Por Jan-Albert Hootsen, corresponsal del CPJ en México
La atmósfera en Nochixtlán, una pequeña comunidad rural del sureño estado mexicano de Oaxaca, estaba tensa el 20 de junio. El día anterior, los miembros de un sindicato de maestros disidente se habían enfrentado con la policía federal y la estatal mientras protestaban contra reformas de la educación. Hubo disparos y la jornada concluyó con nueve muertos y decenas de heridos.
La principal carretera que comunica al pueblo con la capital del estado, Oaxaca, unos 80 km en dirección sureste, ha estado bloqueada desde entonces por los restos calcinados de autos y camiones, y montones de tierra, piedras y madera. Decenas de residentes y maestros en huelga que dirigen el bloqueo han pintado consignas antigubernamentales en la superficie de concreto de un puente y desconfían de cualquiera que trate de pasar, inclusive los periodistas.
“No queremos a ningún medio del gobierno aquí”, declaró al CPJ Lucía Avendaño Mayoral, portavoz de los maestros al frente del bloqueo, hace un par de semanas. “Ellos solamente dan la versión oficial de las noticias, pero no dan el panorama completo. Queremos que se diga la verdad”.
El CPJ, varios medios de prensa extranjeros y varios medios mexicanos independientes y más pequeños pudieron quedarse luego de identificarse ante los manifestantes. Pero algunos de los maestros jugaron duro con otros. El camarógrafo Fernando Albarrán y el editor Pedro Cortés, de TV Azteca, la más pequeña de las dos cadenas que dominan la televisión mexicana, fueron retenidos por los manifestantes durante unas cinco horas el 21 de junio, según informes de prensa.
Los manifestantes les dijeron a los periodistas que grabaran imágenes del bloqueo y otras zonas clave, y exigieron que TV Azteca les diera 15 minutos en los noticieros del horario estelar para contar su versión de la historia, según informes de prensa que fueron confirmadas por varios manifestantes presentes en el bloqueo de Nochixtlán.
“Ellos no han estado diciendo la verdad de lo que pasó aquí, y por eso los detuvimos. Necesitábamos que ellos contaran la verdadera historia”, declaró al CPJ William Velázquez, maestro de 34 años de edad y sindicalista de Nochixtlán. “No les hicimos daño, y no les haremos eso a los periodistas. Pero sí queremos que digan la verdad”.
La cadena se negó a cumplir las demandas de los maestros, y posteriormente Albarrán y Cortés fueron liberados ilesos, declararon al CPJ integrantes de la comisión federal de derechos humanos de México, la CNDH, quienes estaban presentes en ese momento.
Estos desafíos están vinculados a lo que es, en la práctica, una “guerra de la educación” en los sureños estados mexicanos de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Sindicalistas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), un ala disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), una agrupación mayor, están bloqueando carreteras clave en decenas de localidades en protesta contra profundas reformas educativas que el Gobierno del mandatario Enrique Peña Nieto presentó en 2013 y contra el arresto realizado el mes pasado de dos líderes de la sección local de la CNTE en el estado de Oaxaca.
Las protestas se tornaron violentas el 20 de junio, cuando los maestros en huelga y sus partidarios se enfrentaron con las autoridades. El grueso de la violencia se sintió en Nochixtlán donde, según informes de prensa, murieron nueve personas. El conflicto ha polarizado la opinión pública y desde entonces se ha extendido a otras regiones, entre ellas el norte y la capital, donde las protestas comenzaron la semana pasada.
El gobierno y el sindicato han llegado a un acuerdo para llevar a cabo negociaciones en la Ciudad de México tras los hechos de violencia, pero ninguno está cerca de alcanzar coincidencias sobre la reforma educativa, informes de prensa.
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Residentes de Nochixtlán caminan por la carretera principal que conecta con la capital del estado de Oaxaca. Un camión bloquea el tráfico. Nochixtlán fue el centro de los enfrentamientos entre manifestantes y la policía en junio. (Jan-Albert Hootsen)
Un manifestante en Nochixtlán muestra los cartuchos de balas supuestamente disparados por la policía durante el enfrentamientos. Nueve personas fueron asesinados durante los disturbios del 19 de junio. (Jan-Albert Hootsen)
Un ómnibus incendiado bloquea al camino hacia Nochixtlán. Las personas que dirigieron los bloqueos fueron cautelosos de dejar ingresar a cualquiera, incluyendo la prensa, pasar. (Jan-Albert Hootsen)
Un palo y una bufanda marcan el lugar donde una de las nueve personas fue asesinada por disparos de arma de fuego en Nochixtlán el 19 de junio durante enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. (Jan-Albert Hootsen)
Los restos de un camión usado por los manifestantes para bloquear el camino principal hacia Nochixtlán. Los periodistas que intentaron cubrir los disturbios fueron hostigados y, en algunos casos, retenidos por los manifestantes. (Jan-Albert Hootsen)
Para los periodistas, cubrir lo que bien pudiera ser uno de los conflictos sociales fundamentales de México ha sido difícil y, en algunos casos, peligroso. Los periodistas son objeto de actos de violencia por parte de atacantes desconocidos como consecuencia del caos que impera durante las protestas, y de actos de agresión de la fuerza pública y los sindicalistas.
