La labor del CPJ en Ecuador
Durante los últimos 10 años, el CPJ ha tratado la situación de Ecuador como una prioridad en Latinoamérica y ha documentado el deterioro del clima de libertad de prensa durante el mandato del expresidente Rafael Correa, mediante informes especiales, artículos y viajes de cobertura periodística al país. En un informe divulgado en 2011, “Confrontación y represión en el Ecuador de Correa“, el CPJ analizó cómo Correa había encaminado a Ecuador hacia una nueva era de represión generalizada mediante la interrupción de las transmisiones noticiosas privadas, la promulgación de medidas legales restrictivas, la descalificación de los críticos y la presentación de debilitantes demandas por difamación.
Desde entonces, el CPJ ha informado sobre amenazas en curso y ataques personales contra la periodista de Teleamazonas y ganadora del Premio Internacional de la Libertad de Prensa de 2013 Janet Hinostroza, y la saga jurídica del periodista investigativo Fernando Villavicencio, quien fue obligado a huir del país varias veces mientras enfrentaba procesos por los delitos de difamación y la distribución de correos electrónicos presuntamente confidenciales enviados por funcionarios públicos. Durante casi una década, las actualizaciones del CPJ sobre Ecuador han documentado una campaña de intimidación contra los medios y una lluvia de demandas excesivas contra los periodistas Juan Carlos Calderón, Christian Zurita y Martín Pallares, así como contra importantes periódicos y canales de televisión.
En una serie de artículos publicados en 2014, el corresponsal del CPJ para la región andina, John Otis, analizó la batalla de la Supercom contra Xavier Bonilla, caricaturista editorial de El Universo, a raíz de que Bonilla publicara una caricatura que criticaba con agudeza la investigación gubernamental contra Villavicencio. Un informe especial sobre las disposiciones penales relativas a la difamación en Sudamérica divulgado en 2016 esbozaba la continua aplicación de estas disposiciones en Ecuador y resaltaba casos notables, entre ellos la demanda por USD 40 millones que Correa entabló contra El Universo en 2011.
En marzo de 2018, casi un año después del comienzo del mandato del presidente Lenín Moreno, una delegación del CPJ viajó a Guayaquil y Quito para evaluar el cambiante panorama en materia de libertad de prensa y abogar por reformas fundamentales. La delegación, que tuvo como anfitriona a la organización ecuatoriana defensora de la libertad de prensa Fundamedios, estuvo integrada por Otis; Joel Simon, director ejecutivo del CPJ; Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica; Ricardo Uceda, miembro del consejo asesor para las Américas del CPJ y director de la organización peruana Instituto Prensa y Sociedad (IPYS); y Anya Schiffrin, asesora del CPJ y profesora de la Universidad de Columbia. Los participantes sostuvieron encuentros con periodistas, organizaciones de medios y funcionarios gubernamentales, entre estos últimos el CORDICOM y el Secretario de Comunicación Andrés Michelena, y realizó investigaciones preliminares y entrevistas para este informe.