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Un manifestante en Caracas, el 14 de julio de 2017. (AP/Ariana Cubillos)

Actualizada el 11 de agosto de 2017

A medida que la situación política de Venezuela continúa deteriorándose, los periodistas que han cubierto protestas han sido objeto de acoso, ataques y detenciones de manera sistemática. Con el fin de ofrecerles información concreta sobre seguridad a los periodistas locales e internacionales que informan sobre la inestabilidad, el Equipo de Respuesta a Emergencias del CPJ divulgará actualizaciones periódicas sobre la situación política, las protestas y el panorama para los periodistas que están en el terreno. Esta información se actualizará semanalmente.

Para obtener información sobre cómo los periodistas deben protegerse, consulte la Aviso de seguridad del CPJ para Venezuela.

Contexto político

Los partidarios de la oposición venezolana han protestado contra el Gobierno del mandatario Nicolás Maduro desde finales de marzo, cuando el Tribunal Supremo de Justicia venezolano dictó una sentencia que despojaba de las funciones legislativas a la Asamblea Nacional, dominada por la oposición. Esta ola de manifestaciones antigubernamentales, la más prolongada desde 2014, se ha caracterizado por la violencia en muchas zonas del país. Al 6 de agosto, la Fiscalía General había contabilizado un saldo de 121 víctimas mortales durante más de 120 días de protestas. De ellas, el 19 % eran adolescentes (menores de 18 años), y otro 58 % eran jóvenes que tenían entre 18 y 29 años. Según el parte oficial, las fuerzas de seguridad gubernamentales y grupos paramilitares de civiles armados son responsables del 65 % de las muertes.

Las dos partes principales involucradas en el actual conflicto son el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), liderado por el presidente Maduro, quien ha intentado mantener el movimiento de la populista Revolución Bolivariana de su antecesor, Hugo Chávez. El otro es la Mesa de Unidad Democrática (MUD), una coalición de partidos políticos opositores. Si bien la oposición política venezolana históricamente ha mostrado divisiones, la sentencia dictada en marzo por el Tribunal Supremo de Justicia motivó a las dispares facciones de la MUD a coordinar la oposición colectiva a Maduro. La MUD cuenta con varios líderes, entre ellos Henrique Capriles, gobernador del norteño estado de Miranda y candidato presidencial; Leopoldo López, político encarcelado; y el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges.

A pesar de la continua oposición, el Gobierno de Maduro sigue adelante con el plan de convocar a una Asamblea Constituyente con la autoridad de modificar la Constitución venezolana, destituir a funcionarios y supervisar las instituciones gubernamentales. Los líderes opositores han denominado a este plan una usurpación de poder y un intento de interferir con las elecciones locales y nacionales que anteriormente se habían fijado para 2017 y 2018, respectivamente, según despachos noticiosos. En la actualidad no está claro cuándo se realizarían estas elecciones, ni cómo la Asamblea Constituyente las afectaría.

El 30 de julio el Gobierno venezolano celebró las polémicas elecciones para la Asamblea Constituyente, que la oposición había utilizado para llamar a la movilización desde que las protestas comenzaron en abril. Aunque la oposición boicoteó la votación y las encuestas pronosticaban una asistencia tan baja como del orden del 15 % de los votantes inscritos, la votación prosiguió, y trajo como resultado la elección de 545 delegados mayoritariamente partidarios de Maduro, entre ellos la primera dama Cilia Flores, el expresidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello y la exministra de Relaciones Exteriores Delcy Rodríguez, ahora presidenta de la Asamblea Constituyente.

El Gobierno afirmó que la participación oficial había sido de 8.1 millones de votantes (42 % de los votantes inscritos), aunque Antonio Mugica, CEO de la empresa de tecnología de votación Smartmatic, declaró que había pruebas de que la cifra de participantes había sido alterada y tenía una discrepancia de por lo menos 1 millón de votantes, según versiones noticiosas.

