Washington, D. C., 9 de mayo del 2007—El gobierno federal de México debe adoptar medidas concretas para proteger la libertad de prensa y procesar a los responsables de crímenes contra periodistas, afirmó una delegación del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) en una reunión que mantuvo el martes con el embajador mexicano en Estados Unidos, Arturo Sarukhan Casamitjana.
Tras expresar preocupación por la ola de ataques letales contra la prensa, la delegación del CPJ instó al gobierno mexicano a fortalecer la procuraduría especial de delitos contra periodistas y a hacer de la protección de la libertad de expresión una responsabilidad federal.
Desde que la guerra entre poderosos carteles de la droga se ha intensificado en los últimos tres años, los reporteros locales que informan sobre crimen organizado y narcotráfico están enfrentando graves peligros. Según las investigaciones del CPJ, seis periodistas han sido asesinados en represalia directa por su trabajo desde el 2000. El CPJ continúa investigando las circunstancias que rodean otros 12 asesinatos desde entonces para determinar si las muertes están relacionadas con el trabajo de los reporteros. Tres periodistas han desaparecido desde el 2005. Dos de ellos cubrían la fuente policial.
A pesar que la batalla entre los carteles es particularmente severa en los estados del norte del país, la violencia se extendido a cada uno de los estados mexicanos en el último año.
La violencia y el miedo han tenido un efecto demoledor sobre la prensa, ya que periodistas que informan sobre crimen y narcotráfico han recurrido en forma creciente a la autocensura. Violaciones a los derechos humanos, narcotráfico, crimen, corrupción, y otros temas que afectan la vida diaria de la población no están recibiendo cobertura periodística. Luego de un violento ataque contra el diario El Mañana en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, el gobierno mexicano reconoció que la violencia contra la prensa era un problema nacional al crear una fiscalía especial para investigar delitos contra periodistas en febrero del 2006. Desafortunadamente, el sistema de justicia mexicano ha sido incapaz de poner fin a este ciclo de violencia y parece lejos de resolver cualquiera de los casos recientes.
En respuesta a la preocupación planteada por el CPJ, el embajador Sarukhan señaló a la delegación del CPJ que “tenemos que asegurar que la fiscalía especial de delitos contra la prensa tenga dientes para que pueda cumplir íntegramente el mandato para el cual fue creada”.
La delegación también transmitió inquietud por la investigación estancada sobre el asesinato del periodista estadounidense Brad Will, quien fue baleado en octubre del 2006 mientras cubría enfrentamientos entre manifestantes y funcionarios locales en Oaxaca. La delegación del CPJ incluyó al integrante de la junta directiva Clarence Page del diario Chicago Tribune, el director ejecutivo del CPJ Joel Simon y el coordinador del programa de las Américas Carlos Lauría.
El 9 de abril, el CPJ envió una carta al presidente Felipe Calderón instando al gobierno federal a tomar acciones rápidas y decisivas para poner fin a la ola de violencia tras la ejecución del veterano periodista Amado Ramírez Dillanes en Acapulco. El CPJ exhortó a Calderón a hacer de la protección de la prensa un sello distintivo de su administración al apoyar legislación que transforme en crimen federal la conspiración, a través de la violencia u otros medios, contra el derecho a la libertad de expresión.
Sarukhan manifestó su compromiso a facilitar reuniones con altos funcionarios del gobierno en Ciudad de México para seguir analizando las condiciones de libertad de prensa. “Esperamos con entusiasmo continuar nuestras deliberaciones y trabajar junto al gobierno de México para poner fin a la ola de violencia contra la prensa”, señaló Simon del CPJ.