Mariana Belloso, periodista y presentadora de radio salvadoreña, había terminado la jornada de trabajo del 30 de junio y se encontraba en su casa con la familia cuando el presidente retuiteó uno de sus mensajes, Belloso declaró al CPJ en octubre. Entonces el abuso comenzó.
Belloso había utilizado su cuenta de Twitter esa noche para difundir las palabras del presidente Nayib Bukele, entonces con apenas 30 días en el cargo, quien en una conferencia de prensa se refería a un plan de seguridad para combatir las pandillas criminales. El retuit de Bukele agregaba: “Una verdad contada a medias es peor que mil mentiras”.
“Cada vez me convenzo más, que hay periodistas que desean que nuestro plan de seguridad falle”, comentó Bukele en otro tuit.
Belloso, quien ha utilizado Twitter desde hace más de 10 años, caracterizó de inusitados el abuso y las amenazas sexualizadas que siguieron, pese a que ella había respondido para bajar el nivel de la confrontación. Cuando ella aclaró que el plan de seguridad de Bukele se limitaba a ciertas zonas, Bukele hasta le dio las gracias.
Los ataques en las redes sociales se extendieron a Facebook y a la sección de comentarios de las columnas de Belloso en el diario La Prensa Gráfica, afirmó Belloso. Un tuit publicado en julio preguntaba cómo se sentiría ella si el plan de seguridad fallaba y ella era violada por un pandillero, según la copia de archivo del tuit revisada por el CPJ. Ella pasó a ser conocida como “la periodista que fue atacada por el presidente y sus troles”, expresó. Algunas de sus fuentes informativas se negaron a hablar, citando la críticas del presidente. La periodista sospechaba que la seguían en la calle, y hasta contempló abandonar el país.
“[Cuando] el presidente te señala y te pone en un lugar para que todos te ataquen… no hay equilibrio de poder”, Belloso declaró al CPJ.
Durante la gestión del presidente Salvador Sánchez Cerén, quien ocupó el cargo entre 2014 y 2019, “había más respeto por el papel de los periodistas de parte de la Presidencia”, declaró al CPJ Fabricio Altamirano, director y presidente de uno de los mayores periódicos del país, El Diario de Hoy. “No había obsesión con presentar el relato oficial del Gobierno como la única verdad, como la hay ahora”.
En los primeros seis meses de la gestión de Bukele, los periodistas sostienen que se les excluye de las conferencias de prensa del presidente, y denunciaron, como mínimo, un ciberataque que paralizó un sitio web de noticias. El Diario de Hoy vio cómo el Gobierno le suspendía la publicidad oficial luego de cubrir uno de estos acontecimientos, según Altamirano. Y varios periodistas salvadoreños declararon al CPJ que habían recibido amenazas en las redes sociales por dar cobertura a las medidas de Bukele contra las pandillas y otros hechos políticos desde que Bukele asumiera el poder. Si bien no hay pruebas de que el presidente les ordene a otras personas acosar a la prensa en las redes sociales, estos periodistas sostuvieron que Bukele denigra abiertamente la profesión y a sus representantes, y no hace nada por frenar el abuso resultante.
El CPJ envió varios correos electrónicos y un mensaje por Twitter a la Presidencia de El Salvador y a Neto Sanabria, su secretario de prensa, y solicitó sus declaraciones, pero no recibió ninguna respuesta antes de publicar este artículo. Asimismo, el CPJ envió correos electrónicos y mensajes por WhatsApp a Sofía Medina, su secretaria de Comunicaciones, pero tampoco recibió respuesta.
En el pasado, el CPJ había declarado que la “violencia relacionada con las pandillas” era la cuestión más importante para la prensa salvadoreña. Como mínimo, tres periodistas han sido asesinados en El Salvador desde que el CPJ comenzó a llevar estadísticas sobre los casos de periodistas que han muerto por el ejercicio de la profesión, en 1992, pero el CPJ no ha documentado ningún asesinato en este país desde 2011.
En fechas más recientes, algunos periodistas afirman que se sienten preocupados por las amenazas cada vez más violentas que reciben en las redes sociales, las que se aúnan a nuevas barreras al acceso a los funcionarios de Gobierno y a otras sanciones aparentes.
“Las señales no son buenas”, declaró Nelson Rauda Zablah, periodista investigativo de El Faro, el primer medio noticioso completamente digital de El Salvador, refiriéndose a la libertad de prensa en el Gobierno de Bukele.
“El presidente Bukele no quiere periodismo independiente”, declaró al CPJ Fernando Romero, del sitio noticioso Revista Factum.
Bukele, el primer presidente que no pertenece a ninguno de los dos principales partidos desde el final de la guerra civil de El Salvador en 1992, habitualmente critica a los medios de comunicación por difundir “fake news” en Twitter. Varios periodistas entrevistados por el CPJ compararon a Bukele con el presidente estadounidense Donald Trump, cuya negativa retórica en Twitter sobre la prensa encuentra eco en los Gobiernos autoritarios de China, Rusia y otras naciones, según investigaciones del CPJ. En México, Brasil, Colombia y Perú, entre otros países, el CPJ ha documentado otros incidentes que involucran a periodistas que enfrentan acoso en las redes sociales luego de ser mencionados por funcionarios electos.
Bukele es “un maestro de Twitter y Facebook”, declaró al CPJ en noviembre en entrevista telefónica Tim Muth, abogado que se mueve entre Wisconsin y San Salvador y autor del blog El Salvador Perspectives. “Si Bukele dice que alguien es el enemigo de lo que desea lograr, sus seguidores en las redes sociales actuarán de acuerdo con eso”.
