor. Más tarde, la casa de Dharmaratne fue incendiada.

También conocerán a Nosa Igiebor, un jefe de redacción nigeriano cuya hija fue encanoñada por policías cuando vinieron a arrestarlo a él; Anna Zarkova, reportera sobre la delincuencia en Bulgaria, que quedó ciega del ojo izquierdo cuando un atacante le arrojó ácido en la cara; y Grémah Boucar, radiolocutor del Níger, ganador de uno de los Premios Internacionales de la Libertad de Prensa de 1998, otorgados por el Comité para Proteger a los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

Sabíamos que Boucar había sido hostigado, que sus oficinas habían sido saqueadas por un gobierno militar resuelto a cerrarle sus programas radiales por ser la única voz de la oposición. Lo que no sabíamos, hasta que llegó a Nueva York a recibir su presea el pasado noviembre, fue un incidente espeluznante: la noche que pasó embutido dentro de un costal, desde el cual sólo oía a unos policías debatiendo la forma en que iban a matarlo. Nos dijo que lo único que le salvó vida fue que uno de los oficiales señaló que la familia del detenido había presenciado su arresto, con lo cual podrían identificar a los asesinos. Este incidente surgió durante una conversación casual, y la narración del caso por Boucar era tan directa, tan desprendida, que podría haber estado discutiendo algún cambio menor en el formato de su programa. Es decir, la narración de un incidente que nos dejó de una pieza era algo casi normal para este periodista, que ha logrado seguir operando su radioemisora independiente, su periódico y su revista bajo las narices mismas de los truhanes militares.

Como suelo hacerlo cuando hago este tipo de trabajo, me pregunté qué hubiera hecho de haber estado en el lugar de Boucar. Usted mismo dará frente a frente con esa inquietud cuando lea los cientos de reportajes sobre ataques contra la prensa durante el año entero, y en 118 países.

Verificar los ataques individuales contra periodistas, periódicos, revistas, radioemisoras y canales de televisión, es el cimiento de nuestra labor. En base a este tipo de reportaje al detalle, ejecutado conforme a las más altas normas del periodismo, es que el CPJ puede ofrecer servicios de abogacía para nuestros colegas en el mundo entero. Y esa abogacía surte efecto, porque nos valemos de lo que los periodistas mejor conocen; de narrar los hechos con claridad, con fuerza a través de campañas en los medios de comunicación y llamados directos a los gobiernos.

De igual importancia es el apoyo moral que el CPJ ofrece a los colegas empeñados en luchar por su derecho de libertad de expresión. Espero que Usted lea este libro por los reportajes humanos que narra; aquí se habla de los que se arriesgan, de los que defienden sus principios y enfrentan decisiones que pocas veces tendrían que enfrentar los periodistas que trabajan dentro del ambiente relativamente seguro de las democracias industriales, como Estados Unidos, Francia y Japón. Son reportajes sobre periodistas que piensan y actúan de forma independiente, que realizan labores esenciales en países gobernados por dictadores o deficientes en materia de libertad de prensa. Sus casos son más que un documento sobre el estado de la libertad de prensa; son un tributo a los colegas que comparten nuestra profesión, pero no nuestras protecciones.

Claro, los reportajes también constituyen una especie de notas, o calificaciones, para el año; ¿Cuán peligroso fue 1998 para los periodistas? ¿Hubo triunfos o pérdidas para la libertad de prensa?

Entre los triunfos: La caída de los dictadores que habían emprendido campañas sin tregua contra la prensa en Indonesia y Nigeria, permitiéndole a los periodistas en ambos países respirar con una libertad que no habían tenido en años. El nuevo gobierno de Indonesia derogó la mayoría de las restricciones a la prensa, y los militares encargados de Nigeria soltaron a todos los periodistas que habían sido encarcelados desde principios de 1998. En ambos países, los periodistas advirtieron que una reforma verdadera estaba lejos de ser garantizada.

Algunos de los reveses: Nuevas y onerosas leyes de prensa en varios países, incluídos Jordania y la República Federal de Yugoslavia, le encasquetaron nuevas restricciones a los medios de comunicación. El fin del año trajo una explosión de violencia contra los periodistas en Sierra Leone y la República Democrática del Congo, países desgarrados por sendas guerras civiles. Y la ausencia de ley, dolencia crónica de Colombia, la convirtió en el lugar más peligroso del mundo para los periodistas. Cuatro fueron asesinados por pistoleros en la calle, enviando un mensaje escalofriante a quienes osen investigar el crimen organizado, la corrupción gubernamental o el narcotráfico en Colombia.

A escala mundial, 24 periodistas fueron ultimados por causa de sus labores, dos menos que en 1996 y 1997. Estos números han disminuído significativamente desde principios de los 90, cuando el saldo de muertes anual era dos o tres veces mayor, debido en gran parte a que las facciones beligerantes en Argelia y Tadyiquistán habían colocado a los periodistas en sus miras.

