El Gobierno del presidente Lenín Moreno ha adoptado una posición dramáticamente distinta de la de su antecesor, Rafael Correa, quien criticaba duramente a la prensa ecuatoriana y había aprobado una de las leyes de medios más restrictivas de la región. No obstante, los periodistas sostienen que seguirán cautelosos hasta que Moreno cumpla las promesas de reformar la Ley de Comunicación y abolir el organismo regulatorio encargado de su aplicación. Un informe especial del CPJ elaborado por Natalie Southwick y John Otis
Publicado el 12 de julio de 2018
QUITO
El 7 de marzo de 2018, Carlos Ochoa, extitular de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), el temido organismo regulatorio de medios de Ecuador, fue destituido de su cargo en desgracia, enfrentando una investigación de su gestión al frente del canal televisivo estatal GamaTV. La destitución de Ochoa, en una época una de las figuras más poderosas que pendía sobre los periodistas ecuatorianos, fue una clara señal del impresionante cambio en el panorama mediático ecuatoriano provocado por el nuevo presidente del país, Lenín Moreno.
Se esperaba que Moreno, elegido en abril de 2017 y titular de la vicepresidencia de 2007 a 2013 durante la gestión del exmandatario Rafael Correa, tomara su relevo. La mayoría de los ecuatorianos suponían que Moreno actuaría como representante de Correa, quizás hasta que el exmandatario regresara al poder.
Pero evidentemente Moreno no tenía intenciones de guardarle el puesto a Correa. Desde que Correa abandonó la Presidencia en mayo de 2017, numerosos periodistas y editores han descrito al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) una especie de luna de miel entre el Gobierno de Moreno y los medios noticiosos. El Gobierno de Moreno, según ellos, ha marginado a la Supercom; ha intentado mejorar las relaciones con los medios noticiosos; ha alentado a los periódicos, los sitios web, las radioemisoras y los canales de TV a ejercer con firmeza el periodismo investigativo; y se ha comprometido a reformar la Ley de Comunicación de Ecuador, una de las leyes de medios más represivas de la región.
No obstante, los periodistas siguen cautelosos. Durante una misión a Ecuador que el CPJ realizó en marzo, los periodistas entrevistados por el CPJ declararon que las políticas de Correa habían causado estragos tanto financieros como editoriales en las organizaciones noticiosas independientes. Hasta que Moreno cumpla su promesa de eliminar los artículos más represivos de la Ley de Comunicación y disolver la Supercom de una vez y por todas, los periodistas ecuatorianos continuarán trabajando con temor.
Un estado de represión
Cuando el economista Rafael Correa ganó las elecciones presidenciales de Ecuador en 2007, se sumó a una ola de triunfos de la izquierda que barría el continente. Desde Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil hasta Evo Morales en Bolivia, la llamada “marea rosa” marcó el inicio de más de una década de políticas económicas y sociales izquierdistas a lo largo de Latinoamérica. Esta generación de líderes, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner, de Argentina, y Hugo Chávez, de Venezuela, se aliaron para formar un contrapeso regional contra lo que consideraban la nociva interferencia de Estados Unidos y de intereses empresariales en sus respectivos países.
Envalentonados por esta alianza, Correa y Chávez encabezaron una campaña contra instituciones regionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), que para ellos estaban dominadas por Washington y pretendían promover los intereses estadounidenses. A finales de 2011, Correa lanzó una andanada verbal contra la abogada colombiana Catalina Botero, en ese entonces relatora especial para la libertad de expresión de la OEA y quien había criticado a Correa y a otros líderes izquierdistas por sus represivas políticas de medios. A inicios de 2012, el bloque intensificó su ofensiva contra la relatora especial, y un grupo de trabajo liderado por Ecuador y Venezuela propuso un conjunto de restricciones que limitaban la capacidad de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión para divulgar comunicados de prensa o aceptar financiamiento externo. Aunque el grupo en última instancia fracasó, las ambiciones de Correa a escala internacional quedaron manifiestas.
