Los Ángeles, 12 de julio de 2021 — Las autoridades salvadoreñas deben revocar la decisión de expulsar al periodista mexicano Daniel Lizárraga y deben permitirle trabajar libremente en el país, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
El 6 de julio, las autoridades migratorias notificaron a Lizárraga, ciudadano mexicano y editor de la publicación digital independiente salvadoreña El Faro, que le habían negado el permiso de trabajo “porque no ha podido demostrar que es periodista”, según versiones de prensa y el testimonio del propio periodista, quien conversó con el CPJ por vía telefónica.
Lizárraga expresó que había regresado a México el 8 de julio en cumplimiento de las leyes migratorias salvadoreñas.
“La decisión de las autoridades salvadoreñas de negarle el permiso de trabajo al periodista Daniel Lizárraga y obligarlo a abandonar el país demuestra con claridad que el periodismo crítico está en riesgo en El Salvador”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. “La expulsión de Lizárraga sucede cuando el presidente Nayib Bukele intensifica su discurso contra la prensa, y muestra los extremos a los que el Gobierno recurre para controlar y limitar el ejercicio del periodismo”.
Lizárraga afirmó que su expulsión era “no un ataque contra mí, sino contra el medio de prensa”.
“Es el último golpe a El Faro, de muchos que se han dado. Es un acto de hostigamiento para impedir las labores del medio”, declaró el periodista.
El 1 de julio, funcionarios de Migración entrevistaron a Lizárraga con motivo de la tramitación del permiso de trabajo y reiteradamente le preguntaron si pensaba dar cobertura al acontecer político de El Salvador, señaló el periodista, quien respondió que mantendría la cobertura informativa de El Faro en torno a temas de interés noticioso, entre ellos la política.
Lizárraga explicó que el 5 de julio había faltado a una cita sobre su permiso de trabajo porque estaba en cuarentena debido a que su abogado se había expuesto al contagio con la COVID-19.
“Yo les alerté [a las autoridades migratorias] sobre esa situación, pero ellos no me hicieron mucho caso y el 6 de julio llegaron a mi casa a notificarme de la expulsión”, aseguró el periodista.
El Faro publicó un editorial el 8 de julio en el que catalogó de “absurda” la decisión gubernamental y denunció que la expulsión tenía un trasfondo político y que las autoridades habían tomado represalias contra Lizárraga por haber denunciado presuntos actos de corrupción en El Salvador.
Lizárraga declaró al CPJ que se había incorporado a El Faro en enero de 2021, y que se había desempeñado anteriormente como reportero del portal de noticias mexicano Aristegui Noticias. Agregó que es instructor de Periodismo de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano y del Centro de Investigación y Docencia Económicas de México.
César Castro Fagoaga, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) declaró al CPJ en entrevista telefónica: “Periodistas extranjeros que trabajan en El Salvador hay un montón, nunca habíamos visto una explicación tan absurda para negarle el permiso de trabajo a un periodista”.
Previamente, el 4 de febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado de El Salvador adoptar las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de 34 miembros del personal de El Faro y permitirles desarrollar sus actividades periodísticas. Además, la CIDH determinó que ese personal se encuentra “en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.
El CPJ envió un correo electrónico a la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador para obtener una declaración, pero no recibió respuesta.
El presidente Bukele ya había acusado a El Faro del delito de lavado de dinero, sin presentar ninguna prueba, y en 2019 las autoridades le habían prohibido a la publicación participar en las conferencias de prensa que se ofrecían en la residencia oficial de Bukele, como el CPJ lo ha documentado. Gobiernos anteriores también han tomado represalias contra El Faro por su labor informativa, según datos del CPJ.