Para finales de año, documentamos a 118 periodistas encarcelados por sus labores, una baja significativa, aunque pequeña, en relación a los 129 encarcelados el año anterior. Es un avance, pero está lejos de bastar. Dado que hay un número de países que actualmente blanden leyes anti-insulto y estatutos de difamación criminal para amordazar la libertad de expresión, los periodistas enfrentan una decisión drástica: practicar la autocensura, o arriesgar la cárcel por difundir reportajes de fondo.

Como lo señala el título de nuestro libro, este abarca los temas de la represión y la violencia, pero también hay en él señales que animan, tendencias positivas dentro de la lucha global pro libertad de prensa. Los periodistas del mundo entero, que reconocen que de la solidaridad brota la fuerza, están organizando grupos de abogacía pro libertad de prensa. El CPJ ha sido modelo y mentor para estas organizaciones nuevas. Con nuestra ayuda, los periodistas mexicanos han lanzado su propia organización vigía de la libertad de prensa, sumándose a organizaciones homólogas en Perú y Argentina. En noviembre, el CPJ prestó apoyo y conocimientos a la conferencia fundadora de la Alianza de Prensa del Sudeste Asiático, cuya misión es promover la libertad de prensa en esa región.

Los contactos transnacionales son un gran estímulo para los periodistas de hoy, que reconocen que la porosidad de las fronteras en la edad electrónica permite que las inclinaciones democráticas se filtren a lugares que antes estuvieron herméticamente sellados, a prueba de nociones de libertad. Por ejemplo, cuando los periodistas nigerianos se reunieron en Ghana el verano pasado, bajo los auspicios del CPJ, para realizar un balance de su pasado bajo el difunto dictador, el general Sani Abacha y contemplar un futuro incierto, escucharon al jefe de redacción argentino, Horacio Verbitsky, hablar sobre lo que han hecho los periodistas en su país para mantenerse incólumes en la etapa de transición de una dictadura militar a una democracia.

El efecto multiplicador que han generado los periodistas locales que defienden la libertad de prensa ya ha repercutido en todo el mundo. Ha ayudado a entrelazar a los miembros de nuestra profesión, quienes, sin importar las zonas de tiempo y las barreras nacionales, han podido compartir estrategias para hacerle contrapeso a las fuerzas represivas. Consideramos que estos vigías locales y regionales serán vitales a la hora de poner más al descubierto los ataques a los medios de comunicación. Entre más brillante la luz del faro que lancemos sobre los abusos, mayores las probabilidades de que acabemos con ellos.


VISTA PANORAMICA DE LAS AMERICAS

Por Joel Simon

En la década recién pasada, los periodistas han jugado un papel vital en el desarrollo democrático de Latinoamérica. Sus reportajes de fondo, críticos y agresivos, han traído alguna medida de responsabilidad política a una región largo tiempo conocida por sus regímenes autocráticos, pero también han pagado un precio terrible: sus reportajes independientes han cosechado una ola de represalias violentas, que ha costado la vida a 117 periodistas desde 1989. En años recientes, los periodistas montaron una contraofensiva, reportando los ataques contra sus colegas y formando organizaciones nacionales pro libertad de prensa. Con ese proceso han logrado crear no sólo un ambiente más seguro dentro del cual poder practicar su profesión, sino también poner de relieve a la libertad de prensa como tema que atañe a la comunidad internacional, la vara con la cual se miden otras libertades fundamentales.

El creciente apoyo público a los periodistas no ha frenado la violencia, pero sí ha obrado en ella cambios sustanciales. En 1998, ocho periodistas fueron asesinados en América Latina en el cumplimiento de sus obligaciones. (Tara Singh Hayer, propietario de un periódico canadiense, fue asesinado en Vancouver en noviembre por radicales separatistas de la secta Sij, molestos por sus reportajes sobre asuntos locales.) El CPJ sigue investigando las muertes de siete periodistas más. Si bien las cifras no han sufrido bajas sustanciales desde el año pasado, cuando el CPJ documentó las muertes de diez periodistas en la región, lo que sí había cambiado ha sido la prominencia de los periodistas asesinados.

Los asesinatos en 1997 de periodistas tan conocidos como José Luis Cabezas en Argentina y Gerardo Bedoya Borrero en Colombia fueron el mechero para grandes protestas públicas; los asesinatos en 1998 de Manoel Leal de Oliveira, en una zona rural del Brasil, y de Mario García Rodríguez, reportero para un periódico de escasa circulación en Ciudad México, pasaron casi desapercibidos. Con la notable excepción de Phillip True, corresponsal de México para el San Antonio Express-News, asesinado por indígenas locales mientras reportaba y excursionaba en la Sierra Madre, la mayoría de los periodistas asesinados en 1998 fueron reporteros radicados en poblados pequeños o en zonas rurales, y aparentemente fueron blanco de funcionarios locales corruptos.