En el ámbito nacional, el notoriamente sensible presidente se esforzó al máximo por silenciar a los críticos que podrían examinar muy de cerca las denuncias de corrupción que surgían en su Gobierno. En 2008, Correa dirigió un exitoso referendo constitucional que consolidó el poder del Ejecutivo e introdujo reformas que regulaban la comunicación. Cinco años después, tras la reelección de Correa en febrero de 2013, la Asamblea Nacional ecuatoriana aprobó la Ley Orgánica de Comunicación, que plasmaba en ley las tendencias antiprensa de Correa. Al año siguiente, la Asamblea aprobó un proyecto de ley que definía la comunicación como un servicio público, lo cual le permitía al Gobierno regularla como la electricidad y el agua y determinar qué constituye un asunto de interés público.
Tal como lo ha documentado el CPJ, la Ley de Comunicación, también conocida como Ley Mordaza, institucionalizó mecanismos represivos, impuso la regulación gubernamental del contenido editorial, y les otorgó a las autoridades la facultad de imponer sanciones arbitrarias y censurar a los medios. Además, la ley introdujo nuevos conceptos jurídicos cuestionables, como el delito de “linchamiento mediático”, que se define como “la difusión de información … producida de forma concertada y publicada reiterativamente … con el propósito de desprestigiar” a una persona natural o jurídica. En la práctica, ello convirtió a investigaciones periodísticas que estaban en marcha y que habitualmente se publicaban en varias entregas, en posibles actos delictivos.
“La ley está hecha para convertir a nosotros los medios en censores”, declaró César Pérez, subdirector del diario El Universo de Guayaquil, frecuente blanco de la ira de Correa. La ley también creó la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), un organismo regulatorio estatal encargado de vigilar el contenido de los medios y asegurar el cumplimiento de la ley. Además, la ley le otorgaba a la Supercom la facultad de iniciar investigaciones contra medios o periodistas individuales e imponer medidas como multas, la publicación de “rectificaciones” y disculpas públicas, una facultad que empleó habitualmente para atacar al periodismo crítico, constató el CPJ. En los cuatro años de creado, el organismo regulatorio tramitó 1.081 casos, de los cuales 675 trajeron como resultado sanciones, según el propio informe del organismo.
Los medios de comunicación enfrentaron multas multimillonarias por infracciones que iban desde dejar de informar sobre acontecimientos específicos hasta brindar lo que las autoridades consideraban una cobertura informativa “sin equilibrio”. Los funcionarios gubernamentales con cada vez mayor frecuencia hallaron creativas interpretaciones del marco jurídico ecuatoriano para utilizar la ley contra los periodistas. Luego de que El Universo publicara una foto de un candidato político en un evento con sus hijos, la Supercom sancionó al diario por violar los derechos de los niños al involucrarlos en la política, y le impuso una multa de USD 3.000.
Juntos, la Supercom y la Ley de Comunicación aplicaron una tremenda presión sobre los medios ecuatorianos. Los dos principales diarios del país, El Universo y El Comercio, este último con sede en Quito, y los dos mayores canales de TV privados, Teleamazonas y Ecuavisa, los que transmiten su señal a todo el país desde Quito, reiteradamente se hallaron en la mirilla del Gobierno por infracciones que iban desde dejar de reproducir noticias halagadoras hasta publicar una polémica caricatura.
En junio de 2014, luego de que Correa se quejó en su programa televisivo semanal de la cobertura de los medios ecuatorianos a su visita a Chile, la Supercom abrió investigaciones contra cuatro periódicos por no mencionar que Correa había recibido un título honorario de una universidad chilena. Con frecuencia Correa empleaba su intervención en la radio y la TV, cada sábado, para criticar lo que percibía como cobertura sesgada y fustigar a periodistas en específico. En fecha anterior de ese mismo año, la Supercom aplicó a El Universo una multa superior a USD 90.000 por publicar una caricatura que mostraba a la policía mientras allanaba el hogar del periodista y activista Fernando Villavicencio, quien recientemente había informado sobre un escándalo de corrupción. Además, la Supercom le ordenó al caricaturista Xavier Bonilla, conocido como Bonil, “rectificar” la caricatura. El personal de El Universo afirma que el diario fue objeto de 10 demandas durante la gestión de Correa, equivalentes a más de 40 millones de dólares estadounidenses en posibles multas, una suma imposible de pagar para una empresa de medios ecuatoriana.
Milton Pérez, productor noticioso ejecutivo de Teleamazonas, declaró al CPJ que, durante los últimos 10 años: “Prácticamente tuvimos que trabajar con la ley en la mano, eso por supuesto genera la autocensura”.