El 4 de agosto, en el primer acto luego de su instalación, la Asamblea Constituyente decidió destituir a la fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien se había convertido en uno de los críticos más firmes de Maduro en el seno del Gobierno, y la sustituyó por Tarek William Saab, extitular de la Defensoría del Pueblo de Venezuela.

En medio de informaciones que apuntan al creciente descontento entre miembros de las fuerzas armadas, el 27 de junio un exinspector de la Policía presuntamente robó un helicóptero y ejecutó un osado ataque contra instituciones gubernamentales en Caracas, durante el cual disparó contra el ministerio del Interior y arrojó granadas contra la sede del Tribunal Supremo de Justicia. El hecho de que el piloto, Oscar Pérez, haya escapado luego de un ataque tan público, aparentemente ha alimentado teorías conspiratorias entre la oposición en el sentido de que el Gobierno estuvo involucrado en el ataque. Al parecer, las tensiones internas en las Fuerzas Armadas continúan aumentando, y cinco oficiales de alta graduación fueron arrestados en la primera semana de julio, con lo cual el total de arrestados entre los miembros de las Fuerzas Armadas desde el inicio de las protestas en abril supera los 120, según versiones periodísticas.

Las tensiones aumentaron aún más el 6 de agosto, cuando un grupo de sujetos armados y uniformados atacaron la base militar de Fuerte Paramacay en el norteño estado de Carabobo, según despachos noticiosos. Dos personas murieron y ocho fueron arrestadas durante el ataque. En un video compartido en los medios sociales, un hombre que se identificó como el capitán retirado de la Guardia Nacional Juan Carlos Caguaripano declaró que él y otros hombres estaban llevando a cabo una "sublevación" contra una "tiranía asesina", según versiones periodísticas.

En una sorprendente decisión, el 8 de julio el Tribunal Supremo de Justicia emitió una declaración de un párrafo por la cual le otorgaba arresto domiciliario por "motivos humanitarios" al más conocido prisionero político del país, el líder opositor Leopoldo López, quien había pasado más de tres años en la prisión militar de Ramo Verde cumpliendo una pena de 14 años por incitación a la violencia. En un discurso, el presidente Maduro describió la concesión como una oportunidad para que el Gobierno y los manifestantes negociaran un "acuerdo de paz", mientras que la oposición lo consideró una prueba de que las protestas en curso estaban surtiendo efecto, según despachos noticiosos. En horas tempranas del 1 de agosto, López y Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas que también se encontraba en arresto domiciliario, fueron sacados de sus hogares por hombres armados luego de que se les revocara el arresto domiciliario ante la posibilidad de que abandonaran el país, según videos presuntamente filmados en el lugar y subidos a la Internet. López y Ledezma regresaron a su arresto domiciliario el fin de semana, según versiones periodísticas.

El 16 de julio, la MUD celebró un referendo no vinculante sobre la Asamblea Constituyente, y estableció centros de votación en teatros, instalaciones deportivas e inclusive en el medio de rotondas de tránsito. Más de 7 millones de venezolanos participaron, de ellos unos 6.5 millones ejercieron el voto en Venezuela y otros 693,800 ejercieron el voto en el extranjero, lo cual representa aproximadamente el 37 % de los 19.5 millones de votantes inscritos, según versiones periodísticas.

Los votantes respondieron a tres preguntas, y más del 98 % rechazaron la propuesta de Asamblea Constituyente, defendieron la convocatoria a elecciones antes de 2019 y votaron a favor de que las Fuerzas Armadas defendieran la Constitución actual. Ese mismo día, el Gobierno celebró un simulacro de las elecciones para la Asamblea Constituyente del 30 de julio.

El 20 de julio, la MUD organizó un paro general para aumentar la presión sobre el Gobierno en la semana previa a las elecciones para la Asamblea Constituyente, como un elemento de la llamada estrategia de "hora cero". Los manifestantes colocaron barricadas en muchas vías importantes en las principales ciudades de Venezuela, y varias estaciones del Metro de Caracas estuvieron cerradas, según versiones periodísticas. Los líderes opositores convocaron a un segundo paro de 48 horas que comenzó el miércoles 26 de julio.

