Bogotá, 28 de julio de 2026 — Las autoridades judiciales peruanas deben dejar de hostigar al periodista Carlos Yofré López por un caso antiguo y permitir que los reporteros realicen su trabajo sin temor a demandas infundadas por difamación, afirmó este martes el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
El 20 de julio, una sala de apelaciones de la provincia costera de Huaura confirmó una decisión de un tribunal de primera instancia que declaró a López culpable de difamación en la vía civil y le ordenó pagar 50.000 soles (14.500 USD) a Juana Caballero, jueza de Huaura, según una copia de la decisión obtenida por el CPJ.
“El uso abusivo del sistema de justicia contra los periodistas tiene dos objetivos: intimidarlos y asfixiarlos económicamente”, declaró Cristina Zahar, coordinadora del programa para América Latina del CPJ, en São Paulo. “El efecto intimidatorio que esto genera perjudica a los periodistas peruanos y afecta negativamente la libertad de prensa en el país”.
El caso se deriva de un reportaje publicado en 2017 para la independiente Radio Antena 9 y el sitio de noticias Barranca Noticias, difundido a través de Facebook, en el que López alegó que Caballero podría haber aceptado un soborno para revocar la condena por corrupción de un político local y que, como jueza, su patrimonio había aumentado un 600 % en el transcurso de un año, según la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).
Caballero negó haber cometido irregularidades y afirmó que López había dañado su reputación, por lo que presentó una denuncia penal por difamación en 2018. Tras numerosos retrasos, los cargos penales fueron desestimados, pero la demanda civil contra López continuó. López dijo al CPJ que tiene previsto presentar un recurso final ante la Corte Suprema del Perú y que también podría acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en busca de reparación.
“Una condena arruinaría mi reputación y mis finanzas”, declaró López al CPJ.
En un caso separado, en julio de 2025, un juez de apelaciones de Huaura confirmó una decisión de un tribunal de primera instancia que declaró a López culpable de difamar a Víctor Reyes, expresidente de la Corte Superior de Justicia de Huaura. Reyes demandó a López en 2019 tras el periodista informar sobre una denuncia por acoso sexual y acoso laboral presentada en su contra.
El tribunal de apelaciones ordenó a López pagar a Reyes 100.000 soles (29.000 USD) como indemnización por daños civiles, pero el periodista dijo al CPJ que también ha presentado un recurso final ante la Corte Suprema del Perú en ese caso.
Un informe especial publicado por el CPJ en mayo de 2026 concluyó que la hostilidad del gobierno hacia los medios de comunicación, incluido el uso generalizado del acoso judicial, ha contribuido al deterioro constante de la libertad de prensa en el Perú.