Los periodistas, activistas y defensores de la libertad de prensa de todo Ecuador sostuvieron que reformar –o derogar– la Ley de Comunicación es una de sus máximas prioridades durante el nuevo Gobierno.
“El clima ha mejorado, pero la normativa del Gobierno de Correa todavía queda intacta”, expresó César Ricaurte, director de la organización ecuatoriana defensora de la libertad de prensa Fundamedios.
La Unión Nacional de Periodistas (UNP) ha identificado algunas de las disposiciones más problemáticas de la Ley de Comunicación. El Artículo 18 de la ley declara que la omisión deliberada de la difusión de temas de interés público constituye un acto de censura previa, la cual es ilegal. El concepto de “linchamiento mediático” se aborda en el Artículo 26, mientras que los Artículos 61 y 66 prohíben, respectivamente, la publicación de contenido discriminatorio y de contenido violento que denote el uso intencional de la fuerza, pero sin definir claramente ninguno de esos conceptos. La ambigüedad del enunciado de la ley hace que estos términos queden abiertos a la interpretación flexible por parte de abogados, funcionarios públicos motivados por intereses personales y tribunales que estén presionados para ponerse de parte de los intereses del Ejecutivo, según la presidenta de la UNP, Guadalupe Fierro.
Aunque Correa era el adversario más visible de los medios, llegando a arengar a las multitudes a proferir gritos de “prensa corrupta” en intervenciones públicas, los periodistas declararon al CPJ que la mayor amenaza inmediata era la propia Supercom, que había convertido en arma la Ley de Comunicación.
“El gran usuario de la Ley de Comunicación era la Supercom”, señaló Pedro Valverde, abogado de El Universo. “Con la Supercom, tenía una herramienta para poder castigar a los medios de comunicación”.
Durante la gestión de Ochoa, él mismo un exreportero de TV, la Supercom se convirtió en lo que Fierro describió como un “sistema de justicia paralelo”, que dictaba como promedio unas cinco sanciones por semana, según Fundamedios.
“La Supercom como sistema de justicia paralelo no debe existir. No tenemos un sistema de justicia aparte para los arquitectos, ¿entonces por qué deberíamos tener uno para los periodistas?”, sostuvo Alfonso Espinosa de los Monteros, vicepresidente de Noticias de Ecuavisa.
En encuentros con el CPJ, todos, desde periodistas hasta miembros de la Asamblea Nacional, reconocieron que la Supercom se había excedido en sus funciones, y se refirieron a su desmedido y autoimpuesto papel como el de “juez y parte”. Los medios locales eran particularmente vulnerables, golpeados por sanciones y regulaciones financieras que parecían concebidas para llevarlos a la quiebra. El 2 de julio de 2018, un vocero de la Supercom expresó en un mensaje que nadie estaba disponible de inmediato para responder las consultas del CPJ, pero que el organismo estudiaba las cuestiones planteadas.
“Los grandes medios de comunicación pueden luchar, pero para los medios más pequeños y los de las provincias, no hay que hacer mucho para neutralizarlos”, afirmó Nila Velázquez, editora de Opinión de El Universo.
El Gobierno de Correa también empleó muchas estrategias sutiles y no tan sutiles para deslegitimar a los medios ecuatorianos. Políticas que nacían de metas presumiblemente legítimas, como combatir la concentración de la propiedad en los medios de comunicación, o limitar la influencia de las empresas privadas sobre las decisiones editoriales, prontamente eran transformadas en herramientas de censura y control.
Una ley aprobada en 2011 para disolver monopolios se utilizó para socavar la viabilidad económica de empresas de medios críticas, al obligarlas a desprenderse de empresas ajenas a los medios. Por ejemplo, los propietarios de El Universo fueron obligados a vender su sumamente lucrativa agencia de viajes. Además, la Supercom menoscabó la credibilidad de los periodistas al obligarlos a ofrecer disculpas públicas por sus informaciones. Los funcionarios gubernamentales inclusive manipulaban las concesiones de frecuencias radioeléctricas al negarse a renovar las concesiones de los medios sino hasta último minuto, o al hacerlos pasar por múltiples obstáculos burocráticos para obtenerlas, según los periodistas. Una combinación de ataques, entre ellos allanamientos de instalaciones, multas e investigaciones tributarias, hizo imposible la vida de la revista investigativa Vanguardia, que cerró sus puertas en 2013.