El clamor público contra el asesinato de prominentes periodistas ha resultado en mayor seguridad para quienes trabajan con los medios más establecidos; sin embargo, para quienes trabajan para los medios menos visibles, el riesgo aún es considerable. Las razones son complejas, y radican, principalmente, en el abismo económico que separa a las ciudades en apogeo de los pequeños poblados. Esa disparidad aumenta con la integración de los grandes centros urbanos de Latinoamérica a la economía global, mientras muchas de las zonas rurales se van quedando atrás. En ningún lugar es tan marcado este fenómeno como en Brasil, donde los reporteros para medios establecidos en Río de Janeiro y São Paulo tienen recursos y poder como para competir con sus colegas en Washington y Nueva York. Por otro lado, en regiones pobres como Mato Grosso do Sul, los periodistas tienen que luchar para cumplir sus obligaciones, en gran medida sin el apoyo de sus colegas.

Persisten otros obstáculos. Los políticos prometen concesiones gubernamentales y abusan de sus amistades con dueños de medios para tratar de influenciar los reportajes. De mayor significado aún, los periodistas que desafían los límites a la libertad de prensa saben que se exponen a las consecuencias de leyes de prensa anacrónicas. Por ejemplo, la policía judicial en Panamá intentó arrestar al periodista Herasto Reyes en diciembre por cargos de difamación, surgidos a consecuencia de un artículo que escribió el 27 de agosto que vinculó al presidente Ernesto Pérez Balladares con un escándalo de finanzas. Los colegas de Reyes en el diario La Prensa rodearon a Reyes, impidiéndole físicamente a la policía procesar el arresto. En septiembre, dos periodistas chilenos fueron arrestados brevemente bajo la ley de seguridad del estado. En otros países, los políticos que son acusados de corrupción y actos ilícitos, los acusados de narcotráfico, y los militares acusados de violaciones a los derechos humanos han utilizado las leyes de difamación para impedir reportajes investigativos y castigar a periodistas que exponen la criminalidad.

Estas leyes suponen una amenaza, no sólo para los periodistas, sino también para el desarrollo de instituciones democráticas. En casi todos los países de las Américas, las leyes de difamación, muchas promulgadas por dictadores militares o a principios de siglo, definen la difamación como ofensa criminal, so pena de encarcelamiento. Bajo la mayoría de tales estatutos, la verdad no constituye una defensa, el reportar sobre investigaciones criminales no conlleva privilegio alguno, y a los periodistas se les puede obligar a divulgar sus fuentes. Cuando se trata de erratas cometidas en el transcurso de un reportaje de interés público, una fe de errata no ofrece protección alguna contra las posibilidades de una demanda. En muchos países hay también leyes que equiparan el cuestionar el honor de un funcionario con un ataque contra el estado. La ley de difamación de México, redactada en 1917, poco después de la revolución, es un ejemplo típico de tales estatutos. Define la difamación como "cualquier comunicación perjudicial, verídica o falsa, determinada o indeterminada, hecha contra persona alguna y que pudiere ocasionarle deshonra, restarle credibilidad, prejuicio, o exponerle al ridículo de parte de otra persona". Los culpables de dicha ofensa pueden ser sentenciados a un máximo de dos años de cárcel.

Estas leyes imponen un matiz criminal a los comportamientos medulares del periodismo: y es que una democracia funcional depende del flujo libre de las ideas, por tanto los periodistas jamás deberían tener que enfrentar demandas criminales por causa de materiales que publican. Cuando un demandante puede demostrar que hay segundas intenciones--es decir, que el periodista supo, o debió haber sabido, a la hora de publicarlo, que los hechos fundamentales de un reportaje eran falsos--el litigio civil debería de constituir desagravio adecuado para el demandante.

Con el apoyo de la Tinker Foundation, el CPJ ha lanzado una campaña para abolir las leyes de difamación criminal en las Américas. Como parte de nuestra documentación para este proyecto, incluímos una sección breve sobre las leyes de difamación criminal en las Américas dentro de las descripciones de los países donde dichos estatutos se han usado para callar la voz de los reporteros independientes.

Un evento importante para el desarrollo de la libertad de prensa en las Américas durante 1998 fue la creación, en abril, del puesto de Relator Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. El CPJ apoyó esa iniciativa, que fue ratificada de forma unánime por los jefes de estado que asistieron a la Cumbre de las Américas en Santiago de Chile. En noviembre, Santiago Canton, un abogado argentino, fue nombrado para ocupar el plazo. El será el responsable de vigilar la libertad de prensa en todo el continente de las Américas, y de alertar a la comisión sobre las violaciones a las provisiones de las leyes interamericanas que garantizan la libertad de expresión.

La situación global de la prensa en Latinoamérica sigue mejorando. Con la excepción de Cuba, la prensa latinoamericana opera con mayor libertad y con menos restricciones que en cualquier época anterior de su historia.



Joel Simon trabajó en México como editor asociado de Pacific News Service antes de unirse al CPJ en 1997. Es autor de Endangered Mexico: An Environment on the Edge (Sierra Club Books, 1997) y el colaborador frecuetne de Columbia Journalism Review.

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