De acuerdo con algunas versiones noticiosas, el presidente Maduro ofreció posponer la fecha de las elecciones para la Asamblea Constituyente para permitir mayor tiempo para las negociaciones. Ambas partes han sugerido que están dispuestas a negociar, pero los líderes opositores probablemente rechazarán toda oferta que no consista en elecciones anticipadas, la liberación de presos políticos y el reconocimiento oficial de la legitimidad de la Asamblea Nacional, mientras que el Gobierno de Maduro continúa respaldando la celebración de elecciones presidenciales en diciembre de 2018.

Las protestas

En un comienzo las manifestaciones eran organizadas por la MUD y activistas afiliados. Pero a medida que las protestas han continuado, los actos más recientes han sido patrocinados por un grupo cada vez más diverso de organizadores, entre ellos grupos estudiantiles, maestros y otras organizaciones de civiles.

Las marchas normalmente comienzan en un punto de encuentro predeterminado donde los manifestantes se reúnen durante dos o tres horas. A continuación, ellos avanzan hacia puntos de la ciudad donde se ubican las sedes de los ministerios de Gobierno. Organizadores en todo el país recientemente han llevado a cabo marchas que se han dirigido a las sedes del Ministerio Público, en una demostración de apoyo a Ortega. Los manifestantes también están realizando protestas que consisten en bloquear todas las calles circundantes; estas protestas son llamadas trancazos.

En Caracas, la capital, las protestas tienen muchas opciones de ruta distintas. Las fuerzas de seguridad generalmente las detienen luego de que éstas han avanzado una corta distancia, y el Gobierno nacional ha anunciado que no se permitirá a las marchas ingresar al Municipio Libertador, el centro de la ciudad. La Policía y la Guardia Nacional colocan barreras, vehículos blindados equipados para disparar granadas lacrimógenas, filas de policías y efectivos militares, y vehículos con cañones de agua.

En todo el país, las fuerzas de seguridad gubernamentales, entre ellas la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), y la policía estatal, han empleado gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a las muchedumbres. Cientos de personas han resultado heridas y arrestadas.

Desde finales de junio, las fuerzas de seguridad gubernamentales han disparado repetidamente balas reales contra multitudes, y han matado y herido a varios manifestantes, según versiones periodísticas.

El 19 de junio, efectivos de la GNB dispararon balas reales contra una multitud cerca de Altamira, en Caracas, e hirieron a seis personas y mataron al estudiante de 17 años Fabián Urbina. Tres efectivos han sido imputados en relación con la muerte de Urbina, según despachos noticiosos.

Entre el 26 y el 29 de junio, cinco jóvenes, todos entre 18 y 25 años, murieron en protestas en cinco ciudades distintas del país. Tres de ellos fueron blanco de disparos, mientras que dos fueron arrollados por vehículos durante trancazos, segúnversiones periodísticas. Otras cinco personas, entre ellas un joven de 15 años en el estado del Zulia, murieron durante el paro general del 20 de julio, según despachos de prensa. Las autoridades investigan a cinco agentes de la Policía por su participación en la muerte de dos de las cinco víctimas, quienes murieron al ser alcanzadas por disparos en Los Teques, cerca de Caracas.

El fin de semana de las elecciones para la Asamblea Constituyente ha sido el período con mayor número de víctimas mortales hasta la fecha: por lo menos 13 personas murieron en protestas y enfrentamientos en todo el país el 29 y el 30 de julio, según despachos noticiosos.

En conferencia de prensa ante la prensa internacional, el 23 de junio, el presidente Maduro culpó a líderes opositores, a la Organización de los Estados Americanos y a Estados Unidos, entre otros, por la situación de Venezuela. Maduro declaró que la Asamblea Constitucional era la única manera de traer la paz al país. Durante la conferencia de prensa, Maduro también declaró que él les había dado una "orden clara" a las fuerzas de seguridad de no utilizar armas de fuego contra los manifestantes, según despachos noticiosos.