Al mismo tiempo, el Gobierno consolidó su control sobre el panorama mediático nacional. Al momento de la reelección de Correa en 2013, su Gobierno supervisaba cinco canales de TV, entre ellos dos canales confiscados a sus propietarios, cuatro radioemisoras, dos periódicos y cuatro revistas –una significativa expansión si se considera que el Gobierno controlaba una sola radioemisora cuando Correa asumió el poder en 2007–.
Ni siquiera las universidades estuvieron a salvo. La Secretaría de Comunicación, encabezada por Fernando Alvarado, aliado de Correa, organizó varias “cumbres para un periodismo responsable” anuales dirigidas a periodistas en ejercicio y estudiantes de Periodismo, explicó Daniela Aguilar, directora del sitio noticioso La Historia. En tales eventos, los conferencistas sermoneaban a los participantes sobre las maneras en que los periodistas “acosaban” a los políticos, y les advertían que “hacer preguntas capciosas era una falta de respeto” para las autoridades, según Aguilar y el contenido publicado en las cuentas de Twitter y Facebook oficiales de la cumbre.
Por otra parte, los años de visible hostigamiento ahuyentaban a los estudiantes de la “peligrosa” carrera del periodismo y, en respuesta a la caída de la matrícula estudiantil, las universidades cerraron programas de periodismo, declararon al CPJ miembros de la UNP.
Once años, seis demandas
La Ley de Comunicación y la Supercom le otorgaron a Correa los instrumentos que necesitaba para doblegar a los medios ecuatorianos, pero los funcionarios locales también recurrían al aparato represivo, otro motivo por el cual los periodistas sostienen que es urgente la aprobación de reformas. Carlos Mantilla, editor jefe de El Comercio, declaró al CPJ que los funcionarios locales “adoran” la Ley de Comunicación y la emplean frecuentemente para amenazar a los periodistas. Inclusive los departamentos de bomberos locales han salido a exigirles rectificaciones y retracciones a los medios noticiosos, según Mantilla.
El ejemplo más notorio fue la prolongada disputa entre un conocido reportero de radio y un poderoso político, el alcalde de la sureña ciudad de Loja.
En un extraño drama judicial que se ha prolongado 11 años, el periodista Freddy Aponte ha sido objeto de seis demandas presentadas por José Bolívar Castillo, alcalde de Loja. Estas batallas judiciales han llevado a Aponte a la cárcel, casi lo han llevado a la quiebra y lo han despojado de muchos de sus derechos como ciudadano ecuatoriano, entre ellos el derecho al voto.
Castillo, quien ejerció varios mandatos como alcalde y fue reelegido en 2014, tiene un largo historial de presentar demandas contra periodistas, según Fundamedios. Además, en su breve período como legislador nacional durante el mandato de Correa, Castillo fue partidario clave de la Ley de Comunicación y presionó para incluir a la Supercom como organismo fiscalizador en el proyecto de ley, según informaciones de prensa.
Una vez fundada la Supercom, Castillo comenzó a utilizarla. En 2015, presentó una denuncia ante la Supercom, alegando que el diario quiteño La Hora no había dado cobertura a su discurso sobre el estado de la ciudad. Con el argumento de que se trataba de “censura previa” de información que el público tenía derecho a conocer, la Supercom aplicó una multa de aproximadamente USD 3.500 a La Hora.
Las amenazas que suponen semejantes demandas significan que “aprendimos a jugar al filo de la línea cuando decidimos qué noticias publicar”, declaró al CPJ Alexis Serrano, editor de noticias de La Hora. Estas tácticas de supervivencia distraen a los periodistas e impiden que realicen su trabajo, pues las redacciones se preocupan por mantenerse solventes y a la vez tratar de que no las demanden. “En 10 años, no hemos tenido tiempo para pensar en cómo hacer mejor periodismo de investigación”, explicó Serrano.
En un comunicado difundido el año pasado, Fundamedios se refirió a Loja como “zona peligrosa” para el ejercicio del periodismo, “todo debido a las actividades contra la libertad de prensa y la libertad de expresión de su alcalde, José Bolívar Castillo”.
La sede del Gobierno municipal encabezado por Castillo no devolvió las llamadas efectuadas por el CPJ.
