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Agentes policiales atacan a periodista en el estado mexicano de Guerrero

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Una activista pone en una ventana imágenes de periodistas que han sido asesinados en México durante una manifestación contra los asesinatos de periodistas en México, frente al edificio de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) en la Ciudad de México, México el 15 de junio de 2017 . (Reuters / Edgard Garrido)

Ciudad de México, 12 de enero de 2018--Las autoridades del estado mexicano de Guerrero deben realizar una investigación exhaustiva y seria de los presuntos actos de violencia policial cometidos contra un periodista en la ciudad de La Concepción el 7 de enero, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). Según las declaraciones que cinco periodistas ofrecieron a los medios locales luego de los presuntos actos de violencia, agentes de la Policía Estatal atacaron a un periodista que cubría violentos enfrentamientos entre agentes policiales y soldados, por un lado, e integrantes de una autoproclamada fuerza policial comunitaria, por el otro.

El fotógrafo Bernandino Hernández, colaborador de The Associated Press y de la agencia fotográfica mexicana Cuartoscuro, declaró al CPJ el 8 de enero que agentes de la Policía Estatal lo habían golpeado luego de que él tomara fotos de funcionarios gubernamentales mientras golpeaban a varios miembros de la fuerza policial comunitaria.

El fotógrafo afirmó que, aunque él se había identificado como periodista, los agentes policiales le habían gritado que no les importaba para quién trabajaba y que ellos "lo desaparecerían" si él continuaba tomando fotos.

"La Policía debe proteger a los periodistas, pero en México hemos visto demasiados casos en que la Policía es la responsable de la violencia contra los periodistas", declaró Alexandra Ellerbeck, coordinadora del Programa de Norteamérica del CPJ, desde Nueva York. "Las autoridades deben investigar este ataque y enjuiciar a los agentes responsables".

Roberto Álvarez Heredia, vocero del Grupo de Coordinación de Guerrero, que supervisa todos los organismos de seguridad pública locales y federales en el estado, declaró hoy al CPJ que las autoridades estatales estaban investigando el ataque.

"El Gobierno de Guerrero lamenta lo sucedido y tiene el compromiso de investigar debidamente el asunto para evitar que ello vuelva a suceder", declaró Álvarez Heredia, quien agregó que por el momento no podía ofrecer más información sobre los agentes policiales presuntamente implicados.

El CPJ no pudo comunicarse con la Secretaría de Defensa Nacional, con sede en Ciudad de México, ni con la policía comunitaria de La Concepción para obtener sus declaraciones.

Los periodistas documentaban los intentos de las autoridades gubernamentales de desarmar a la autoproclamada fuerza policial de la comunidad y de arrestar a un franco líder comunitario local, de acuerdo con periodistas entrevistados por el CPJ e informaciones de prensa. La policía comunitaria se negó a entregar las armas, lo cual provocó una balacera cerca de las 11:30 a. m. del 7 de enero, según despachos noticiosos. Como mínimo tres integrantes de la policía comunitaria resultaron muertos en el enfrentamiento, según las informaciones de prensa.

Durante la balacera, la Policía Estatal comenzó a atacar a los periodistas, declararon al CPJ tres periodistas presentes en el lugar.

Hernández declaró al CPJ que había tenido que ser hospitalizado por causa de los manotazos y las patadas propinadas por los agentes policiales. El reportero gráfico sostuvo que los agentes policiales le habían dañado las cámaras, se habían llevado tarjetas de memoria que contenían fotos de presuntos actos de abuso que ellos habían cometido durante las protestas, y le habían robado el dinero.

Hernández indicó que durante el ataque él había perdido el conocimiento por varios minutos. Los compañeros del reportero gráfico se lo llevaron arrastrado del lugar y lo evacuaron por auto a Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, donde él denunció el ataque ante las autoridades estatales. Luego él había sido trasladado a un hospital de Acapulco para recibir tratamiento por sus lesiones, expresó.

El reportero gráfico declaró al CPJ que había sufrido una conmoción cerebral y que tenía moretones en las piernas, el tronco y la cabeza, pero no tenía lesiones cerebrales. El 9 de enero, mientras conversaba con el CPJ, tuvo dificultades para recordar completamente todos los detalles del incidente.

El titular de la Secretaría de Salud de Guerrero, Carlos de la Peña Pintos, declaró al CPJ el 9 de enero que las autoridades estatales de Guerrero asumirían los gastos médicos de Hernández.

Francisco Robles, colaborador del diario de Ciudad de México Reforma y de Agence France-Presse, declaró al CPJ en entrevista telefónica realizada el 9 de enero que él había visto cuando se llevaban arrastrado a Hernández del lugar donde había sido atacado, aunque no había visto el ataque en sí.

Otro periodista que estaba presente en la balacera, Sergio Robles, del sitio web noticioso Quadratín, declaró al CPJ el 9 de enero que él y otros periodistas presentes también habían sufrido algún grado de abuso verbal y de abuso físico menor, como empujones de los agentes policiales.

Sergio Robles y Francisco Robles declararon al CPJ que ellos habían reconocido a algunos de los agentes de la Policía Estatal por haberlos visto en coberturas anteriores.

Hernández expresó temer por su seguridad, porque él también había reconocido a algunos de los agentes de la Policía Estatal por haberlos visto en coberturas noticiosas anteriores.

El periodista indicó que las autoridades habían apostado a un agente de la Policía Federal para vigilar la habitación del hospital donde él recibía tratamiento.

En declaraciones ofrecidas al CPJ el 9 de enero, Patricia Colchero, titular del Mecanismo Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, confirmó que las autoridades mexicanas habían asignado agentes de la Policía Federal para vigilar temporalmente la vivienda de Hernández. Otro vocero del organismo cuyo nombre se mantiene anónimo por motivos de seguridad, declaró que ellos tienen pensado hablar con Hernández lo más pronto posible, aunque el encuentro aún no se había realizado.

Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, declaró al CPJ el 9 de enero que su organismo estaba al tanto del incidente, pero que Hernández no había estado en comunicación con las autoridades federales.

México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el hemisferio occidental. Según datos del CPJ, como mínimo seis periodistas resultaron asesinados en represalia por su labor informativa en México en 2017. El CPJ investiga otros tres casos de asesinato de periodistas para determinar el motivo.

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