Los periodistas que informan sobre temas sensibles como el narcotráfico, la corrupción gubernamental y los conflictos por la tierra con frecuencia enfrentan amenazas y ataques en un país tan convulsionado por la violencia y la ilegalidad que se ha convertido en una de las líderes en homicidios a escala mundial. El secuestro y asesinato de Ángel Alfredo Villatoro, uno de los periodistas más conocidos del país y amigo del mandatario Porfirio Lobo, captó los titulares de los medios durante semanas y motivó protestas contra la violencia dirigida a la prensa en todo el país. Las autoridades no señalaron ningún móvil pero acusaron del asesinato a tres personas. Como reflejo de la profunda polarización que sucedió al golpe de estado en 2009 con el respaldo de los militares, las agresiones contra reporteros considerados como partidarios del derrocado presidente Manuel Zelaya, recibieron mucho menos atención y respuestas del gobierno. Las investigaciones del CPJ indican que las autoridades han actuado con lentitud y negligencia a la hora de investigar numerosos asesinatos de periodistas y otros delitos contra la prensa desde el golpe de 2009, y que inclusive han tratado de restarle importancia a la dimensión de la violencia. La negligencia oficial en las investigaciones –el CPJ determinó que las autoridades a menudo ni siquiera entrevistaban a testigos ni recolectaban pruebas– ha provocado que sea difícil esclarecer los motivos de numerosos asesinatos. Mientras que el Senado de Estados Unidos declaró que retendría una parte de su asistencia para Honduras debido a presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas por la policía, el Departamento de Estado anunció la creación de un Grupo de Trabajo Bilateral sobre Derechos Humanos para ayudar al gobierno hondureño con las investigaciones de los asesinatos de periodistas.
Los periodistas que informan sobre temas sensibles como el narcotráfico, la corrupción gubernamental y los conflictos por la tierra con frecuencia enfrentan amenazas y ataques en un país tan convulsionado por la violencia y la ilegalidad que se ha convertido en una de las líderes en homicidios a escala mundial. El secuestro y asesinato de Ángel Alfredo Villatoro, uno de los periodistas más conocidos del país y amigo del mandatario Porfirio Lobo, captó los titulares de los medios durante semanas y motivó protestas contra la violencia dirigida a la prensa en todo el país. Las autoridades no señalaron ningún móvil pero acusaron del asesinato a tres personas. Como reflejo de la profunda polarización que sucedió al golpe de estado en 2009 con el respaldo de los militares, las agresiones contra reporteros considerados como partidarios del derrocado presidente Manuel Zelaya, recibieron mucho menos atención y respuestas del gobierno. Las investigaciones del CPJ indican que las autoridades han actuado con lentitud y negligencia a la hora de investigar numerosos asesinatos de periodistas y otros delitos contra la prensa desde el golpe de 2009, y que inclusive han tratado de restarle importancia a la dimensión de la violencia. La negligencia oficial en las investigaciones –el CPJ determinó que las autoridades a menudo ni siquiera entrevistaban a testigos ni recolectaban pruebas– ha provocado que sea difícil esclarecer los motivos de numerosos asesinatos. Mientras que el Senado de Estados Unidos declaró que retendría una parte de su asistencia para Honduras debido a presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas por la policía, el Departamento de Estado anunció la creación de un Grupo de Trabajo Bilateral sobre Derechos Humanos para ayudar al gobierno hondureño con las investigaciones de los asesinatos de periodistas.
Las investigaciones del CPJ han determinado que los asesinatos de periodistas rara vez son resueltos. Los tribunales han dictado condenas en uno de cada cinco casos desde 1992. Los reporteros que cubren la delincuencia, la corrupción y la política han sido particularmente vulnerables a las agresiones.
60% | Corrupción |
60% | Policiales |
40% | Política |
20% | Negocios |
20% | Cultura |
* El total suma más del 100 % porque en ciertos casos el periodista trabajaba en más de una fuente.
Las investigaciones del CPJ indican que por lo menos tres periodistas han sido asesinados en relación directa con el ejercicio de la profesión desde el golpe. Otros doce han sido muertos en circunstancias aún no esclarecidas y el CPJ continúa sus indagaciones.
En ataques no vinculados en 2012, sicarios le dispararon al reportero José Encarnación Chinchilla, de Radio Cadena Voces; al periodista Selvin Hércules Martínez, del canal televisivo JBN Internacional; y a Elder Joel Aguilar, corresponsal del Canal 6. Los medios no informaron de ninguna víctima mortal.