Por otro lado, los funcionarios de Aduanas han prohibido la importación de artículos de protección utilizados tanto por los periodistas como por los manifestantes, como por ejemplo los cascos, las máscaras antigás y los chalecos antibala, según versiones noticiosas. La misma prohibición también ha bloqueado la importación de suministros de primeros auxilios y productos utilizados por los manifestantes para protegerse, como los antiácidos, las gotas oftálmicas y las camillas.

En las mayores ciudades de Venezuela, grupos belicosos de ambos bandos también están presentes en las manifestaciones o en puntos de conflicto. Muchos de ellos están armados con diferentes tipos de armas, y representan una amenaza potencial para los periodistas. Estos grupos incluyen a los grupos armados oficialistas conocidos como colectivos, que a veces funcionan como apoyo de las fuerzas de seguridad y a veces actúan por cuenta propia, y las barricadas de manifestantes, conocidas como guarimbas, que con mayor frecuencia aparecen a lo largo de vías de tránsito importantes y en vecindarios que favorecen a la oposición.

Manifestantes descargan tarimas de madera de un camión al que obligaron a parar en una autopista en Caracas, el 22 de mayo de 2017. (AP/Fernando Llano)

Los colectivos mantienen una presencia significativa en las sedes de las protestas. Principalmente consisten en antiguos miembros de las fuerzas policiales, militares y del servicio de seguridad. Sus miembros habitualmente visten de civiles, aunque algunos llevan chalecos negros y máscaras. Por lo general portan armas cortas, aunque se ha visto a algunos de ellos con fusiles y ametralladoras. Los miembros de los colectivos suelen viajar en pareja montados en motocicletas.

Los miembros de los colectivos han disparado directamente contra las protestas y presuntamente son responsables de la muerte de varios manifestantes, según versiones periodísticas. Ellos también han amenazado, agredido físicamente y robado a periodistas.

El 5 de julio, un grupo conformado por unos 200 miembros de los colectivos atacaron la sede de la Asamblea Nacional, donde legisladores, periodistas y organizaciones de la sociedad civil se habían congregado para una sesión especial en conmemoración del Día de la Independencia de Venezuela. Sujetos armados integrantes de los colectivos atraparon a más de 300 personas en la sede de la institución, entre ellos a 108 periodistas, 94 diputados y 120 trabajadores, y los retuvieron durante más de siete horas, según versiones noticiosas. Por lo menos 12 personas resultaron heridas, entre ellas cuatro diputados. El medio noticioso digital Vivoplay informó que los miembros de los colectivos amenazaron a los periodistas con tubos y piedras y les robaron cámaras, micrófonos y demás equipos de trabajo.

Miembros de un 'colectivo', un grupo armado progubernamental, agreden a Leonardo Rodríguez (centro), un reportero gráfico con el diario El Nacional, mientras cubría a una manifestación de estudiantes en la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Caracas, el 3 de abril de 2014. (AFP/Federico Parra)


Las guarimbas, o barricadas de manifestantes, que habían aparecido por primera vez durante las protestas del 2014, por lo general son defendidas por estudiantes universitarios o de secundaria, conocidos como guarimberos. Las barricadas están hechas de materiales que van desde bolsas de basura hasta troncos de árbol y autos robados, como camiones o autobuses, los cuales los guarimberos a veces incendian. Informaciones locales indican que algunas guarimbas de Caracas han incluido a pandillas que han extorsionado a los conductores y les han recolectado dinero a la fuerza a los transeúntes. También se ha informado de que estos grupos utilizan la violencia. Algunas manifestaciones callejeras y barricadas ahora están lideradas por grupos de manifestantes más radicales, quienes se autodenominan la "Resistencia", en lugar de grupos afiliados al movimiento político de la MUD, lo cual aumenta la posibilidad de enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad.

