Nueva York, 22 de septiembre de 2020 – Las autoridades peruanas deben poner fin a la campaña de acoso legal contra la periodista Paola Ugaz y tomar medidas para reformar las disposiciones penales sobre la difamación que siguen en vigor en Perú, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
Ayer, el Noveno Juzgado Penal de Lima celebró la primera audiencia en el juicio penal por difamación agravada contra Ugaz, periodista investigativa y coautora de un libro publicado en 2015 que denunció un historial de abuso sexual, físico y sicológico dentro del Sodalicio de Vida Cristiana, una sociedad de vida apostólica laical peruana, según la periodista, quien conversó con el CPJ en entrevista telefónica, y documentos judiciales consultados por el CPJ.
Luego de la audiencia de ayer, el juez estudiará las acusaciones para determinar si se deberá dar curso a la querella, Ugaz declaró al CPJ.
Las acusaciones penales se derivan de una querella presentada por Luciano Revoredo Rojas, excandidato al Congreso y director del sitio web de noticias y opinión católico conservador La Abeja, quien sostiene que Ugaz lo difamó a él y a La Abeja, de acuerdo con esos documentos.
El sitio web La Abeja no declara ninguna afiliación oficial con el Sodalicio de Vida Cristiana. Revoredo escribió que estuvo involucrado con la organización en los años 80, y La Abeja ha publicado muchos artículos que defienden a la organización de las críticas.
La querella de Revoredo solicita una indemnización de 200.000 soles (unos USD 56.000) por daños y perjuicios, según los documentos. De ser condenada, Ugaz pudiera enfrentar una pena de hasta tres años de cárcel y una multa adicional, en virtud del Código Penal peruano.
“El empleo de las demandas penales por difamación para intimidar y acallar a periodistas peruanos como Paola Ugaz ha continuado por demasiado tiempo”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ. “Un año tras otro, vemos cómo las disposiciones penales sobre la difamación se utilizan como armas contra los periodistas investigativos peruanos. Las autoridades deben poner fin a estas demandas transparentemente selectivas y tomar medidas sin dilación para adecuar las disposiciones penales sobre la difamación de Perú a la normativa internacional”.
Ugaz y el periodista Pedro Salinas han enfrentado varias querellas desde la publicación en 2015 de “Mitad monjes, mitad soldados”, el libro que ambos escribieron sobre el Sodalicio de Vida Cristiana, según Ugaz y comunicados de organizaciones de derechos humanos regionales e internacionales.
Ugaz expresó que en la actualidad está involucrada en cinco distintos procesos legales iniciados por personas vinculadas con la organización, y se refirió a las querellas como “campaña de desprestigio” y “persecución imparable que me impide escribir”.
La querella de Revoredo, presentada en septiembre de 2019, acusa penalmente a Ugaz de difamación agravada por referirse a La Abeja como “medio difamatorio” en una entrevista de junio de 2019 en el programa televisivo “En Voz Alta”, en un artículo publicado en abril de 2019 en el diario nacional La República, y en una entrevista de radio ofrecida en junio de 2019 a Radio Exitosa, según los documentos judiciales.
La Abeja ha publicado decenas de artículos sobre Ugaz y Salinas, los ha acusado de atacar a la Iglesia católica y de tener vínculos con “intereses” árabes en Perú, y ha comparado el proceder de los periodistas con la propaganda nazi.
Revoredo no respondió a la solicitud que el CPJ le envió por correo electrónico para que declarara al respecto. En un artículo de enero de 2020 publicado en La Abeja, Revoredo escribió que su querella no tenía “absolutamente nada que ver con su investigación sobre [el Sodalicio de Vida Cristiana], sino porque Ugaz reiteradamente dice que este medio y yo somos difamadores”.
El CPJ envió un correo electrónico a la oficina de comunicaciones del Ministerio de Justicia peruano para obtener una declaración, pero no recibió respuesta.
Anteriormente, en junio de 2018, José Antonio Eguren Anselmi, el arzobispo de Piura, ciudad del norte de Perú, había presentado una querella por difamación agravada contra ambos periodistas, según informaciones de prensa y documentos judiciales. La querella contra Ugaz se relacionaba con una entrevista que la periodista había concedido a Al Jazeera en 2016 sobre el Sodalicio de Vida Cristiana, al igual que con varios tuits de Ugaz sobre el tema, según los documentos.
El Juzgado Penal de Piura aceptó las acusaciones en octubre de 2018; la querella solicitaba una indemnización de 200.000 soles (USD 60.000 al cambio de la época) por daños y perjuicios, y los periodistas enfrentaban una pena de hasta tres años de cárcel, según Ugaz y versiones periodísticas.
Un juzgado de Piura declaró a Salinas culpable en el primer fallo, en abril de 2019, y lo sentenció a un año de prisión suspendida y una multa de 80.000 soles, pero Eguren luego desistió de la querella y las acusaciones contra ambos periodistas quedaron sin efecto, según informaciones de prensa.
Después de la publicación de este artículo, en respuesta a una solicitud de comentario enviada por el CPJ, Daniel Calderón Oliveros, director de la oficina de comunicaciones del Sodalicio de Vida Cristiana, escribió por correo electrónico que “ningún miembro del Gobierno General del Sodalicio de Vida Cristiana ha emprendido acción legal contra la Sra. Paola Ugaz, ni contra cualquier otro periodista”, y que la sociedad no tenía “ninguna relación directa o indirecta” con las demandas contra Ugaz. El correo de Calderón también indicó que la organización “no tiene ningún tipo de vínculo con el Sr. Luciano Revoredo”.
El CPJ ha documentado cómo el continuo empleo de obsoletas disposiciones penales sobre la difamación contra periodistas críticos ha amenazado la libertad de expresión en Perú. El año pasado, un tribunal peruano ordenó que se congelaran bienes pertenecientes al sitio noticioso independiente Ojo Público y al periodista Edmundo Cruz por causa de una querella por difamación contra ellos.