Bogotá, 20 de abril de 2021 – El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) condenó hoy la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano de ordenar al diario El Nacional pagar el equivalente a más de 13 millones de dólares estadounidenses por concepto de indemnización en un juicio civil por difamación.
El 16 de abril, la Sala de Casación Civil del TSJ le ordenó a El Nacional pagar 237.000 petros —una criptomoneda creada por el Gobierno venezolano—, equivalentes a un monto de USD 13.300.000, a Diosdado Cabello, diputado y vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, según versiones periodísticas y un artículo de El Nacional.
La sentencia se derivó de una demanda civil por presunto daño moral que Cabello presentó contra El Nacional a raíz de que éstereprodujera un artículo del diario madrileño ABC. El artículo de ABC, publicado en enero de 2015, señalaba que Cabello tenía vínculos con el narcotráfico, según las versiones de prensa citadas.
El presidente y director de El Nacional, Miguel Henrique Otero, declaró al canal de noticias colombiano NTN24 que la sentencia le permitirá al Gobierno venezolano confiscar el edificio sede de El Nacional, la rotativa del diario y demás bienes.
“La exorbitante indemnización de 13 millones de dólares estadounidenses impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano contra El Nacional en una demanda por difamación presentada por un funcionario de Gobierno busca castigar aun más al diario por su posición editorial independiente y tiene un efecto inhibidor sobre otros medios de prensa”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. “Se trata de un claro ejemplo de acoso judicial contra uno de los pocos medios independientes de Venezuela, el cual ha logrado seguir informando pese a todas las adversidades”.
En mayo de 2018, un tribunal de primera instancia de Caracas declaró a El Nacional responsable de haber causado daño moral a Cabello y le ordenó al diario el pago de mil millones de bolívares, la moneda de curso legal en Venezuela. Sin embargo, ante la hiperinflación del bolívar, el abogado de Cabello presentó una solicitud ante la Sala de Casación Civil del TSJ para que ésta tomara como base de cálculo de la indemnización otra moneda, según la sentencia de la Sala de Casación Civil.
“Es una cifra astronómica (…) no hay cómo [pagarla]”, declaró a Reuters Juan Garantón, abogado de El Nacional. El CPJ se comunicó con Otero por aplicación de mensajería para obtener su declaración, pero no recibió respuesta. El CPJ tampoco pudo encontrar los datos de contacto de Garantón.
A raíz de la sentencia del 16 de abril, El Nacional solicitó al TSJ una solicitud de aclaratoria, a la cual el CPJ tuvo acceso, que argumentaba que el bolívar es la moneda de curso legal de Venezuela y que no se le debe exigir al diario pagar en petros.
Fundado en 1943, El Nacional ha sido sumamente crítico de la gestión del presidente Nicolás Maduro. El diario publicó su última edición impresa en diciembre de 2018 debido a las restricciones que el Gobierno impuso a la adquisición de papel periódico, como el CPJ lo documentó en la época. Desde entonces, El Nacional solamente publica una edición digital. En los últimos años, el Gobierno venezolano ha presionado a las empresas estatales que controlan la venta y la distribución de papel periódico, con el objetivo de suprimir la crítica periodística, como lo ha denunciado el CPJ.
“Yo no creo que El Nacional vaya a desaparecer, es una web. Desaparecerán las instalaciones, las rotativas, pero nosotros seguiremos informando”, Otero declaró a NTN24.
Otero vive exiliado en Madrid, a raíz de un fallo judicial, dictado en mayo de 2015, que le prohibió a él y a otros 21 directivos de medios de prensa salir del país por causa de la demanda por difamación presentada por Cabello, como el CPJ lo documentó en la época.
Las Naciones Unidas han instado reiteradamente al Estado venezolano a garantizar que sus instituciones judiciales puedan funcionar con independencia, y han expresado su preocupación ante las presiones ejercidas por el Partido Socialista Unido de Venezuela sobre los tribunales para que éstos actúen contra figuras de la oposición política.
El CPJ envió un correo electrónico a Cabello para solicitar una declaración, pero no recibió respuesta.