Los siguientes lugares han sido escenario de la mayoría de las protestas y los incidentes de violencia documentados. Los periodistas deben tomar precauciones adicionales cuando informen desde ellos:

  • Caracas: Chacao, Autopista Francisco Fajardo, Las Mercedes, El Rosal, El Paraíso, San Bernardino, Santa Fe, El Valle, La Vega
  • Valencia: Avenida Bolívar de Valencia, Distribuidor El Trigal, Sector Mañongo, Urbanización Isabélica de Valencia, Flor Amarillo, Naguanagua, San Diego
  • Maracay: Avenida Las Delicias, Avenida Fuerza Aérea, El Limón
  • Barquisimeto: El Cardenalito, Los Cardones, Fundalara, Avenida Los Leones, Urbanización Santa Elena, Distribuidora Santa Rosa, Sector Cabudare (Urb. La Hacienda, Villa Roca, Hondo), Universidad Fermín Toro, Avenida Libertador, Av. Florencio Jiménez (Urbina)
  • Maracaibo: El Milagro, 5 de Julio, Amparo, La Pomona
  • Lechería
  • San Cristóbal
  • Mérida

El panorama para los periodistas
Los periodistas que han cubierto las protestas han sido objeto de ataques y acoso por parte de todos los actores involucrados, aunque los colectivos y las fuerzas de seguridad gubernamentales son responsables de la mayoría de los incidentes, según organizaciones locales defensoras de la libertad de prensa.

Los periodistas que cubren las protestas de Venezuela por lo general enfrentan las siguientes amenazas:

  • Lesiones ocasionadas por cañones de agua, granadas lacrimógenas, balines, bolas o perdigones, o por la inhalación de gases lacrimógenos.
  • Agresiones por parte de las autoridades locales y sus partidarios, así como por parte de los manifestantes.
  • El robo o la destrucción de equipos, particularmente los teléfonos celulares.
  • La detención por períodos que oscilan entre media hora y más de 24 horas.

La Guardia Nacional y la Policía han detenido a periodistas que cubrían las protestas, a veces por períodos tan breves como de 15 minutos, y a veces toda una noche, en instalaciones de la Policía o de los servicios de inteligencia. En un ejemplo, el 1 de mayo las autoridades detuvieron en Caracas a integrantes de un equipo periodístico de la plataforma digital VivoPlay. Los dos reporteros de VivoPlay fueron liberados al cabo de varias horas, pero sus choferes permanecieron detenidos hasta el 2 de junio, según despachos noticiosos. En abril, dos periodistas de la agencia fotográfica francesa CAPA fueron sacados de su vuelo de regreso a Francia y fueron detenidos nueve días sin que se les acusara de ningún delito. Funcionarios venezolanos anteriormente han deportado a periodistas extranjeros o les han impedido el ingreso al país.

Las fuerzas de seguridad y los colectivos han amenazado a periodistas y les han impedido realizar tareas de cobertura informativa en ciertos lugares, les han confiscado equipos, les han fotografiado los documentos de identidad, y los han detenido por varias horas. Varios videos publicados por medios noticiosos han mostrado a efectivos de la Guardia Nacional que echan a rodar granadas lacrimógenas en dirección de los periodistas. Un video de VivoPlay muestra a un efectivo de la GNB que les dice a los periodistas que se alejen "o los trataremos como a los guarimberos". Los periodistas deben evitar a los colectivos tanto como sea posible, y desplazarse a un lugar seguro si se encuentran con ellos.

Decenas de periodistas de todas partes del país han denunciado que la GNB y la Policía, al igual que los colectivos y pandillas de civiles les han robado los teléfonos celulares. Periodistas que trabajan en Caracas han declarado al CPJ que el robo de teléfonos es tan sistemático y generalizado que parece ser parte de una estrategia deliberada para impedir que los periodistas cubran las protestas. Estas tácticas perjudican en particular a los periodistas freelance y a los periodistas que trabajan para publicaciones más pequeñas radicadas fuera de Caracas. Estos periodistas disponen de recursos limitados y para ellos sus teléfonos son una herramienta informativa vital.