La animosidad entre Aponte y Castillo se remonta a la década de los años 90, cuando el periodista informó que Castillo había maltratado en la ciudad a personas sin hogar. En otro ejemplo, Aponte afirmó en su programa radial que el Gobierno de Castillo había comprado una valiosa propiedad en una zona céntrica pero que en la escritura había colocado el nombre de uno de sus familiares.
Castillo negó haber cometido ningún hecho ilícito y presentó una demanda por difamación contra Aponte. Un tribunal local desestimó el proceso por falta de pruebas. Sin embargo, en la fase de apelación, el 9 de abril de 2008 la Corte Suprema de Ecuador condenó a Aponte y posteriormente lo sentenció a una pena de seis meses de cárcel. Tras su liberación, Aponte se hundió en una profunda depresión que exigió periódicos ingresos en el hospital. Además, a Aponte se le ordenó pagarle a Castillo una indemnización de USD 54.633 en concepto de daños y perjuicios. Cuando Aponte no pudo cumplir con la orden, Castillo presentó otra demanda por falta de pago. Aponte fue condenado por ocultar su verdadero patrimonio financiero y fue sentenciado a una pena de cinco años de cárcel. El 26 de marzo de 2013 la Corte Suprema revocó esa sentencia.
El año pasado, Castillo presentó otra demanda contra Aponte en un tribunal civil de Loja para tratar de cobrar la indemnización de $54,633 por daños y perjuicios. El 3 de julio de 2017 –casi dos meses después de la investidura de Moreno– un juez declaró a Aponte legalmente “insolvente”. El fallo, que es definitivo y no es susceptible de apelación, según Ricaurte, el director de Fundamedios, y el abogado de Aponte, Adolfo Moreno, le prohíbe a Aponte abandonar Ecuador, votar en las elecciones, solicitar préstamos bancarios, administrar sus activos o suscribir contratos legales. Aponte se refirió a estas sanciones como un intento de humillarlo y sacarlo del periodismo.
Aponte señaló que legisladores de la Asamblea Nacional están estudiando concederle un indulto, pero expresó que tal medida sería una conclusión insatisfactoria porque él siempre ha insistido en su inocencia. Durante una entrevista con el CPJ, entre lágrimas, Aponte declaró: “Estoy peor ahora de lo que estaba con el Gobierno de Correa”.
El camino por delante
Desde su investidura, Moreno ha ofrecido una rama de olivo a los medios, reuniéndose con periodistas a principios de 2018 y recibiendo sugerencias sobre potenciales reformas por parte de Grupo Democrático, una coalición de la sociedad civil que abarca a Fundamedios, la UNP y decenas de periodistas.
El cambio sorprendió a muchos observadores, pero para algunos analistas se trata de una respuesta racional a la cambiante dinámica y las nuevas prioridades de la región. Igual que Correa llegó al poder en medio de una ola izquierdista, Moreno ha asumido la Presidencia en momentos en que los países latinoamericanos enfrentan inestabilidad, la creciente influencia de la derecha y el aparente fracaso de muchas políticas de la “marea rosa”. El expresidente brasileño Lula da Silva se encuentra preso y está acusado de corrupción y lavado de dinero, mientras que el sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, ha estado a cargo del descenso de Venezuela hacia el desplome económico total y la mayor crisis humanitaria de Sudamérica.
Periodistas y analistas ecuatorianos hicieron hincapié en que Moreno heredó un país en transición, con una economía en dificultades y un cúmulo de denuncias de corrupción contra funcionarios de la era de Correa. En su primer año como mandatario, Moreno ha reconocido que su predecesor quemó puentes que llevará tiempo y esfuerzo reparar. Moreno ha convertido públicamente al combate contra la corrupción en una meta fundamental de su mandato. El presidente aparentemente reconoce el papel vital que unos medios libres e independientes pueden desempeñar en investigar y destapar cualquier corrupción que haya florecido durante el mandato de Correa. Además de sus encuentros con periodistas locales, Moreno recientemente se reunió con Human Rights Watch y la Sociedad Interamericana de Prensa para analizar preocupaciones sobre la libertad de prensa, entre otras cuestiones de derechos humanos.
Un bullicioso sector de la sociedad civil y los medios apoya las iniciativas reformistas de Moreno, y analistas internacionales han señalado que reformar un resto tan visible del legado de Correa puede ayudar a Moreno a atraer mayor cooperación e inversión extranjeras. Sin embargo, Moreno debe negociar los intereses contradictorios de facciones políticas nacionales, entre ellas su propio partido, que se dividió cuando sobrevino la ruptura con Correa, así como partidos opositores más conservadores.