El incidente más grave fue el asesinato de Elidio Ramos Zárate, reportero del periódico local El Sur. El CPJ documentó cómo el periodista fue asesinado a tiros por sujetos desconocidos el 20 de junio, poco después de realizar la cobertura informativa de un bloqueo de maestros en huelga en Juchitán, una pequeña ciudad del sur de Oaxaca. Ramos Zárate y otros periodistas habían recibido amenazas de sujetos enmascarados en los bloqueos, declaró al CPJ Luciano Pacheco, editor jefe de El Sur. Raúl Cano López, hermano del propietario de un periódico local, Punto Crítico, también fue muerto en el ataque, aunque sigue sin esclarecerse si él era uno de los blancos.
Los periodistas también han informado sobre casos de acoso y agresión policial contra la prensa durante la cobertura de las protestas. El 5 de julio, Ana Rosete, reportera del diario de Ciudad de México La Crónica de Hoy, declaró que agentes policiales la habían golpeado reiteradamente mientras ella cubría una protesta de la CNTE en la ciudad. El incidente fue grabado parcialmente en un video, en el cual se puede escuchar a Rosete mientras confronta a los agentes policiales y los acusa de haberla golpeado. Tres días antes, María Meléndez, fotógrafa del diario La Jornada, declaró haber sido atacada por la policía mientras cubría una manifestación en la capital, según despachos de prensa. Ambas mujeres sostuvieron que habían denunciado los hechos a las autoridades, las que no han efectuado ningún comentario público respecto a los incidentes. Las autoridades policiales de Ciudad de México no respondieron de inmediato a la solicitud del CPJ para que declararan al respecto.
En varias ocasiones los sindicalistas han detenido arbitrariamente a periodistas que consideran tienen una actitud hostil hacia su causa. El 10 de junio, maestros en huelga detuvieron a ocho periodistas durante varias horas en el estado de Tabasco, según informes de prensa. Y en el mes de mayo, periodistas de Oaxaca le enviaron una carta abierta a la CNTE, en la cual acusaban a sindicalistas de actuar con agresividad contra reporteros que cubrían huelgas y protestas. Al parecer por lo menos algunos de esos actos no están relacionados con las protestas oficiales del sindicato. Cuando se le preguntó por la detención de los dos periodistas de TV Azteca, un portavoz de la sección de Oaxaca de la CNTE declaró a los medios mexicanos el 22 de junio que no toleraban los “secuestros”.
Avendaño Mayoral y varios sindicalistas, hablando extraoficialmente, confirmaron al CPJ que se ha detenido a periodistas y que, a raíz de los enfrentamientos del 19 de junio, algunos sindicalistas, habitantes y manifestantes de Nochixtlán están reacios a permitir que medios que ellos consideran progubernamentales cubran las protestas. Los sindicalistas entrevistados por el CPJ sostuvieron que existe la creencia generalizada entre los maestros en huelga que algunos medios son considerados hostiles a su causa, particularmente las cadenas televisivas como TV Azteca y Televisa, y los diarios de circulación nacional El Universal y Milenio. Los periodistas de tales medios no reciben el mismo acceso que la prensa considerada más neutral o favorable al sindicato y, en casos como el de los periodistas de TV Azteca en Nochixtlán, inclusive podrían ser objeto de detención temporal, afirmaron los sindicalistas.
“Las marchas de protesta han dificultado mucho que los periodistas realicen su trabajo”, Pacheco, de El Sur, declaró al CPJ. “Es un contexto en el cual los periodistas están completamente desprotegidos. Ellos pueden ser agredidos por las autoridades, por los sindicalistas, por cualquiera que desee hacerles algo a ellos”.
No es inusual que los periodistas mexicanos sean atacados durante las marchas de protesta. Pero algunos periodistas en Oaxaca expresaron al CPJ que el carácter altamente polarizado y politizado de las protestas puede acrecentar los riesgos para los periodistas.
Octavio Enríquez, coordinador de Tu Un Ñuu Savi, una radioemisora indígena del pueblo oaxaqueño de Huajapán, declaró al CPJ que los periodistas locales con frecuencia son víctima de intimidación. “Si simpatizas con el sindicato, ya no eres amigo de la policía federal”, afirmó. “Y a medida que aumentan las protestas, también lo hacen los riesgos para los que expresan su opinión contra las autoridades”.
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