Además de las amenazas físicas directas contra periodistas, el Gobierno ha censurado a medios noticiosos. El organismo gubernamental regulatorio de las telecomunicaciones, CONATEL, les ordenó a dos canales noticiosos internacionales cesar sus transmisiones el 19 de abril, según los canales, y otros medios han denunciado interrupciones en el servicio. El 13 de julio, CONATEL les ordenó a los medios que no se refirieran al referendo como "consulta popular", como la oposición la había definido, e informó a los medios de comunicación audiovisuales que se les podría revocar la concesión si fomentaban o incentivaban la participación en el referendo, según despachos noticiosos.

En una conferencia de prensa el 28 de julio, Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, entidad responsable de supervisar el proceso de votación, anunció que los medios noticiosos tendrían que permanecer a por lo menos 500 metros de los centros de votación. Por otra parte, el organismo también les negó la credencial de prensa a por lo menos nueve de los 15 medios de prensa que las habían solicitado para cubrir la votación del 30 de julio, según el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela), con sede en Caracas.

Durante una intervención televisiva ocurrida el 31 de julio, el presidente Maduro le pidió a CONATEL que investigara al canal de TV privado Televén por hacer "apología del delito", según versiones noticiosas. Maduro criticó a Televen por su cobertura de la votación, y sostuvo que el medio en cambio había preferido mostrar "el fuego en Altamira", en referencia a una explosión en un vecindario de Caracas en la cual resultaron heridos tres agentes de la Policía, según versiones periodísticas.

Por otro lado, los manifestantes también han escogido como blanco a los periodistas, y les han robado, los han atacado, y los han acusado de ser partidarios del Gobierno. Aunque no hay informaciones periodísticas de que los guarimberos han escogido como blanco directo a los periodistas, éstos deben ser cautos al interactuar con ellos.

Varios funcionarios de Gobierno, entre ellos la ex Fiscal General Luisa Ortega Díaz, han emitido declaraciones que exigen que se respete el derecho de los periodistas a cubrir las manifestaciones con seguridad.

El CPJ ha tomado conocimiento de los siguientes ataques recientes contra periodistas que han cubierto las protestas en Venezuela:

  • 4 de julio: Colectivos detuvieron y golpearon a los periodistas de VPI TV Manuel Fajardo y Simón Falcón cuando abandonaron la sede del Ministerio Público, luego de cubrir la declaración de la fiscal general sobre la solicitud de antejuicio presentada contra ella, informó ese medio. En otras zonas de Caracas, civiles armados golpearon a la fotógrafa de La Patilla Andrea Sandoval y le robaron el teléfono y la cámara; y efectivos de la GNB acosaron al periodista de NTN24 Rubén Sevilla mientras cubría un trancazo, y golpearon al camarógrafo César Saavedra (Telecaribe y Notimundo) mientras filmaba arrestos. En El Trigal, estado de Carabobo, la Policía golpeó a Lázaro Yáñez (Últimas Noticias) en el pecho con una piedra, y le robaron la cámara, la máscara antigás y el casco, informó Espacio Público.
  • 5 de julio: Varios periodistas resultaron heridos durante el asedio de la Asamblea Nacional, cuando colectivos invadieron la sede, atacaron a legisladores y hostigaron y robaron a periodistas. Un total de 108 periodistas fueron retenidos durante unas ocho horas, junto con funcionarios electos y otros trabajadores. Colectivos le robaron la cámara al fotógrafo Christian Hernández (EFE) y el micrófono a Diana Vásquez (Noticiero Venevisión), informó el SNTP. El camarógrafo asistente de Capitolio TV Luis Heredia sufrió heridas en la cabeza tras ser golpeado con un bastón; Lysaura Fuentes (El Cooperante) resultó herida y le robaron el celular; y a un chofer de Telecaribe Venezuela lo golpearon y le robaron el teléfono celular y el radio, informó Espacio Público.
  • 6 de julio: En Sucre, efectivos de la GNB golpearon al fotógrafo Cruz Guzmán, de Diario Región, le robaron la cámara y lo detuvieron por más de tres horas, informó el SNTP. En Caracas, civiles armados amenazaron a un equipo periodístico de El Estímulo en El Rosal y efectuaron disparos a su alrededor, y la reportera Vanessa Tarantino (El Pitazo TV) fue herida por fuegos artificiales cerca de Las Mercedes, comunicó Espacio Público. También en Caracas, la Policía arrestó a Carlos Julio Rojas, conocido activista y periodista comunitario, y lo trasladó a la prisión militar de Ramo Verde, donde se le abrió un proceso penal en un tribunal militar, según versiones periodísticas.
  • 10 de julio: En Altamira, Marcos Bello (Reuters) y Abraham Tovar (El Nacional) resultaron heridos por perdigones disparados por la GNB, de acuerdo con el SNTP. En El Trigal, Valencia, el estallido de un explosivo hirió al fotógrafo Juan Carlos Hernández (Últimas Noticias), según el SNTP. Efectivos de la GNB en El Hatillo arrestaron a Mireya Vivas (El Hatillano). En un video, Vivas declaró que los efectivos de la GNB le habían restregado gas lacrimógeno en la cara y la habían golpeado.
  • 11 de julio: Un coronel de la GNB se negó a permitirles la entrada a periodistas a la Asamblea Nacional, según versiones de prensa.
  • 12 de julio: Durante protestas en Lechería, Anzoátegui, la periodista Grisnel Guevara (El Tiempo) resultó herida por perdigones, y efectivos de la GNB golpearon a seis reporteros, les destruyeron equipos y le robaron la tarjeta de memoria al reportero gráfico Samir Aponte, comunicó IPYS Venezuela. Diosdado Cabello, miembro de la Asamblea Nacional y uno de los principales líderes chavistas, declaró en su programa semanal de televisión que una explosión en Altamira que había herido a siete militares había ocurrido "con la complicidad de los periodistas que estaban ahí", haciéndose eco de una declaración previa efectuada por el comandante de la GNB Sergio Rivero, en la cual acusaba a los periodistas de no comunicar a las autoridades la presencia de los explosivos.
  • 16 de julio: En Catia, colectivos agredieron y robaron al periodista Luis Olavarrieta (Caraota Digital), y lo golpearon con una piedra en la cabeza, según versiones de prensa.
  • 18 de julio: En Caracas, efectivos de la GNB dispararon una bola contra el lente del fotógrafo Rayner Peña (El Pitazo TV) durante la cobertura de un trancazo, informó el SNTP. En Naguanagua, Carabobo, la editora de El Carabobeño Carolina González fue herida por una granada de gas lacrimógeno, comunicó Espacio Público.
  • 20 de julio: IPYS Venezuela documentó 17 violaciones de la libertad de expresión durante el paro nacional. Civiles enmascarados lanzaron botellas contra Rafael Hernández (NTN24), trataron de robarle el casco a la reportera Elizabeth Ostos (El Pitazo), y amenazaron con robarle la cámara al fotógrafo freelance Edgar Cárdenas. En El Hatillo, efectivos de la GNB detuvieron a dos miembros de un equipo periodístico de VivoPlay durante una hora y media, y efectivos de la GNB en Caracas trataron de confiscarle la máscara antigás al reportero Jesús Abreu (Analítica) y lo obligaron a borrar el material grabado, según el SNTP.
  • 22 de julio: El SNTP informó que ocho periodistas habían resultado heridos durante la cobertura de las protestas. En distintos incidentes en Caracas, perdigones disparados por efectivos de la GNB alcanzaron al fotógrafo freelance Daniel Blanco, a Alonso Moleiro (Unión Radio) y a Rafael León (El Nacional), en la cabeza, hirieron a Mildred Manrique (800 Noticias) en el tobillo e impactaron en el brazo de un fotógrafo de Vente Venezuela en Altamira. En Barquisimeto, efectivos de la GNB golpearon a Luis Díaz (La Prensa de Lara), le fracturaron dos costillas y le confiscaron la cámara.
  • 24 de julio: Personas que afirmaban pertenecer a la "Resistencia" amenazaron al fotógrafo Rayner Peña (El Pitazo TV) e intentaron obligarlo a borrar las imágenes grabadas, comunicó el SNTP.
  • 26 de julio: Agentes de la Policía detuvieron a Héctor Carballo y a Maikel Herrera (El Siglo) y los obligaron a borrar imágenes de las protestas en Maracay, según Espacio Público.
  • 27 de julio: La Seguridad del aeropuerto, la Policía y efectivos de la GNB impidieron que los reporteros Nadeska Noriega (El Pitazo TV), Luisana Brito y Rossmary Hernández (Diario La Verdad de Vargas) informaran desde el aeropuerto de Maiquetía, comunicó el SNTP. En Caracas, varios balines disparados por agentes de la Policía alcanzaron al camarógrafo de Univisión Alejandro Molina.