Si bien los periodistas siguen enfrentando la presión de funcionarios gubernamentales, los miembros de los medios mencionan alentadoras señales de que el Poder Judicial está más dispuesto a defender principios de la libertad de prensa.
En varios juicios importantes, los jueces han fallado a favor de periodistas. Por ejemplo, Correa había demandado a Martín Pallares, fundador del sitio noticioso independiente 4pelagatos, por un artículo satírico publicado en abril de 2017. En julio, un juez de Quito absolvió a Pallares. En febrero de 2018, la Corte Suprema de Ecuador falló a favor de Villavicencio, director del sitio noticioso Focus Ecuador, y así puso fin a uno de los principales casos pendientes de la era Correa. Villavicencio, un franco y directo periodista investigativo y exasesor político, fue procesado por el delito de distribuir mensajes de correo electrónico presuntamente confidenciales que provenían de funcionarios públicos. Él huyó del país varias veces en el transcurso de su proceso, y solicitó asilo en Perú en abril de 2017, antes de regresar definitivamente a Ecuador en septiembre de 2017.
“Un fallo a favor de un medio nunca hubiera pasado en la época de Correa”, aseguró Juan Pablo Rojas, asesor jurídico general de Ecuavisa. Aunque el Poder Judicial ecuatoriano mantuvo la independencia durante el mandato de Correa, Human Rights Watch declaró que había hallado pruebas de que funcionarios de alto rango en ocasiones presionaban a los jueces para que fallaran a favor del Gobierno, e interferían en los nombramientos y las destituciones. Dado que el Gobierno de Moreno ha adoptado una actitud menos agresiva con las informaciones críticas, y que los periodistas y medios creen que ahora tienen una oportunidad justa de triunfar en la fase de apelaciones, los periodistas sostienen que temen menos ser objeto de desproporcionadas demandas judiciales por parte del Ejecutivo.
En su hogar en Quito, sin que pesara la amenaza de arresto sobre él por primera vez en años, Villavicencio declaró al CPJ que consideraba el fallo como un importante precedente que establecía el derecho de los periodistas a compartir información de interés público. Es un derecho que muchas veces ha defendido también desde su cuenta de Twitter, que ha sido suspendida múltiples veces desde su regreso al país.
Pese a las promisorias señales, los periodistas reconocen que Moreno enfrenta muchos retos, entre ellos la actual crisis económica, y que será difícil mantener el tema de la libertad de prensa en primer plano. No obstante, el reciente secuestro y asesinato de dos periodistas y su chofer ha servido de recordatorio de lo que está en juego.
El 26 de marzo, miembros de una disidencia del grupo guerrillero colombiano FARC secuestraron a los tres miembros de un equipo periodístico de El Comercio en la localidad de Mataje, cerca de la frontera con Colombia. Luego de tres semanas de informaciones contradictorias por parte de las autoridades a ambos lados de la frontera, y la publicación de un horrendo video que mostraba a los tres secuestrados encadenados unos a otros, Moreno confirmó el 13 de abril que el reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el chofer Efraín Segarra habían muerto, probablemente a manos de sus captores.
El secuestro y asesinato de Ortega, Rivas y Segarra desató un duelo nacional. Mientras el personal de El Comercio y sus colegas, acompañados de las familias de los tres individuos, protestaban frente al palacio presidencial, el papel de la prensa en la sociedad ecuatoriana alcanzó el primer plano del debate nacional e impulsó hacia delante el programa de reformas.
En encuentros sostenidos con el CPJ en marzo, el secretario de Comunicación, Andrés Michelena, enfatizó el deseo del Gobierno de garantizar el cumplimiento de la normativa internacional. En abril, la Presidencia envió cartas de invitación formales dirigidas a David Kaye, relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de expresión, y Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la OEA, para visitar el país y evaluar el cumplimiento de Ecuador con la normativa internacional. De acuerdo con la Relatoría encabezada por Lanza, los dos expertos planean visitar Ecuador en agosto. La decisión es particularmente irónica, porque Correa había fustigado a la anterior relatora especial de la OEA y había intentado destruir la Relatoría.