Al igual que el presidente Trump, Muth declaró al CPJ, Bukele emplea una “estrategia consciente… para desacreditar a sus críticos en el mundo del periodismo investigativo, llamándolos fake news para que las personas no crean la información periodística”.
“Ambos presidentes denigran y atacan al mensajero en lugar de contestar sus preguntas”, declaró Zablah en referencia a Bukele y a Trump.
Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), declaró al CPJ en noviembre que ser desautorizado públicamente por un funcionario electo podría ser “muy peligroso” para la prensa, “particularmente en Latinoamérica, donde la violencia contra los periodistas y la impunidad están generalizadas”. Los expone al “riesgo, inclusive el riesgo físico”, agregó. En octubre de 2019, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), una organización defensora de la libertad de prensa en el hemisferio, declaró en una resolución que estigmatizar a la prensa “a veces desencadena violencia física”.
“La pregunta es qué precauciones tengo que tomar”, declaró al CPJ en noviembre en entrevista telefónica Karen Fernández, presentadora de Focos TV. Al igual que Belloso, ella se convirtió en un objetivo en junio, cuando criticó las condiciones de los prisioneros arrestados de conformidad con el plan de seguridad de Bukele, afirmó la periodista. El tuit que publicó en ese momento decía que Bukele había retuiteado sus comentarios sin ofrecer su análisis completo. “Cientos de sus seguidores me respondieron con amenazas de violencia sexual y desacreditación de mi trabajo”, decía el tuit.
Fernández sintió que las respuestas eran “más agresivas” que las respuestas a las que ella había estado expuesta anteriormente, expresó. El acoso que siguió a una entrevista de 2018 con el exvicepresidente “esencialmente se concentró en deslegitimar mi trabajo”, señaló. Sin embargo, desde junio Fernández ha estado más consciente de amenazas explícitas contra ella y su familia. “Mi percepción del riesgo era diferente”, apuntó.
Los periodistas entrevistados por el CPJ no pudieron apuntar a ninguna investigación que indicara que Bukele controla o incentiva cuentas de Twitter que amenazan a periodistas. No obstante, su influencia sobre el discurso en la plataforma es evidente. En julio, por ejemplo, una cuenta de Twitter que utiliza el nombre Lazmen compartió una imagen que exhortaba a sus casi 2000 seguidores a “ignorar (mute o bloquear)” a Fernández, Belloso y a Bessy Ríos, una activista de la redes sociales. La cuenta Lazmen frecuentemente publica mensajes en apoyo al Gobierno de Bukele, según una revisión del CPJ, y el tuit bromeaba que la instrucción venía del “Ministerio de los Troles”. Comenzaba con un “se les ordena” en imitación directa de Bukele, quien utilizó alguna variación de la frase más de 60 veces en Twitter en su primer mes en el cargo, con frecuencia en broma, según una revisión del CPJ.
Es más difícil evaluar el impacto de este discurso, pues no está claro cómo otros usuarios de Twitter interpretaron o actuaron de acuerdo con la instrucción de la cuenta Lazmen.
Los periodistas han denunciado ante el CPJ otras cuestiones de libertad de prensa que van más allá de las redes sociales, desde la investidura de Bukele. En septiembre, a Gabriel Labrador, de El Faro, y a Romero, de la Revista Factum, se les prohibió participar en una conferencia de prensa presidencial, una sanción que Bukele anunció oficialmente en Twitter. Ambos medios de prensa habían criticado su Gobierno, el CPJ informó en ese momento.
El Diario de Hoy documentó esa exclusión, y vio cómo el Gobierno le retiraba contratos de publicidad equivalentes al 2 % de sus ingresos de 2019 al día siguiente, por “denunciar” la acción, según Altamirano y un informe de la delegación salvadoreña ante la SIP, de la cual el diario es miembro. Altamirano declaró al CPJ que otro contrato que se le había adjudicado en licitación a su empresa editorial, para imprimir materiales informativos para el ministerio de Educación, había sido cancelado al mismo tiempo “con la intención de perjudicar a nuestro grupo financieramente”, algo que, sostuvo, “nunca ha sucedido en los últimos diez años”.
El CPJ solicitó una declaración al ministerio de Educación, por medio de dos direcciones de correo electrónico públicas y otra que aparecía en la cuenta de Twitter del ministerio, pero no recibió ninguna respuesta antes de publicar este artículo.
En otro incidente, un ciberataque afectó gravemente a la Revista Factum en octubre, pues paralizó el sitio web por cerca de una semana, según Romero. “Muchos sospechan que los atacantes están motivados por la constante desacreditación de [Revista Factum] por Bukele”, Tim Muth escribió en ese momento. Romero declaró al CPJ que él y sus colegas no tenían motivos para sospechar que Bukele había inspirado directamente el ataque.
El CPJ envió varios correos electrónicos y un mensaje por Twitter a la Presidencia de El Salvador y a Neto Sanabria, su secretario de prensa, y solicitó sus declaraciones, pero no recibió ninguna respuesta antes de publicar este artículo. Asimismo, el CPJ envió correos electrónicos y mensajes por WhatsApp a Sofía Medina, su secretaria de Comunicaciones, pero tampoco recibió respuesta.
Zablah declaró al CPJ que él y sus colegas simplemente “blindamos nuestros artículos” en respuesta la presión.
“Lo peor que podía hacer es quedarme callada”, declaró Belloso, quien ha continuado publicando columnas y tuits desde junio. “Nuestro país necesita a los periodistas ahora más que nunca”.
Para información sobre la seguridad digital y el acoso en línea, consulte los recursos del equipo de respuesta ante emergencias del CPJ.
La corresponsal del CPJ para Centroamérica, Dánae Vílchez, colaboró desde Ámsterdam.