  • 30 de julio: La Policía detuvo al reportero gráfico Felipe Royet (Cambio16) en Caracas, y a Brigitte Gerdel y Daniel Rodríguez (Las Noticias de Cojedes), en San Carlos, según el SNTP. Funcionarios del organismo de inteligencia nacional (SEBIN) detuvieron a Euclides Sotillo, reportero de Venevisión, en Caracas. Un video grabado por el medio noticioso digital VivoPlay en el vecindario caraqueño de El Paraíso aparentemente muestra a un efectivo de la Guardia Nacional que amenaza con romper el equipo de trabajo de periodistas si éstos continuaban grabando. Miembros de un colectivo amenazaron a los reporteros gráficos freelance Fabiola Ferrero y Santiago Escobar, y les robaron los chalecos, las máscaras antigás, los cascos, las cámaras y los celulares, informó Espacio Público. En Altamira, balines disparados por agentes de la Policía hirieron al fotógrafo freelance Leonardo Rodríguez, y una granada lacrimógena impactó en la cabeza del fotógrafo freelance Ángel Colmenares, comunicó el SNTP.

  • 1 de agosto: José Hernández Sequero, redactor deportivo de El Nuevo País que había desaparecido la noche anterior, fue hallado muerto en el recinto de la Universidad Central de Venezuela en Caracas, según versiones periodísticas. Las autoridades investigan el caso, pero las informaciones iniciales indican que probablemente fue víctima de un robo.

  • 2 de agosto: El presidente Maduro ordena prohibirle a la prensa extranjera que cubra la juramentación de los miembros de la Asamblea Constituyente, según el reportero del Wall Street Journal Anatoly Kurmanaev.

  • 6 de agosto: Balines disparados por efectivos de la GNB hirieron a reporteros de Caraota Digital y Telemundo y a un camarógrafo de Univisión, informó IPYS Venezuela.

Qué esperar en el futuro
Luego de varios meses de protestas diarias y represión, muchos miembros de la oposición están exhaustos y desilusionados, particularmente después de fracasar en el intento de detener las elecciones para la Asamblea Constituyente. Ahora que se ha instalado la asamblea, no está claro si la oposición podrá mantenerse unida ni cuáles serán sus objetivos de cara al futuro.

La estrategia opositora está cambiando. Continúan las protestas masivas, pero están recibiendo menos atención por parte de la prensa internacional y están dejando un saldo cada vez mayor entre los manifestantes. Las protestas fijadas para el 30 de julio, la jornada de las elecciones para la Asamblea Constituyente, fueron recibidas desde el comienzo con represión, pues las fuerzas de seguridad llegaron a los seis puntos de concentración en Caracas para evitar que los manifestantes se unieran en la autopista Francisco Fajardo, según versiones periodísticas. El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, hizo un llamado a realizar marchas el 12 de agosto en las municipalidades de Chacao y El Hatillo, cuyos alcaldes fueron destituidos la semana pasada.

Los trancazos han convocado a manifestantes en cada zona del país recientemente, y todas las principales ciudades son escenario de protestas periódicas. Caracas sigue siendo el epicentro de las protestas más violentas, pues las manifestaciones se acercan a las sedes de los organismos de Gobierno, pero la violencia también se ha intensificado en Maracay, Barquisimeto, Valencia, y Lechería y Puerto La Cruz, en Anzoátegui.

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