Si bien la Presidencia no puede abolir unilateralmente la Ley de Comunicación, sí puede optar por restarle prioridad a su aplicación por la vía del decreto presidencial, aunque un futuro Gobierno podría revertir esta decisión con la misma facilidad. “El presidente dice que no quiere aplicar la ley, pero el hecho es que la ley sigue vigente”, declaró al CPJ el columnista de El Comercio Lolo Echeverría.
La Supercom ha permanecido mayormente inactiva durante el mandato de Moreno, una actitud al parecer intencional. “Si estamos en un proceso de construcción, debemos eliminar la Supercom. No debe convertirse en un arma para los funcionarios públicos”, declaró al CPJ Michelena. Haciéndose eco de las propuestas de Grupo Democrático, él sugirió que algunas de las responsabilidades no sancionatorias del organismo podrían trasladarse a otras entidades como el gubernamental Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM), mientras que la facultad de imponer sanciones debería abolirse completamente.
Sin embargo, persisten las preocupaciones respecto a si la Asamblea Nacional puede ponerse de acuerdo sobre una propuesta de reforma, particularmente dado que el gobernante partido Alianza País se ha escindido luego de la ruptura entre Correa y Moreno. “Dentro del partido gobernante, no existe consenso sobre el desmantelamiento de la Ley de Comunicación”, observó Ricaurte, el director de Fundamedios.
El 21 de mayo, Moreno envió a la Asamblea Nacional una propuesta para reformar significativamente la Ley de Comunicación. La propuesta abarca 80 modificaciones a la ley, entre ellas la eliminación de la Supercom. La semana anterior, el mandatario había anunciado que el Gobierno vendería varios medios de comunicación confiscados durante el mandato de Correa, los cuales regresarían a propietarios privados. Para mediados de junio, Moreno consideraba a tres candidatos para sustituir a Ochoa como titular de la Supercom; en lo que constituiría un cambio radical del papel del organismo, al nuevo superintendente se le ordenaría centrar su atención en la investigación de “la persecución y los ataques de los que fueron víctimas los medios y los periodistas” durante Gobiernos anteriores, según el secretario particular de la Presidencia Juan Sebastián Roldán.
Ecuador ofrece un ejemplo positivo y a la vez una advertencia a otros países de Latinoamérica y otras partes del mundo que han incrementado el control sobre los medios y la censura en los últimos años. Existe un camino de vuelta a la libertad de prensa, y la presión internacional sostenida puede tener un peso significativo. Al mismo tiempo, es difícil exagerar el daño que un poderoso Ejecutivo decidido a destruir la prensa independiente puede causarle a un país.
Los periodistas ecuatorianos están exhaustos y cautelosos, y muchos aspirantes a reporteros se han alejado del periodismo por temor, luego de presenciar la batalla de una década con Correa, según miembros de la UNP y periodistas que han visto envejecer a sus redacciones. Pero la voluntad del Gobierno de Moreno de interactuar con los periodistas y los defensores de la libertad de prensa y escucharlos está cambiando el tono del debate sobre los medios. Si bien los periodistas ecuatorianos quedaron devastados por el asesinato de sus colegas, fueron alentados por la respuesta de sus conciudadanos, que se lanzaron a las calles para expresar su indignación. El proceso de reconstruir una prensa libre e independiente en Ecuador será largo, pero los periodistas sostienen que están dispuestos a aportar el esfuerzo necesario para completar la tarea. Ellos sencillamente quieren saber si el Gobierno está dispuesto a hacer lo mismo.
Este informe fue elaborado por Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, y John Otis, corresponsal del CPJ para la región andina. Antes de incorporarse al CPJ, Southwick radicaba en Bogotá, Colombia, donde era miembro del equipo de acompañamiento internacional de Witness for Peace, especialista informativa del programa de comunidades afrocolombianas e indígenas de ACDI/VOCA, y editora de un sitio web centrado en noticias sobre Latinoamérica. Sus trabajos han aparecido en medios como The Boston Globe, The Chicago Reporter, InSight Crime y RioOnWatch. Otis, quien está radicado en Bogotá, Colombia, se desempeña como corresponsal de la revista Time, NPR y The Wall Street Journal.
FOTOS DE PORTADA: Lenín Moreno habla con los medios después de asistir a un evento con miembros de comunidades indígenas y partidarios en Quito en febrero de 2017. Desde su elección como mandatario, Moreno se ha comprometido a reformar la Ley de Comunicación de Ecuador.